Pablo Aguilar Pineda

Expediente 995/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 18 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
995/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
04/02/2022

Partes del expediente

  • Pablo Aguilar Pineda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad de México, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, y en atención a la certificación que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo para que la parte quejosa, que es a quien pudiera causar perjuicio, interpusiera recurso de revisión en contra de la resolución emitida por este Juzgado Federal el diez de enero de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado. Comuníquese a las partes la presente determinación; háganse las anotaciones que correspondan en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la ley de amparo archívese el presente asunto como totalmente concluido. En acatamiento a lo ordenado por los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se instruye lo siguiente: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo octavo, artículo 21, fracción c), del citado Acuerdo General, al haberse negado la medida cautelar de los actos reclamados; hecho que deberá realizarse en un plazo de treinta días, contado después de tres años, como lo dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del citado Acuerdo General. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado Acuerdo General; hecho que deberá realizarse en un término de treinta días posterior al plazo de seis meses, que establece el artículo antes referido. Cabe precisar que el presente asunto no es de relevancia documental ni susceptible de conservación. Por otro lado, en atención a lo dispuesto en la "CIRCULAR 1/2022, MEDIDAS PARA PREVENIR LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS SARS-COV-2 AL INTERIOR DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN", emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a la cual es de fundamental importancia preservar la salud, vida e integridad del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, y a buscar alternativas para dar continuidad a la prestación del servicio público de impartición de justicia; hágase del conocimiento de las partes que las labores inherentes a la tramitación, integración, resolución y eventual cumplimiento de las resoluciones dictadas por este órgano jurisdiccional, se hará atendiendo a tales elementos, tomando en consideración el considerable número de casos positivos de COVID-19 reportados en el juzgado, lo cual ha disminuido sensiblemente el número de personas en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que en este órgano se llevan a cabo, por lo que algunas actuaciones, acuerdos o diligencias podrían llegar a tener retrasos respecto de los tiempos o formas que para cada caso exige la ley, por lo que se pide comprensión a los justiciables y atención a los miembros del juzgado para cumplir con todo ello en cuanto sea posible. De igual forma, atendiendo a la circular de cuenta, en la parte en que instruye a privilegiar el trabajo remoto y a celebrar sesiones, audiencias y diligencias judiciales cuya naturaleza lo permita mediante el uso de videoconferencias y, en general, de manera remota; se ordena a los Actuarios del juzgado que implementen herramientas y opciones para la atención de las personas justiciables y, de manera especial para practicar notificaciones mediante la utilización de videoconferencias, informando al efecto a los justiciables de las dificultades que enfrenta el Poder Judicial de la Federación en general y este órgano jurisdiccional en especial, a fin de que la comunicación de los acuerdos dictados en los juicios en que son parte puedan llevarse a cabo con el menor retraso posible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Ulises Oswaldo Rivera González, Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien actúa asistido de Eder Michele Alberto Willie Arruti, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la sentencia de diez de enero de dos mil veintidós que a la letra dice: En Ciudad de México, a las doce horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, hora y día señalados para la audiencia constitucional del juicio de amparo 995/2020, promovido por Pablo Aguilar Pineda, en su carácter de titular de la acreditación como Unidad de Verificación con número UVSELP 126-C, en audiencia pública, Carlos Alberto García López, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, como se advierte del oficio CCJ/ST/0107/2021 de esa misma fecha, suscrito por el Secretario Técnico de la referida Comisión, asistido de Jorge Alberto González Sosa, Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, procede a declararla abierta sin la asistencia de las partes. Acto seguido, el secretario hace relación de todas y cada una de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran: demanda de amparo y anexos, auto admisorio, constancias de notificación a las partes, informes justificados de las autoridades responsables y proveídos en los que se acordó lo conducente. De igual manera, el secretario CERTIFICA QUE: al día de hoy no se encuentra transcurriendo plazo alguno y que se encuentran emplazadas todas las partes en el presente juicio. El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, así como la certificación que antecede, para los efectos legales procedentes. