Pablo Angel Rubio Guadarrama

Expediente 585/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
585/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
16/05/2023

Partes del expediente

  • Pablo Angel Rubio Guadarrama

Actuaciones

  1. Principal

    VI . Visto el estado de autos y certificación que antecede, se advierte que el término previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer recurso de queja contra el proveído de veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió sin que la parte quejosa haya hecho valer tal derecho; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por imperativo expreso del ordinal segundo de la Ley de Amparo, por identidad jurídica, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archívese este asunto como concluido y háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). +++. Con el fin de proveer lo relativo al destino del presente expediente, se prevé lo siguiente: 1. Criterio de valoración. En virtud de lo expuesto en los párrafos que preceden y en cumplimiento al artículo 12 del citado Acuerdo General se indica que el presente expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos establecidos en el artículo 15 del referido Acuerdo; de igual forma, se precisa que en el asunto que nos ocupa no hay información reservada a la que hace referencia el diverso artículo 19. Expediente destruible Se indica que de conformidad con el artículo 21, inciso d) del multicitado acuerdo este expediente es destruible, porque se desechó de plano la demanda de amparo. 2.2 Plazo para destrucción. Una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, es decir, del dieciséis de mayo de dos mil veintitrés al dieciséis de mayo de dos mil veintiséis, y una vez cumplido tal término, con veinticuatro horas de anticipación a los treinta días siguientes que prevé el tercer párrafo del artículo 21 del multicitado acuerdo, el Secretario encargado deberá dar cuenta para destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido se ordena al oficial judicial "c" a fin que anote en la carátula del expediente la leyenda respectiva, es decir "Relevancia documental, Conservable, Depurable o Destruible"; asimismo, el Secretario encargado deberá dar fe que la leyenda anotada sea la correcta. De igual forma que queda a cargo del oficial judicial "c, sin mayor proveído e indicación la integración y preparación de las formalidades de ley, del expediente tanto físico como electrónico; la realización y captura de los datos de éste, en el acta de destrucción o depuración que se prepare, una vez trascurridos los plazos citados en párrafos precedentes, a fin de dar cumplimiento a la circular 2/2020. Se comisiona al Secretario encargado del trámite del presente asunto, para que al día siguiente de que obren las notificaciones del presente auto lo entregue físicamente al archivo y en los términos señalados, sin mayor proveído e indicación de cuenta con el inició y fin del procedimiento de depuración o destrucción, como el cumplimiento del mismo por los oficiales judiciales c y a. Se ordena al oficial judicial "c" y a los secretarios respectivos, que una vez que el expediente sea entregado físicamente al archivo y se realice el procedimiento de destrucción o depuración; verifiquen las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno electrónico y físico, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) de parte de oficial judicial (a), lo incorporen a la lista de reporte estadístico mensual de la mesa VI, a fin que los Secretarios de las mesas IV y VI actualicen el concentrado general y generen su reporte estadístico mensual. Se da vista a la parte quejosa, para que en el plazo de noventa días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído acuda al local de este Juzgado de Distrito con identificación oficial vigente, a fin de que le sea devuelto el documento original que exhibió en el presente asunto, consistente en el acuse de recibo del escrito presentado el treinta de marzo de este año. En el entendido que deberá presentarse dentro del horario asignado para la actividad presencial de este Juzgado de Distrito, que es de 09:30 a 14:30 horas, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid.19 y Reforma, Adiciona, Deroga diversas disposiciones, relativas a la utilización de diversos medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las áreas administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo. Y, cuando acontezca lo anterior, se deberá dejar constancia de ello en autos, o en caso de no hacerlo en el plazo y forma señalados, se procederá a su destrucción junto con las constancias que así lo ameriten.

