Pablo Andres Garduño Perez

Expediente 719/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
719/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Pablo Andres Garduño Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    IX.- Toluca, Estado de México; veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de quince de junio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo no presentada la demanda de amparo, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se precisa que si bien en el presente expediente se tuvo por no presentada la demanda de amparo, no menos cierto es que se trata de un asunto en el cual se concedió plano y oficio la suspensión, por ende, es susceptible de conservarse; ello en relación al artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Destrucción, Digitalización, Transferencia, Resguardo y Destino final de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés; que tiene como objeto regular la valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En otro contexto, se comunica a las partes que, de conformidad en el artículo vigésimo del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años. Por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Luego, toda vez que mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se concedió la suspensión de oficio y de plano a la parte quejosa; y después, se tuvo por no presentada la demanda de amparo, ordenándose el archivo del asunto en el presente auto; por tanto, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en esta data ha quedado sin efectos la suspensión de plano y oficio decretada en el sumario constitucional. Se comunica al asesor jurídico que en esta data se tiene por satisfecha su participación en el presente sumario constitucional. Finalmente, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído. Notifíquese; y a la parte quejosa por conducto de su asesor jurídico.

  2. Principal

    IX.- Toluca, Estado de México; quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa no desahogó los puntos de prevención decretados en auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento inserto en el proveído de referencia y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese; y a la parte quejosa por conducto de su asesor jurídico.

  3. Principal

    IX.- Toluca, Estado de México; ocho de junio de dos mil veintitrés. agréguese a los autos el escrito signado electrónicamente por el asesor jurídico del quejoso ********************, mediante el cual pretende desahogar la prevención realizada en el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Ahora bien, del escrito que se atiende, se advierte que el promovente hace manifestaciones en relación con los hechos y abstenciones relativos a los antecedentes del acto reclamado. En ese sentido, es necesario precisar que conforme a lo previsto en el citado artículo 12 de la Ley de la materia, el quejoso o el tercero interesado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal para oír notificaciones en su nombre, quien podrá interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar la suspensión o su diferimiento, pedir la emisión de sentencia para evitar la caducidad o sobreseimiento por inactividad procesal y realizar los actos necesarios para defender los derechos del autorizante. Asimismo, en las materias civil, mercantil, administrativa, penal y laboral (tratándose del patrón), la persona autorizada conforme a la primera parte de ese párrafo, deberá acreditar encontrarse legalmente autorizada para ejercer la profesión de abogado. En la especie, quien desahoga la prevención es ********************, asesor jurídico que no obstante de estar autorizado por el quejoso en términos amplios conforme a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional; carece de facultades para desahogar la citada prevención. Lo anterior se afirma, toda vez que la acción de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada, y es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y a quien en todo caso le constan los hechos ocurridos y narrados en el libelo constitucional. Luego, en el presente asunto, uno de los requerimientos formulados en el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, consistió en manifestar bajo protesta de decir verdad los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado en la presente instancia constitucional. Lo anterior, toda vez que dicho requerimiento resultó indispensable en términos de lo establecido en la fracción V del artículo 108 de la Ley de la materia; por ende, es evidente que al tratarse de hechos inherentes a la parte quejosa (propios), el ocursante carezca de facultades para desahogar tal requerimiento. En razón de lo expuesto, no ha lugar a tener por cumplido el requerimiento formulado en el auto de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. En tales condiciones, al no encontrarse satisfecha la prevención formulada en el citado auto, hágase del conocimiento a la parte quejosa que deberá satisfacer lo anterior dentro del plazo de un día, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación, esto en virtud de que el promovente presentó el ocurso que se atiene mediante el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación el seis de junio de dos mil veintitrés, como se aprecia en la firma electrónica del promovente que aparece al final del documento enviado; es decir, en el cuarto día del plazo inicialmente concedido, toda vez que el auto de diecisiete de mayo del presente año, se le notificó por conducto de su asesor jurídico el treinta siguiente y surtió efectos el treinta y uno de mayo pasado, entonces, el plazo inicialmente otorgado para cumplir tal requerimiento transcurría del uno al siete de junio del año en curso. . Notifíquese; y a la parte quejosa por conducto de su asesor jurídico.

  4. Principal

    IX.- Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa y su asesor jurídico, en proveídos de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, sin que a la fecha hayan realizado manifestación alguna respecto de la aclaración de la denominación de las autoridades señaladas como responsables "Director General de Política Penitenciaria, con residencia en la Ciudad de México" y "Director General de Desarrollo Penitenciario con residencia en la Ciudad de México". En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento con el cual se conminó a la parte quejosa, y, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo; se dejan de tener como autoridades responsables a las precisadas en supralíneas, para los efectos legales conducentes. Notifíquese; y al quejoso por conducto de su asesor jurídico.

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