Pablo Aguillón Rodríguez

Expediente 879/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
879/2019
Año
2019
Actuaciones
11
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Pablo Aguillón Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    II...Matamoros, Tamaulipas, once de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, en atención a que no se interpuso el recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso e), y 86 de la Ley de Amparo, en contra de la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, por la que se sobreseyó en el presente asunto; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta materia, por disposición de su dispositivo 2°, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Por otra parte, vista la certificación de cuenta, se advierte que no existen recursos pendientes por resolver, mandatos por cumplimentar ni promociones por acordar; por tanto, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y tomando en cuenta que: a) Se decretó el sobreseimiento. b) La naturaleza del acto reclamado en este juicio. c) No ser asunto considerado de relevancia documental, en virtud de que no cuenta con particularidad alguna que permita establecer lo contrario y; d) No existen documentos originales. Por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  2. Principal

    II..Matamoros, Tamaulipas, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio promovido por Pablo Aguillon Rodriguez, contra actos de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Por escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, ante este Juzgado Federal, Pablo Aguillon Rodríguez promovió juicio de amparo indirecto, en contra de los actos y autoridades que a continuación se mencionan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. ACTOS RECLAMADOS: "De la responsable ordenadora reclamo la Omisión de Acordar las Pruebas Aportadas por el Actor, en la ETAPA DE OFRECIMIENTO Y ADMISIÓN DE PRUEBAS que tuvo verificativo desde fecha 29 de abril de 2019, y que a la presente fecha que se actúa se abstiene de acordar dentro del juicio laboral 461/6/2017, consignados en los artículos 8, 14, 16, 17 de nuestra carta magna. Así mismo reclamo de la responsable ordenadora reclamo la omisión y abstención de acordar los escritos signados por el suscrito, de fechas 21 de agosto, 5 de diciembre de 2017, los cuales determinan, para que, en la etapa de demanda y excepciones, conlleve a la correcta fijación de la Litis, que lo es: RESCISIÓN LABORAL ejercida por el trabajador dentro del expediente 461/6/2017, y nunca como ALEVOSAMENTE lo pretende la señalada responsable, controvirtiendo lo establecido en los artículos 8, 14, 16, 123, de nuestra Carta Magna, cabe agregar que dicha audiencia se llevó a cabo en fecha 25 de enero de 2019." (sic) Asimismo, narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes, y señaló como garantías violadas las contenidas en los artículos 8, 14, 16 y 17 constitucionales. SEGUNDO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DE LA DEMANDA. En auto de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito registró la demanda bajo el número 879/2019-II; la admitió a trámite; dio la intervención que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; asimismo, señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 4 y 5), la cual una vez integrado este expediente, previo diferimiento, tuvo verificativo según el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe acotarse que Pablo Aguillon Rodríguez, reclama la omisión de acordar las pruebas ofrecidas la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, así como los escritos de veintiuno de agosto y cinco de diciembre de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral 461/6/2017. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el arábigo 1347, en la página 1511 del Tomo II, Materia Procesal Constitucional 1, Común, Primera Parte, Décima Primera Sección, Sentencias de amparo y sus efectos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, Novena Época, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Asimismo, ilustra sobre el particular, la tesis VI/2004, del propio Pleno del Tribunal Constitucional, localizable en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado en relación a los escritos de veintiuno de agosto y cinco de diciembre de dos mil diecisiete, negó la existencia de los actos que se le reclamaron, sin que la parte quejosa haya desvirtuado tales manifestaciones. En ese tenor, el quejoso no desvirtuó la negativa que realizó la autoridad en comento; consecuentemente en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de garantías, respecto a los actos reclamados precisados en el párrafo que antecede. Al respecto tiene aplicación la jurisprudencia número 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo texto es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se le atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado relativo a la omisión de proveer respecto al acuerdo admisorio de pruebas, manifestó que era cierto el acto reclamado, toda vez que en la fecha que rindió el aludido informe, acordó lo procedente al respecto. Además, esa existencia se constata, ya que al informe justificado adjuntó diversas constancias al momento de rendir su informe justificado, a las cuales se atribuye valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En ese orden de ideas, se tienen por ciertos los actos de autoridad en términos del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 278, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso particular, este juzgador estima que se evidencia en forma patente la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, cuyo contenido dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es importante transcribir el precepto 77 de la misma legislación: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia en el juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque lo que se reprocha, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la jurisprudencia número 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 81, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, la parte quejosa reclamó la omisión de acordar las pruebas aportadas en la etapa de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas, dentro del expediente laboral 461/6/2017 de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Ahora, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se observa que ésta emitió el pasado dieciocho de octubre del año en curso (fojas 28 a 31), dentro del expediente laboral 461/6/2017, el acuerdo de respecto a las pruebas ofrecidas por el aquí quejoso. Determinando que con ello se restituyó a la parte quejosa, en el goce de los derechos fundamentales violados; esto es, cambió la situación de incertidumbre en que se encontraba ante la abstención por parte de la autoridad responsable de acordar respecto a las pruebas ofrecidas dentro del expediente laboral 461/6/2017, del índice de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. En tales condiciones, han cesado los efectos de los actos reclamados, lo que provoca que se actualice la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que conlleva a sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la legislación de la materia. Dado el sentido de este fallo, no se analizarán los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo, en tanto que el sobreseimiento del juicio impide realizar el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos combatidos. Ello en acatamiento a la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 88, Volumen 187-192, Primera Parte, Séptima Época, registro electrónico 232302, del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente; se, RESUELVE: Único. Se sobresee en el presente juicio constitucional promovido por Pablo Aguillon Rodriguez, respecto del acto que reclamó de las autoridades que se precisaron en los considerandos tercero y quinto de esta resolución, por los motivos expuestos en dichos apartados. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Matamoros, Tamaulipas, cuatro de noviembre de dos mil diecinueve. En términos del artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, téngase por recibido y agréguese a sus autos para que obre como corresponda la intervención ministerial 388/2019, suscrita por el Fiscal de la Federación, adscrito a este Juzgado de Distrito, a través del cual, conforme a lo dispuesto por el numeral 124 de la citada ley, se le tiene formulando los alegatos de su intención, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al momento de resolver el presente asunto. Asimismo, una vez que se emita la resolución respectiva, expídase al representante social de la federación adscrito, la copia a que hace referencia en el alegato ministerial de cuenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, previa constancia de recibo que se deje en autos. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Luis Eduardo Ogazón Nava, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    II. De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, emplazo a la presente contienda constitucional, al tercero interesado José Guadalupe Arreola Reséndiz; igualmente, le notifico el auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir el emplazamiento y notificación respectivos de manera personal; en la inteligencia que las copias del escrito de demanda, se dejan a su disposición en la actuaría de este juzgado.

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