Pablo Alvear Rosas
Expediente 774/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 15/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Pablo Alvear Rosas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, quince de julio de dos mil dieciséis. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 774/2016-IV, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido a la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia en el primer punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, tomando en consideración el estado de los autos y apareciendo de los mismos se sobreseyó el presente juicio, y al no existir documentos originales aportados por las partes, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 774/2016-IV-B, promovido por Pablo Alvear Rosas, por derecho propio, contra actos del Congreso del Estado de Morelos; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día, Pablo Alvear Rosas, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del Congreso del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. La demanda se admitió a trámite por acuerdo de seis siguiente; se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguida la secuela procesal, por auto de dieciséis de junio se fijaron las trece horas con cincuenta y nueve minutos del veintitrés de junio de dos mil dieciséis, para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, 48 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado y se presentó la demanda. SEGUNDO. Precisión del(los) acto(s) reclamado(s). Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el(los) acto(s) reclamado(s). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así, este es el acto reclamado: La falta de respuesta a la petición presentada al Congreso del Estado de Morelos, el uno de abril de dos mil dieciséis. TERCERO. Certeza del(los) acto(s) reclamado. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos al rendir el informe justificado (fojas 21 a 23). Sin perjuicio de lo que más adelante se diga, la existencia del acuerdo de veintidós de abril de dos mil dieciséis, no conduce a tener por inexistente el acto reclamado, ya que ése fue notificado al quejoso hasta el once de mayo actual, de tal suerte que a la presentación de la demanda de amparo, el acto reclamado existía. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen. Se actualiza la causa prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que en lo conducente dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Ya que el quejoso reclamó violación a su derecho de petición, antes de dar las razones que fundan la improcedencia del juicio, conviene abordar de forma breve en qué consiste ese derecho. El derecho de petición está previsto en el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se traduce en que a toda solicitud de los gobernados presentada por escrito ante cualquier autoridad (incluyendo la jurisdiccional), de manera respetuosa y pacífica, debe recaer una respuesta por escrito y en forma congruente, haciéndola del conocimiento de aquéllos en breve plazo, pero sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. El citado artículo dice a la letra: "Art. 8o.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Luego, podemos decir que el artículo 8º Constitucional, protege el derecho del gobernado a recibir respuesta de la autoridad a la que formule una pregunta o solicitud, siempre que lo haga de forma pacífica y respetuosa, en la medida que impone a la autoridad el deber de responder de manera congruente, por escrito y en breve término y, en caso que el promovente señale domicilio para ser notificado, quedará sujeta a hacer de su conocimiento la respuesta en ese domicilio. Si el aludido precepto no obligara a la autoridad (con ciertas salvedades desde luego) a responder la petición del gobernante, a causa que aquélla, por su solo carácter de autoridad está en un estatus superior, podría simplemente no responder. Entonces, para considerar que la autoridad cumple con la obligación que le impone el artículo 8º Constitucional, debe dar respuesta congruente y por escrito a la petición y hacerla del conocimiento del solicitante en breve término y si éste señaló domicilio para ser notificado, la autoridad queda sujeta a comunicarle su decisión en ese domicilio, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. Al respecto, se invoca como apoyo esta jurisprudencia: Tesis: 2a./J. 98/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 181149 1 de 1 Segunda Sala Tomo XX, Julio de 2004 Pag. 248 Jurisprudencia(Común) DERECHO DE PETICIÓN. PARA EXIGIR A LA AUTORIDAD QUE DÉ A CONOCER SU RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN BREVE TÉRMINO, ES NECESARIO QUE ÉSTE SEÑALE DOMICILIO PARA TAL EFECTO. Conforme al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todo gobernado tiene la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad, formulando una solicitud escrita que puede tener el carácter de simple petición administrativa, acción, recurso o cualquier otro, y ante ella las autoridades están obligadas a dictar un acuerdo escrito que sea congruente con dicha solicitud, independientemente del sentido y términos en que esté concebido. Ahora bien, además de dictar el acuerdo correspondiente a toda petición, el referido precepto constitucional impone a la autoridad el deber de dar a conocer su resolución en breve término al peticionario; para