Pablo Canul Can

Expediente 737/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
737/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/11/2022

Partes del expediente

  • Pablo Canul Can

Actuaciones

  1. Principal

    II- Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que los quejosos hubiesen interpuesto recurso de revisión contra del auto dictado el 24 de octubre de 2022, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, promovido por Pablo Canul Can y Cecilio Ku May, respecto de los actos que reclamaron de las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. En cumplimiento al artículo 21, inciso b) del Capítulo Octavo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Asimismo, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Quinto, del citado acuerdo. Por otra parte, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se verificó la coincidencia de contenidos de expediente impreso y del electrónico. De igual forma, se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. Notifíquese.

  2. Principal

    II- Agréguese el informe justificado del magistrado del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad. De conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De la misma manera, dese vista a las partes con las documentales que adjunta a su informe de ley, mismas que se tienen por desahogados por su propia y especial naturaleza, atendiendo al artículo 119 de la Ley de Amparo, debiéndose igualmente relacionarlas en la audiencia constitucional que se verifique en este asunto. Con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, téngase como delegado de la responsable a la profesionista que cita y domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su informe. Ahora, de las constancias se destacan la sentencia de 13 de octubre de 2022, en el expediente del juicio agrario 259/2020; así como la constancia de notificación practicada el 19 de octubre de 2022 a la parte quejosa. Documentales a las que de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les concede valor probatorio pleno, por estar expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Al respecto este órgano jurisdiccional considera que en la especie cobra vigencia la causa de improcedencia, prevista el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo1, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Se estima actualizada dicha causa de inejercitabilidad, cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. De modo tal que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de la quejosa, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter??? positivo y cuando, como en el caso, sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja treinta y ocho, Tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Esto es, conforme al criterio citado, la improcedencia del juicio de amparo por cesación de efectos opera al haberse colmado la violación alegada durante la tramitación del juicio, de modo que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la violación combatida, tal como si se hubiere otorgado el amparo y protección constitucional. Se sostiene la actualización de dicha causa de improcedencia, porque el accionante de la instancia constitucional presentó demanda de amparo el 12 de septiembre de 2022, reclamando la omisión de dictar sentencia en el juicio agrario 259/2020. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad oficiante se advierte que obra la sentencia de 13 de octubre de 2022, notificada a la parte promovente del amparo el 19 de octubre de 2022. Por tanto, si la demanda de amparo fue presentada el 12 de septiembre de 2022, y con posterioridad a la presentación (13 de octubre de 2022), se dictó la sentencia y se notificó al hoy quejoso, entonces, han cesado los efectos de la abstención combatida. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, febrero de mil novecientos noventa y ocho, página doscientos diez, del tenor: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Como consecuencia del presente sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las 10 horas con 25 minutos del 27 de octubre de 2022. De igual manera, no pasa desapercibido para quien esto resuelve, que en el presente juicio de amparo no ha transcurrido el término de ocho días a que refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el que se debe dar vista a las partes para que tengan conocimiento del informe justificado que rindió la autoridad responsable correspondiente, antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, se procedió a resolver este asunto, tomando en consideración que la presente resolución, lejos de causarle un perjuicio a la parte quejosa, reconoce el derecho constitucional a que se le administre justicia en forma pronta y expedita. Toda vez que no existió oposición expresa de las partes para manifestar su inconformidad con relación a la publicación de sus datos personales en las resoluciones dictadas por este órgano de control constitucional, con fundamento en los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se les tiene consintiendo tácitamente esa publicación. En el entendido que la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis", captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. Con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello.????????? Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad correspondiente.

