Pablo Contreras Hernández y Otros.

Expediente 206/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2017.

Datos del expediente

Expediente
206/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2017

Partes del expediente

  • Pablo Contreras Hernández y Otros.
  • Pablo Contreras Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, devuelve el juicio de amparo 206/2017 del índice de este órgano jurisdiccional; de igual forma, adjunta copia certificada de la resolución dictada en la queja penal 42/2017, de la que se advierte que dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído que desechó su demanda de amparo; por tal motivo, acúsese recibo, hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno, agréguese el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo del medio de impugnación de referencia y archívese este expediente como concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que este asunto es susceptible de destrucción, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Los quejosos Pablo Contreras Hernández y Julia Esther Salazar Loyo interponen recurso de queja contra el proveído de veintiocho de febrero de dos mil diecisiete (fojas 20 a 25), en el que se desechó su demanda de amparo. Acorde con lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, fracción II, 99 y 100 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al citado recurso. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, fórmese cuaderno de antecedentes y envíese este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, para los efectos de la substanciación de dicho medio de impugnación, para lo cual se anexan el original del escrito de expresión de agravios, así como la copia para el Agente del Ministerio Público de la Federación. No es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada deben remitirse al órgano jurisdiccional que deba resolver el recurso, y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación interpuesto, debe otorgárseles el término de tres días para que indiquen las constancias que, en copia certificada, consideren deben remitirse al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, debido a que el auto que se impugna mediante el recurso de queja lo es el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA PABLO CONTRERAS HERNÁNDEZ Y JULIA ESTHER SALAZAR LOYO, EL AUTO QUE DICE: La parte quejosa cumple con la prevención contenida en proveído de trece de febrero del año en curso (fojas 10 a 14); al respecto, este órgano jurisdiccional emite el siguiente pronunciamiento: CAUSA DE IMPROCEDENCIA De la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio de la misma, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, como se explica: HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo, otorga facultad al órgano jurisdiccional de amparo para que, previo análisis de la demanda, de advertir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. El artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquellos contra los que no se promueve esa instancia constitucional dentro de los términos establecidos para ello. Por otra parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo prevé que el término genérico para la promoción de la demanda de amparo es de quince días, salvo los supuestos previstos en dicho artículo. Es decir, en términos del artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, contra actos que afecten la libertad personal fuera de procedimiento, puede promoverse la instancia constitucional en cualquier tiempo. Una interpretación en sentido contrario de esta última disposición legal, permite establecer que tratándose de actos que afecten la libertad personal, dictados dentro del procedimiento penal, el término para promover amparo es de quince días, debido a que dicho supuesto no corresponde con el de excepción previsto en el artículo y fracción mencionados, aunado a que las disposiciones legales que regulan casos de excepción son de aplicación estricta. En esta parte, resulta oportuno mencionar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 371/2013, emitió criterio obligatorio para este juzgado de Distrito, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, en el sentido de que, respecto de juicios substanciados en términos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, solamente procederá el amparo en cualquier tiempo, contra actos dictados dentro del procedimiento penal que afecten la libertad personal, como el auto de formal prisión, cuando el acto restrictivo de la libertad de que se trate haya sido dictado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo más reciente, esto es, antes del tres de abril de dos mil trece, pues las disposiciones de transición de la nueva Ley de Amparo, esto es, los artículos transitorios tercero y quinto del decreto relativo, no establecieron ese supuesto; por lo que en función de la tutela de los derechos humanos de seguridad jurídica y acceso a la