cumplir con esta obligación se requiere el señalamiento de domicilio donde la autoridad pueda notificarla al gobernado, de ahí que cuando se omite señalar dicho domicilio podrá alegarse que el órgano del Estado no dictó el acuerdo correspondiente, mas no que incumplió con la obligación de comunicarle su resolución en breve término, pues si bien la falta de señalamiento de domicilio no implica que la autoridad pueda abstenerse de emitir el acuerdo correspondiente, estando obligada a comprobar lo contrario ante las instancias que se lo requieran, así como la imposibilidad de notificar su resolución al promovente, tampoco significa que deba investigar el lugar donde pueda notificar la resolución, ya que el derecho del particular de que la autoridad le haga conocer en breve término el acuerdo que recaiga a su petición, lleva implícita su obligación de señalar un domicilio donde esa notificación pueda realizarse. Ahora bien, la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. La aludida regla general se funda en estas jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. El quejoso presentó su demanda de amparo el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. A la instauración del juicio de amparo ciertamente existía el acto reclamado, sin embargo, sus efectos cesaron con posterioridad, como se desprende de las documentales en copia certificada aportadas por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Morelos (fojas 24 a 26); las que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º. Del examen de las constancias se desprenden los siguientes hechos. Por oficio sin número de veintidós de abril de dos mil dieciséis, el presidente de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, contestó al quejoso la petición que formuló el uno de abril del año en curso y tuvo como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Calle Mariano Escobedo, 60, Colonia Rubén Jaramillo, Temixco, Morelos (foja 24). Al aludido oficio de veintidós de abril fue notificado personalmente al quejoso el once de mayo de dos mil dieciséis (foja 25). De hecho, en la cédula de notificación se lee "Recibí original del oficio que se cita. Pablo Alvear Rosas-firma ilegible- 11/05/2016". Luego, los actos positivos desplegados por la autoridad responsable, consistentes en la emisión del acuerdo de veintidós de abril de dos mil dieciséis y su notificación personal al quejoso, sucedida el once de mayo actual, hicieron cesar los efectos de la omisión reclamada, de forma total e incondicional; máxime que como quedó apuntado, la satisfacción del derecho de petición precisa que la autoridad responda la solicitud del promovente y, en su caso, le haga saber la respuesta; actos que la autoridad responsable llevó a cabo. Por tanto, la omisión reclamada por el quejoso ya no surte efectos en su esfera jurídica, porque desapareció a causa de los aludidos actos positivos llevados a cabo por la autoridad responsable. Lo anterior encuentra sustento en las siguientes jurisprudencias: Tesis: 2a./J. 205/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 168189 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXIX, Enero de 2009 Pag. 605 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 193758 46 de 80 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Pág. 38 Jurisprudencia(Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tesis: 2a./J. 9/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196820 28 de 127 Segunda Sala Tomo VII, Febrero de 1998 Pág. 210 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. El hecho que la petición no haya sido respondida por el Congreso del Estado de Morelos, a quien se dirigió, no es obstáculo para considerar la procedencia de la cesación de efectos del acto reclamado. Lo anterior obedece a que no es dable abordar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la respuesta dada por la autoridad responsable, porque el quejoso no la impugnó, aun y cuando la conoció expresamente a través de la notificación personal que aquélla le practicó, lo que de hecho ocurrió antes de la rendición del informe justificado, por lo que este tribunal no puede motu proprio, emprender su estudio, pues implicaría sustituirse a aquél e integrar a la litis un acto que no reclamó. A mayor abundamiento, dado que los actos de las autoridades, de conformidad con el artículo 16 de la Carta Magna, gozan de la presunción de legalidad, es válido -sin que esto implique una afirmación- presumir que la respuesta fue emitida por quien fue considerada competente para hacerlo; máxime que el quejoso tiene expedito su derecho para recurrirla la respuesta. Lo argumentado encuentra apoyo en estas tesis: Tesis: 2a./J. 183/2006 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 173716 1 de 1 Segunda Sala Tomo XXIV, Diciembre de 2006 Pag. 207 Jurisprudencia(Constitucional, Administrativa) PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido. Tesis: 1a./J. 6/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 191752 1 de 1 Primera Sala Tomo XI, Junio de 2000 Pag. 50 Jurisprudencia(Constitucional, Administrativa) PETICIÓN, DERECHO DE. CUÁNDO SE CUMPLE CON LA GARANTÍA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 8o. DE LA CARTA MAGNA. Si la protección federal se otorgó por violación a la garantía de petición consagrada en el artículo 8o. constitucional, para que las autoridades responsables