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, en el que el secretario da cuenta con las documentales exhibidas en el juicio, así como la presuncional y la instrumental de actuaciones. El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las pruebas referidas, por su propia y especial naturaleza. Al no haber pruebas pendientes por desahogar, se cierra el periodo probatorio. Acto seguido, se procede al desahogo de la etapa de alegatos. El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito formuló la intervención ministerial que le corresponde. El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: En virtud de lo anterior, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos, con lo que se concluye el periodo de referencia. Al no existir diligencias pendientes de desahogo, se celebra la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe. El Secretario en funciones de Juez de Distrito Carlos Alberto García López El secretario Jorge Alberto González Sosa V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 995/2020, promovido por Pablo Aguilar Pineda, en su carácter de titular de la acreditación como Unidad de Verificación con número UVSELP 126-C, contra actos de la Cámara de Diputados y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado vía electrónica el doce de octubre de dos mil veinte, Pablo Aguilar Pineda, en su carácter de titular de la acreditación como Unidad de Verificación con número UVSELP 126-C, promovió juicio de amparo indirecto, en contra de las autoridades y por los actos reclamados siguientes: II. AUTORIDADES RESPONSABLES: 1) H. Congreso de la Unión, integrado por: A. Cámara de Diputados, y; B. Cámara de Senadores. 2) C. Presidente de la República. IV. ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas como responsables, se reclama la norma de carácter general en su primer acto de aplicación, así como el acto de autoridad que se precisa conforme a lo siguiente: 1) Del H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CÁMARA DE SENADORES Y CÁMARA DE DIPUTADOS, se reclama la expedición y aprobación de la LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 01 de julio de 2020, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 4, fracción XVII, la Sección Segunda del Capítulo II de dicha norma, particularmente los artículos 53, 54 y 57, así como el ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO, cuya inconstitucionalidad me permito plantear a Usted C. Juez de Distrito en el capítulo de conceptos de violación, y cuyo contenido literal es el siguiente: (.) 2) Del C. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, la OMISIÓN de garantizar y respetar los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de prevenir su vulneración, a través de la sanción, y promulgación del Decreto del H. CONGRESO DE LA UNIÓN de fecha 30 de junio de 2020, en el que manda observar y publicar el referido decreto que contiene la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 01 de julio de 2020. Es decir, las disposiciones normativas generales señaladas y transcritas previamente, se reclaman por su carácter de AUTOAPLICATIVAS.". La parte quejosa indicó que no existe tercero interesado; narró los antecedentes de los actos reclamados; señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó conducentes. SEGUNDO. Prevención. Mediante acuerdo de veintitrés de octubre de dos mil veinte, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno de este órgano jurisdiccional bajo el expediente 995/2020 y, se previno a la parte quejosa para que aclarara si el reclamo de la norma lo hacía de forma autoaplicativa o heteroaplicativa, debiendo en su caso, precisar la fecha exacta y determinada que se hizo sabedor del acto de aplicación; así como especificar a qué autoridad se lo atribuía, de igual manera, aclarar si pretendía reclamar alguna omisión legislativa. TERCERO. Desahogo y desechamiento. Por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el tres de noviembre de dos mil veinte, el quejoso desahogo la prevención formulada en los siguientes términos: Se hace la aclaración a ese órgano jurisdiccional, que el suscrito reclama la OMISIÓN LEGISLATIVA en