Pablo Angel Rendon Ojeda

Expediente 1181/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1181/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
24/05/2022

Partes del expediente

  • Agentes del Ministerio Público de la Fiscalia de Delitos Diversos
  • Pablo Angel Rendon Ojeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En ese sentido; comuníquese a las partes; y, en su oportunidad, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, carátula, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes, archívese este expediente. Esto, de conformidad con el artículo 35 del "Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales". En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, puede ser destruido en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General de referencia. Devolución de documentos Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en días y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se les haga entrega de los documentos originales que se hubieren exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante María del Rosario García Jiménez, Secretaria quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, uno de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el escrito signado por Víctor Armando Rendón Alatorre, en representación del quejoso Pablo Ángel Rendón Ojeda; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se regulariza el procedimiento, al respecto, se ordena que se le notifique de nueva cuenta la sentencia de catorce de octubre del año en curso, dictada dentro del expediente en que se actúa, toda vez que el usuario para realizar notificaciones electrónicas se autorizó posterior a la emisión de la sentencia, a partir del veintidós de noviembre del año en curso, por tanto, para no dejar a esa parte procesal en estado de indefensión y esté en aptitud de imponerse de la sentencia o en su caso, de inconformarse de la misma en forma oportuna, se comisiona al Actuario adscrito que le corresponde conocer del presente asunto, para efectos de que a la brevedad posible realice la formalidad encomendada a través del usuario autorizado en autos. Sin que pase inadvertido por este órgano jurisdiccional que por auto de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se autorizaron las notificaciones electrónicas, a través del usuario que proporcionó en su escrito enviado vía electrónica el veinticinco de junio del presente año. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza y da fe. Doy fe EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA VÍA ELECTRÓNICA, LA RESOLUCION DE FECHA CATORCE DE OCTUBRE DEL DOS MIL VEINTIUNO, EN LA CUAL SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Pablo Ángel Rendón Ojeda, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Diversos y Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, - Alejandrina Britos Salgado y Elizabeth Rivera Santos-. Acto reclamado: ".Las manifestaciones infamantes de las dos Agentes del Ministerio Público, proferidas en la audiencia de control celebrada el veinte de noviembre de dos mil veinte, infamias tendientes a imponer a la víctima de lesiones en la carpeta de investigación, la deshonra, descrédito y la maldad ejercida en su contra y en favor de la dueña del canino agresor". SEGUNDO. El ocho de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, radicó el asunto con el expediente 1178/2020, declaró su incompetencia por conocimiento antecedente, a esta autoridad, giró el oficio 30506/2020, al que anexó el juicio de amparo 1178/2020. TERCERO. El nueve de diciembre de dos mil veinte, la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibió el oficio de referencia y anexo, remitido a esta autoridad al día hábil siguiente, aceptó la competencia planteada, radico el juicio con el consecutivo 1181/2020 CUARTO. Previo auto de prevención, el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, esta autoridad desechó la demanda, determinación que fue impugnada por el quejoso, en acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, fue admitido. QUINTO. En sesión de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la queja 72/2021, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, declaró fundada la queja. SEXTO. El siete de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad, en cumplimiento a la determinación de la superioridad, admitió a trámite la demanda del quejoso, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo, en esencia, reclama de las autoridades responsables: Las manifestaciones realizadas por las dos Agentes del Ministerio Público, en la audiencia de control celebrada el veinte de noviembre de dos mil veinte, que la parte quejosa cataloga de infamias tendientes a imponer a la víctima de lesiones en la carpeta de investigación, la deshonra, descrédito y la maldad ejercida en su contra y en favor de la dueña del canino agresor. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Diversos y Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, de nombres - Alejandrina Britos Salgado y Elizabeth Rivera Santos-, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, sin embargo de la videograbación de la audiencia de veinte de noviembre de dos mil veinte, relativa a la carpeta de investigación JC/34/2020, celebrada ante el Juez de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, -Lic. Ramón Villanueva Uribe- presentada por la parte quejosa en medio electrónico denominado USB, que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de donde se desprende que las autoridades responsables son las responsables de la integración de carpeta de investigación de referencia, por tanto, se le tiene por cierto el mismo, al haber comparecido a la misma, no así por cuanto a la calificativa que la parte quejosa le otorga a dichas manifestaciones, ya que en su caso, ello será materia de análisis en el fondo del asunto, en caso de ser procedente. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con la audiencia correspondiente a su emisión, contenida en dispositivo electrónico (USB), el cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos antes transcritos, por tratarse de una documental pública. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgador Federal advierte que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, queda de manifiesto que la violación reclamada dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad, el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en ese sentido, advierto la actualización de manera manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 24/92, Registro 205651, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, página 11, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese contexto, la parte quejosa se duele, que dentro de la audiencia que atiende la queja planteada por éste por omisión a dar respuesta a diversos escritos, dentro de la carpeta de investigación JC/34/2020, las Agentes del Ministerio Público responsables que llevan la investigación se condujeron e incurrieron en infamias diatribas, cometarios en su contra como víctima del delito de lesiones, siendo criminalizado por las responsables, es una violación intraprocesal, pues ello no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, entendiéndose por estos -como se adelantó- los que se encuentran tutelados en la Constitución, con consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo y, de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal reclamable en los términos de los artículos 171 y 172, fracción V, de la ley de la materia, a través del amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/4 (10a.), registro 2011339, Localizable en la página 1903, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión." Así como por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), Registro 2018828, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, de rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Máxime que, de la audiencia de queja de veinte de noviembre de dos mil veinte, llevada a cabo por el Juez de Primera Instancia de Control, en la carpeta de investigación JC/34/2020, una vez que advirtió las deficiencias en su integración e investigación, cuestiono a las Agentes del Ministerio Público responsables, donde el quejoso es víctima, conminándolas para enderezarla acordar los escritos que motivaron la queja, desahogar aquellas pruebas que sean estrictamente necesarias para los fines del delito investigado, concediendo un término de cuarenta y ocho horas, a fin de resolver lo que en derecho corresponda dentro de sus atribuciones como órgano acusador. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia en estudio, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy catorce de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito de Víctor Armando Rendón Alatorre, en representación del quejoso Pablo Ángel Rendón Ojeda, mediante el cual solicita que las notificaciones del presente juicio de amparo se realicen vía electrónica. En atención a su contenido y de conformidad con lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autorizan las notificaciones electrónicas, a través del usuario que proporcionó en su escrito enviado vía electrónica el veinticinco de junio del presente año. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Julián Pantaleón Suarez, que autoriza y da fe. Doy fe

