Pablo Aguirre Cordero

Expediente 186/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
186/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
03/05/2023

Partes del expediente

  • Pablo Aguirre Cordero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se declara que ha causado estado la determinación en que se desechó parcialmente la demanda de amparo. Con fundamento en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, concluyó el término de impugnación del proveído de doce de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina destruir la presente pieza de actuaciones, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Acepta competencia declinada por este Juzgado Federal. Agréguese a los autos el oficio remitido por la secretaria del Tribunal Colegiado de Apelación del Decimoprimer Circuito, con residencia en Morelia, Michoacán, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa e informa que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del acto reclamado respecto del cual se declinó la competencia. De lo anterior, se toma el debido conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Defensor Público Federal desahoga requerimiento. Agréguense a los autos el escrito y anexo que remite Miguel Ángel González Barrera, defensor Público Federal y/o asesor jurídico del quejoso Pablo Aguirre Cordero, mediante los cuales, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en auto de treinta de marzo del año en curso, manifiesta su imposibilidad para desahogar la prevención de manera conjunta, en virtud de que al entrevistarse con el directo quejoso éste le manifestó que ya había mandado escrito desahogando la prevención conforme a sus intereses, solicitando que dicho escrito sea tomado en consideración para determinar lo que en derecho corresponda, y para acreditar su dicho, anexa copia de la constancia de visita presencial respectiva. Por otra parte, como lo solicita el referido profesionista, se le autoriza el acceso al expediente electrónico al usuario que proporciona (MAGB1978), toda vez que se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por su parte, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente juicio y que ameriten notificación personal, al usuario referido. En consecuencia, se comisiona a la Oficial Judicial "A", para que aperture los campos necesarios para la notificación y consulta electrónica del presente expediente, al referido defensor público federal. De igual forma, se le tiene proporcionando correo electrónico y número telefónico, los cuales serán tomados en consideración en caso de requerir comunicaciones no procesales durante el trámite del presente asunto. II. Fijación de la litis constitucional. Ahora bien, de la lectura de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio recibido el veintisiete de marzo del año en curso, se advierte que la parte quejosa reclama: a) La resolución dictada por la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el expediente SIPE 338/2019, en la que se negó el beneficio de la libertad condicionada al quejoso. b) La determinación emitida por el entonces Primer Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el recurso de apelación 149/2020, que confirmó la resolución contenida en el inciso anterior. III. Desechamiento parcial de la demanda de amparo. Ahora bien, por lo que ve al acto reclamado contenido en el inciso a), se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. Al respecto, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "(.) el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (...)." De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, respecto al acto reclamado identificado con el inciso a), consistente en la resolución dictada por la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el expediente SIPE 338/2019, en la que se negó el beneficio de la libertad condicionada al quejoso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 1°, fracción I, 5º, fracción I y 6º, de la propia legislación, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)." De cuyo contenido se colige que la existencia de una afectación real y actual en la esfera jurídica del particular, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, ya que sin ella la acción de control constitucional es improcedente; de ahí que tal afectación debe ser material y susceptible de apreciarse objetivamente, entendiéndose como tal, toda lesión u ofensa que la persona física o moral recibe en sus intereses jurídicos o legítimos en lo individual o colectivo, como resultado de la emisión o ejecución del acto reclamado. En efecto, conforme a los artículos de la Ley de Amparo transcritos con antelación, solo la parte a quien la norma general o cualquier otro acto u omisión de autoridad, viole sus derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es quien se encuentra legitimada para promover el juicio de amparo. Por tanto, es claro que cuando esa afectación proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto reclamado, el juicio de amparo es improcedente para combatir dicho acto y sus efectos, puesto que sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular; razón por la cual, debe sobreseerse en el juicio constitucional, ante la ausencia de una afectación real y actual, ocasionada por la emisión o ejecución del acto reclamado. Ahora bien, como puede observarse del contenido de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, la parte quejosa acude a reclamar la resolución dictada por la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el expediente SIPE 338/2019, en la que se negó el beneficio de la libertad condicionada al quejoso; empero, con posterioridad, el entonces Primer Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el recurso de apelación 149/2020, confirmó dicha determinación. De lo que se colige que la afectación en la esfera de derechos del peticionario del amparo, proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto que se estudia, consistente en la resolución dictada en el expediente SIPE 338/2019, y por tanto, es improcedente el juicio de amparo respecto a dicho acto reclamado, al resultar desacertado hacerlo valer para nulificar una actuación que ya no lesiona la esfera jurídica de la parte quejosa, pues la que aquí lo hace es la diversa señalada como acto reclamado, esto es, la resolución emitida por el entonces Primer Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el recurso de apelación 149/2020, que confirmó la determinación dictada en el expediente SIPE 338/2019, que negó el beneficio de la libertad condicionada al quejoso. Ello es así, debido a que el acto reclamado consistente en la resolución dictada por la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el expediente SIPE 338/2019, en la que se negó el beneficio de la libertad condicionada al quejoso, fue sustituida procesalmente por la resolución emitida por el entonces Primer Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el recurso de apelación 149/2020, resolución que es la que le irroga a la parte peticionaria del amparo una afectación real y actual a su esfera jurídica. Por todo lo anterior, se concluye que la determinación emitida por el entonces Primer Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el recurso de apelación 149/2020, sustituyó procesalmente a la diversa dictada por la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el expediente SIPE 338/2019, en la que se negó el beneficio de la libertad condicionada al quejoso. En tal virtud, dado que la determinación dictada por la jueza de Distrito Especializada en el Sistema Penal Acusatorio con competencia en Ejecución adscrita al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Guanajuato, Guanajuato, en el expediente SIPE 338/2019, en la que se negó el beneficio de la libertad condicionada al quejoso, fue sustituida procesalmente por la diversa emitida por el entonces Primer Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el recurso de apelación 149/2020, se concluye que el acto reclamado referido en primer término, no es el que en forma inmediata vulnera la esfera jurídica de la parte quejosa, de ahí que se actualice la causal de improcedencia examinada; por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar parcialmente la demanda de amparo, únicamente respecto al acto reclamado identificado con el inciso a). En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." IV. Incompetencia. Por otra parte, en relación al acto reclamado precisado en el inciso b), resulta necesario analizar la competencia de este Juzgado de Distrito para conocer del asunto planteado, en virtud de que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y preferentes. Así, este Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara incompetente para conocer y resolver el referido acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley de Amparo y 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, el artículo 36 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 36. Los tribunales colegiados de apelación sólo conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Será competente otro tribunal del mismo circuito, si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto reclamado. Por su parte, el artículo 35, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, señala: "Artículo 35. Los tribunales colegiados de apelación conocerán: I. De los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales colegiados de apelación, que no constituyan sentencias definitivas, en términos de lo previsto por la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juzgados de distrito. En estos casos, el tribunal colegiado de apelación competente será el más próximo a la residencia de aquél que haya emitido el acto impugnado; ." A efecto de analizar la competencia de este órgano jurisdiccional, resulta importante tener en consideración que los aspectos que se deben valorar en la competencia por razón de grado, se traducen en la naturaleza del acto que se impugna, ya sea que se promueva la demanda correspondiente como amparo directo o uniinstancial ante un Tribunal Colegiado de Circuito, o bien, ante un Juzgado de Distrito como amparo indirecto o biinstancial. En el presente asunto, como se dijo, este órgano jurisdiccional advierte que carece de competencia legal para conocer del mismo, atendiendo a los razonamientos siguientes: De la lectura integral de la demanda de amparo y en particular del escrito aclaratorio del quejoso recibido el veintisiete de marzo del año en curso, se advierte que reclama la resolución emitida por el entonces Primer Tribunal Unitario del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, Guanajuato, al resolver el recurso de apelación 149/2020, que confirmó la determinación emitida por el juez de Ejecución el uno de diciembre de dos mil veinte, dentro del SIPE 338/2019, en la que se le negó el beneficio de la libertad condicionada. Razón por la cual se estima queda comprendido dentro de los supuestos contemplados en el artículo 36 de la Ley de Amparo y en la fracción I del artículo 35, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por lo que se estima que su estudio es de la competencia del diverso Tribunal Colegiado de Apelación, con sede en Morelia, Michoacán, acorde al contenido del Acuerdo General 54/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al tratarse del tribunal más cercano a la residencia del Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Guanajuato, capital. En consecuencia, con fundamento en los numerales mencionados y el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal se declara legalmente incompetente para conocer del presente juicio y ordena remitirlo al Tribunal Colegiado de Apelación con sede en Morelia, Michoacán, para que tenga a bien resolver lo atinente a la incompetencia que se declina, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo, para debida constancia legal, ordenándose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y solicítese al tribunal declinado el acuse de recibo correspondiente.

