Pablo Alberto Rodríguez Román
Expediente 1/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 08/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Pablo Alberto Rodríguez Román
Actuaciones
- Principal
...Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de cuatro de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de registro de juicios de amparo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido...Notifíquese.
- Principal
...agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo ***, promovido por ***, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero, y otras autoridades; toda vez que dicho órgano jurisdiccional por acuerdo de treinta de noviembre de dos mi veintiuno, determinó procedente declarar la separación de autos, en los siguientes términos: "En ese orden de ideas, de mantener la unidad de los juicios, la tramitación de los mismos, así como la resolución que se dicte en definitiva podría ser confusa al ser probable que en un mismo juicio, se conceda la protección constitucional, o bien, se niegue o sobresea el juicio, respecto de los actos de referencia, por cada una de los quejosos, dificultándose en todo caso, los recursos que se llegaran a promover; por tanto, se estima necesario tramitarlos de forma independiente. En las relatadas condiciones, en aras de una pronta y eficaz administración de justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitucional Federal, se estima que es procedente la separación de autos, para dar mayor claridad, celeridad y autonomía al trámite y resolución de la demanda de amparo, y a fin de evitar resoluciones confusas, pues como se ve, las promoventes del amparo, se duelen de actos autónomos, que se encuentran desvinculados entre sí, pues cada uno de ellos atañe a los derechos laborales y personales que defiende." En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al conocimiento del asunto, en el entendido que el presente juicio constitucional, se seguirá únicamente respecto del acto reclamado por ***, que se atribuye al Presidente Municipal Constitucional de Zihuatanejo de Azueta, Guerrero y otras autoridades. Anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 1/2022, que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de mérito. (...) En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda, a fin de determinar su procedencia o improcedencia. "ARTÍCULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos legales transcritos se advierte la posibilidad de desechar una demanda de amparo indirecto, cuando del análisis de su contenido, incluyendo los anexos, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable; entendiéndose por lo primero, lo que no requiere de mayor demostración, y por lo segundo, de lo que se tiene certeza y plena convicción. En este sentido, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben dar lugar al desechamiento de la demanda, a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria; de lo contrario, se llegaría al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional. Es orientadora al respecto el criterio LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, Registro digital: 186605, página 448, que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.(...)." En este contexto, este Juzgado estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Luego, de la interpretación de las anteriores disposiciones legales, relacionados con la fracción I, del artículo 103 Constitucional, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el citado precepto no define el término de "autoridad", por lo que en este sentido se dejó al legislador ordinario la determinación del concepto contenido en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, tampoco ésta definió el vocablo mencionado, pues al efecto se limitó a establecer un aspecto accidental del concepto y no su esencia. Ciertamente, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que dicta, promulga, pública, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Es decir, el legislador únicamente hizo referencia a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Jurisprudencialmente, se ha sustentado que para efectos del amparo, es autoridad la que tiene o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. (...)." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema tratado emitió la tesis 2a. XXXVI/99, visible a página trescientos siete, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. (...)." De las tesis transcritas, se puede determinar que para los efectos del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar, cuales son actos de autoridad, debe atenderse a la clasificación de la teoría general del derecho, conforme a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Al respecto, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, modificó el concepto de autoridad responsable que se tenía en la anterior legislación, al establecer que los particulares pueden tener esa calidad, cuando realicen actos establecidos en una norma y con su actuar afectan derechos fundamentales de los gobernados, en cumplimiento a la función que les determine un cuerpo legal. En consecuencia, para definir que los actos reclamados en un juicio de amparo, se tratan de actos de autoridad (ya sea realizados por una autoridad o por un particular), debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley. Por tanto, debe resaltarse que no todos los actos emitidos por particulares son impugnables en el juicio de amparo, ya que sólo pueden ser materia de análisis en el juicio constitucional, los que emitan y se equiparen a un acto de autoridad, esto es, aquellos que estén determinados por una norma general, que coloca al particular en una relación de supra a subordinación respecto del gobernado ejerciendo una fuerza pública en una aplicación de imperio que lo equipara a una entidad pública, sin actuar con libre albedrio, si no en cumplimiento a lo autorizado por el Estado. Con base, en lo expuesto se advierte, como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente o particular, de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un gobernado. b) Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente o particular, de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad (aun colaborando como un auxiliar de aquella facultad); c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado; y, d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página mil ochenta y nueve, del tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. (...)