  2. Principal

    VI. Visto el escrito de cuenta, signado por el quejoso +++, mediante el cual, realiza diversas manifestaciones en relación con el requerimiento formulado en auto de veintiuno del mes en curso refiere lo siguiente: RequerimientoDesahogo quejosoÚNICO. Precise de dónde deriva el acto reclamado que hizo consistir en la omisión de verificar y garantizar el cumplimiento pronto y completo a la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, emitida por los Magistrados integrantes de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio 1146/18-29-01-5, esto es sí fue consecuencia de una solicitud formulada de manera verbal o escrita, así como la data en que presentó tal solicitud y, en su caso, la fecha en que la autoridad responsable le dio contestación y aquélla en que se le notificó o tuvo conocimiento, en su caso, de alguna negativa en este sentido, de lo cual también deberá indicar la data en que se emitió y de aquélla en que tuvo conocimiento. (.). "Ahora bien, bajo protesta de decir verdad manifiesto que el acto reclamado a los Magistrados Integrantes de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se hace consistir en la omisión de verificar y garantizar el cumplimiento pronto y completo a la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, dictada en el Juicio número 1146/18-29-01-5, y que se relaciona con la emisión del auto de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, y notificado mediante boletín jurisdiccional el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés; a través del cual la responsable, declara haber agotado el procedimiento para asegurar el cumplimiento pleno de la sentencia definitiva, por lo que se dejan a salvo sus derechos del suscrito.----------------Con dicho auto la responsable omite vigilar el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos del juicio natural, pues omite adoptar todas las medidas a su alcance para proveer a la ejecución de la misma, siendo esta obligación exclusiva de ella, precisamente por ser quien emitió la ejecutoria respectiva y quien está conminada a velar por su cumplimiento.---------------------------------De lo hasta aquí expuesto, es factible concluir que el encargado de vigilar y hacer cumplir lo ordenado en la sentencia ejecutoriada, es el propio Tribunal de Federal de Justicia Administrativa, porque la legislación que regula ese proceso establece los medios legales a su alcance para exigir coactivamente su efectividad, lo que en la especie no aconteció. Con apoyo en el numeral 3 de la Ley de Amparo intégrese al expediente físico y electrónico y se tiene por cumplida la prevención de mérito. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO En términos de lo previsto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en el presente juicio de amparo son los siguientes: 1) El auto de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, dictado por los Magistrados que integran la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad 1146/18-29-01-5, por el que la autoridad declaró agotado el procedimiento para asegurar el cumplimiento de la sentencia definitiva de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve y dejó a salvo sus derechos para que en diversa vía promueva lo que corresponda. 2) La omisión de la autoridad citada de verificar el cumplimiento pronto y completo a la sentencia referida. 3) Del Municipio de Capulhuac, Estado de México, por conducto de su Presidente Municipal, la omisión de acatar y dar cumplimiento pronto y completo a la sentencia definitiva de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve emitida en el juicio de nulidad 1146/18-29-01-5. DESECHAMIENTO PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBIDO A QUE CONTRA LA DETERMINACIÓN RECLAMADA PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN Es necesario destacar que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." La fracción transcrita, pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto, contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto, por las siguientes consideraciones: Para que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo. b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia I.6o.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Robustece a lo anterior, también aplicado por analogía, el criterio I.4o.C.J/25, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que expone: "IMPROCEDENCIA SUSTENTADA EN LA FRACCION XIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. ELEMENTOS QUE LA INTEGRAN. Los elementos con los que se integra la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: a) que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b) que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d) que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Con la sola concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en comento, aunque la parte agraviada no haya hecho valer el medio de impugnación oportunamente; y sólo se contemplan como casos de excepción, el contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución." Bajo esa óptica, el ordinal 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 58. A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta (sic) determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. II. A petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que la dictó, de acuerdo con las reglas siguientes: a) Procederá en contra de los siguientes actos: 1.