  4. Principal

    Defensor público federal acepta y protesta cargo. Glósense a los autos el ocurso y anexos que remite el defensor público federal Miguel Ángel González Barrera, mediante los cuales acepta y protesta el cargo de defensor público y/o asesor jurídico del quejoso Pablo Aguirre Cordero, dentro del juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, se le tiene por aceptando y protestando el cargo conferido, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, se le tiene señalando correos electrónicos y número telefónico, los que se tomarán en consideración en caso de que se requiera realizar comunicación no procesal durante el trámite del presente juicio; asimismo, se le tiene realizando las manifestaciones a que se contrae su escrito de cuenta, de lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Se ordena notificación personal a defensor público federal. A fin de no dejar en estado de indefensión al quejoso Pablo Aguirre Cordero, se ordena notificar personalmente al defensor público federal Miguel Ángel González Barrera, el auto de veinticuatro de febrero del año en curso, en el que se previno a la parte quejosa, para su conocimiento y efectos legales correspondientes; asimismo, se ordena correrle traslado con copia del libelo de amparo y del escrito del quejoso recibido el veintisiete de los cursantes, mediante el cual pretende cumplir la prevención de referencia, a fin de que de manera conjunta la desahoguen en sus términos. Por otro lado, en virtud de lo manifestado por el defensor público federal que se apersona, indíquesele que el plazo de cinco días con el que cuentan para desahogar la prevención de mérito, comenzará a computarse una vez que se entreviste con el solicitante del amparo, lo que deberá acreditar de manera fehaciente ante este Juzgado. Se ordena notificación personal a defensor público federal. Finalmente, toda vez que dicho servidor público fue omiso en señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, o bien, un nombre de usuario registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por única ocasión notifíquesele el presente proveído en el primero de los correos electrónicos proporcionados, esto es, al correo magonzalezb@cjf.gob.mx, y se le requiere para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente auto señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, o en su caso, proporcione usuario registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para recibir notificaciones electrónicas. Apercíbase al requerido que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento legal o material que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en el numeral 237, fracción I, en relación con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo.

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