Pablo Armando González Valdos

Expediente 764/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
764/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/07/2023

Partes del expediente

  • Pablo Armando González Valdos

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, así como el contenido de la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja, en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano la demanda relativa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, toda vez que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción pendiente por proveer, se ordena su archivo conforme al artículo 214 de la Ley de Amparo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse desechado de plano la demanda relativa, es susceptible de destrucción al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción IV, del referido Acuerdo General; lo anterior, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este órgano jurisdiccional. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/EBO/DAH

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN VEINTINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Pablo Armando González Valdos, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, Baja California y de otra autoridad. Fórmese expediente y realícense los registros correspondientes, bajo el número 764/2023-V.Ahora, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, -interpretado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Para avalar la postura que antecede, se citan los numerales aludidos, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" El primero de los preceptos legales transcritos dispone la improcedencia del amparo en los casos en que de la propia ley se encuentre alguna disposición de que se advierta un obstáculo jurídico que impide la decisión sobre el fondo de la controversia. Mientras que del segundo de ellos se obtiene que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en donde podrán reclamarse las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Además, se precisa que en los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos antes apuntados. Por otro lado, la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: "a) La sentencia definitiva dictada en fecha 18 de Diciembre de 2018, y los autos dictados anteriormente y que le dieron origen, todos dictados dentro del expediente número 633/2009, donde se promovió un juicio especial hipotecario en contra del suscrito quejosos, sentencia que causo ejecutoria con el amparo 744/2018, y que ahora trae como consecuencia que se ordene que tenga verificativo una AUDIENCIA DE REMATE EN PRIMERA ALMONEDA del inmueble identificado como privada Laureles 67 frac, Riberas del Bosque en esta ciudad de Tijuana, Baja California, inmueble del que soy legítimo propietario; así como las consecuencias materiales y legales que se originen con la desposesión que pretendan realizar con motivo del remate ordenado en el expediente 633/2009, sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y lo que establece la Constitución Política Mexicana. Y las autoridades Responsables Ejecutoras reclamo la EJECUCIÓN MATERIAL de la sentencia y la desposesión que finalmente pretenden realizar, en los bienes de mi propiedad que han quedado previamente descrito, según en el expediente 633/2009 radicado ante el Juzgado Tercero de lo Civil de este partido judicial." Sic Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, relatados bajo protesta de decir verdad, se observa: "1. El día de ayer martes veintisiete de junio del 2023, siendo las 11:00 de la mañana se presentaron a mi domicilio el ubicado en privada Laureles 67 frac, Riberas del Bosque enesta ciudad de Tijuana, Baja California, entre seis personas en las cuales llegaron en diferentes vehículos diciendo que venían del Juzgado tercero civil argumentando que venían a desalojarme de mi propiedad toda vez que ya habían rematado mi casa y que ya tenía un nuevo dueño , al cuestionarlo dijo ser una autoridad, enviado por la actora para tomar posesión, asimismo tomaron fotografías de la casa de mi propiedad, ya que iba a ser entregada a su nuevo dueño , porque los dueños la habían perdido en un juicio ;por medio de una sentencia. Por lo que uno de ellos empezó agredir verbalmente molestando a mi persona, mi familia no respetaron que estaba conmigo un menor de edad el cual fue afectado emocionalmente. Al querer entrar a mi domicilio a desalojarme. Violaron en mi perjuicio las leyes del procedimiento así como los principios de legalidad y debido proceso; motivo por el que tengo el temor fundado de que se pretenda desposeerme y desalojarme de la casa habitación de mi propiedad" En efecto, el motivo de improcedencia aludido se actualiza toda vez que el acto reclamado se hace consistir en forma medular en la audiencia de remate en primera almoneda del inmueble localizado en privada Laureles 67 frac, Riberas del Bosque en esta ciudad de Tijuana, Baja California, ordenada en el juicio especial hipotecario 633/2009, del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, con residencia en el Partido Judicial de la Ciudad de Tijuana, Baja California, lo anterior en virtud de la sentencia ejecutoriada de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, así como las consecuencias materiales que se originen con la desposesión de dicho bien. De lo anterior, resulta claro que dicha determinación no corresponde a la última dictada en el procedimiento de remate, en virtud de que no se trata de aquella que, en forma definitiva, ordena la escritura de adjudicación o la entrega del bien rematado. De ese modo, la determinación de que se duele la parte promovente no puede considerarse un acto conclusivo de esa etapa ejecutiva, sino un pronunciamiento que está íntimamente ligado con elprocedimiento de remate del juicio de origen, sin que se trate de la última resolución dictada en el procedimiento correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.13/2016, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo II, abril de 2016, página 1066, materia común, con número de registro 2011474, bajo el siguiente rubro y texto: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." (Énfasis añadido). Asimismo, en apoyo a lo expuesto se invoca, la tesis aislada 2°.VIII/98, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, febrero