Pablo Antonio Villanueva

Expediente 183/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
183/2023
Año
2023
Actuaciones
11
Última actuación
08/05/2023

Partes del expediente

  • Pablo Antonio Villanueva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, y toda vez que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión en contra del auto dictado en este juicio de amparo el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósese el cuaderno único del incidente de suspensión. En tal, virtud y toda vez de que por auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21, inciso a), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Luego, como en los autos del cuaderno único del incidente de suspensión se declaró sin materia el incidente de suspensión; el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN, por ubicarse en la hipótesis prevista de los artículos 20, fracción I y, 21, inciso c), del referido Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese únicamente par que obre como corresponda el pedimento número 143/2023, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, mediante el cual formula alegatos en los términos que indica, toda vez que en proveído de veintinueve del mes y año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento que se le formuló en auto de veinticuatro de febrero del año en curso, relativo a que dentro del término de tres días manifestara la denominación correcta de las autoridades responsables "JEFE DE AGENTES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO" y "DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, PERTENECIENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN"; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en la misma, por tanto, dichas autoridades se tienen por inexistentes. En ese sentido, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento:. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad". De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, apreciación que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Ahora bien, tomando en consideración que en el primer párrafo de este acuerdo, se tuvo como inexistentes a la totalidad de las autoridades responsables "JEFE DE AGENTES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO" y "DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, PERTENECIENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN"; por tanto, al no existir las citadas responsables, menos aún pueden existir los actos que mediante esta vía constitucional se les reclama; aunado a que el quejoso no proporcionó las denominaciones correctas de las autoridades responsables ni aportó prueba alguna para demostrar la existencia de los actos. En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados analizados, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." En relación con la jurisprudencia 2a./J. 13/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1630, que señala: "INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE SOBRE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL DIVERSO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II, DE LA MISMA LEGISLACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron qué causal de sobreseimiento es de estudio preferente, si la relativa a la inexistencia del acto reclamado prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, o la contenida en el mismo precepto, pero en la fracción V, con relación a los diversos 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, de la citada legislación, referente al carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, uno de ellos concluyó que en caso de acreditarse la inexistencia del acto reclamado, debe proceder el sobreseimiento del juicio sin analizar si asiste o no la calidad de responsable a la autoridad señalada como tal, mientras que los otros órganos jurisdiccionales indicaron que debe privilegiarse el estudio de tal calidad, sobre la existencia del acto reclamado. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que cuando se resuelve el juicio en audiencia constitucional, es de estudio preferente la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, sobre la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción V del mismo precepto, con relación a los diversos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la misma ley, referente a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal para efectos del juicio de amparo. Justificación: Conforme a los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, para determinar si a una autoridad le asiste el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, debe analizarse la relación existente entre ella y el quejoso en función del acto que se le atribuye, de manera que si no existe el acto reclamado, no podrá realizarse dicho examen, puesto que la afirmación del promovente realizada en la demanda sobre su existencia, fue desvirtuada durante la tramitación del sumario. Por ende, la existencia del acto reclamado es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento permite estudiar las causales de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, por lo que al dictar sentencia debe privilegiarse el análisis de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues sólo en caso de acreditarse la existencia del acto reclamado, se podrá emprender el análisis de las causales de improcedencia, entre ellas, la relativa a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal, con base en las constancias procesales que obren en autos." En consecuencia, es evidente que respecto de los actos que por esta vía se reclaman, como ya se dijo se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existen las autoridades señaladas como responsables, menos puede existir los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la tesis número XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 2019, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que obra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se desprende que la parte quejosa no cumplió con el requerimiento que se le formuló en auto de veinticuatro de febrero del año en curso, relativo a que dentro del término de tres días manifestara la denominación correcta de las autoridades responsables "JEFE DE AGENTES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO" y "DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, PERTENECIENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN"; en consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento decretado en la misma, por tanto, dichas autoridades se tienen por inexistentes. En ese sentido, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I, 63, fracción IV y 75 de la Ley de Amparo, que son del tenor literal siguiente: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento:. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad". De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, apreciación que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 75 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Ahora bien, tomando en consideración que en el primer párrafo de este acuerdo, se tuvo como inexistentes a la totalidad de las autoridades responsables "JEFE DE AGENTES DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO" y "DIRECTOR DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS, PERTENECIENTE A LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACÁN"; por tanto, al no existir las citadas responsables, menos aún pueden existir los actos que mediante esta vía constitucional se les reclama; aunado a que el quejoso no proporcionó las denominaciones correctas de las autoridades responsables ni aportó prueba alguna para demostrar la existencia de los actos. En las relatadas condiciones, ante la inexistencia de los actos reclamados analizados, lo procedente es sobreseer el juicio de amparo. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: "ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley." En relación con la jurisprudencia 2a./J. 13/2022 (11a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia Común, Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, página 1630, que señala: "INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. LA CAUSA DE SOBRESEIMIENTO PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DE AMPARO, ES DE ESTUDIO PREFERENTE SOBRE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL DIVERSO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II, DE LA MISMA LEGISLACIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron qué causal de sobreseimiento es de estudio preferente, si la relativa a la inexistencia del acto reclamado prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, o la contenida en el mismo precepto, pero en la fracción V, con relación a los diversos 61, fracción XXIII, 1 y 5, fracción II, de la citada legislación, referente al carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Así, uno de ellos concluyó que en caso de acreditarse la inexistencia del acto reclamado, debe proceder el sobreseimiento del juicio sin analizar si asiste o no la calidad de responsable a la autoridad señalada como tal, mientras que los otros órganos jurisdiccionales indicaron que debe privilegiarse el estudio de tal calidad, sobre la existencia del acto reclamado. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluye que cuando se resuelve el juicio en audiencia constitucional, es de estudio preferente la causal de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, relativa a la inexistencia del acto reclamado, sobre la diversa causa de improcedencia contenida en la fracción V del mismo precepto, con relación a los diversos 61, fracción XXIII y 5, fracción II, de la misma ley, referente a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal para efectos del juicio de amparo. Justificación: Conforme a los artículos 5, fracción II, y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, para determinar si a una autoridad le asiste el carácter de responsable para efectos del juicio de amparo, debe analizarse la relación existente entre ella y el quejoso en función del acto que se le atribuye, de manera que si no existe el acto reclamado, no podrá realizarse dicho examen, puesto que la afirmación del promovente realizada en la demanda sobre su existencia, fue desvirtuada durante la tramitación del sumario. Por ende, la existencia del acto reclamado es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento permite estudiar las causales de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, por lo que al dictar sentencia debe privilegiarse el análisis de la causal de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, pues sólo en caso de acreditarse la existencia del acto reclamado, se podrá emprender el análisis de las causales de improcedencia, entre ellas, la relativa a si le asiste el carácter de responsable a la autoridad señalada como tal, con base en las constancias procesales que obren en autos." En consecuencia, es evidente que respecto de los actos que por esta vía se reclaman, como ya se dijo se actualiza la causal de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existen las autoridades señaladas como responsables, menos puede existir los actos reclamados. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la tesis número XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 2019, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que obra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

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