Pablo Ariztegui Abimerhi
Expediente 954/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 954/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 10/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Pablo Ariztegui Abimerhi
- Lorena Guadalupe Farah Valencia
- María Leonor Abdalá Gamboa
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, diez de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se agrega a estos autos el oficio número 30736/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con el que solicita se le remita a ese órgano jurisdiccional toda constancia o promoción relacionada con el presente asunto, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 954/2021-VIII que le fueron remitidos por este Juzgado de Distrito y comunica que se avocó al conocimiento del citado juicio de amparo y se registró bajo el número 2326/2022, en tal virtud, se agrega a estos autos el oficio de mérito para que obre como corresponda, toda vez que por acuerdo de nueve de mayo del presente año ya se acordó al respecto. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se agrega a estos autos el oficio número 30736/2022 signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con el que solicita se le remita a ese órgano jurisdiccional toda constancia o promoción relacionada con el presente asunto, hágase de su conocimiento que, en el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia de mérito, no obra constancia alguna que remitirle. Y acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 954/2021-VIII que le fueron remitidos por este Juzgado de Distrito y comunica que se avocó al conocimiento del citado juicio de amparo y se registró bajo el número 2326/2022, reconociendo la validez de lo actuado. En virtud de lo anterior, archívese este asunto como totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que se aceptó la competencia planteada por este juzgado, y al carecer de relevancia documental, este cuaderno de antecedentes encuadra en el supuesto previsto en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Azucena Sosa García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
MESA VIII. Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintiuno. En ese sentido, la competencia a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se configura con el conjunto de facultades que la propia ley suprema otorga a determinado órgano del Estado. De este modo, una autoridad será competente para realizar un acto si tal actuación encuadra en sus atribuciones; en cambio, no lo será si esa conducta no se identifica dentro de los límites de aquéllas. Por tal razón, es necesario que una autoridad tenga competencia para conocer y resolver la cuestión litigiosa que se plantee ante ella. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 1.2.P.J/40, con registro electrónico 218721, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Ahora, la parte quejosa atribuye competencia a este Juzgado sobre la base de que la norma general que se reclama tendrá aplicación en esta entidad. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por materia, que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. La competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no por la relación jurídica sustancial entre las partes o las leyes que éstas invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Ahora bien, este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que actualmente nos rige, encuentra limitada su competencia respecto de lo siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I.De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II.De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III.De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V.De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI.De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." De los preceptos transcritos deriva que los jueces de distrito, tanto en materia administrativa, como especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, tienen atribuciones para conocer de juicios de amparo contra actos de autoridad distinta de la judicial, siendo que a efecto de determinar su competencia para conocer de un determinado asunto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, porque, evidentemente, mientras los primeros deben conocer de asuntos de contenido administrativo en sentido amplio -entendido como el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la propia administración-, a los segundos corresponden los negocios con substancia específicamente en materia de competencia económica, radiodifusión y/o telecomunicaciones. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que cuando el ejercicio de algún derecho se encuentre relacionado con aspectos de competencia económica, no obstante que el acto reclamado encuadre dentro de la categoría del derecho administrativo genérico, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo es el especializado en aquella materia. En el caso en concreto, del estudio integral del escrito inicial, se advierte, que se reclama lo siguiente: Del Congreso de la Unión: La legislación, creación y adición de los artículos 180 ter, 180 quater, 180 quintes la fracción XLII bis del artículo 15 y su correlativo artículo transitorio cuarto, los cuales se encuentran en el decreto creado y emitido con fecha trece de abril de dos mil veintiuno, en el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La expedición, promulgación y la orden de mandar publicar el Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico de los artículos 180 ter, 180 quater, 180 quintes la fracción XLII bis del artículo 15 y su correlativo artículo transitorio cuarto, el cual promulgó el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. La Secretaría de Gobernación Federal: El refrendo del decreto emanado de la primera autoridad ordenadora así como la orden de mandar publicar el Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico de los artículos 180 ter, 180 quater, 180 quintes la fracción XLII bis del artículo 15 y su correlativo artículo transitorio cuarto. El Director del Diario Oficial de la Federación: La publicación del decreto de la primera autoridad ordenadora publicado en fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico de los artículos 180 ter, 180 quater, 180 quintes la fracción XLII bis del artículo 15 y su correlativo artículo transitorio cuarto. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes: La realización de campañas, programas o cualquier difusión que incentive la inscripción y empadronamiento de los quejosos, como usuarios de Telefonía Móvil a empadronarse en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El Instituto Federal de Telecomunicaciones: La realización de las acciones tendientes a obligar a los suscritos por medio de exhortos o actos coercitivos, como usuarios de telefónica móvil, para la inscripción y registro al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La empresa de telefonía celular Radiomóvil Dipsa Sociedad Anónima de Capital Variable: La ejecución del decreto antes citado quien actúa como particular, específicamente en el cumplimiento obligatorio del artículo 180 quintes, que se encuentra en el decreto que reforma la citada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por lo que se tiene que en la especie, la parte quejosa señaló como acto reclamado de las Cámaras del Congreso de la Unión, Presidente de la República, Secretaría de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación, Secretario de Comunicaciones y Transportes, Instituto Federal de Telecomunicaciones, y de la empresa de telefonía celular Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., también conocida comercialmente como Telcel; la discusión, aprobación, refrendo y publicación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 180 ter, 180 quater, 180 quintes la fracción XLII bis del artículo 15, su correlativo artículo transitorio cuarto, y su aplicación. De lo anterior se colige que el quejoso reclama actos de autoridades diversas que normalmente son competencia de los Juzgados de Distrito; sin embargo, también atribuye actos de autoridades cuyas facultades se encuentran inmersas dentro de la subespecialización de telecomunicaciones, entre ellas autoridades tales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Luego, dado que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, pues en esencia se duele la reforma al artículo 180 Quáter, en el que se asentó que el registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones; por tanto, se impone concluir que debe conocer del asunto un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, en turno, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. Ante lo hasta aquí expuesto, se estima que el asunto que nos ocupa no corresponde a un asunto de naturaleza administrativa genérica sino en materia de telecomunicaciones. En efecto, toda vez que los actos reclamados pertenece a la materia de telecomunicaciones, este Juzgador estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por lo que el Juez de Distrito que debe avocarse al estudio del asunto es uno en esa misma materia, debido a que se está ante una mayor especialización dentro de la materia administrativa, de la cual deben conocer tribunales judiciales en dicha particular especialización, en atención a la intención que en tal sentido se desprende de los artículos 94, párrafo sexto, de la Carta Magna y décimo segundo, párrafo primero, transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil trece, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 94. El Consejo de la Judicatura Federal de determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Artículo décimo segundo. El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto." Asimismo, la determinación alcanzada obedece a que el espíritu de legislador fue el de dar efectivo cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a una rama del derecho. Lo antes sustentando encuentra apoyo en las consideraciones que a su vez sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el conflicto competencial C. C. A. 5/2016. En consecuencia, el conocimiento del presente juicio de amparo corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, en turno. Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 28, fracción VII, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción I, SEGUNDO, fracción I, punto 3, y CUARTO, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como en el diverso Acuerdo 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, declara carecer de competencia legal, por razón de materia, para conocer de la presente demanda de amparo, y por ende, remítase al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, que por razón de turno corresponda conocer del presente juicio de amparo 954/2021, solicitándole que tan pronto como sea posible, remita el acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique su determinación. Ello en atención a que se estima competente para conocer de la presente demanda de amparo, por los motivos antes expuestos. Fórmese el cuadernillo respectivo con las copias necesarias, como antecedente, para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****************************, lo anterior, en razón que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados como lo exige el citado artículo 12 de la ley de la materia; sin embargo, en el momento de que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si está inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA VIII. Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ******************, la resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 954/2021-VIII, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, que dice: Mérida, Yucatán, dos de junio de dos mil veintiuno. En ese sentido, la competencia a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se configura con el conjunto de facultades que la propia ley suprema otorga a determinado órgano del Estado. De este modo, una autoridad será competente para realizar un acto si tal actuación encuadra en sus atribuciones; en cambio, no lo será si esa conducta no se identifica dentro de los límites de aquéllas. Por tal razón, es necesario que una autoridad tenga competencia para conocer y resolver la cuestión litigiosa que se plantee ante ella. Al respecto es aplicable, en lo conducente, la tesis jurisprudencial 1.2.P.J/40, con registro electrónico 218721, del rubro siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA." Ahora, la parte quejosa atribuye competencia a este Juzgado sobre la base de que la norma general que se reclama tendrá aplicación en esta entidad. En el caso, la competencia que interesa, es la competencia por materia, que surge en función de las normas jurídicas sustantivas que deberán aplicarse para dirimir o solucionar la controversia, conflicto o litigio. La competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no por la relación jurídica sustancial entre las partes o las leyes que éstas invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Ahora bien, este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que actualmente nos rige, encuentra limitada su competencia respecto de lo siguiente: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I.De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II.De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III.De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V.De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI.De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." De los preceptos transcritos deriva que los jueces de distrito, tanto en materia administrativa, como especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, tienen atribuciones para conocer de juicios de amparo contra actos de autoridad distinta de la judicial, siendo que a efecto de determinar su competencia para conocer de un determinado asunto, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, porque, evidentemente, mientras los primeros deben conocer de asuntos de contenido administrativo en sentido amplio -entendido como el género relativo al derecho público que regula el conjunto de normas relativas a la organización, funcionamiento y atribuciones de la administración pública en sus relaciones con los particulares y con otros organismos o instituciones de la propia administración-, a los segundos corresponden los negocios con substancia específicamente en materia de competencia económica, radiodifusión y/o telecomunicaciones. Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que cuando el ejercicio de algún derecho se encuentre relacionado con aspectos de competencia económica, no obstante que el acto reclamado encuadre dentro de la categoría del derecho administrativo genérico, el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo es el especializado en aquella materia. En el caso en concreto, del estudio integral del escrito inicial, se advierte, que se reclama lo siguiente: Del Congreso de la Unión: La legislación, creación y adición de los artículos 180 ter, 180 quater, 180 quintes la fracción XLII bis del artículo 15 y su correlativo artículo transitorio cuarto, los cuales se encuentran en el decreto creado y emitido con fecha trece de abril de dos mil veintiuno, en el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos: La expedición, promulgación y la orden de mandar publicar el Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico de los artículos 180 ter, 180 quater, 180 quintes la fracción XLII bis del artículo 15 y su correlativo artículo transitorio cuarto, el cual promulgó el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. La Secretaría de Gobernación Federal: El refrendo del decreto emanado de la primera autoridad ordenadora así como la orden de mandar publicar el Decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico de los artículos 180 ter, 180 quater, 180 quintes la fracción XLII bis del artículo 15 y su correlativo artículo transitorio cuarto. El Director del Diario Oficial de la Federación: La publicación del decreto de la primera autoridad ordenadora publicado en fecha dieciséis de abril del año dos mil veintiuno, mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico de los artículos 180 ter, 180 quater, 180 quintes la fracción XLII bis del artículo 15 y su correlativo artículo transitorio cuarto. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes: La realización de campañas, programas o cualquier difusión que incentive la inscripción y empadronamiento de los quejosos, como usuarios de Telefonía Móvil a empadronarse en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. El Instituto Federal de Telecomunicaciones: La realización de las acciones tendientes a obligar a los suscritos por medio de exhortos o actos coercitivos, como usuarios de telefónica móvil, para la inscripción y registro al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La empresa de telefonía celular Radiomóvil Dipsa Sociedad Anónima de Capital Variable: La ejecución del decreto antes citado quien actúa como particular, específicamente en el cumplimiento obligatorio del artículo 180 quintes, que se encuentra en el decreto que reforma la citada Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por lo que se tiene que en la especie, la parte quejosa señaló como acto reclamado de las Cámaras del Congreso de la Unión, Presidente de la República, Secretaría de Gobernación, Director del Diario Oficial de la Federación, Secretario de Comunicaciones y Transportes, Instituto Federal de Telecomunicaciones, y de la empresa de telefonía celular Radiomóvil Dipsa, S.A. de C.V., también conocida comercialmente como Telcel; la discusión, aprobación, refrendo y publicación del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión; en específico los artículos 180 ter, 180 quater, 180 quintes la fracción XLII bis del artículo 15, su correlativo artículo transitorio cuarto, y su aplicación. De lo anterior se colige que el quejoso reclama actos de autoridades diversas que normalmente son competencia de los Juzgados de Distrito; sin embargo, también atribuye actos de autoridades cuyas facultades se encuentran inmersas dentro de la subespecialización de telecomunicaciones, entre ellas autoridades tales como el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Luego, dado que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, pues en esencia se duele la reforma al artículo 180 Quáter, en el que se asentó que el registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto Federal de Telecomunicaciones; por tanto, se impone concluir que debe conocer del asunto un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, en turno, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. Ante lo hasta aquí expuesto, se estima que el asunto que nos ocupa no corresponde a un asunto de naturaleza administrativa genérica sino en materia de telecomunicaciones. En efecto, toda vez que los actos reclamados pertenece a la materia de telecomunicaciones, este Juzgador estima carecer de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo, por lo que el Juez de Distrito que debe avocarse al estudio del asunto es uno en esa misma materia, debido a que se está ante una mayor especialización dentro de la materia administrativa, de la cual deben conocer tribunales judiciales en dicha particular especialización, en atención a la intención que en tal sentido se desprende de los artículos 94, párrafo sexto, de la Carta Magna y décimo segundo, párrafo primero, transitorio del decreto de reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de junio de dos mil trece, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 94. El Consejo de la Judicatura Federal de determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Artículo décimo segundo. El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto." Asimismo, la determinación alcanzada obedece a que el espíritu de legislador fue el de dar efectivo cumplimiento al artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en virtud de que la resolución de los asuntos por materia requiere del conocimiento y experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a una rama del derecho. Lo antes sustentando encuentra apoyo en las consideraciones que a su vez sostuvo el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, en sesión de veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis, al resolver el conflicto competencial C. C. A. 5/2016. En consecuencia, el conocimiento del presente juicio de amparo corresponde a un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en la Ciudad de México, en turno. Por todo lo anteriormente expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 28, fracción VII, 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo; 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción I, SEGUNDO, fracción I, punto 3, y CUARTO, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como en el diverso Acuerdo 22/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, declara carecer de competencia legal, por razón de materia, para conocer de la presente demanda de amparo, y por ende, remítase al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México, que por razón de turno corresponda conocer del presente juicio de amparo 954/2021, solicitándole que tan pronto como sea posible, remita el acuse de recibo de estilo correspondiente y comunique su determinación. Ello en atención a que se estima competente para conocer de la presente demanda de amparo, por los motivos antes expuestos. Fórmese el cuadernillo respectivo con las copias necesarias, como antecedente, para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno de este Juzgado. Téngase como domicilio de la parte quejosa el señalado en su demanda de amparo y como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a *****************************, lo anterior, en razón que no acreditan ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados como lo exige el citado artículo 12 de la ley de la materia; sin embargo, en el momento de que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si está inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante. Notifíquese personalmente.
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