Pablo Arturo Huerta Castañeda
Expediente 1005/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1005/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/12/2020
Partes del expediente
- Pablo Arturo Huerta Castañeda
- Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el estado. Matamoros, Tamaulipas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, siete de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II...Matamoros, Tamaulipas, diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la misma ley, en contra de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, donde se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; en tal razón, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En razón a lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo segundo, de la legislación de la materia, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de tres días, cumpla con el fallo protector; apercibida que en caso de no acatar lo aquí ordenado, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,449.00 (ocho mil, cuatrocientos cuenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México, de conformidad en los numerales 238 y 258 de la legislación en cita, conforme al Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, conforme al artículo 26, penúltimo párrafo, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
II. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la persona moral tercera interesada Hermanos Batta, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal; la sentencia con engrose de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitida dentro del presente juicio de amparo, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio promovido por Pablo Arturo Huerta Castañeda, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecinueve, ante este Juzgado Federal, Pablo Arturo Huerta Castañeda promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: Retardar la impartición de justicia al no acordar la petición planteada mediante promociones presentadas por esta parte en fecha 18 de abril de 2016 y 07 de septiembre de 2016." (sic) Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. En auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 1005/2019-II; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 3 y 4), la cual una vez integrado este expediente, previo diferimiento, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe acotarse que Pablo Arturo Huerta Castañeda, reclama la omisión de acordar los escritos presentados ante la autoridad responsable el dieciocho de abril y el siete de septiembre ambos del dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 61/6/2015. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el arábigo 1347, en la página 1511 del Tomo II, Materia Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, ilustra sobre el particular, la tesis VI/2004, del propio Pleno del Tribunal Constitucional, localizable en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado en relación al escrito de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, manifestó que dicha promoción fue atendida mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, lo que corroboró con copia certificada de dicho auto, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tales manifestaciones. En ese tenor, el quejoso no desvirtuó la negativa que realizó la autoridad en comento; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto a los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Máxime que el quejoso presentó ante este órgano jurisdiccional el pasado ocho de los actuales, ocurso mediante el cual expresó que las pruebas solicitadas mediante el auto que reclamó, ya fueron admitidas y desahogadas. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado relativo a la omisión de proveer respecto al ocurso de siete de septiembre de dos mil dieciséis, manifestó que era cierto el acto reclamado. Además, esa existencia se constata, ya que al informe justificado adjuntó diversas constancias al momento de rendir el mismo, a las cuales se atribuye valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese orden de ideas, se tienen por ciertos los actos de autoridad en términos del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. SEXTO. Estudio de la Litis respecto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer respecto al escrito de siete de septiembre de dos mil dieciséis. En el presente considerando se analizarán los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, mismos que esté órgano de control constitucional estima fundados. Esencialmente se duele el peticionario de garantías de que la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Seis, residente en esta ciudad, no ha acordado dentro del expediente 61/E6/2015, lo que en derecho correspondiera en relación con el escrito de siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el que solicitó se tuviera por perdido el derecho a la parte demandada para ofrecer la prueba pericial técnica por adhesión; asimismo, peticionó que se le proporcionara perito propuesto con la finalidad de tener los elementos para desahogar la prueba pericial técnica por adhesión, retardando con ello el trámite de dicho asunto; destacando la violación en su perjuicio de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con motivo de la inactividad procesal. En ese orden de ideas, es pertinente transcribir lo establecido en el artículo 17 Constitucional en la parte que interesa: "ARTICULO 17.- ...toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...". Por otra parte, los diversos artículos 735 y 880 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." "Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. El precepto mencionado en primer término pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica; en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de mayo de dos mil dos, visible en la página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De estos atributos, el que resulta útil y aplicable para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en las obligaciones de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Ahora, cabe destacar que la autoridad responsable en su informe justificado indicó que con motivo de dicho escrito regularizó el procedimiento el pasado treinta de octubre del año en curso, lo anterior dado que había sido omisa en acordar lo relacionado a la prueba pericial técnica por adhesión, ofertada por la parte actora, por lo que en el aludido acuerdo le otorgó a la parte actora (aquí quejosa), tres días hábiles para que proporcionara el perito de su intención. Asimismo, en diverso proveído de la misma data, respecto a la solicitud de tener por perdido el derecho a la parte demandada, para ofrecer la prueba pericial técnica por adhesión, la autoridad responsable indicó a la aquí quejosa que se estuviera a lo acordado en el párrafo que antecede. Sentado lo anterior, en el caso que nos ocupa del análisis de las constancias del juicio, se advierte claramente que la responsable incurrió en una violación a