Pablo Alfonso Barrales Osorio
Expediente 240/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/03/2023
Partes del expediente
- Pablo Alfonso Barrales Osorio
Actuaciones
- Principal
Se declara que auto de veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Se ordena archivo.
- Principal
En ese sentido, en atención a la naturaleza del acto reclamado, se estima que el quejoso, previo a promover demanda de amparo, debió presentar la petición de atención médica ante la autoridad penitenciaria ante la cual se encuentra interno, en los términos precisados en la Ley Nacional de Ejecución de Penas y, ante la omisión de dar contestación a dicha petición, acudir ante el Juez de Control o Ejecución, toda vez que el acto reclamado (la omisión de proporcionar atención médica y medicamentos), se trata de una cuestión inherente a las condiciones de su internamiento, pues los acontecimientos de hecho y de derecho que se suscitan durante la reclusión, forman parte del procedimiento de ejecución, que es de naturaleza formalmente jurisdiccional. Es así, pues quien se duele de la afectación de un derecho, primero debe ejercer su acción ante la instancia administrativa o jurisdiccional, en el entendido que sólo en el caso de que agotado el trámite, la decisión final no le satisfaga y considere que se afecten sus derechos; entonces podrá acudir al juicio de amparo. Así, es factible establecer que si en la Ley Nacional de Ejecución Penal, se contempla la posibilidad de que las personas privadas de la libertad o aquéllas legitimadas puedan plantear peticiones ante la autoridad penitenciaria, en relación con hechos, actos u omisiones, relacionados con las condiciones de internamiento; o bien, ante el Juez de Ejecución, cuando se trate de casos urgentes, ello pone de manifiesto que es obligación de la persona sujeta a internamiento agotar dicho procedimiento, pues además, cuando se trata de casos urgentes, con la interposición de tal medio de impugnación se prevé la suspensión del acto combatido, sin prever mayores requisitos que los que establece la Ley de Amparo para la suspensión de los actos reclamados, al contemplarse que tal medida cautelar opera de oficio y de inmediato de conformidad con el artículo 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En tanto que, si se trata de un planteamiento que no tenga esa calidad de urgente, como sucede por ejemplo, con una solicitud de medicamentos genérica y todas aquéllas cuestiones que a pesar de no atenderse de inmediato, su subsistencia no deja sin materia la petición de que se trate, la legislación en estudio prevé que la solicitudes respectivas deberán plantearse ante el Director del centro para su atención y tramitación, quien tendrá la obligación de resolver lo conducente dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición, para lo cual deberá notificar lo correspondiente al peticionario, en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución; asimismo, en caso de que no se resuelva conforme a los intereses del promovente, el interno tiene la posibilidad de formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución; inclusive, que si la petición no fuera resuelta dentro del término legal, el gestionante estará en aptitud de acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión, lo cual deberá ser resuelto en un plazo no mayor a setenta y dos horas. En tal virtud, se reitera que el quejoso debió agotar el procedimiento a que aluden los diversos preceptos transcritos de la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues conforme a ellos las autoridades penitenciarias tienen el deber de atender todas aquellas cuestiones relativas al internamiento; pues, incluso, si el caso llega a ser considerado como urgente, el Juez de Ejecución Penal podría aplicar las medidas pertinentes para hacer cesar sus efectos, sin mayores requisitos que los que se establecen en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión. Cabe señalar que, en el caso no se surten las diversas excepciones al principio de definitividad previstas en el penúltimo párrafo de la fracción XX del artículo 61 invocado, porque no se está en el supuesto de que se aleguen sólo violaciones directas a la Constitución, ni que el acto carezca de fundamentación. En esa tesitura, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo planteada por ********* en favor de **********.
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