dieran contestación congruente por escrito y en breve término a la solicitud formulada por el quejoso, tal exigencia se cumple cuando una de las autoridades responsables, director general de Recursos Humanos de la Procuraduría General de la República, subordinada a otra autoridad responsable, oficial mayor de la misma dependencia, da contestación a la solicitud por instrucciones de éste, aunque esta última autoridad no haya dado contestación, en tanto que se trata de autoridades de una misma dependencia y fundamentalmente lo que pretende la garantía constitucional invocada es la exigencia de dar contestación a la petición, toda vez que el precepto constitucional únicamente establece que el derecho de petición se cumpla en los términos antes especificados, por lo que la autoridad, independientemente de su cargo o jerarquía, tiene la obligación de contestar al peticionario y no dejarlo sin acuerdo alguno. Así, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, procede sobreseer en el juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. A causa del sobreseimiento, este juzgador se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar el estudio de los conceptos de violación y manifestaciones planteados en torno al acto reclamado, porque aquél no permite entrar al estudio de las cuestiones de fondo. Resulta aplicable esta jurisprudencia: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Séptima Época 239006 1 de 1 Segunda Sala Volumen 24, Tercera Parte Pag. 49 Jurisprudencia(Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. QUINTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/2003, 3/2005 y 15/2005, determinando el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral, guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Pablo Alvear Rosas, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por las razones expuestas en el considerando cuarto. SEGUNDO. Dése cumplimento al Acuerdo General 29/2007, de uno de noviembre de dos mil siete, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, remitiendo la información de esta sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe, hoy veintisiete de junio de dos mil dieciséis, en que las labores del juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
CUERNAVACA, MORELOS, DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Visto el estado procesal de los autos, tomando en consideración que el titular del juzgado tiene licencia para ausentarse el día de hoy y la suscrita licenciada Aletia González Huerta, funjo como encargada del despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud que ese numeral prevé en su párrafo primero que el secretario encargado del despacho únicamente se encuentra facultado para practicar las diligencias y dictar las providencias de mero trámite y resoluciones de carácter urgente, es decir, no puede dictar resolución definitiva en este asunto; en esas condiciones, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, Encargada del despacho por licencia oficial del Titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio 2081/2015 de veinticuatro de marzo de dos mil quince, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de junio de dos mil dieciséis. Agréguense a los autos para que obren como legalmente corresponda, el informe justificado que rinde la siguiente autoridad responsable: CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a los profesionistas propuestos para tal efecto y como domicilio el que indican por tratarse de su residencia oficial. Con relación a las pruebas que ofrecen, se tienen por anunciadas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, medios de convicción que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la celebración de la audiencia constitucional. Para dar tiempo a las partes para que se impongan de su contenido, se difiere la audiencia constitucional anticipadamente y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para su desahogo. Apoya a la anterior consideración la Jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Marzo de 2008, Pagina 151, Novena Época, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO. En el caso de que el informe justificado se presente en forma extemporánea, procede que el Juez de Distrito difiera la audiencia constitucional para otorgar a las partes el plazo de 8 días a que se refiere el artículo 149 de la Ley de Amparo, y en este tenor, el citado plazo debe transcurrir, en su integridad, entre la fecha en que se difiere la audiencia constitucional y la nueva señalada por ese motivo, por ser la única forma en que se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del informe y estén en aptitud de desvirtuar los razonamientos expresados por la autoridad responsable y, de considerarlo conveniente, preparar las pruebas conducentes, dándose viabilidad al plazo a que se refiere el artículo 151 de la ley en cita, para la preparación y desahogo de las pruebas pericial, testimonial y de inspección judicial." Cabe destacar que dicha jurisprudencia resulta aplicable al presente asunto, en virtud de que no se opone a la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril siguiente, según el Artículo Sexto Transitorio de dicha Ley, que dice: "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley." NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
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