justicia, contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tomando en cuenta la inexistencia de norma transitoria, e incluso, de diversa norma en vigor expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, los actos de autoridad que afecten la libertad personal, dictados durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada, dentro de un procedimiento judicial penal, como lo es el auto de formal prisión, pueden ser impugnados en cualquier tiempo. Es aplicable la tesis siguiente: Localización: Época: Décima Época Registro: 2006652 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P. /J. 45/2014 (10a.) Página: 5 "ACTOS PRIVATIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL. LOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JUDICIAL DURANTE LA VIGENCIA DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA Y QUE AL ENTRAR EN VIGOR LA NUEVA LEY AÚN NO HABÍAN SIDO COMBATIDOS, SON IMPUGNABLES EN CUALQUIER TIEMPO. El artículo Tercero Transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece establece que los juicios de amparo iniciados con anterioridad a su entrada en vigor continuarán tramitándose hasta su resolución final conforme a las disposiciones aplicables vigentes a su inicio -excepto por lo que se refiere al sobreseimiento por inactividad procesal y caducidad de la instancia, así como al cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo-, mientras que su artículo Quinto Transitorio señala que los actos a que se refiere la fracción III del artículo 17 de la propia Ley de Amparo, esto es, los actos en materia agraria que se hubieren dictado o emitido con anterioridad a la entrada en vigor de ésta podrán impugnarse dentro de los siete años siguientes y, por cuanto hace a los actos que, estando sujetos a un plazo para su impugnación, éste aún no hubiese vencido, les serán aplicables los plazos previstos en la ley reglamentaria vigente. Lo anterior evidencia que la nueva Ley de Amparo no contiene previsión alguna sobre el plazo que rige la impugnación de los actos privativos de la libertad personal dictados dentro de un procedimiento judicial durante la vigencia de la ley abrogada, pues si ésta no establecía plazo alguno para su impugnación, es claro que a la fecha en que aquélla entró en vigor no estaba corriendo plazo alguno, ni había vencido éste. Por ello, en función de tutelar los derechos fundamentales de seguridad jurídica y acceso efectivo a la justicia que consagran los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta la inexistencia absoluta de norma transitoria e, incluso, de diversa norma en vigor, expresamente aplicable para la definición del plazo correspondiente, es necesario proveer de contenido integrador al precitado artículo Quinto Transitorio para establecer que los actos en comento -como lo es el auto de formal prisión- pueden ser impugnados a través del juicio de amparo en cualquier tiempo, lo que además es acorde al principio constitucional de interpretación más favorable a la persona que se consagra en el segundo párrafo del artículo 1o. constitucional, pues debe tenerse en cuenta que si el régimen transitorio de toda ley tiene, entre otras, la función de regular las situaciones jurídicas acaecidas durante la vigencia de una ley abrogada que trascienden a la nueva normatividad, a fin de no generar un estado de inseguridad jurídica, es claro entonces que la disposición transitoria respectiva debe complementarse en lo no previsto y, para ello, debe considerarse la misma previsión que regía al momento de darse el supuesto jurídico de que se trate." En este contexto, en juicios substanciados en términos de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe observarse la hipótesis normativa prevista en el artículo 17 de dicha Ley, relacionada con el término genérico de quince días para promover amparo contra actos de autoridad que afecten la libertad personal, dictados dentro de un procedimiento de orden penal, como es el auto de formal prisión, con excepción del supuesto en que el acto reclamado de que se trate, haya sido dictado con anterioridad al tres de abril de dos mil trece. A mayor abundamiento, se toma en cuenta que el establecimiento del plazo para la promoción del amparo, al que se ha hecho referencia, busca equilibrar los derechos humanos del inculpado frente a los de la víctima u ofendido por el delito, sin generar al afectado por una resolución que implique la privación de la libertad personal dentro de un procedimiento, un obstáculo desproporcionado que le impida ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso de libertad deambulatoria; por lo que el establecimiento de un término en la actual Ley de Amparo, a diferencia de la abrogada, conforme con la cual podía promoverse la instancia constitucional de amparo en cualquier tiempo contra actos restrictivos de libertad dictados dentro del procedimiento judicial, no constituye una medida legislativa regresiva. Es aplicable al caso la tesis siguiente: Localización: Época: Décima Época Registro: 