- La resolución que repita indebidamente la resolución anulada o la que incurra en exceso o en defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia. 2.- La resolución definitiva emitida y notificada después de concluido el plazo establecido por los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b) de esta Ley, cuando se trate de una sentencia dictada con base en las fracciones II y III del artículo 51 de la propia ley, que obligó a la autoridad demandada a iniciar un procedimiento o a emitir una nueva resolución, siempre y cuando se trate de un procedimiento oficioso. 3.- Cuando la autoridad omita dar cumplimiento a la sentencia. 4.- Si la autoridad no da cumplimiento a la orden de suspensión definitiva de la ejecución del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo federal. La queja sólo podrá hacerse valer por una sola vez, con excepción de los supuestos contemplados en el subinciso 3, caso en el que se podrá interponer en contra de las resoluciones dictadas en cumplimiento a esta instancia. b) Se interpondrá por escrito acompañado, si la hay, de la resolución motivo de la queja, así como de una copia para la autoridad responsable, se presentará ante la Sala Regional, la Sección o el Pleno que dictó la sentencia, dentro de los quince días siguientes a aquél en que surtió efectos la notificación del acto, resolución o manifestación que la provoca. En el supuesto previsto en el inciso anterior, subinciso 3, el quejoso podrá interponer su queja en cualquier tiempo, salvo que haya prescrito su derecho. En dicho escrito se expresarán las razones por las que se considera que hubo exceso o defecto; repetición del acto impugnado o del efecto de éste; que precluyó la oportunidad de la autoridad demandada para emitir la resolución definitiva con la que concluya el procedimiento ordenado; o bien, que procede el cumplimiento sustituto. El Magistrado Instructor o el Presidente de la Sección o el Presidente del Tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la Sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. c) En caso de repetición de la resolución anulada, la Sala Regional, la Sección o el Pleno hará la declaratoria correspondiente, anulando la resolución repetida y la notificará a la autoridad responsable de la repetición, previniéndole se abstenga de incurrir en nuevas repeticiones. Además, al resolver la queja, la Sala Regional, la Sección o el Pleno impondrá la multa y ordenará se envíe el informe al superior jerárquico, establecidos por la fracción I, inciso a) de este artículo. d) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. e) Si la Sala Regional, la Sección o el Pleno comprueba que la resolución a que se refiere el inciso a), subinciso 2 de esta fracción, se emitió después de concluido el plazo legal, anulará ésta, declarando la preclusión de la oportunidad de la autoridad demandada para dictarla y ordenará se comunique esta circunstancia al superior jerárquico de ésta. f) En el supuesto comprobado y justificado de imposibilidad de cumplir con la sentencia, la Sala Regional, la Sección o el Pleno declarará procedente el cumplimiento sustituto y ordenará instruir el incidente respectivo, aplicando para ello, en forma supletoria, el Código Federal de Procedimientos Civiles. g) Durante el trámite de la queja se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecución que en su caso existiere. III. Tratándose del incumplimiento de la resolución que conceda la suspensión de la ejecución del acto impugnado o alguna otra de las medidas cautelares previstas en esta Ley, procederá la queja mediante escrito interpuesto en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva ante el Magistrado Instructor. En el escrito en que se interponga la queja se expresarán los hechos por los que se considera que se ha dado el incumplimiento y en su caso, se acompañarán los documentos en que consten las actuaciones de la autoridad que pretenda vulnerar la suspensión o la medida cautelar otorgada. El Magistrado pedirá un informe a quien se impute el incumplimiento, que deberá rendir dentro del plazo de cinco días, en el que, en su caso, se justificará el acto o la omisión que provocó la queja. Vencido dicho plazo, con informe o sin él, el Magistrado dará cuenta a la Sala, la que resolverá en un plazo máximo de cinco días. Si la Sala resuelve que hubo incumplimiento, declarará la nulidad de las actuaciones realizadas en violación a la suspensión o de otra medida cautelar otorgada. La resolución a que se refiere esta fracción se notificará también al superior jerárquico del servidor público responsable, entendiéndose por este último al que incumpla con lo resuelto, para que proceda jerárquicamente y la Sala impondrá al responsable o autoridad renuente, una multa equivalente a un mínimo de treinta días de su salario, sin exceder del equivalente a sesenta días del mismo, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento, el sueldo del servidor público de que se trate y su nivel jerárquico. También se tomará en cuenta para imponer la sanción, las consecuencias que el no acatamiento de la resolución hubiera ocasionado, cuando el afectado lo señale, caso en que el solicitante tendrá derecho a una indemnización por daños y perjuicios, la que, en su caso, correrá a cargo de la unidad administrativa en la que preste sus servicios el servidor público de que se trate, en los términos en que se resuelva la