Pablo Alberto Álvarez García
Expediente 132/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 132/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Pablo Alberto Álvarez García
Actuaciones
- Principal
México, Ciudad de México, a catorce de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de CINCO DÍAS para recurrir el proveído de ocho de abril de dos mil veintidós, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE HA QUEDADO FIRME EL AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO promovida por Pablo Alberto Álvarez García. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al archivo de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al treinta de marzo de dos mil veintitrés. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a la parte quejosa.
- Principal
México, Ciudad de México, a ocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 58/2022-II, número de orden 58/2022-II, toda vez que su contenido fue materia del diverso proveído de cinco de abril del año en curso. Por otra parte, téngase por recibido el escrito de cuenta presentado por el quejoso ******, por medio del cual, desahoga la prevención formulada en auto de siete se marzo del año en curso; por tal motivo, se procede a proveer respecto de la demanda de amparo en los siguientes términos: PERSONALIDAD La demanda la promueve ******* por propio derecho, en contra de los actos que reclama del Juez Décimo Octavo de lo Civil y Novena Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, ambas de la Ciudad de México. ACTO RECLAMADO De la lectura del escrito de demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Sala responsable en el toca ****/2015/002, que confirmó el auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio especial hipotecario ****/2015, seguido por **** en contra de ****** aquí quejoso, tramitado ante el Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México, que aprobó la adjudicación directa a favor de la parte actora respecto del bien hipotecado. ANTECEDENTES DE LOS ACTOS RECLAMADOS Ahora bien, de la demanda de amparo y escrito de desahogo, se desprenden los siguientes antecedentes, en relación al acto reclamado: 1) El acto reclamado deriva de un juicio especial hipotecario, seguido por ***** en contra de ******, radicado con el número ****/2015, del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil de la Ciudad de México. 2) Seguida la secuela procedimental, se dictó sentencia definitiva en donde se condenó al quejoso al pago de $1`061,079.77 (un millón sesenta y un mil setenta y nueve pesos 77/100 moneda nacional, por concepto de suerte principal, $55,702.05 (cincuenta cinco mil setecientos dos pesos 05/100 moneda nacional), por concepto de intereses ordinarios generados al diecisiete de agosto de dos mil catorce y $2,795.31 (dos mil setecientos noventa y cinco pesos 31/100 moneda nacional), por conceptos de intereses moratorios devengados al diecisiete de diciembre de dos mil catorce. 3) Mediante resolución interlocutoria de doce de julio de dos mil veintiuno, se aprobó el incidente de liquidación de intereses ordinarios, moratorios e impuesto al valor agregado. 4) Previo avaluó por auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se aprobó la adjudicación directa a favor de la parte actora respecto del bien hipotecado. FUNDAMENTO DEL DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo, pero si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE SE ACTUALIZA Ahora bien, de oficio se advierte que en el presente caso se ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107, fracción IV, párrafo tercero, ambos de la Ley de Amparo, ya que la resolución reclamada no es la última dictada dentro del procedimiento de remate. Los citados preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." En el segundo de tales preceptos se prevé la procedencia del juicio de amparo indirecto contra la última resolución dictada dentro del procedimiento de remate, definida como aquella que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2015, emitió la jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, Materia Común, página 1066, que dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial. En la ejecutoria que dio origen al citado criterio, el Alto Tribunal dejó sentado que la última resolución en el procedimiento de remate, no es la que lo aprueba o lo desaprueba, porque no pone fin a ese procedimiento, sino aquella que ordena en forma definitiva la escrituración, o bien, la entrega del bien inmueble rematado, ya que ambas órdenes constituyen efectos connaturales al acto de adjudicación, por lo que resulta indistinto que se ordene únicamente la escrituración o bien la entrega del bien para estimar actualizada la última resolución del remate. Al respecto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la última resolución respecto al tema de la formalización de la adjudicación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, debe ser la que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura, pudiendo ser la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, pues a través de esa resolución se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario. Así, se desprende de la tesis de jurisprudencia 1a./J. 57/2019 (10a.), con registro 2020631, visible en la página 110, de la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 70, Septiembre de 2019, Tomo I, que dice: "ESCRITURACIÓN EN EL REMATE. LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA SU OTORGAMIENTO EN FORMA VOLUNTARIA. La interpretación gramatical, teleológica y funcional del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, lleva a concluir que en los procedimientos de remate, tratándose de la formalización de la venta judicial, la última resolución es aquella que en definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación en forma voluntaria. En la disposición apuntada, el legislador democrático dispuso que el juicio de amparo indirecto procede contra actos realizados fuera de juicio o después de concluido, no obstante, a fin de resguardar la operatividad del sistema del juicio de amparo y evitar dilaciones innecesarias en la ejecución de sentencias, estipuló que únicamente procederá contra la última resolución dictada en esa etapa. Lo anterior refleja una lógica en el requisito de procedibilidad del juicio de amparo indirecto que pretende dos objetivos, el primero, asegurar que no existirá ningún acto posterior a esa última resolución, por el cual se puedan modificar, revocar o cesar los efectos del acto reclamado en el juicio de amparo y, el segundo, evitar dilaciones y obstáculos innecesarios en la ejecución de sentencias emanadas de los procedimientos jurisdiccionales. Ahora, en lo que ve al procedimiento de remate y en el preciso tema de la formalización de la adjudicación, la norma es precisa al definir la última resolución como aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura. Al respecto, la definitividad a la que se refiere el precepto en cuestión deriva