2006591 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, Junio de 2014, Tomo I Materia(s): Constitucional Tesis: P. /J. 42/2014 (10a.) Página: 43 "PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD. LA APLICACIÓN DEL PLAZO DE OCHO AÑOS PARA IMPUGNAR EN AMPARO DIRECTO SENTENCIAS CONDENATORIAS QUE IMPONEN PENA DE PRISIÓN, DICTADAS ANTES DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE NO VULNERA AQUÉL, TOMANDO EN CUENTA EL PRINCIPIO DE INTERDEPENDENCIA, ESPECÍFICAMENTE LA QUE SE DA ENTRE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS SENTENCIADOS Y DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). La regulación del plazo para acudir al juicio de amparo en contra de sentencias condenatorias que impongan pena de prisión, dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, se rige por el principio de progresividad dado que para el ejercicio del derecho humano de acceso efectivo a la justicia reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos resulta determinante contar con un plazo que de manera razonable permita ejercer la principal garantía para la protección de los derechos humanos. A pesar de lo anterior, en virtud de que los derechos humanos no son absolutos, atendiendo al principio de interdependencia entre las diversas prerrogativas fundamentales -la que además de suscitarse entre las que asisten a un individuo se actualiza entre distintas personas en razón de la interrelación existente entre sus derechos humanos- para determinar si una norma general que conlleva una disminución al grado de tutela de alguno de ellos respeta el principio de progresividad en su vertiente de no regresividad, resulta necesario tomar en cuenta si ello tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano del que son titulares personas diversas. En ese sentido, cuando se presenta una relación de interdependencia entre el derecho de acceso efectivo a la justicia del sentenciado y los derechos a la reparación del daño, a la verdad y a la justicia de la o las víctimas de la conducta delictiva materia del respectivo juzgamiento penal, ante una limitación de aquella prerrogativa que provoca una disminución de su grado de tutela, para determinar si la regulación respectiva respeta el principio de progresividad, es necesario analizar si ésta genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos, pues de lo contrario se tratará de una legislación regresiva. Por tanto, tomando en cuenta que el establecimiento del plazo materia de análisis busca equilibrar los derechos humanos del sentenciado y los de las víctimas, sin generar al afectado por una sentencia condenatoria un obstáculo desproporcionado que le impida ejercer su derecho de acceso efectivo a la justicia para tutelar el diverso a la libertad deambulatoria, la previsión del plazo de ocho años, computado a partir del tres de abril de dos mil trece, para impugnar en amparo directo una sentencia condenatoria que impone pena de prisión no implica una medida legislativa de carácter regresivo y, por ende, es acorde al principio de progresividad." Por otra parte, se destaca que el artículo 18 de la Ley de Amparo prevé que los plazos previstos en el artículo 17 de dicha ley se computarán a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme con la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; dichas hipótesis resultan excluyentes entre sí y carecen de prelación, por lo que la actualización de una hipótesis impide que opere alguna otra y no es necesario que se siga el orden en que fueron previstas por el legislador en el artículo 18 de la Ley de Amparo, al analizar su actualización. En ese aspecto, el artículo 85 Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz señala que los términos empiezan a correr desde el día siguiente al de la fecha de la notificación. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda, así como del escrito aclaratorio de la misma, se advierte que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: La resolución dictada el veintiocho de septiembre de dos mil quince, por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el toca 1686/2015-A, mediante la cual revocó el auto que negó girar la orden de aprehensión dictado a favor de los quejosos Pablo Contreras Hernández y Julia Esther Salazar Loyo por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, en la causa penal 83/2015, así como sus consecuencias legales (orden de aprehensión). De igual manera, del escrito de cuenta se advierte que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento de la existencia de la resolución reclamada en este asunto, el veintiocho de enero de dos mil diecisiete. Sin embargo, debe destacarse como un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, que en el diverso juicio de amparo 1837/2015 del índice de este órgano jurisdiccional, promovido por los aquí quejosos, el cual se tiene a la vista al momento de emitir este pronunciamiento, por auto de veinticuatro de diciembre de dos mil quince, se