Pablo Chávez San Agustín y Otros.
Expediente 417/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 417/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Pablo Chávez San Agustín y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, quince de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto; con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgado determina la valoración respectiva, y dado que fue concedida la suspensión de plano a la parte quejosa; por tanto, por analogía se ubica en el supuesto establecido en el artículo 18, inciso a), por lo que: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se encuentra en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, siendo susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, la resolución que concedió la suspensión de plano, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. d) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
S E N T E N C I A: VISTOS, Los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 417/2022; promovido por Pablo Chávez San Agustín y Víctor Hugo Pérez Ciprián, por su propio derecho, contra actos del Director General, Sub Director Técnico y Encargado y/o Jefe del Departamento de Servicios Médicos, todos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS Oaxaca; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el once de abril de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y que por razón de turno correspondió conocer a este tribunal en esa fecha, Pablo Chávez San Agustín y Víctor Hugo Pérez Ciprián, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades y actos que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES.- Señalo como autoridad responsable a las (sic) siguiente. Autoridades señaladas como ordenadoras: Director General del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS Oaxaca. Sub Director Técnico del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS Oaxaca. Encargado y/o Jefe del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS Oaxaca. IV.- Acto reclamado: la omisión de las autoridades responsables ya señaladas al no brindarnos la atención médica adecuada y requerida del especialista del área de psiquiatría. * Cabe hacer mención su señoría que se recurre a estas instancias abiendo (sic) los quejosos ya mencionados agotado todos los mecanismos de control con los que se cuentan en este Centro Federal de Readaptación Social No. 13 "CPS-Oaxaca", como lo son: 1. Reportes Diarios con el personal de guardia y custodia (custodios). 2. Así como con las peticiones administrativas que se nos proporcionan cada mes. Siguiendo todas las formalidades que establecen los artículos 107, 108, 109, 110, 111, 112 y 113 de la Ley Nacional de Ejecución Pena. *Y no teniendo contestación alguna a dichas peticiones administrativas. Por parte del Centro Penitenciario en mensión (sic) (Dirección General) en ningún momento contradiciendo así lo establecido por el numeral 114 de la Citada Ley Nacional de Ejecución Penal Vigente." Asimismo, narró los antecedentes del acto reclamado, formuló conceptos de violación y señaló como derechos fundamentales vulnerados, los contenidos en los artículos 1°, 4°, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión de demanda y trámite del juicio de amparo. En proveído de once de abril de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional registró el expediente con el número 417/2022; se admitió la demanda de mérito, se decretó la suspensión de plano, se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, quien no formuló pedimento; y se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, de ese propio órgano colegiado, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que el acto omisivo reclamado a autoridades responsables que tienen su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos del numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa a las autoridades responsables y el acto reclamado, en los términos siguientes: Director General, Sub Director Técnico y Encargado del Departamento Médico -en su denominación correcta-, todos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS Oaxaca, la omisión de brindar la atención médica a Pablo Chávez San Agustín y Víctor Hugo Pérez Ciprián, para atender los síntomas de depresión, ansiedad, pérdida de sueño, falta de apetito, dolores de cabeza y mareos. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades señaladas responsables Director General y el Encargado de la Dirección Técnica, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS-OAXACA", en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca -en su carácter de superior jerárquico del Sub Director Técnico y del Encargado del Departamento Médico-, negaron la existencia del acto reclamado al rendir su informe sobre la suspensión de plano, pero omitieron rendir el informe justificado que se les solicitó -notificado mediante correo electrónico el trece de abril de dos mil veintidós (foja 28)-, en tal virtud se deben tener como presuntivamente ciertos los actos reclamados, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, conforme el apercibimiento decretado en auto de once de abril de dos mil veintidós. CUARTO. Causales de improcedencia. No obstante la certeza de los actos reclamados de la autoridad responsable, este juzgador no analizará la constitucionalidad de los mismos, pues de oficio advierte una causal de improcedencia, cuyo análisis es de estudio preferente. En efecto, el artículo 62 de la Ley de Amparo indica: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Ahora, el artículo 61, fracción XX, de la ley reglamentaria en cita prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. - No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. - Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior (.)". De esta porción transcrita se obtiene, en lo que interesa, que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los que proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. De manera que la fracción en comento prevé el llamado principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal prevé un procedimiento administrativo cuando las personas privadas de la libertad personal reclaman actos relacionados con las condiciones de su internamiento, que deben agotar antes de instar la acción constitucional por la vía bi-instancial. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), con registro digital 2018548, publicada en la página 230, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el contenido siguiente: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Del contenido de los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 30, 107 a 115, 117, fracción I, 122 y 131 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, se advierte que el procedimiento de ejecución penal contiene un mecanismo de control denominado peticiones administrativas, a través del cual las personas privadas de su libertad pueden reclamar, sin mayores formalismos, ante la autoridad penitenciaria o el Juez respectivo, las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento que vulneran sus derechos. Ahora bien, este mecanismo de control constituye un verdadero procedimiento conformado de diversas etapas, pues inicia con la presentación de una petición formulada por los internos ante la autoridad penitenciaria correspondiente, en donde pueden ofrecer pruebas o que la autoridad las recabe de oficio; en el caso de que el acto sea urgente puede ser suspendido de oficio y de inmediato por un Juez, o bien, que éste ordene las acciones positivas necesarias para que cese, en caso de constituir una omisión; asimismo, se prevé la posibilidad de que las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria relacionadas con la petición sean impugnadas a través de los recursos correspondientes. En esa virtud, el citado mecanismo de control previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal constituye un medio de defensa sencillo, rápido y eficaz por medio del cual la persona privada de su libertad, puede reclamar omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, por lo que antes de acudir al juicio de amparo indirecto, debe agotar dicho mecanismo y los medios de impugnación previstos en su contra por la ley referida. Por lo que, si el interno promueve la acción constitucional contra las omisiones inherentes a sus condiciones de internamiento, sin que previamente hubiera agotado el citado mecanismo de control, actualizará la causa de improcedencia del juicio prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en atención al principio de definitividad." Igualmente se invoca al respecto la tesis XI.P.2 P (11a.), emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con registro digital 2024545, visible en la Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo sumario es el que sigue: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. CUANDO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE RECLAMEN LAS RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DE ASISTENCIA MÉDICA, INCLUSO DE CARÁCTER URGENTE, SIN HABER AGOTADO PREVIAMENTE EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN XX DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD [INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA XI.P. J/8 P (10a.)]. Hechos: Varias personas privadas de la libertad en un centro de reclusión promovieron juicio de amparo indirecto contra la omisión de las autoridades penitenciarias de brindarles atención médica general y especializada y tratamiento para atender sus padecimientos. La autoridad de amparo desechó de plano la demanda, al encontrar actualizada de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las personas privadas de la libertad en un centro de reclusión, previamente a controvertir en el juicio de amparo indirecto la omisión de las autoridades penitenciarias de brindar atención médica y, en su caso, el tratamiento respectivo, sean de carácter urgente o no, deben agotar el mecanismo de control previsto en los artículos 107 a 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, al tratarse de una cuestión relacionada con condiciones de internamiento, ya que de no hacerlo se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, relativa al principio de definitividad. Justificación: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2018, de la que emanó la tesis de jurisprudencia 1a./J. 79/2018 (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", y las diversas contradicciones de tesis 304/2018 y 35/2021 estableció, en esencia, que la Ley Nacional de Ejecución Penal contiene un mecanismo de control denominado "peticiones administrativas", a través del cual las personas privadas de la libertad pueden ver satisfechas sus pretensiones inherentes a las condiciones de internamiento, incluidas las omisiones que tienen que ver con la prestación de atención médica de carácter urgente, pues existe la posibilidad de que ésta sea suspendida de manera oficiosa por un Juez, según prevé la propia legislación. Por tanto, es necesario que las personas privadas de la libertad en un centro de reclusión, previamente a acudir al juicio de amparo a reclamar la omisión de brindar atención médica y, en su caso, el tratamiento respectivo, sean de carácter urgente o no, agoten el mecanismo de control previsto en la citada ley nacional, al tratarse de una cuestión relacionada con condiciones de internamiento; de manera que al no hacerlo así, se configura de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, relativa a agotar el principio de definitividad. En razón de lo anterior, este Tribunal Colegiado de Circuito interrumpe la tesis de jurisprudencia XI.P. J/8 P (10a.), de título y subtítulo: "OMISIONES INHERENTES A CUESTIONES DE INTERNAMIENTO RELACIONADAS CON LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO MÉDICO O ASISTENCIA MÉDICA. A EFECTO DE QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTÉ EN CONDICIONES DE DECIDIR SI ADMITE O DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, DEBE REALIZAR UN JUICIO VALORATIVO DE LAS MANIFESTACIONES VERTIDAS POR EL QUEJOSO." En el caso, como se indicó, los quejosos reclaman del Director General, Sub Director Técnico y Encargado del Departamento Médico, todos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS Oaxaca, la omisión de brindarles atención médica, respecto de los síntomas de depresión, ansiedad, pérdida de sueño, falta de apetito, dolores de cabeza y mareos; actos que indiscutiblemente se relacionan con las condiciones inherentes a su internamiento y respecto de los cuales no agotaron el mecanismo de control que prevé la Ley Nacional de Ejecución Penal; situación que torna improcedente la acción constitucional que instaron. Sin que para ello puedan considerarse suficiente