Pablo Canuto Gutiérrez Osorio
Expediente 1039/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1039/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 04/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Pablo Canuto Gutiérrez Osorio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, cuatro de marzo de dos mil veintidós. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo 1039/2021. TRÁMITE. PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el veintinueve de abril de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán Rosales, Sinaloa, Pablo Canuto Gutiérrez Osorio por conducto de su defensor solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Centro en esta ciudad y el Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito a la Unidad de lo Especializado en Delitos Patrimoniales de la Región Centro del Estado. SEGUNDO. Admisión. El asunto fue turnado al Juzgado Cuarto de Distrito de esta ciudad, cuyo órgano jurisdiccional en acuerdo de cuatro de mayo siguiente previno a la parte quejosa para que precisara el acto que reclamaba del Agente del Ministerio Público Especializado en Delitos Patrimoniales de la Región Centro del Estado, o bien, manifestara si era su intención señalarlo como tercero interesado. Mediante escrito de trece de mayo posterior la parte quejosa precisó señalaba como tercero interesado al fiscal citado. En auto de catorce de ese mes se admitió la demanda de amparo únicamente por el Juez de Control, se ordenó solicitar a la autoridad responsable su informe justificado, dar la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. A través del proveído de nueve de agosto del año pasado el Juzgado Cuarto de Distrito de esta ciudad returnó el asunto a este órgano jurisdiccional por cuestión de conocimiento previo. Este Juzgado de Distrito en proveído de veinticinco de agosto de dos mil veintiuno se avocó al conocimiento del asunto y se señaló fecha de audiencia constitucional que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. RESOLUCIÓN. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que se reclama acto con ejecución en esta ciudad. SEGUNDO. Acto reclamado y autoridad responsable. Del Juez de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento de la Región Centro en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 324/2021 dictado el once de abril de dos mil veintiuno por el hecho que la ley establece como delito de robo quebrantando la confianza derivada de relación de trabajo. TERCERO. Acto cierto. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable pues así lo externó al rendir su informe justificado (foja 52), lo que se corrobora con las constancias y los discos que contienen audio y video de la audiencia inicial y su continuación en la que se dictó el auto de vinculación reclamado. CUARTO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación resultan inoperantes e infundados , por los siguientes motivos: A fin de resolver la problemática planteada, es necesario precisar que por disposición del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el dictado del auto de vinculación a proceso es requisito que haya datos que establezcan la comisión de algún hecho que la ley señale como delito y exista probabilidad que el indiciado lo cometió o participó en su ejecución. Esas exigencias están acogidas en el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en cuya fracción III señala como requisito que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido algún hecho que la ley señala como delito y que exista probabilidad que el imputado lo cometió o participó en su ejecución. Dicha disposición secundaria determina que se entenderá que existen datos que establecen que se ha cometido algún hecho que la ley señale como delito cuando haya indicios razonables que así permitan suponerlo. Con base en lo anterior, el sustento del auto de vinculación a proceso es que los datos de prueba aportados por el Agente del Ministerio Público revelen indicios de los cuales se desprenda la realización del hecho calificado como delito por la ley penal correspondiente; de tal manera, cuando el hecho revelado por los datos de prueba no encuadre en la descripción legal no es factible la vinculación a proceso. La parte quejosa reclama el auto de vinculación a proceso de once de abril de dos mil veintiuno, dictado en la causa penal 324/2021, al establecer que con los datos de prueba quedó establecido el hecho que la señalada como delito de robo quebrantando la confianza derivada de relación de trabajo, previsto y sancionado por los artículos 201, 202, 203, fracción IV, en relación con el 204, fracción VI, del Código Penal para el Estado de Sinaloa, al considerar la probabilidad que Pablo Canuto Gutiérrez Osorio