les previno, para que manifestaran si deseaban ampliar la demanda para reclamar la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil quince, dictada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el toca 1686/2015-A (acto reclamado en este juicio), lo cual fue notificado por lista de acuerdos el tres de febrero de dos mil dieciséis (fojas 186, 187 y 241 de dicho juicio de amparo); aunado a que la parte quejosa por conducto de su autorizado en proveído de treinta y uno de diciembre de dos mil quince, solicitó copias certificadas del informe justificado rendido por el Juez Primero de Primera Instancia, con residencia en Misantla Veracruz, así como de la causa penal 83/2015 y del cuadernillo de amparo 148/2015 ambos de su índice, las cuales le fueron proporcionadas el seis de enero de dos mil dieciséis (fojas 190 y 191 vuelta ídem). Acorde con lo anterior, el término para la promoción del juicio de amparo inició el ocho de febrero de dos mil dieciséis y feneció el veintiséis de esos mismos mes y año; con descuento de los días trece, catorce, veinte y veintiuno de febrero de dos mil dieciséis, inhábiles, por corresponder a sábados y domingos; asimismo, el día cinco de febrero en conmemoración a la promulgación de la Constitución de mil novecientos diecisiete. Sin embargo, la demanda de amparo fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hasta el nueve de febrero de dos mil diecisiete (foja 3). CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye respetuosamente que la presentación de la demanda es extemporánea, al haber tenido lugar con posterioridad a los quince días al en que se hizo conocedora la parte quejosa respecto de la resolución de veintiocho de septiembre de dos mil quince, dictada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el toca 1686/2015-A de su índice; pues debió presentarse ante el Juez de Distrito en turno a más tardar el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, sin embargo, se presentó hasta el nueve de febrero del año en curso; por tanto, se entiende que los actos reclamados fueron consentidos tácitamente por los promoventes, al no haber presentado su escrito de demanda dentro del término legal; aunado a que, el acto reclamado no actualiza alguna de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior, debido a que en este asunto rige la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece; aunado a que, de acuerdo con la naturaleza de la resolución reclamada, que la parte quejosa combate por vicios propios, constituye un acto privativo de libertad dictado dentro del procedimiento judicial, la cual fue pronunciada con posterioridad al tres de abril de dos mil trece; por lo que no se actualiza la hipótesis de excepción prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, ni se trata del supuesto definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 45/2014, publicada en el mes de junio de dos mil catorce, de la décima época, con número de registro 2006652, relacionado con actos privativos de libertad dentro del procedimiento penal, anteriores al momento en que entró en vigor la Ley de Amparo más reciente. Tiene aplicación al caso, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 163172 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Común Tesis: P./J. 115/2010 Página: 5 "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA PABLO CONTRERAS HERNÁNDEZ Y JULIA ESTHER SALAZAR LOYO, EL AUTO QUE DICE: Pablo Contreras Hernández y Julia Esther Salazar Loyo promueven juicio de amparo contra actos de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 206/2017 que le corresponde. PREVENCIÓN PROPUESTA DEMOSTRATIVA Del contenido de la demanda de amparo, se advierten irregularidades que deben ser subsanadas, como se explica a continuación: HIPÓTESIS NORMATIVAS Los artículos 108, fracciones III, IV y V, 110, 112 y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, establecen la facultad del Juez de Distrito de prevenir a la parte quejosa, para que realice las aclaraciones pertinentes, cuando dentro del escrito de demanda encuentre alguna irregularidad; se hubiere omitido alguno de los requisitos que señala el artículo 108 de la Ley de Amparo; o bien, no se exhiban las copias para el traslado de las partes. Adicionalmente, el artículo 108 enunciado en el párrafo anterior, dispone que la demanda de amparo deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley autorice, en la que se expresará la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; asimismo, el quejoso manifestará, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Por otra parte, el artículo 110 de la Ley de Amparo establece que, de no presentarse la demanda de amparo a través de medios electrónicos, se acompañarán a su escrito las copias para correr traslado a cada una de las partes del juicio de amparo. HECHOS Del análisis íntegro del escrito de demanda de amparo, así como de la documental anexa, se advierte que los actos reclamados por los promoventes