Pablo Arturo Ramírez Epifanio
Expediente 194/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Pablo Arturo Ramírez Epifanio
Actuaciones
- Principal
1. Declara firme. Visto el cómputo que antecede realizado por la Secretaría de trámite, se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja contra el auto veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo intentada. En consecuencia, con apoyo en dicho precepto legal, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 2. Archivo del asunto. En cumplimiento a lo señalado en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, relativo a los criterios de valoración para los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, esto es, de relevancia documental, conservable, depurable o destruible, decrétese el valor correspondiente del presente expediente, y archívese este asunto como concluido. 3. Valoración. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del aludido Acuerdo General, y atendiendo a que se tuvo por no presentada, de acuerdo a los criterios de valoración, encuadra en el supuesto previsto en el inciso b) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, se estima que el acto reclamado carece de relevancia documental, ya que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del referido Acuerdo General; asimismo, este Juzgador atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional, no estima que debe ser considerado como tal. 4. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 5. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Demanda no presentada. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha fenecido el plazo de cinco días, concedido a la parte quejosa para que diera cumplimiento a la prevención que se le hizo por auto de catorce de marzo de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido acuerdo y se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado por Pablo ***, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acuña, Coahuila, y Actuario adscrito. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 194/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo conducente respecto a su admisión, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, fracciones I y IV, en relación con el diverso 108, fracciones IV y V, de la citada legislación, se requiere a la parte promovente, para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, bajo protesta de decir verdad: i) Manifieste de manera concreta el acto que reclama a las autoridades señaladas como responsables, así como los hechos o abstenciones que le constan del mismo; debiendo especificar la calidad con la que se ostenta en el juicio laboral número ***; dado que en su escrito señala como acto reclamado la resolución de veintitrés de febrero de dos mil veintidós, emitida en dicho juicio laboral, la cual acompaña en copia simple, sin embargo, de esa determinación se desprende claramente que va dirigida a diversas personas. Asimismo, refiere que reclama como consecuencia a dicha resolución, el embargo trabado en su domicilio, anexando para ello, la diligencia actuarial de nueve de marzo de dos mil veintidós, por lo que: ii) Deberá indicar que bienes de su propiedad le fueron embargados en esa diligencia; ello, toda vez que de la documental en comento, consistente en el acta de la diligencia anteriormente mencionada, levantada por la autoridad señalada como responsable Actuaria adscrita a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, se advierte de manera clara que la misma fue entendida con Jesús Rodríguez Mireles, mismo que de los diversos medios de prueba exhibidos aparece como parte demanda en el juicio laboral de origen, además, de la diversa persona que el propio quejoso hace mención en su demanda, de nombre Juanita Elodia Sanchez Ramírez. Aunado a lo anterior, no pasa inadvertido para este órgano de control constitucional que de la propia diligencia actuarial, se puede apreciar que una vez que la parte demandada se negó a pagar la cantidad adeudada, así como señalar bienes de su propiedad para embargo, la autoridad ejecutora responsable, a petición de la parte actora, solicitó girar oficios a las instituciones bancarias de Ciudad Acuña, Coahuila de Zaragoza, así como a las dependencias Recaudación de Rentas y Registro Público de la Propiedad, ambas con sede en dicha ciudad, a fin de que si existieran cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles a nombre de Jesús Rodríguez Mireles, fueran puestos a disposición de la autoridad responsable ordenadora; es decir, no se evidencia embargo alguno trabado sobre algún bien mueble o inmueble propiedad del aquí quejoso Pablo Arturo Ramírez Epifanio, con motivo de la determinación de trato, la cual ahora reclama en su demanda de amparo. Debiendo exhibir una copia del escrito con el que cumple la prevención para cada una de las partes, en atención a lo dispuesto por el artículo 110 de la ley de la materia. 3.1 Criterio aplicable. Sobre el tema resulta aplicable, la jurisprudencia I.4o.C.26K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. La tesis XX.57 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, así como la tesis número I.7o.A.100 K, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y la jurisprudencia 1ª./J. 64/2015, de la Primera Sala. 3.2 Apercibimiento. Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con la prevención en el plazo que se le otorga, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, como lo prevé el segundo párrafo del artículo 144 de la ley de la materia. 4. Domicilio y autorizados para notificaciones. En virtud de que el promovente señala como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III, y 29, de la legislación invocada, hasta en tanto señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad. Se tienen por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Juan José Espinoza Guerrero, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 4.1 Criterio aplicable. Orienta esta determinación, la tesis XXII.1o.22 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito; visible en la página 1067 del Tomo VIII, Diciembre de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 5. Correo electrónico y número telefónico. Se tiene a la parte quejosa por señalando el correo electrónico y número telefónico que menciona en su escrito de cuenta, para los efectos legales a que haya lugar. 6. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 7. Pruebas. La parte quejosa ofrece pruebas documentales. 8. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 9. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, y previa solicitud por escrito, se autoriza su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. El Secretario de Juzgado encargado del expediente las gestionará sin mayor proveído. 10. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 11. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y el Secretario hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva.
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