las manifestaciones relativas a que efectuaron tanto reportes diarios con el personal de guardia y custodia (custodios), como peticiones administrativas que se les proporcionan cada mes, puesto que debieron acreditarlo y, en su caso, hacerlo valer ante el juez de ejecución pertinente, en términos del artículo 114 de la Ley Nacional de Ejecución, cuya literalidad es la que sigue: "Artículo 114. Resolución de peticiones administrativas El director del Centro estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Si la petición no fuere resuelta dentro del término legal, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la Autoridad Penitenciaria que responda la petición formulada de fondo y en el plazo previsto en esta Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la Autoridad Penitenciaria. La Autoridad Penitenciaria le hará saber a la persona privada de la libertad el derecho que tiene a la interposición del presente recurso, dejando constancia por escrito." No obstante, al no haber agotado el procedimiento administrativo mediante el recurso ante el juez de ejecución, es que se actualiza la causa de improcedencia en comento. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones que prevé la fracción XX del numeral 61 de la ley de la materia, pues, a criterio de este juzgador, de las constancias recabadas no se advierte que la falta de atención médica que se reclama, haya comprometido gravemente la dignidad e integridad personal de los quejosos, al grado de equipararse tal situación a un tormento. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia mencionada, es procedente sobreseer en el juicio, de conformidad con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado, no procede el análisis de los conceptos de violación, pues esto impide el examen de constitucionalidad del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia número V.2o. J/15, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 115, Tomo IX, Enero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 220705, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado". QUINTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, en atención a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno matutino (siete con cuarenta y cinco minutos a quince horas con cuarenta y cinco minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente determinación se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno matutino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías 417/2022, promovido por Pablo Chávez San Agustín y Víctor Hugo Pérez Ciprián, respecto de las autoridades responsables y actos reclamados precisados en el considerando segundo, en términos de los fundamentos y motivos expuestos en el diverso penúltimo, ambos de este fallo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio remitido por la directora de área en la Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en ausencia del titular de dicha unidad, y éste a su vez, en representación del Coordinador General de Centros Federales, con residencia en la Ciudad de México; visto su contenido, informa que instruyó al director general y encargado del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número 13 "CPS OAXACA", con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, a efecto de que cumplan con la ejecutoria pronunciada en este juicio, anexando la constancia que acredita dicha circunstancia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y toda vez que no se ha informado el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por lo tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días cumpla con la ejecutoria de amparo en los siguientes términos: 1.- El Agente Municipal de San Felipe de León, Municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, cite a una Asamblea General de Ciudadanos de esa población. 2.- Una vez constituida la Asamblea General de Ciudadanos en cita, ésta deberá dejar sin efectos el acta de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho, en la cual impuso una multa de cuarenta mil pesos al aquí quejoso Mardonio Sánchez Cruz, así como dejar sin efectos todas sus consecuencias. Por todas sus consecuencias deberá entenderse, que la concesión impone retrotraer las cosas al estado en que se encontraban antes de la imposición de la multa, lo que significa que la cantidad pagada por el quejoso debe devolvérsele, sin que exista necesidad de que éste comparezca ante la responsable. Precisándose que la sentencia de amparo constituye cosa juzgada, por lo que, el derecho consuetudinario en forma alguna puede impedir su cumplimiento, de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución y estricto apego al régimen constitucional de protección y garantía de los derechos humanos. Una vez realizado lo anterior, deberá remitir las constancias que acrediten dicha circunstancia, incluyendo la convocatoria realizada, las listas de ciudadanos que participaron con firmas, el acta de asamblea levantada al efecto, y en caso de que no sea posible devolver el numerario al quejoso en dicha asamblea, deberá exhibirla ante este Juzgado en efectivo o billete de depósito. De estimarlo necesario, deberá solicitar el apoyo de la Procuraduría Agraria, para que el día de la asamblea se presente y explique a los ciudadanos, que la sentencia de amparo constituye cosa juzgada y que debe cumplirse en sus términos, sin que los usos y costumbres de la comunidad impidan su cumplimiento. Apercibido que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículo 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del Salario Mínimo (Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis), en términos del numeral 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, se ordena notificar este proveído al Presidente Municipal de San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca, para que ordene a su subordinado (Agente Municipal de San Felipe de León, municipio de San Juan Bautista Valle Nacional, Tuxtepec, Oaxaca), cumplir con la ejecutoria de amparo, bajo apercibimiento que de no demostrar que dio la orden correspondiente, dentro de igual término al antes señalado, se le impondrá igual multa a la especificada en el párrafo que antecede, además de que puede incurrir en las mismas responsabilidades que la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE.
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