consisten en: La resolución dictada por la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el toca 1686/2015-A de su índice; mediante la cual revocó el auto que negó girar la orden de aprehensión dictado a su favor por el Juez Primero de Primera Instancia del Distrito Judicial de Misantla, Veracruz, en la causa penal 83/2015, así como sus consecuencias legales (orden de aprehensión). Sin embargo, omitieron señalar la fecha de la resolución dictada en el toca 1686/2015-A del índice de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, así como la fecha en que tuvieron conocimiento de la misma; debido a que bajo protesta de decir verdad manifestaron en el apartado relativo a los "HECHOS" de su demanda de amparo, que promovieron los diversos juicios de amparo 1248/2016 y 1249/2016 del índice de este órgano jurisdiccional. CONCLUSIÓN Acorde con lo anterior, se concluye respetuosamente que la demanda de amparo resulta imprecisa e irregular, al advertirse que los promoventes omitieron señalar la fecha de la resolución dictada en el toca 1686/2015-A del índice de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, así como la fecha en que tuvieron conocimiento de la misma; debido a que bajo protesta de decir verdad manifestaron en el apartado relativo a los "HECHOS" de su demanda de amparo, que promovieron los diversos juicios de amparo 1248/2016 y 1249/2016 del índice de este órgano jurisdiccional. REQUERIMIENTO Por lo tanto, a efecto de permitir el acceso a la jurisdicción en favor de la parte quejosa, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se requiere a los promoventes para que, en el plazo de cinco días, legalmente computado, por escrito, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, cumplan con lo siguiente: Indiquen la fecha de la resolución dictada en el toca 1686/2015-A del índice de la Séptima Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad. Aclaren la fecha exacta de conocimiento de la resolución que constituye el acto reclamado, en este juicio de amparo; debido a que bajo protesta de decir verdad manifestaron en el apartado relativo a los "HECHOS" de su demanda de amparo, que promovieron los diversos juicios de amparo 1248/2016 y 1249/2016 del índice de este órgano jurisdiccional (foja 5). Del escrito mediante el cual desahoguen el requerimiento contenido en este acuerdo, deberán acompañar las copias que resulten necesarias para cada una de las partes. Lo que se considera necesario para la tramitación o desechamiento de este asunto; es decir, que sin las aclaraciones solicitadas por este órgano jurisdiccional no sería posible fijar la litis correctamente en este asunto. Asimismo, se hace saber a los quejosos que el cumplimiento al requerimiento efectuado únicamente podrán realizarlo quienes promueven este asunto, por constituir un acto de carácter personalísimo. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Registro No. 175345 Localización: Novena ÉpocaInstancia: Tribunales Colegiados de CircuitoFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo XXIII, Abril de 2006Página: 990Tesis: I.7o.A.100 KTesis AisladaMateria(s): Común "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. 5. Cosa que sucede. 6. Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla . Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." Registro No. 2007285 Localización:Décima ÉpocaInstancia: Primera SalaFuente: Semanario Judicial de la Federación y su GacetaTomo I, Agosto de 2014Página: 210Tesis: 1a./J. 50/2014JurisprudenciaMateria(s): Común "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Se hace del conocimiento de los promoventes del delito en que pudieran incurrir quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial en un juicio de amparo, previsto en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo mismo que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta de a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." APERCIBIMIENTO Lo anterior, con el apercibimiento siguiente: En caso de no dar cumplimiento a lo requerido, se tendrá POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 114 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo señala la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indican en su demanda de amparo, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, se facultan como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Alfonso y José Antonio ambos de apellidos Montero Gabiño, debido a que cuentan con cédulas profesionales registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; de igual forma, en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo en cita, a los restantes profesionistas que nombran, esto es, solamente para oír notificaciones e imponerse de autos, por no contar con cédulas profesionales registradas en dicho sistema. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a los promoventes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

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