  4. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de diciembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido en su fecha, que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, Pablo Ángel Rendón Ojeda, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable: Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Diversos y Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, - Alejandrina Britos Salgado y Elizabeth Rivera Santos-. Acto reclamado: ".Las manifestaciones infamantes de las dos Agentes del Ministerio Público, proferidas en la audiencia de control celebrada el veinte de noviembre de dos mil veinte, infamias tendientes a imponer a la víctima de lesiones en la carpeta de investigación, la deshonra, descrédito y la maldad ejercida en su contra y en favor de la dueña del canino agresor". SEGUNDO. El ocho de diciembre de dos mil veinte, el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Morelos, radicó el asunto con el expediente 1178/2020, declaró su incompetencia por conocimiento antecedente, a esta autoridad, giró el oficio 30506/2020, al que anexó el juicio de amparo 1178/2020. TERCERO. El nueve de diciembre de dos mil veinte, la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibió el oficio de referencia y anexo, remitido a esta autoridad al día hábil siguiente, aceptó la competencia planteada, radico el juicio con el consecutivo 1181/2020 CUARTO. Previo auto de prevención, el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, esta autoridad desechó la demanda, determinación que fue impugnada por el quejoso, en acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintiuno, fue admitido. QUINTO. En sesión de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en la queja 72/2021, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, declaró fundada la queja. SEXTO. El siete de junio de dos mil veintiuno, esta autoridad, en cumplimiento a la determinación de la superioridad, admitió a trámite la demanda del quejoso, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: "I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la novena época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo, en esencia, reclama de las autoridades responsables: Las manifestaciones realizadas por las dos Agentes del Ministerio Público, en la audiencia de control celebrada el veinte de noviembre de dos mil veinte, que la parte quejosa cataloga de infamias tendientes a imponer a la víctima de lesiones en la carpeta de investigación, la deshonra, descrédito y la maldad ejercida en su contra y en favor de la dueña del canino agresor. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Agentes del Ministerio Público de la Fiscalía de Delitos Diversos y Fiscalía Regional Metropolitana de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos, de nombres - Alejandrina Britos Salgado y Elizabeth Rivera Santos-, al rendir el informe justificado negaron el acto reclamado, sin embargo de la videograbación de la audiencia de veinte de noviembre de dos mil veinte, relativa a la carpeta de investigación JC/34/2020, celebrada ante el Juez de Primera Instancia de Control Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Estado de Morelos, -Lic. Ramón Villanueva Uribe- presentada por la parte quejosa en medio electrónico denominado USB, que, por ser de carácter público gozan de eficacia demostrativa plena en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, de donde se desprende que las autoridades responsables son las responsables de la integración de carpeta de investigación de referencia, por tanto, se le tiene por cierto el mismo, al haber comparecido a la misma, no así por cuanto a la calificativa que la parte quejosa le otorga a dichas manifestaciones, ya que en su caso, ello será materia de análisis en el fondo del asunto, en caso de ser procedente. Soporta la consideración precedente, la tesis sin número, registro 238215, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis sin número, página 7, volumen 91-96, tercera parte, séptima época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. de rubro y texto, siguiente: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades responsables en sus informes justificados nieguen el acto reclamado, si de los propios informes surgen datos que contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, debiendo darse por cierto el acto reclamado." De igual forma, se cita la tesis sin número, registro 211004, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 391, tomo XIV, julio de 1994, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, octava época, Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Certeza que se corrobora con la audiencia correspondiente a su emisión, contenida en dispositivo electrónico (USB), el cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos antes transcritos, por tratarse de una documental pública. CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este Juzgador Federal advierte que en la especie se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Por tanto, queda de manifiesto que la violación reclamada dada su naturaleza, no es en modo alguno irreparable, cuando es precisamente la irreparabilidad, el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en ese sentido, advierto la actualización de manera manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que en lo que interesa textualmente disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]" Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 24/92, Registro 205651, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 56, Agosto de 1992, página 11, que dice: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En ese contexto, la parte quejosa se duele, que dentro de la audiencia que atiende la queja planteada por éste por omisión a dar respuesta a diversos escritos, dentro de la carpeta de investigación JC/34/2020, las Agentes del Ministerio Público responsables que llevan la investigación se condujeron e incurrieron en infamias diatribas, cometarios en su contra como víctima del delito de lesiones, siendo criminalizado por las responsables, es una violación intraprocesal, pues ello no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, entendiéndose por estos -como se adelantó- los que se encuentran tutelados en la Constitución, con consecuencias de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegaría a trascender al resultado del fallo y, de no ser así, la cuestión que ahora se plantea constituiría una violación procesal reclamable en los términos de los artículos 171 y 172, fracción V, de la ley de la materia, a través del amparo directo que se promueva contra la resolución definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/4 (10a.), registro 2011339, Localizable en la página 1903, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "ACTOS O VIOLACIONES INTRAPROCESALES PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. SUS CARACTERÍSTICAS. Tratándose de actos o violaciones intraprocesales, lo decisivo para exigir una inmediata impugnación en el amparo indirecto es la imposible reparación en razón de una afectación material -real y actual- a derechos sustantivos, a diferencia de la lesión o agravio formal a disposiciones adjetivas o procedimentales. Por tanto, más que la modalidad o tipo de acto (intraprocesal o terminal), lo relevante son los efectos y agravio que puedan producir en situaciones y circunstancias concretas; esto es, pueden reclamarse de manera inmediata cuando se esté en presencia de aquellos denominados de imposible reparación o, en su caso, junto con el acto terminal al que han trascendido, y siempre que hayan generado indefensión." Así como por identidad jurídica la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), Registro 2018828, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, página 239, de rubro y texto: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo". Máxime que, de la audiencia de queja de veinte de noviembre de dos mil veinte, llevada a cabo por el Juez de Primera Instancia de Control, en la carpeta de investigación JC/34/2020, una vez que advirtió las deficiencias en su integración e investigación, cuestiono a las Agentes del Ministerio Público responsables, donde el quejoso es víctima, conminándolas para enderezarla acordar los escritos que motivaron la queja, desahogar aquellas pruebas que sean estrictamente necesarias para los fines del delito investigado, concediendo un término de cuarenta y ocho horas, a fin de resolver lo que en derecho corresponda dentro de sus atribuciones como órgano acusador. En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia en estudio, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, hasta hoy catorce de octubre de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

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