lo cometió en perjuicio de Beatriz Guadalupe Cárdenas. En esencia, se advierte que el núcleo del hecho que tuvo establecido el Juez de Control se basa en que: El uno de diciembre de dos mil diecisiete, Beatriz Guadalupe Cárdenas fue requerida por Jesús Alejandro Zatarain Zatarain, contador general de Frutería el Canario, por el pago de ciento setenta mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos con treinta y tres centavos, derivado de ciento setenta y seis facturas emitidas a nombre de la ofendida, las que habían sido firmadas por Pablo Canuto Gutiérrez Osorio sin su consentimiento, con motivo que en abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre de dos mil diecisiete proporcionó al imputado, en presencia de Jesús Ricardo Tamayo Manos y Dolores Cardenas Millán, doscientos treinta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos con cuarenta y siete centavos en efectivo por Manuel Cárdenas Plazuelas para que realizara compras de frutas y verduras, cuando el inculpado sólo pagó en efectivo sesenta y ocho mil doscientos cinco pesos con catorce centavos y dispuso del resto. Ante el Juez de Control, en contestación a la solicitud de vinculación contra el quejoso el defensor de éste en esencia alegó que: No se daba el elemento de apoderamiento, ya que los datos de prueba estaban encaminados a señalar que al inculpado se le proporcionó el dinero con motivo de sus funciones, por lo que no había información de acción física de apoderamiento, pues consideró que en ese supuesto había disposición, pero nunca apoderamiento. Al respecto, al resolver sobre la vinculación a proceso, sobre el particular el Juez de Control estableció en síntesis lo siguiente: El inculpado tenía obligación de hacer compras y se le atribuye el apoderamiento del numerario que se le había entregado para compras de la negociación, de cuyo dinero sólo tenía posesión precaria para efecto de realizar las compras de contado, pero sólo hizo una parte de pago en efectivo y otras a crédito, por lo cual pudo realizarse la acción de apoderamiento y de ahí que los criterios citados no eran aplicables (disco 3, a partir del minuto 35:10). Debe destacarse que en la demanda de amparo no se pone en tela de duda que mediante los datos de prueba aportados por el ministerio público estén acreditados los hechos materia de la imputación; por lo que al tratarse de hechos incontrovertidos se parte de su certeza, sobre todo que del análisis que este Órgano de Control Constitucional realizó de la videograbación advierte que está acreditado tal extremo. En principio, aun cuando entre los datos de prueba señalados por el fiscal están diversos mensajes enviados vía telefónica, lo cierto es que en la resolución de vinculación a proceso el señor Juez de Control no sustentó su decisión en ese dato de prueba. En consecuencia, resultan inoperantes los conceptos de violación encaminados a evidenciar que esos datos de prueba no tienen relación con el imputado al no contener los números telefónicos, el emisor y receptor; así como que fueron obtenidos con violación a derechos fundamentales. Cobra especial relevancia si en el hecho establecido por el Juez de Control se da la acción de apoderamiento para justificar que encuadra en el delito de robo quebrantado la confianza derivada de relación de trabajo. Los artículos 201, 202 y 203, fracción VI, Código Penal para el Estado a la fecha en que acontecieron los hechos desde abril de dos mil diecisiete disponen lo siguiente: 201. Comete el delito de robo, el que se apodera de una cosa ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de ella con arreglo a la ley. 202. Para la aplicación de la sanción se dará por consumado el robo desde el momento en que el ladrón tiene en su poder la cosa robada, aún cuando la abandone o lo desapoderen de ella. [.] 204. Las penas previstas en el artículo anterior, se aumentarán hasta tres cuartas partes más, si el robo se realiza: [.] VI. Quebrantando la confianza o seguridad derivada de una relación de servicio, trabajo u hospitalidad; [.] Los preceptos transcritos contemplan el delito de robo, el cual se consuma desde el momento en que el ladrón tenga en su poder la cosa robada, aun cuando la abandone o lo desapoderen de ella. Entre los elementos del hecho está la conducta de apoderarse de una cosa (o un bien) ajena mueble. Por apoderarse se entiende tomarla o detentar la posesión material y objetiva de la cosa o del bien, esto es, se traslada la posibilidad de disposición respecto de dicho objeto del sujeto pasivo al activo. El apoderamiento es el acto de hacer llegar una cosa a nuestro poder; por el término poder se entiende la facultad de disposición sobre la cosa para fines propios, por lo que, ante todo, la facultad