  3. Principal

    II- Con el escrito aclaratorio y demanda de amparo de cuenta, se tiene a Pablo Canul Can y Cecilio Ku May, solicitando el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto que reclama del Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cuatro, con sede en esta ciudad. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de que se trata; se ordena dar intervención que compete al fiscal de la federación adscrito, entregándole copia simple de la demanda de amparo. En atención a lo solicitado por el agente del ministerio público de la federación adscrito a este juzgado, con el oficio 71/2022, de veintiocho de junio de dos mi veintidós, que se acordó en el cuaderno de varios de la sección de amparo de este órgano jurisdiccional, se autoriza el acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa, al referido representante social. Toda vez que del módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que el fiscal de la Federación adscrito, se encuentra registrado en la Unidad de Certificación del Consejo de la Judicatura Federal con el usuario "Israelcardenas"; con fundamento en los artículos 35, 36, 39, 55, 57 y 58 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la CANDELARIO FLORES LOPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.ad 08/09/23 12:51:50 2 integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se ordena la vinculación de la cuenta "Israelcardenas", al presente juicio de amparo, a efecto de que el representante social de la federación, se encuentre en aptitud de atender la adscripción a este juzgado federal. Hágase del conocimiento del oficial judicial "A", personal encargado de la integración del expediente electrónico, para que en términos del citado acuerdo, proceda a efectuar las gestiones pertinentes. No se tramita incidente de suspensión por no haberlo solicitado la parte quejosa, de conformidad con el artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, que deberá rendir por escrito o por medios magnéticos dentro del término de quince días, según lo señala el precepto 117 de la ley de la materia. Además, con sustento en el párrafo quinto del artículo 117 de la Ley de la Materia, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir informe justificado y en el supuesto de que los actos reclamados sean ciertos, se sirva remitir copias certificadas legibles y completas de las constancias y actuaciones que se encuentren vinculadas a los mismos. Se apercibe que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto se le impondrá una multa por la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II, del dispositivo 260, de la Ley de Amparo, sanción económica que también les será aplicada en el caso de que no rinda su informe correspondiente. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos 63, fracciones IV y V, 64 y 251, del ordenamiento legal invocado, requiérasele para que en el supuesto de que hubiera alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este Juzgado; apercibida que de no cumplir con esa obligación, se le impondrá una multa por la cantidad $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), que equivale a treinta unidades de medida y actualización, a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintidós. Igualmente, se requiere a la autoridad señalada como responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si la parte quejosa con anterioridad a la presentación de la demanda de que se trata, promovió algún medio ordinario de defensa contra el acto reclamado, o bien, diverso juicio de amparo en el procedimiento de origen, en el entendido, que de no hacerlo se le hará efectivo el apercibimiento citado en el presente auto. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las diez horas con veinticinco minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual conforme a los artículos 25 y 26 , del referido Acuerdo General, en relación con el numeral 28 del diverso Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del Propio Consejo, se podría celebrar mediante el uso de videoconferencias. Para los efectos de lo anterior, se hace del conocimiento de las partes que de ser su voluntad comparecer al desahogo de la audiencia, deberán comunicarlo a este juzgado con tres días de anticipación a la celebración de la misma, a fin de que se tomen las medidas correspondientes para llevar a cabo su verificativo por videoconferencia a través de los medios tecnológicos correspondientes; en el entendido que de no hacer manifestación alguna al respecto se llevará a cabo la aludida audiencia sin la presencia de las partes. Teniendo en cuenta que constituye un hecho evidente que la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales no se realiza en un contexto de "normalidad" y por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector de la labor jurisdiccional; por tanto, de conformidad con los artículos 22, 28, 29, 30 y 31 del citado Acuerdo General 21/2020 , del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, tomando en consideración la situación de contingencia actual, al inicio precisada, que ha obligado a restringir el acceso a las instalaciones de este juzgado federal, transiten hacia la actuación desde el "Portal de Servicios en Línea" y utilicen oportunamente las herramientas tecnológicas dispuestas para ello, lo anterior para que se continúe la tramitación del caso mediante el esquema del juicio "en línea". Para tales efectos, con fundamento en el artículo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en????????? todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, deberán solicitar por sí, o por conducto de sus representantes, la consulta del expediente electrónica y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, la cual requiere la autorización de este órgano jurisdiccional y la utilización de una firma electrónica vigente. Asimismo, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y a la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. No habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, la podrá consultar en la página de internet, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". En relación con el señalamiento de los terceros interesados, se reserva pronunciarse hasta en tanto obre el informe justificado de la autoridad responsable y se tenga certeza a quién corresponde tal carácter y estar en aptitud de ordenar el emplazamiento. Notifíquese por lista a la parte quejosa, personalmente al agente del ministerio público adscrito y oficio a la autoridad.

  4. Principal

    II- Notifíquese personalmente.

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