queja. IV. A quien promueva una queja notoriamente improcedente, entendiendo por ésta la que se interponga contra actos que no constituyan resolución administrativa definitiva, se le impondrá una multa en monto equivalente a entre doscientas cincuenta y seiscientas veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal y, en caso de haberse suspendido la ejecución, se considerará este hecho como agravante para graduar la sanción que en definitiva se imponga. Existiendo resolución administrativa definitiva, si el Magistrado Instructor, la Sala Regional, la Sección o el Pleno consideran que la queja es improcedente, porque se plantean cuestiones novedosas que no fueron materia de la sentencia, prevendrán al promovente para que presente su demanda dentro de los treinta días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto respectivo, reuniendo los requisitos legales, en la vía correspondiente, ante la misma Sala Regional que conoció del primer juicio, la que será turnada al mismo Magistrado Instructor de la queja. No deberá ordenarse el trámite de un juicio nuevo si la queja es improcedente por la falta de un requisito procesal para su interposición." Del precepto transcrito, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en estudio, ya que respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables se cumple el primero de los requisitos relacionados. El segundo de los requisitos también se actualiza en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido del dispositivo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, del cual se advierte la procedencia del medio de impugnación que puede hacerse valer, que en el caso es el recurso de queja. La tercera hipótesis en estudio también se actualiza, ya que el recurso de queja que procede está previsto dentro del procedimiento en que se emitieron las actuaciones reclamadas. La cuarta y última de las hipótesis relacionadas también opera, en virtud de que el acto reclamado puede ser impugnado por medio del recurso de queja que se interponga contra los actos descritos que emanan del juicio de nulidad 1146/18-29-01-5, con el objeto de que se revoquen o modifiquen. Luego, si en el caso el quejoso no interpuso recurso de queja, evidentemente el juicio de amparo resulta improcedente, por no haberse agotado el principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 14/2022 (11a.), con número de registro 2024468, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1741 del Libro 12, Abril de 2022, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), NUMERAL 3, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAME EL INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DE NULIDAD DICTADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes adoptaron posturas discrepantes sobre un mismo punto de derecho, dado que frente al reclamo de la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad, uno de ellos sostuvo que constituye un presupuesto de procedencia para el juicio de amparo que previamente se interponga el recurso de queja regulado en el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mientras que el otro estableció que se trata de una instancia optativa, por lo que el afectado puede acudir de manera inmediata al juicio constitucional. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, previamente a promover el juicio de amparo indirecto para reclamar la omisión de cumplir una sentencia de nulidad dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el particular debe necesariamente interponer el recurso de queja que establece el artículo 58, fracción II, inciso a), numeral 3, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación: El indicado recurso de queja constituye el medio de defensa previsto expresamente por el legislador para combatir la omisión de cumplimiento de una sentencia de nulidad y, más aún, constituye una instancia apta para lograr su reparación o modificación, pues prevé mecanismos consistentes con esa finalidad y adecuados para lograrla a cargo del propio Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como son la revisión de la actitud desplegada por la autoridad en relación con ese cumplimiento, la posibilidad de fijar los alcances precisos de la declaración de nulidad e, incluso, la de resolver que existe imposibilidad para ejecutar el fallo y que, por ende, procede el cumplimiento sustituto, además de la aplicación de multas sucesivas en caso de contumacia y la comunicación de ésta al superior jerárquico del servidor público involucrado y a la contraloría interna que le corresponda. De ahí que, en términos del artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ese medio ordinario de defensa debe ser agotado, sobre todo porque no se configura alguna de las hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige al juicio constitucional, puesto que el acto reclamado no es de aquellos que puedan carecer de fundamentación, no conlleva violaciones directas a la Constitución Federal, el recurso de queja se encuentra previsto en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y forma parte de un juicio que prevé la figura de la suspensión con los mismos alcances y sin mayores plazos o requisitos que los que al respecto prevé la Ley de Amparo." De igual forma, la tesis II.2o.T.Aux.30 A, con número de registro 162010 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado Auxiliar, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, visible