Pablo Carrillo González

Expediente 1008/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1008/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/11/2021

Partes del expediente

  • Pablo Carrillo González

Actuaciones

  1. Principal

    -CAUSA ESTADO NO PRESENTADA- Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. - ARCHIVO - Al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, envíese al archivo. Notifíquese mediante lista.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa el proveído de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en los siguientes términos: DESECHAMIENTO POR NOTORIA IMPROCEDENCIA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el órgano jurisdiccional que conozca de la demanda, la examinará y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Atento a lo anterior, se advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, interpretada en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. Ahora, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo dispone la procedencia del juicio de garantías biinstancial contra actos de autoridades judiciales en dos supuestos: a) actos dictados fuera de juicio, y b) actos dictados después de concluido el mismo. Para el segundo supuesto, esto es, para actos dictados después de concluido el juicio, hace dos referencias; la primera, si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiéndose reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubiesen dejado sin defensa al quejoso. Asimismo, la propia ley define lo que debe entenderse como última resolución, a saber: 1. Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; 2. La que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; 3. La que ordenan el archivo definitivo del expediente; y, 4. Tratándose de remates, la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega de los bienes rematados. Lo anterior, obedece a que el legislador previó la forma de evitar los abusos del juicio de garantías, condicionando a las partes a que lo promuevan sólo contra la última resolución dictada en el período de ejecución de sentencia o de remate, y no contra cada violación que se suscite en el procedimiento respectivo. Luego, en los términos de los preceptos invocados, mientras no se pronuncie la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de que se trata, resultará improcedente el juicio de amparo indirecto contra cualquier resolución intermedia dictada en el procedimiento de ejecución respectivo. De esta guisa, se advierte que el acto reclamado emana de una carpeta de ejecución penal donde el quejoso, con el carácter de persona definitivamente sentenciada, ha instado un incidente de libertad anticipada, en donde se ha generado inconformidad con la admisión de un medio de prueba ofertado por el Representante Social en la tramitación de la incidencia planteada, así como con la decisión tomada en el recurso de revocación interpuesto en contra de aquella. De ahí que, la resolución reclamada antes relacionada, no es la última resolución dentro del incidente de libertad anticipada intentado por el ahora quejoso, dentro del procedimiento de ejecución penal de origen, cuenta habida que no se trata de una determinación que decide en definitiva sobre la solicitud del sentenciado respecto del beneficio preliberacional solicitado. Tampoco es obstáculo a la conclusión anteriormente alcanzada, el hecho de que Pleno del Máximo Tribunal del País estableció el criterio referente a que en la etapa de ejecución de sentencia procede excepcionalmente el juicio de amparo biinstancial, contra actos dictados en esa fase, cuando afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, pues así lo determinó al resolver el expediente de contradicción de tesis 215/2009 que dio origen a la jurisprudencia 108/2010, que se localiza en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen lo siguiente: EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. Ahora bien, atendiendo a la evolución de la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos emitidos en la fase procesal de ejecución de sentencia, se ha sostenido que éste no sólo procede contra la última resolución dictada en dicha fase procesal, sino también cuando el acto reclamado se ubique en las hipótesis siguientes: a) Resoluciones autónomas a la cosa juzgada. b) Determinaciones que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente, ajenas a lo que es materia de la cosa juzgada. Lo anterior, pues el Pleno del Máximo Tribunal del País determinó que la amplitud de la norma contenida en la fracción IV del artículo 114 (ahora fracción V del artículo 107), daba pauta para interpretar la fracción III del numeral en comento (ahora fracción IV del artículo 107 de la propia legislación), y no a la inversa, de modo que, cuando se reclamaran en vía de amparo indirecto, actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia, y éstos pudieran afectar de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada, podía aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo anterior (ahora fracción V de dicha normatividad legal), para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, en el caso a estudio, no se actualiza dicha excepción, ya que de los antecedentes expuestos, se arriba a la conclusión de que el acto reclamado no tiene la naturaleza de acto de imposible reparación, al no afectar en forma actual y directa, derechos sustantivos del promovente, ni ser una determinación ajena a la cosa juzgada, toda vez que lo combatido, se reduce a la resolución dictada por la responsable el cuatro de octubre de dos mil veintiuno, dentro de los autos de la carpeta de ejecución penal., que admite un medio de prueba propuesto por el agente del Ministerio Público, así como