la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, al incumplir con lo dispuesto en los diversos preceptos legales 735 y 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la autoridad ha sido omisa en acordar el escrito que le presentó el quejoso el siete de septiembre de dos mil dieciséis, a lo que la autoridad responsable si bien acordó regularizar el procedimiento el pasado treinta de octubre del año en curso, lo anterior en virtud de que dicha autoridad había sido omisa en acordar lo relacionado a la prueba pericial técnica por adhesión, ofertada por la parte actora, por lo que otorgó a la parte actora (aquí quejosa), tres días hábiles para que proporcionara el perito de su intención; sin embargo, de las constancias que obran en este asunto, se advierte que en el proveído de seis de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable respecto a la prueba pericial técnica por adhesión ofrecida por la parte actora, fue admitida y se le concedió un término de tres días para que presentara el perito de su intención. Por ende, la regularización que alude en el proveído de treinta de octubre del año en curso, consistió en algo que la autoridad ya había acordado y no proveyó respecto a las solicitudes que hizo la parte quejosa relativas a que se tuviera por perdido el derecho a la parte demandada para ofrecer la prueba pericial técnica por adhesión; asimismo, que se le proporcionara perito propuesto con la finalidad de tener los elementos para desahogar la prueba pericial técnica por adhesión, en franca contravención con lo que dispones los referidos numerales, lo que, sin duda, se traduce en violación a la garantía de una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, por no ajustarse la junta responsable a las formalidades establecidas para emitir dicho proveído. En tales condiciones, lo anterior conlleva en términos del artículo 77 de la ley de la materia, a conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Pablo Arturo Huerta Castañeda, para el efecto de que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que declare ejecutoriada esta sentencia, provea inmediatamente lo conducente en relación con el escrito que le presentó el quejoso el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en relación a que se tuviera por perdido el derecho a la parte demandada para ofrecer la prueba pericial técnica por adhesión; asimismo, respecto a la petición de que se le designe un perito con la finalidad de tener los elementos para desahogar la prueba pericial técnica por adhesión. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio constitucional promovido por Pablo Arturo Huerta Castañeda, respecto del acto que reclamó de la autoridad responsable que se precisó en los considerando tercero, por los motivos expuestos en dicho apartado. Segundo. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Pablo Arturo Huerta Castañeda, en contra de los actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de este fallo constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hoy veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en que terminó su engrose, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe. ACUERDO PRE-AUTORIZADO EN WORD SISE SI________ NO, POR FALLA DEL SISTEMA________ En esta fecha queda firmado el oficio 30626 que se gira para notificar el proveído que antecede. El número de su control se anota en la minuta que se agrega para constancia y seguimiento. Conste. El actuario recibe el oficio de referencia.Matamoros, Tamaulipas, veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio promovido por Pablo Arturo Huerta Castañeda, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el nueve de octubre de dos mil diecinueve, ante este Juzgado Federal, Pablo Arturo Huerta Castañeda promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "Retardar la impartición de justicia al no acordar la petición planteada mediante promociones presentadas por esta parte en fecha 18 de abril de 2016 y 07 de septiembre de 2016." (sic) Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. En auto de diez de octubre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 1005/2019-II; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 3 y 4), la cual una vez integrado este expediente, previo diferimiento, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe acotarse que Pablo Arturo Huerta Castañeda, reclama la omisión de acordar los escritos presentados ante la autoridad responsable el dieciocho de abril y el siete de septiembre ambos del dos mil dieciséis, dentro del expediente laboral 61/6/2015. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el arábigo 1347, en la página 1511 del Tomo II, Materia Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, ilustra sobre el particular, la tesis VI/2004, del propio Pleno del Tribunal Constitucional, localizable en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado en relación al escrito de dieciocho de abril de dos mil dieciséis, manifestó que dicha promoción fue atendida mediante proveído de dieciocho de agosto de dos mil dieciséis, lo que corroboró con copia certificada de dicho auto, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tales manifestaciones. En ese tenor, el quejoso no desvirtuó la negativa que realizó la autoridad en comento; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto a los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Máxime que el quejoso presentó ante este órgano jurisdiccional el pasado ocho de los actuales, ocurso mediante el cual expresó que las pruebas solicitadas mediante el auto que reclamó, ya fueron admitidas y desahogadas. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado relativo a la omisión de proveer respecto al ocurso de siete de septiembre de dos mil dieciséis, manifestó que era cierto el acto reclamado. Además, esa existencia se constata, ya que al informe justificado adjuntó diversas constancias al momento de rendir el mismo, a las cuales se atribuye valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese orden de ideas, se tienen por ciertos los actos de autoridad en términos del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de garantías, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número 940, emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, visible a página 1538, que dice: "IMPROCEDENCIA. Siendo el Juicio de amparo de orden público, la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio aun cuando ninguna de las partes la haya alegado, y decretarse tan luego como aparezca alguna causa que la funde." En ese sentido, es de destacarse que las partes no hacen valer causas de improcedencia, sin que de oficio se advierta la actualización de alguna de esta naturaleza. SEXTO. Estudio de la Litis respecto al acto reclamado consistente en la omisión de proveer respecto al escrito de siete de septiembre de dos mil dieciséis. En el presente considerando se analizarán los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, mismos que esté órgano de control constitucional estima fundados. Esencialmente se duele el peticionario de garantías de que la responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje Número Seis, residente en esta ciudad, no ha acordado dentro del expediente 61/E6/2015, lo que en derecho correspondiera en relación con el escrito de siete de septiembre de dos mil dieciséis, en el que solicitó se tuviera por perdido el derecho a la parte demandada para ofrecer la prueba pericial técnica por adhesión; asimismo, peticionó que se le proporcionara perito propuesto con la finalidad de tener los elementos para desahogar la prueba pericial técnica por adhesión, retardando con ello el trámite de dicho asunto; destacando la violación en su perjuicio de lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con motivo de la inactividad procesal. En ese orden de ideas, es pertinente transcribir lo establecido en el artículo 17 Constitucional en la parte que interesa: "ARTICULO 17.