en la página 1273 del Tomo XXXIII, Mayo de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58, FRACCIÓN II, INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE DICHO RECURSO ANTES DE ACUDIR AL AMPARO INDIRECTO PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE NULIDAD. El artículo 58, fracción II, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula el trámite del recurso de queja cuando la autoridad omite cumplir la sentencia dictada en el juicio de nulidad. Consecuentemente, antes de acudir al amparo indirecto para lograr el cumplimiento de la mencionada resolución, debe agotarse el referido medio ordinario de defensa, pues de lo contrario el quejoso carecerá de interés jurídico para acudir a la vía constitucional." La tesis (IV Región)1o.9 A (11a.), con número de registro 2023381 emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, visible en la página 2444 del Libro 3, Julio de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, del rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DICTADAS POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO OBLIGA A LAS SALAS DE DICHO ÓRGANO A VERIFICAR OFICIOSAMENTE SI EN LA RESOLUCIÓN DE CUMPLIMIENTO LA AUTORIDAD DEMANDADA ATENDIÓ SUS EFECTOS, PUES EL PARTICULAR CUENTA CON EL RECURSO DE QUEJA SI CONSIDERA QUE NO FUE ASÍ. Los artículos 57 y 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establecen la obligación de las autoridades demandadas y de cualquier otra relacionada, de cumplir con las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el deber de éste para que, vencido el plazo otorgado para ello, actúe de oficio o a petición de parte y asegure el pleno cumplimiento de sus resoluciones, otorgándole la facultad para requerir a la autoridad demandada el informe relativo, a fin de determinar si hubo incumplimiento injustificado del fallo, así como el medio ordinario de defensa (recurso de queja) con que cuenta la parte interesada para inconformarse con éste. Sin embargo, el análisis del cumplimiento de dichas sentencias no está previsto en la ley citada, pues ésta sólo obliga a requerir un informe sobre su cumplimiento, pero no a que de manera oficiosa la Sala verifique si en la resolución de cumplimiento la autoridad demandada atendió los efectos establecidos en la sentencia, pues el particular cuenta con el recurso de queja si considera que no fue así, el cual procede contra la repetición de la resolución anulada, por exceso o defecto en su cumplimiento o por haberse emitido después de concluido el plazo de cuatro meses establecido en los artículos 52 y 57, fracción I, inciso b), de la señalada ley." Y la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, al rubro y texto siguientes. "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En ese sentido, existe la obligación legal de agotar los recursos ordinarios que marca la ley de la materia, previo al ejercicio de la acción constitucional. Máxime, que no se surte ninguna causa de excepción para agotar el principio de definitividad precisado en esta determinación, en razón que la determinación que se combate no fue emitida fuera de procedimiento. CONCLUSIÓN En esa guisa, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. En determinación de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la misiva rubricada por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual informó que se comisionó al Oficial Judicial "A", del Juzgado referido a efecto de que vinculara el expediente 473/2023, de su estadística en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que este Juzgado de Distrito estuviera en aptitud de consultar las constancias relativas en dicho sistema; empero, se reservó acordar lo relativo, hasta en tanto, el quejoso se pronunciara respecto de la prevención formulada en el presente juicio, o bien, transcurriera el plazo concedido para ello y, no obstante lo determinado en párrafos precedentes, este Juzgado de Distrito se encuentra en aptitud de emitir el pronunciamiento que corresponde: a) El catorce de mayo de dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 23/2002 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, el cual abroga el diverso Acuerdo General 50/2001 del propio órgano colegiado, cuyo objeto era lograr una mejor regulación en los ingresos, así como una distribución equitativa de los asuntos entre los órganos jurisdiccionales federales, así como establecer reglas para el turno de asuntos relacionados, por la intervención de las mismas partes y/o por provenir de un mismo procedimiento, con la finalidad de aprovechar el conocimiento previo del asunto, para evitar resoluciones contradictorias. b) Por Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, así como la designación, supervisión y responsabilidades de los servidores públicos que las integran, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil catorce, se modificaron las reglas de turno suprimiéndose el sistema de asuntos relacionados en los juicios de amparo directo e indirecto y recursos que de ellos derivaran, sobre la base de que existían, con el objeto de evitar que la carga de trabajo de esos asuntos se concentrara en un solo órgano jurisdiccional. Dejando a salvo los derechos de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para resolver cualquier cuestión no prevista, mediante consulta. c) El veintiuno de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; el cual, implementó