de 1998, a página 230, que textualmente diceEn consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción IV, de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda en estudio. Es oportuno destacar que este órgano jurisdiccional no soslaya que aun cuando el acto reclamado podría considerarse como un acto de imposible reparación, esto es, como aquellos que afectan de manera directa derechos sustantivos, no es ajeno a la cosa juzgada en el juicio natural, por lo que no se actualizan las hipótesis de excepción para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: a) Que el acto infrinja directamente derechos sustantivos; y, b) Que los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a los que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que dentro del juicio de amparo en que se actúa, la parte quejosa reclama la audiencia de remate en primera almoneda y en vía de consecuencia, el inminente lanzamiento o desposesión, que tuvo lugar con motivo de un acto emitido en la etapa de ejecución de la resolución que puso fin al juicio. De lo que se colige que, el acto reclamado es consecuencia directa y necesaria de la determinación jurisdiccional que se pretende ejecutar, por lo que sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable, ya que su fin último es lograr el cumplimiento de la cosa juzgada.No pasa inadvertido, que la parte quejosa señaló además como acto reclamado, los autos dictados anteriormente y que dieron origen al juicio 633/2009 del índice del Juzgado Tercero de lo Civil, en esta ciudad; sin embargo, se precisa que en diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, se admitió a trámite diversa demanda de amparo promovida por el aquí quejoso Pablo Armando González Valdos, registrada bajo el índice 744/2018 de éste órgano jurisdiccional, en que se concedió el amparo y protección de la justicia Federal para los siguientes efectos: "1. Deje insubsistente el auto de dos de julio de dos mil doce, por el que se aprobó el remate del inmueble identificado como lote sesenta y siete, casamar 2N, condominio Laureles, Tijuana, Baja California, construido sobre el lote catorce, manzana setecientos noventa y uno, fraccionamiento Ribera del Bosque, undiviso de uno punto cero quiniento siete por ciento, privativa ciento diez punto seiscientos cincuenta y un metros cuadrados, derivado del juicio especial hipotecario 633/2009. 2. Deje sin efectos todo lo actuado con posterioridad al acuerdo referido en el numeral anterior. 3. Ordene la reposición del procedimiento de remate desde la publicación de los edictos para que se actualicen los mismos, en los términos precisados en esta sentencia." De ahí que no puede aducir desconocimiento, bajo el argumento de que no se le ha dado intervención en el mencionado procedimiento. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis con número de registro digital 2017849 del Pleno, de rubro Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista Maricruz Benítez López, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos del Poder Judicial de la Federación; asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por la emergencia sanitaria aludida, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicoFinalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Estefanía Brito Ortiz, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    R e s u l t a n d o Primero. Por escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, recibido el día siguiente hábil en este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California (antes Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California), ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a las autoridades responsables que a continuación se precisan: Autoridades responsables Fiscal General del Estado de Baja California, Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California; Juez De Control del Centro de Justicia Penal Oral, Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Baja California, éstas con residencia en Mexicali; Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California; Fiscal Regional Tijuana; Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana; Encargada de la Coordinación de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fiscalía Regional Tijuana; Director General de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tijuana; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del H. Ayuntamiento de Tijuana; Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana; Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Regional de Tijuana; Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer en Razón de Género; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Combate al Secuestro; Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad de Trámite Masivo de Causas La Mesa; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas Mariano Matamoros; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de Zona Centro; Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional, Zona Tijuana; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Centro; Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Mariano Matamoros; Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación Especializada Contra la Vida y la Integridad; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada Contra la Vida y la Integridad; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Orgánica de Lesiones Fiscalía Regional de Tijuana; Coordinadora de la Unidad de Investigación con Detenido adscrita a la Fiscalía Regional Tijuana; Comandante de la Segunda Zona Militar; Policía Municipal Preventivo; Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana; Jefe de Grupo de la Policía de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro; Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales; Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana; Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana; Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado en Tijuana, Baja California adscrito al Grupo de Aprehensiones; Sub-Comandante de la Policía Ministerial del Estado; Subprocurador de Seguridad Pública del Estado de Baja California; Director de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría; Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial del Estado; todas con residencia en esta ciudad, Titular de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México; Jefe Regional Tijuana de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado; y Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Baja California, todas con residencia en esta ciudad. Actos reclamados "De las Autoridades, reclamo el ataque a la libertad personal fuera del procedimiento, la orden de detención, presentación, investigación dictada en contra del suscrito sin que dicha orden emane de un procedimiento ministerial o judicial legalmente fundado y establecido." Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción, lo cual tiene sustento en la jurisprudencia 1340 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, visible en la página mil quinientos dos, tomo II, procesal constitucional 1. Común, primera parte-SCJN décima primera sección-sentencias de amparo y sus efectos, apéndice mil novecientos diecisiete-septiembre dos mil once, Novena Época, registro 1003219, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Tercero. El veintitrés de febrero de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda relativa quedando registrada bajo el expediente 132/2022-I; se solicitó informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se ordenó dar a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y, se fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Cuarto. Mediante proveídos de nueve de mayo y veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, se tuvieron por inexistentes las autoridades que el quejoso denominó como Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Regional de Tijuana, Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación Especializada Contra la Vida y la Integridad, Policía Municipal Preventivo, Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado en Tijuana, Baja California, adscrito al Grupo de Aprehensiones, Sub-Comandante de la Policía Ministerial del Estado, Subprocurador de Seguridad Pública del Estado de Baja California, Director de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría y Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial del Estado, todas con sede en esta ciudad, así como el Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial, con residencia en Mexicali, por lo que la presente sentencia no se ocupará de los actos reclamados a dichas autoridades. C o n s i d e r a n d o Primero. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33, 35 y 37, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se estima conveniente fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, lo anterior partiendo del criterio de ver a la demanda como un todo, por lo que del análisis integral del escrito de demanda se aprecia que sustancialmente los actos reclamados en esta vía consisten en: La orden privativa de libertad y su ejecución. Tercero. No son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables Fiscal General del Estado de Baja California, Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California; Juez De Control del Centro de Justicia Penal Oral, éstas con residencia en Mexicali; Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California; Fiscal Regional Tijuana; Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California; Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana; Encargada de la Coordinación de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Fiscalía Regional Tijuana; Director General de Policía y Tránsito Municipal del Ayuntamiento de Tijuana; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal del Ayuntamiento de Tijuana; Comandante de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana; Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo; Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales adscrita a la Fiscalía Especializada en Delitos Contra la Mujer en Razón de Género; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Combate al Secuestro; Agente del Ministerio Público Coordinador de la Unidad de Trámite Masivo de Causas La Mesa; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas Mariano Matamoros; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Tramitación Masiva de Causas de Zona Centro; Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Fiscalía Regional, Zona Tijuana; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Centro; Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Tijuana, Titular de la Unidad de Investigación Especializada en Robos Zona Mariano Matamoros; Agente del Ministerio Público del Orden Común de la Unidad de Investigación Especializada Contra la Vida y la Integridad; Agente del Ministerio Público Titular de la Unidad Orgánica de Lesiones Fiscalía Regional de Tijuana; Coordinadora de la Unidad de Investigación con Detenido adscrita a la Fiscalía Regional Tijuana; Comandante de la Segunda Zona Militar; Jefe de Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana; Jefe de Grupo de la Policía de la Unidad Estatal de Atención al Delito de Secuestro; Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Sexuales; Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación de Delitos Patrimoniales de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana; Jefe de Grupo de la Unidad de Investigación Especializada en Robo de Vehículos de la Agencia Estatal de Investigación adscrito al Municipio de Tijuana; Jefe Regional Tijuana de la Fiscalía de Contraloría y Visitaduría de la Fiscalía General del Estado; y Jefe Regional de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Baja California, todas con residencia en esta ciudad y Titular de la Fiscalía General de la República, con sede en la Ciudad de México, ya que así lo manifestaron al rendir sus informes justificados, sin que la parte quejosa haya ofrecido prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. Por tanto, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades de mérito, sin prueba en contrario, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se R e s u e l v e Único. Se sobresee en el juicio de amparo 132/2022-I, promovido por ********************, por su propio derecho, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones precisadas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese.

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