de la inimpugnabilidad del acto y no de la actuación material que, frente a esa determinación, pueden adoptar las partes. En ese tenor, la circunstancia de que la resolución que ordena el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, apela a la voluntad de la persona a la que va dirigida la orden, pero la eficacia de lo ordenado no depende de la actitud que pueda adoptar el ejecutado, si se considera que la eventual contumacia de éste, solamente dará lugar a que dicha facultad de otorgar la escritura pase al juzgador, con lo que se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario y, en tal virtud, no existe razón fundada para esperar a que se haga efectivo el apercibimiento a fin de acudir al juicio de amparo, pues con motivo de aquel requerimiento, el quejoso estará en aptitud de hacer valer las violaciones que, en su concepto, se hubieren presentado durante el procedimiento de remate, sin el riesgo de incurrir en prácticas dilatorias indeseables ni contravenir los objetivos perseguidos por el legislador, en el sentido de impedir la promoción desmesurada de juicios de amparo." En el presente caso, el acto reclamado no constituye la última resolución dictada dentro del procedimiento de remate, pues en ésta no se ordenó en forma definitiva el otorgamiento de la escritura, ya que constituye la resolución de tres de febrero de dos mil veintidós, que confirmó el auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, que aprobó la adjudicación directa a favor de la parte actora respecto del bien hipotecado. En esas condiciones, la resolución que en forma definitiva ordene el otorgamiento de la escritura, según el actual criterio sustentado por el Máximo Tribunal del País, de observancia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, puede ser la resolución que ordene el otorgamiento voluntario de la escritura, con apercibimiento de que el Juez lo hará en caso de rebeldía, pues a través de esa resolución se consolida el derecho sustantivo de propiedad en favor del adjudicatario. Además, tampoco se ha ordenado la entrega del bien hipotecado. DETERMINACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y por el 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por *****. Lo anterior guarda congruencia al considerar que admitir y dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que el promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de garantías y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. Además, cabe precisar que la anterior determinación no implica transgresión a los derechos humanos del promovente o denegación de justicia, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional no tiene la obligación de resolver de manera favorable a los intereses de la solicitante de amparo, por lo que al haberse actualizado una causal de improcedencia prevista en la ley de amparo y por tal motivo desecharse de la demanda de amparo, es una forma de impartir justicia por este órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 de la Novena Época, con número de registro 174737, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, Materia Común, página 921 de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DEL PROMOVENTE En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio del peticionario de amparo la lista de publicación, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de siete de marzo de dos mil veintidós; lo anterior hasta en tanto proporcione un domicilio dentro de la jurisdicción de este juzgado. Asimismo, se tiene por autorizado al profesionista que señala y a las personas que indica, en términos de la última parte, segundo párrafo, del artículo 12, con relación al segundo párrafo del artículo 24, ambos de la Ley de Amparo, ya que el primero no acredita que se encuentre legalmente autorizado para ejercer la profesión de abogado, toda vez que no proporciona el número de su cédula profesional, requisito que además de ser exigido por el citado ordenamiento, resulta necesario para corroborar la no existencia de homónimos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CCXVIII/2007, registro 171234, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 184, Tomo XXVI, octubre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. SU DESIGNACIÓN SE ENTENDERÁ OTORGADA DE MANERA AMPLIA CUANDO NO SE ACOTE EXPRESAMENTE Y SE CUMPLAN LOS REQUISITOS PARA EJERCER LAS FACULTADES A QUE SE REFIERE ESE NUMERAL." MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la utilización de medios electrónicos para la consulta del presente expediente, en términos de la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE EXHORTA A LAS PARTES CONTINUAR EL TRÁMITE DEL PRESENTE JUICIO VÍA ELECTRÓNICA Debido a la contingencia sanitaria provocada por el virus covid-19, de conformidad con lo previsto en los artículo 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia Sanitaria, se exhorta a las partes a que continúe su tramitación vía electrónica, para lo cual deberán realizar el registro correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, crear su usuario y proporcionarlo ante éste órgano jurisdiccional para acceder al expediente electrónico y notificarse por dicho medio. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles para que se practiquen todas y cada una de las notificaciones que se ordenen en el presente expediente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo. ACUERDO DE TRANSPARENCIA Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, haciendo del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y IV y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información pública y sobre todo atendiendo a lo establecido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete y que entró en vigor al día siguiente de su publicación, por lo que las partes deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, bajo la perspectiva que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese por lista al quejoso.
- Principal
México, Ciudad de México, a cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese para que obre como corresponda el oficio de cuenta, proveniente del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, obtenido del módulo de promociones electrónicas del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), mediante el cual DEVUELVE DILIGENCIADO el exhorto 58/2022-II, número de orden 58/2022-II, del índice de este juzgado, que se libró a efecto de notificar al quejoso ******; DESE DE BAJA EL REFERIDO EXHORTO en el libro correspondiente y sin lugar a acusar el recibo a la autoridad federal oficiante por así haberlo solicitado. Sin que pase desapercibido que del oficio se refiera que devuelve el exhorto sin diligenciar, toda vez que de las constancias que acompaña se evidencia que diligenció el exhorto de mérito. Notifíquese por lista al quejoso.
- Principal
México, Ciudad de México, a siete de marzo de dos mil veintidós. Notifíquese por exhorto al promovente.
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