nuevamente el turno de asuntos relacionados, cuyo objeto es el mejoramiento del sistema de distribución de asuntos, en aras de dar debido cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional. Además, se establece que de estimarse procedente que existe relación de asuntos por conocimiento previo, no se suspenderá el trámite ni variará el turno asignado, ya que de ser procedente la propuesta planteada, se realizarán las adecuaciones necesarias en el sistema computarizado a efecto de que vinculen automáticamente los criterios de relación autorizados para los casos subsecuentes. El acuerdo en cita, específicamente en la sección octava del Sistema de Turno de Asuntos, artículos 45 y 46, establece: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema computarizado que determine la Dirección General de Estadística Judicial, previa aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, de la siguiente manera: I. Forma Aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema computarizado, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II. Forma Relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema computarizado arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, general o específico, de los contenidos en el propio sistema, se turnará al mismo órgano jurisdiccional que conoce o conoció de aquél." "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: I. La demanda de amparo adhesivo, que debe turnarse al órgano jurisdiccional que recibió el amparo principal; II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; III. Los recursos de revisión, queja y reclamación con un juicio de amparo, al que tenga el antecedente del que derivan, conocido por cualquier vía; IV. Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma averiguación previa o ejercicio de la acción penal o acto de autoridad, al que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; V. Las demandas de amparo que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; VI. Los recursos de revisión fiscal, al que conozca o haya conocido del juicio de amparo directo; VII. Los recursos de apelación, al tribunal unitario de Circuito que haya conocido del o los anteriores; VIII. Cuando se determine la separación de juicios o de procesos, los expedientes que deriven se remitirán al órgano jurisdiccional que la decretó; IX. En el caso de los procedimientos penales, así como sus recursos, que cuenten con antecedentes, se turnarán de manera relacionada; X. Tratándose del ejercicio de la acción penal se observará lo siguiente: a) Cuando sea por delito grave, perfeccionada la averiguación o subsanadas las omisiones y el Ministerio Público las vuelva a presentar, lo hará directamente ante el juzgado que conoció en primer término, quien deberá recibirla y dar aviso a la oficina de correspondencia común para que el asunto le sea contabilizado según el motivo de la devolución; y b) Cuando el Ministerio Público presente de nuevo un ejercicio de la acción penal por delito clasificado como no grave y que le fue devuelto con antelación por algún órgano jurisdiccional, deberá presentarlo por conducto de la oficina de correspondencia común para que se turne en forma relacionada al mismo juzgado de la siguiente manera: 1. Si se trata de un ejercicio de la acción penal en el que se negó la orden de aprehensión se le asignará un nuevo número de registro en el rubro de ejercicio de la acción penal sin detenido; y 2. Si el juzgado la devolvió por omisión de formalidades, se capturará para efectos de control, en el tipo de asunto ejercicio de la acción penal devuelto; XI. Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido den antecedente registrado; XII. Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; y XIII. Los demás que determine el Pleno. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos o de los titulares de los órganos jurisdiccionales podrá determinar criterios específicos de relación. Dichos criterios deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Estadística Judicial, y compilarse en un listado que se difundirá a través del portal de Intranet del Consejo. La Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos deberá elaborar y mantener actualizado el listado a que se refiere el párrafo anterior. Quedan exentas de crear algún antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo, aseguramiento, embargo, así como las órdenes de cateo que resulten indispensables para las averiguaciones previas, ello para los órganos jurisdiccionales que las dictan, y no así para los que conocen del amparo. Los acuerdos internos respecto del turno de los asuntos, emitidos por los titulares de los órganos jurisdiccionales, carecen de validez. Cualquier cuestión no prevista se resolverá de plano por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos mediante consulta, sin suspender el trámite ni generar conflicto por razón del turno asignado. Para su solución deberá remitirse únicamente copia certificada de las constancias que se estimen indispensables; así como la propuesta que se plantee y, de resultar procedente, se realizarán las adecuaciones en el sistema computarizado para los casos subsecuentes." La disposición legal transcrita instauró nuevamente el turno de asuntos mediante el sistema de relación, a efecto de aprovechar el conocimiento previo del asunto de que se trate. De lo anterior se deduce que, previo a la asignación aleatoria, los Jefes