de disponer es un acto de voluntad, por el que actuamos sobre la cosa, deliberada y conscientemente. En este orden, el apoderamiento está constituido por dos aspectos, uno objetivo y el otro subjetivo. El aspecto objetivo requiere el desapoderamiento de quien ejercía la tenencia del bien o de la cosa, implicando quitarla de la esfera de custodia, es decir, la esfera dentro de la que el tenedor puede disponer de ella; por ende, existe desapoderamiento, cuando la acción del sujeto activo, al quitar la cosa de aquella esfera de custodia, impide que el tenedor ejerza sobre ella sus poderes de disposición. El aspecto subjetivo está constituido por la voluntad de someter la cosa al propio poder de disposición, ya que no es suficiente el querer desapoderar al tenedor, sino que es necesario querer apoderarse de aquélla; el aspecto subjetivo del apoderamiento consiste en la simple disposición del bien inmueble, para fines propios o ajenos del agente, cualquiera que ellos sean; consiste en disponer de la cosa con el ánimo de apropiársela (propósito de apoderarse de lo que es ajeno), de usarla, de disponer de ella, según el arbitrio personal del delincuente. Es aplicable al caso, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte e Justicia de la Nación, publicada en la página 46, Volúmenes: 91-96, Segunda Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que a la letra dice: ROBO, APODERAMIENTO EN EL. ELEMENTOS QUE LO del apoderamiento en el delito de robo: el material o externo, que consiste en la aprehensión de la cosa, y el moral o interno, consistente en el propósito del activo. En efecto, siendo el delito un acto humano, no se le puede considerar desligado del elemento moral (conocimiento y voluntad) que es de su esencia. Tan cierto es esto, que nuestra legislación penal clasifica los delitos en intencionales y no intencionales o de imprudencia, precisamente atendiendo a ese elemento interno; de lo contrario no tendrían razón de ser las circunstancias excluyentes de responsabilidad, ni tendrían existencia jurídica algunos delitos, como el parricidio, uno de cuyos elementos es el 'conocimiento del parentesco' por parte del activo, conocimiento que lleva inherente la voluntad (o el propósito) de dañar al pasivo, sin el cual dejaría de ser 'parricidio'. Así pues, en el delito de robo, el acto material consistente en 'el apoderamiento', lleva inherente el elemento moral o subjetivo que consiste en el propósito (conocimiento y voluntad) de apoderarse de lo que es ajeno, por parte del activo. Bajo ese contexto, para que se dé el apoderamiento de la cosa ajena es indispensable que el sujeto activo no tenga la posesión de manera legal, mediante un acto jurídico de quien se la transmitió, esto es, no la tenga mediante algún acto jurídico en el que el objeto sea la propia cosa en sí, lo que quiere decir que faltará el elemento de apoderamiento cuando exista la transferencia por parte del dueño al activo, es decir, cuando ha salido de la esfera de custodia del dueño en virtud de un acto jurídico cuyo objeto ha sido la cosa en sí, pues con motivo de este acto se tiene la cosa en virtud de una situación de carácter jurídico que recae directa e inmediata sobre el objeto. Así, los empleados que tienen como función realizar compras para el establecimiento, negocio o empresa para el que prestan sus servicios, el dinero que reciben para realizar tal actividad lo tienen a su alcance en virtud de la relación de trabajo, por ello el numerario llega a su esfera material por la naturaleza de su empleo. Si bien esos empleados pueden tener acceso al dinero con cierta autonomía de su dueño, o de quien puede disponer de ella, esto lo es sin haber sido transmitido la tenencia por algún acto jurídico cuyo objeto sea el dinero sí, ya únicamente tienen a su alcance el numerario por la relación laboral que tienen con el dueño de la empresa o negociación, esto es posesión precaria, entendiendo como tal la que se tiene en el ámbito material, pero sin tener poder sobre la cosa que se recibió; de ahí que si disponen del dinero comete el elemento apoderamiento constitutivo del hecho que la ley penal califica robo, en la medida que no lo recibe mediante un acto jurídico que le transmita de modo directo la tenencia, si se toma en cuenta lo recibió con la obligación de realizar la compra. Así, al tener la posesión precaria del dinero, no la derivada, se configura el elemento desapoderamiento, dado que en esas circunstancias el titular lo entrega al pasivo transmitiendo o transfiriendo la tenencia, no el el dominio, situación que no se configura con las personas encargadas de realizar comparas para el patrón, ya que la detentación del numerario que tienen es sólo precaria, pues no salen de la