aquella que determina sobre el recurso de revocación interpuesto por el condenado en su contra, dentro del trámite del incidente encaminado a obtener el beneficio preliberacional antes citado. En el mismo sentido, el acto reclamado (resolución que admite pruebas dentro del procedimiento en ejecución de sentencia para la obtención del beneficio preliberacional de libertad anticipada), no afecta de manera inmediata el derecho sustantivo a la libertad personal del quejoso y por tanto no actualiza la excepción en análisis pues, en el caso, el solicitante del beneficio preliberacional no se encuentra privado de su libertad personal con motivo del acuerdo que constituye el acto reclamado, sino porque está cumpliendo la pena impuesta en la sentencia condenatoria que se le dictó en el proceso penal. De tal suerte que la afectación que en esas condiciones se pudiera producir en la esfera de derechos del promovente, tiene una naturaleza eminentemente intra procesal o adjetiva, dado que no se proyecta materialmente en forma directa e inmediata, sobre alguno de sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, en forma independiente de las consecuencias jurídico penales derivadas de la condena impuesta en su contra en la controversia judicial de origen. Por lo cual es evidente que no existe irreparabilidad cuando el acto reclamado sólo produce efectos intraprocesales, mas no causa un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos sustantivos como propiedades, posesiones o derechos de la parte quejosa, de manera directa e inmediata, esto es, con total autonomía de lo resuelto de manera definitiva en el juicio en mención; máxime que tampoco puede considerarse que la admisión de un medio de prueba propuesto por el Representante Social en el trámite del incidente con miras a obtener el beneficio de libertad anticipada, relativo a la demostración de los requisitos que legalmente debe reunir el solicitante para tal fin, afecte de manera directa o inmediata la libertad del peticionario, habida cuenta que, como ya quedó apuntado, la afectación que eventualmente pudiere resentir, subyace exclusivamente en un derecho de corte adjetivo, que se relaciona con las posiciones que van adoptando las partes durante el procedimiento con miras a obtener una resolución favorable a sus pretensiones. De este modo, no será sino hasta que se dicte la última resolución en el incidente de libertad anticipada, materializada a través de la interlocutoria correspondiente, cuando proceda el amparo indirecto, en el cual el quejoso podrá impugnar las determinaciones intermedias en el trámite incidental que se ventila en la carpeta de ejecución penal de origen. En el particular, al tratarse la litis constitucional planteada en este juicio de amparo, sobre una determinación dictada por la responsable en donde admite pruebas documentales públicas en la carpeta de investigación., ofrecidas por el Agente del Ministerio Público, al evacuar la vista dada con el incidente de libertad anticipada, solicitado por el quejoso, es necesario tomar en consideración que, dada su naturaleza, no causa perjuicio de imposible reparación al afectado, ya que no tiene otro efecto que de continuar con el trámite del incidente del beneficio preliberacional solicitado dentro del procedimiento de ejecución penal correspondiente. En ese sentido, la parte condenada que solicita el beneficio en la vía incidental, queda en aptitud de defenderse y preparar, en todo caso, el amparo contra la última resolución que, en definitiva, recayere al procedimiento incidental, donde estará en aptitud de hacer valer la violación que ahora reclama, para el caso de no obtener un fallo conforme con sus intereses. En consecuencia, la resolución al recurso de revocación intentado en contra del auto que admite pruebas a la Representación Social dentro del trámite del incidente de libertad anticipada solicitado por el promovente, en la carpeta de ejecución de origen, solo podría afectar derechos adjetivos y no los sustantivos del condenado; máxime que la admisión y eventual desahogo de tales probanzas, no implica de antemano que -dada su naturaleza de cuestión estrictamente adjetiva o procesal-, el condenado obtenga un fallo contrario a su pretensión. Por ende, dicha determinación no puede ser impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el sentenciado solo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el incidente de libertad anticipada, planteado dentro del procedimiento de ejecución penal de sentencia de condena, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que no existe afectación a derechos sustantivos. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, que carece de autonomía propia y destacada en relación con la condena que se ejecuta y cuyo efecto adjetivo puede ser reparado en la última resolución que se pronuncie en el incidente respectivo, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Luego, si como quedó evidenciado, lo reclamado en este juicio no constituye la última resolución en el incidente de libertad anticipada instado dentro del procedimiento de ejecución penal y tampoco afecta los derechos sustantivos del quejoso, ya que la actuación reclamada no se traduce en actos de imposible reparación, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente.

  3. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente en el domicilio señalado para tal efecto. Así lo proveyó y firma electrónicamente el Juez José Guadalupe Arias Ortega, titular del Juzgado Segundo de Distrito en el estado de Aguascalientes, asistido del Secretario de Juzgado Jorge Humberto Álvarez Moreno, quien autoriza y da fe, dentro del juicio de amparo 1008/2021-III.

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