de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, deberán verificar si el asunto puede ser remitido a un órgano jurisdiccional específico, por encontrarse en alguno de los siguientes supuestos: - Que provenga del mismo expediente; - Que haya conocido de otro amparo promovido contra actos administrativos o jurisdiccionales, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, derivados de esos mismos asuntos; - Que tenga el último antecedente del asunto, aunque las partes no sean las mismas; - Que se promuevan respecto del cumplimiento de una ejecutoria; y, - Los casos en los que por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional. En ese sentido, será competente para conocer de ulteriores juicios de amparo, contra actos emanados de un mismo expediente, aquel tribunal o juzgado al que le haya sido asignada la primer demanda. De lo anterior, se deduce que, la finalidad del Consejo de la Judicatura Federal al reformar, adicionar y derogar el diverso acuerdo general 14/2014, es para la adecuada y justa distribución de los asuntos entre los distintos órganos jurisdiccionales, que por razón de su especialidad pudieran conocer de ellos, facilitando una administración de justicia pronta y expedita y el logro de una adecuada distribución de los asuntos. Ahora bien, como complemento a dichas disposiciones y en términos del último párrafo del artículo 46, transcrito con antelación, se precisó que, cualquier cuestión no prevista en el referido Acuerdo General 14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resolverá de plano por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos mediante consulta, sin suspender el trámite ni generar conflicto por razón del turno asignado. Así, para su solución deberá remitirse únicamente copia certificada de las constancias que se estimen indispensables; así como la propuesta que se plantee y, de resultar procedente, se realizarían las adecuaciones en el sistema computarizado para los casos subsecuentes. En ese orden de ideas, se emitió la Circular CON/7/2015, deducida de la sesión de veintiuno de septiembre de dos mil quince, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, que en la parte conducente refiere: "Una vez que la oficina de correspondencia común respectiva, haya turnado un asunto de forma aleatoria, por no haber encontrado en el sistema algún antecedente para relacionarlo con otro expediente y, posteriormente, el titular del órgano jurisdiccional que lo recibió considera que debe conocer otro, éste deberá realizar su consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, remitiendo las constancias que estime pertinentes en copias certificadas con la propuesta respectiva, sin suspender el trámite del asunto." Posteriormente, el catorce de marzo de dos mil dieciséis, se emitió el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, el cual determinó lo siguiente: "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." Del análisis de las constancias se advierte que el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la demanda de amparo promovida por Pablo Ángel Rubio Guadarrama, contra la determinación de veintiuno de marzo de dos mil veintitrés, a través de la cual la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declara haber agotado el procedimiento para asegurar el cumplimiento pleno de la sentencia definitiva dictada en el juicio 1146/18-29-01-5, dejando a salvo los derechos del quejoso; así como la omisión de la referida autoridad de verificar y garantizar el cumplimiento pronto y completo a la referida resolución; asunto que fue registrado en este Juzgado de Distrito con el expediente 585/2023-VI. Ahora, de la búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) se advierte que Pablo Ángel Rubio Guadarrama, promovió el juicio de amparo 473/2023, de la estadística del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. En el que se señala como acto reclamado el siguiente: +++. En ese orden de ideas, como se dijo en párrafos precedentes, este Juzgado de Distrito, al analizar lo dispuesto en el artículo 45, en relación con el 46, fracción II, del citado Acuerdo General 14/2014 y en términos de la Circular CON/7/2015 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, estima que el presente juicio de amparo no se ubica en la hipótesis de un asunto relacionado con el Juzgado Segundo de Distrito referido, en razón que el acto reclamado deriva de expediente diverso.

  3. Principal

    VI. Se recibe la misiva rubricada por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, mediante el cual informa que se comisionó al Oficial Judicial "A", del Juzgado referido a efecto de que vincule el expediente de su estadística en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que este Juzgado de Distrito esté en aptitud de consultar las constancias relativas en dicho sistema. Con apoyo en el numeral 3 de la Ley de Amparo intégrense al expediente físico y electrónico y dado que el veintiuno de este mes, se requirió a la parte quejosa para que aclarara el acto reclamado, se reserva acordar lo relativo hasta en tanto el quejoso se pronuncie respecto del mencionado requerimiento, o bien, transcurra el plazo concedido para ello. Lo anterior, dado que la precisión de los actos reclamados es requisito importante para que este Juzgado de Distrito esté en aptitud de analizar si se actualiza la remisión de un asunto por conocimiento previo.

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