esfera legal del titular del negocio o empresa, pues no se les ha otorgado un poder jurídico a través de un acto que tenga por objeto la cosa por sí. Al tema ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 48/98 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 61, Tomo VIII, Septiembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, donde sostiene: ABUSO DE CONFIANZA. NO SE INTEGRA EL DELITO DE. EN TRATÁNDOSE DE COBRADORES. PORQUE NO TIENEN LA POSESIÓN DERIVADA DE LA COSA, SINO SÓLO PRECARIA. El presupuesto básico del delito abuso de confianza, consiste en la disposición que hace el sujeto activo para sí o para otro, de una cosa mueble ajena, misma de la que se le ha transmitido la tenencia y no el dominio en perjuicio del pasivo. Ahora bien, el alcance del vocablo transmisión, implica una transferencia de derechos, lo que quiere decir que la transmisión de la tenencia a que se refiere el ilícito de abuso de confianza como presupuesto lo es, que la cosa se traslade material y físicamente bajo cualquier título permitido por la ley, por virtud del cual quien la transmite se desliga jurídicamente de su posesión y del poder de hecho que tenía sobre la misma, para otorgársele al que la recibe, quien a consecuencia adquiere su tenencia autónoma e independientemente del transmisor (posesión derivada). Lo que quiere decir que no cualquier tipo de posesión da lugar al delito de abuso de confianza sino la derivada, esto es aquella en el que se transfiere la cosa misma. En el caso específico, los cobradores entendidos en nuestro medio como aquellas personas que tienen como función principal la de realizar los cobros a los deudores del establecimiento, negocio o empresa para el que prestan sus servicios, el dinero que ellos poseen, lo tienen a su alcance en virtud de su relación de trabajo, esto es, el numerario llega a su esfera material por la naturaleza de su empleo y aun cuando puedan tener acceso a la cosa con cierta autonomía de su dueño o de quien puede disponer de ella, ello es, sin haber sido transmitida la tenencia de la cosa, ni su custodia ya que únicamente tienen a su alcance el numerario por el vínculo laboral que tienen con el dueño de la empresa o negociación, de ahí que si disponen del mismo, se configura diverso delito mas no así el de abuso de confianza. Con base en lo anterior, resultan infundados los conceptos de violación encaminados a poner de manifiesto que en el caso no está acreditado el desapoderamiento del dinero, pues tal inconformidad parte de la base que el dinero recibido por el imputado fue con motivo de la relación laboral con la pasivo del hecho. En las condiciones anotadas, procede negar la protección constitucional solicitada. Por lo expuesto y fundado, este juzgado de distrito resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Pablo Canuto Gutiérrez Osorio. NOTIFÍQUESE DE MANERA PERSONAL. Así lo resolvió el licenciado Pedro Venegas, juez Segundo de distrito en Culiacán, Sinaloa, hasta hoy ocho de febrero de dos mil veintidós en que las labores del juzgado permitieron el engrose de esta sentencia, ante el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, secretario que da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b)de la Ley de amparo se notifica por lista de estrados a la parte tercera interesada Beatriz Guadalupe Cárdenas Michel. Por lo expuesto y fundado, este juzgado de distrito resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión NO AMPARA NI PROTEGE a Pablo Canuto Gutiérrez Osorio. NOTIFÍQUESE DE MANERA PERSONAL
- Principal
En Culiacán, Sinaloa, a cinco de octubre de dos mil veintiuno. Del estado procesal que guardan las actuaciones se advierte que en el presente asunto se tuvo a la víctima ******************** como tercera interesada a quien se ordenó emplazar en el domicilio ubicado en calle Segunda dos mil seiscientos setenta y tres, colonia Mercado de Abastos, de esta ciudad, domicilio que proporcionó la parte quejosa. Al respecto, de las copias certificadas que remitió el Juez de Control se advierte que en las minutas de audiencia que su domicilio procesal es en calle Estado de Chihuahua mil cuatrocientos sesenta y siete de la colonia Las Quintas en esta ciudad, por lo que se instruye al fedatario adscrito que con copia de la demanda, acuerdo de admisión, auto de veinticinco de agosto en el que este juzgado se avocó al conocimiento del asunto y del presente proveído la emplace en este último domicilio. Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las DIEZ HORAS CUARENTA MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO para su celebración. Notifíquese y emplácese a la tercera interesada en el domicilio procesal indicado.
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