- ...toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial...". Por otra parte, los diversos artículos 735 y 880 de la Ley Federal del Trabajo, disponen: "Artículo 735.- Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles." "Artículo 880. La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas se desarrollará conforme a las normas siguientes: I. El actor ofrecerá sus pruebas en relación con los hechos controvertidos. Inmediatamente después el demandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su contraparte y aquel a su vez podrá objetar las del demandado; II. Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, siempre que se relacionen con las ofrecidas por la contraparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimiento de pruebas. Asimismo, en caso de que el actor necesite ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos que se desprendan de la contestación de la demanda, podrá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudarse a los 10 días siguientes a fin de preparar dentro de este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas, observando las disposiciones del Capítulo XII de este Título; y IV. Concluido el ofrecimiento, la Junta resolverá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que deseche. El precepto mencionado en primer término pertenece a la especie de las garantías de seguridad jurídica; en lo atinente, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Estos cuatro atributos de la garantía concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV de mayo de dos mil dos, visible en la página doscientos noventa y nueve, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". De estos atributos, el que resulta útil y aplicable para resolver el asunto es el referido a la justicia pronta, el cual consiste en las obligaciones de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Ahora, cabe destacar que la autoridad responsable en su informe justificado indicó que con motivo de dicho escrito regularizó el procedimiento el pasado treinta de octubre del año en curso, lo anterior dado que había sido omisa en acordar lo relacionado a la prueba pericial técnica por adhesión, ofertada por la parte actora, por lo que en el aludido acuerdo le otorgó a la parte actora (aquí quejosa), tres días hábiles para que proporcionara el perito de su intención. Asimismo, en diverso proveído de la misma data, respecto a la solicitud de tener por perdido el derecho a la parte demandada, para ofrecer la prueba pericial técnica por adhesión, la autoridad responsable indicó a la aquí quejosa que se estuviera a lo acordado en el párrafo que antecede. Sentado lo anterior, en el caso que nos ocupa del análisis de las constancias del juicio, se advierte claramente que la responsable incurrió en una violación a la garantía consagrada en el artículo 17 constitucional, al incumplir con lo dispuesto en los diversos preceptos legales 735 y 880, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que la autoridad ha sido omisa en acordar el escrito que le presentó el quejoso el siete de septiembre de dos mil dieciséis, a lo que la autoridad responsable si bien acordó regularizar el procedimiento el pasado treinta de octubre del año en curso, lo anterior en virtud de que dicha autoridad había sido omisa en acordar lo relacionado a la prueba pericial técnica por adhesión, ofertada por la parte actora, por lo que otorgó a la parte actora (aquí quejosa), tres días hábiles para que proporcionara el perito de su intención; sin embargo, de las constancias que obran en este asunto, se advierte que en el proveído de seis de abril de dos mil dieciséis, la autoridad responsable respecto a la prueba pericial técnica por adhesión ofrecida por la parte actora, fue admitida y se le concedió un término de tres días para que presentara el perito de su intención. Por ende, la regularización que alude en el proveído de treinta de octubre del año en curso, consistió en algo que la autoridad ya había acordado y no proveyó respecto a las solicitudes que hizo la parte quejosa relativas a que se tuviera por perdido el derecho a la parte demandada para ofrecer la prueba pericial técnica por adhesión; asimismo, que se le proporcionara perito propuesto con la finalidad de tener los elementos para desahogar la prueba pericial técnica por adhesión, en franca contravención con lo que dispones los referidos numerales, lo que, sin duda, se traduce en violación a la garantía de una justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, por no ajustarse la junta responsable a las formalidades establecidas para emitir dicho proveído. En tales condiciones, lo anterior conlleva en términos del artículo 77 de la ley de la materia, a conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado por Pablo Arturo Huerta Castañeda, para el efecto de que la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que declare ejecutoriada esta sentencia, provea inmediatamente lo conducente en relación con el escrito que le presentó el quejoso el siete de septiembre de dos mil dieciséis, en relación a que se tuviera por perdido el derecho a la parte demandada para ofrecer la prueba pericial técnica por adhesión; asimismo, respecto a la petición de que se le designe un perito con la finalidad de tener los elementos para desahogar la prueba pericial técnica por adhesión. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción V, 73, 74, 75, 76, 77, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio constitucional promovido por Pablo Arturo Huerta Castañeda, respecto del acto que reclamó de la autoridad responsable que se precisó en los considerando tercero, por los motivos expuestos en dicho apartado. Segundo. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Pablo Arturo Huerta Castañeda, en contra de los actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, residente en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando sexto de este fallo constitucional. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, hoy veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, en que terminó su engrose, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.
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