Pablo Campos Flores
Expediente 733/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Pablo Campos Flores
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el auto de veintiséis de agosto de dos mil veintiuno; consecuentemente, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. De conformidad con el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. De igual manera, se establece que este expediente deberá destruirse transcurrido el plazo de tres años. Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado electrónicamente por el Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto ***, orden ***, del índice de este juzgado, por el que se le solicitó notificar el acuerdo de veintiséis de agosto del año en curso, al quejoso *** o ***. Circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Finalmente, tal y como lo solicita la autoridad oficiante, acúsese el recibo correspondiente.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve aparentemente ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 733/2021-A. Ahora bien, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 186605, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con la jurisprudencia P./J. 9/98, emitida por del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 196923, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." Además, con la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 188643, de rubro siguiente: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA." En este orden de ideas, en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia que deriva de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; y, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; estos últimos interpretados a contrario sentido, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.).". "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetaran a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada (.).". De los preceptos trascritos se tiene que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que tenga un interés jurídico o legítimo. Por su parte, el numeral 6 de la Ley de Amparo, establece que la parte quejosa podrá promover juicio de amparo a través de representante legal, apoderado, defensor en materia penal o cualquier persona en casos específicos que prevé dicho ordenamiento legal, como lo es en el caso de menores de edad, discapacidad, mayor sujeto a interdicción (artículo 8 de la Ley de Amparo) o tratándose de actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 15 de la Ley de Amparo). Asimismo, debe precisarse que todo escrito presentando en un procedimiento judicial debe ser firmado por su autor o sus autores, sobre todo el escrito de demanda que da inicio al juicio, constituyendo esto un requisito formal esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante para ejercer cualquier derecho que le haya sido violado, máxime que la misma es indispensable, tanto para darle curso, como para determinar la autenticidad de la propia demanda con todas sus consecuencias legales. Por tanto, si la demanda de amparo no se suscribe, debe entenderse que propiamente no existe agraviado y la demanda resulta improcedente. En ese orden de ideas, de la demanda que instó el presente juicio constitucional, se advierte que no contiene firma autógrafa alguna, incluso, al final de ésta solo se asentó el nombre de ***, nombre diverso al que se advierte en el proemio del ocurso constitucional. Así las cosas, el suscrito no se encuentra facultado para ordenar que se subsane tal extremo; pues tal omisión, no se encuentra prevista en ninguna de las hipótesis a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, mismo que dispone: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura.". De tal suerte que, un escrito presentado en las narradas condiciones, no obliga al órgano de control a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado por el peticionario de amparo debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza ni las consecuencias inherentes a la misma. Ciertamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que una demanda de amparo requiere expresar la voluntad del agraviado, que debe manifestarse por medio de la suscripción del documento respectivo, de manera que si éste se presenta sin firma, debe desecharse. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 214, de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 242775, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA, FIRMA DE LA, COMO REQUISITO. Si el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, como lo dispone expresamente la fracción I, del artículo 107 constitucional, no existiendo la firma en el escrito respectivo, no se aprecia la voluntad del que aparece como promovente; es decir, no hay instancia de parte, consecuentemente los actos que se contienen en él no afectan los intereses jurídicos del que aparece como promovente, lo que genera el sobreseimiento del juicio." Asimismo, sirve de apoyo, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, registro 231247, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, FALTA DE FIRMA EN LA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA Y NO IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA. No puede sostenerse válidamente que la ausencia de firma en la demanda de garantías constituya una irregularidad en el escrito y que por ello sea factible que el juez de Distrito se encuentre facultado para ordenar que la misma se subsane en los términos previstos por el artículo 146 de la Ley de Amparo, supuesto que un escrito presentado en esas condiciones no obliga al órgano de control a realizar acto alguno tendiente a darle curso, en la medida en que, al no encontrarse firmado, debe estimarse como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad de ninguna naturaleza. Por consiguiente, en esos casos procede que se deseche de plano la demanda por ser notoria e indudable su improcedencia." Por tanto, en el particular se surte la causal de improcedencia en estudio al no existir manifestación de la voluntad de Pablo Campos Flores o Javier Uscanga González, de ejercitar la acción de amparo, al no haber plasmado de su puño y letra su firma en la demanda de derechos fundamentales que se provee. Resulta aplicable al caso, la tesis sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315 del tomo X, Octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTOGRAFA." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 5, de la Ley de Amparo, y 107 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, aparentemente promovida por Pablo Campos Flores o Javier Uscanga González, al encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Por otra parte, se tiene como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones, a las personas que menciona en el ocurso constitucional, en virtud de que ***, no cuenta con registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y por cuanto hace a ***, así lo señaló expresamente en el ocurso de cuenta. Asimismo, téngase las listas que se publican en los estrados de este órgano jurisdiccional como medio para oír y recibir notificaciones, en virtud de que el señalado en el escrito de cuenta, se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal; esto es, no se encuentra dentro de los municipios conurbados que conforman la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, que señala el Plan de desarrollo de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala, el seis de junio de dos mil trece. No obstante lo anterior, debido a la naturaleza del presente auto, por única ocasión, se ordena notificar de manera personal a la parte quejosa el presente proveído, en el domicilio particular señalado en su demanda de amparo. En consecuencia, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente a efecto de que el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, en auxilio de las labores de este juzgado, comisione al actuario judicial de su adscripción para que se constituya indistintamente en los domicilios ubicados en ***; y notifique al quejoso ***, el presente proveído. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio, en términos de lo establecido por los artículos 118 a 120 de la aludida Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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