." De ello se desprende que las características del acto de autoridad no fueron modificadas por el precepto 5° de la actual ley de la materia, sino que se introdujo una concepción distinta de los sujetos que pueden fungir como autoridad responsable para los efectos del juicio, que como se explicó son los particulares cuando actúan en ejercicio de las facultades que les ha conferido la ley y no en defensa de sus intereses. Por tanto, se tiene que bajo la misma naturaleza de los actos de autoridad, algunos equivalentes pueden ser realizados por particulares, es decir, éstos deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Es aplicable a lo anterior la tesis aislada número III.4o.C.10 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, emitida en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro catorce, enero del dos mil quince, tomo III, localizable en la página mil ochocientos veintiocho, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. (...)." Ahora bien, en el caso, Pablo Alberto Rodríguez Román, por propio derecho señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Lic. Jorge Sánchez Allec, en su carácter de Presidente Municipal Constitucional de Zihuatanejo, Guerrero. 2 Lic. Alejandra Rivero Niño, en su carácter de Directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero. 3. Lisseth Gutiérres Solís, en su carácter de Tesorera Municipal del Honorable Ayuntamiento de Zihuatanejo, Guerrero. 4 Jorge Barrios Flores, en su calidad de Director de Seguridad Pública Municipal de Zihuatanejo, Guerrero. (.) ACTOS RECLAMADOS De las cuatro se reclama suspensión de nuestras labores y haberes, así como la baja de servicio fuera de procedimiento, ya que debido a la falta de algún acto escrito, no nos es posible proporcionar mayor información. Sin embargo, de acuerdo a las facultades de cada autoridad, se señala: De la Primera, reclamamos la orden de suspender nuestros pagos de haberes y nuestro servicio. De la Segunda y Tercera, reclamamos la orden de suspensión del pago de nuestros haberes y los trámites administrativos para darnos de baja. De la Cuarta reclamamos la ejecución de suspender nuestras labores y haberes. Se reitera que de las cuatro se reclama nuestra baja del servicio fuera de procedimiento." De lo anterior, se obtiene que las actuaciones que se reclaman no se realizaron en un plano de supra a subordinación, ya que sus actos no se encuentran revestidos de imperio, ni como entidades públicas, ni como un particular actuando como autoridades municipales, pues a quienes se les imputa el carácter de responsables, no actúan con base en una ley, sino en los derechos derivados de la relación laboral que une al quejoso con el Presidente Municipal de Zihuatanejo, Guerrero, con residencia en esa localidad, que señala como autoridad responsable y otras autoridades. De ahí que, los actos efectuados por los titulares de las dependencias señaladas como responsables, no los ejecutan con base en una ley, sino como consecuencia de la relación laboral que sostiene con la inconforme, y su actividad no puede equipararse a una de imperio, ni concedida por parte del Estado, ni regulada en ley. Al efecto, como se señaló, si bien el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 5°, de la ley de la materia, prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos sustantivos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo cierto es que, tales elementos no se advierten en los actos atribuidos a las indicadas autoridades municipales, señaladas como autoridades responsables, dado que quedan comprendidos dentro de una relación de trabajo; relación contractual, en el que se actúa en un plano de igualdad, y no como autoridad para efectos del juicio de amparo, de modo que sus actuaciones no implican actos propios de autoridad, porque se rigen por la voluntad de las partes, en la defensa de sus intereses dentro de la relación laboral. En efecto, la relación existente entre el quejoso y las citadas autoridades señaladas como responsables, es de coordinación con motivo de la relación laboral que las une, por lo que sus actos no se traducen en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no fue emitida en función de lo facultado por alguna norma general. De ahí que, si la relación de la parte quejosa y las aludidas autoridades responsables, resultan de naturaleza laboral, dicha situación impide acudir al juicio de amparo indirecto. Por tal motivo, se actualiza la causal de improcedencia ya invocada. De ahí que, no es la vía constitucional sino un procedimiento ordinario laboral que al efecto se siguiera, en que se tendría que dilucidar, a la luz de las leyes aplicables, en donde deberá ser estudiado por la autoridad que corresponda. Apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia III.4o.T. J/3, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Visible en la página 1639, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. (...)." En consecuencia, al quedar demostrado que los actos reclamados no pueden ser considerados como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues deriva de una relación de coordinación entre el quejoso y las autoridades señaladas como responsables, se concluye que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. (...) Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a I*** E******* C***** E******. De conformidad al numeral 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal toma nota de que el propone el número telefónico 744*******, para entablar comunicaciones no procesales, para los efectos conducentes. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona el usuario: "*******", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por su parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes catorce de junio de dos mil diecinueve, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."; se autoriza que por dicho medio se le realicen únicamente las notificaciones personales. En cambio, las demás notificaciones que se ordenen en sumario, que no ameriten realizarse de manera personal, se publicarán por medio de lista electrónica...
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