que incurrió el CONGRESO DE LA UNIÓN conformada por la CÁMARA DE DIPUTADOS Y SENADORES, al expedir y aprobar la LEY DE INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 01 de julio de 2020, ESPECÍFICAMENTE LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 4, fracción XVII, la Sección Segunda del Capítulo II de dicha norma, particularmente los artículos 53, 54 y 57, así como el ARTÍCULO TRANSITORIO TERCERO, dicha omisión consiste en que la autoridad responsable dejó de contemplar a las UNIDADES DE VERIFICACIÓN como aquellas personas (físicas o morales acreditadas) para realizar actos de verificación respecto de ciertas actividades, tal y como lo preveía la LEY FEDERAL SOBRE METROLOGÍA Y NORMALIZACIÓN, asimismo se hace del conocimiento de esa autoridad que el mandato constitucional que obliga a la autoridad responsable a legislar lo es el artículo 25, en relación con el artículo 71, fracción II, de la Constitución Federal, es así ya que así lo hizo saber la responsable en la exposición de motivos presentada por el Senador Ricardo Monreal Ávila, ante el Congreso de la Unión, pues de la misma se desprende lo siguiente: (.) Asimismo, también se aclara que del Titular del Ejecutivo Federal se reclama la omisión en que incurrió al no realizar la observaciones pertinentes al proyecto de ley de infraestructura de la calidad, en relación con las vulneraciones al derecho fundamental de igualdad y no discriminación en que algunos de sus enunciados normativos incurrían, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72, fracción B2 de la Carta Magna, desatendiendo su obligación de garantizar y respetar los derechos fundamentales reconocidos por la Ley Suprema de la Unión3 . Ello, pues de los diarios de debates4 sobre la norma general reclamada, no se desprende que el Titular del Ejecutivo Federal haya ejercido esa facultad de realizar observaciones.. En ese sentido, por auto de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, se desechó por notoria improcedencia la demanda, lo anterior por las siguientes razones: (...) A partir de esas ideas, este Juzgador advierte que el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable al dejar de contemplar a las unidades de verificación como aquellas personas (físicas o morales acreditadas) para realizar actos de verificación respecto de ciertas actividades como lo preveía la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, en su carácter de norma autoaplicativa como lo señala el quejoso, si existe, sin embargo, no afecta el interés jurídico del quejoso de manera real y actual, pues aún no se dictan las disposiciones en materia administrativa respecto de las cuales pueda resentir un perjuicio en sus derechos. (.) A partir de las anteriores normas, tenemos que el juicio de amparo procede contra actos u omisiones que afecten de manera real y actual la esfera jurídica de la parte quejosa. En el caso, la norma reclamada no afecte de manera real y actual su esfera derechos, esto de conformidad a lo señalado en el transitorio octavo de la Ley de Infraestructura de la Calidad, que a continuación se transcribe: (.) De conformidad con lo anterior, si bien la Ley reclamada ya entró en vigor, en sus artículos transitorios señala que las disposiciones administrativas respecto de las unidades de verificación continuarán vigentes hasta en tanto se expidan las disposiciones que las sustituyan, por lo que el quejoso carece de interés jurídico para reclamarla en su carácter de norma autoaplicativa, ya que se advierte que la misma se encuentra en vacatio legis respecto de las unidades de verificación. (.) Por lo tanto el acto reclamado, no ha producido afectación alguna sobre la esfera de derechos del quejoso y, por tanto, es válido concluir que no afecta su interés jurídico. CUARTO. Recurso de queja. El catorce de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por recibido el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpuso recurso de queja en contra del auto de veintisiete de año de ese año, el cual resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, donde por resolución de seis de mayo de dos mil veintiuno, en emitida en el recurso de queja Q.A. 63/2021, lo declaró fundado por lo siguiente: (.) De tales razonamientos se advierte que lo que llevó al juez a considerar actualizada de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia, fue que asimiento la naturaleza de las normas en que señaló el quejoso las combatía (autoaplicativas), interpretó los dispositivos transitorios previstos en la ley en que se contienen tales normas. Lo que, no está permitido en el auto de inicio, pues si bien, se atendió al carácter con el que, afirmó el quejoso combatía las normas, cierto también resulta que, se acudió a un examen interpretativo de otras disposiciones contenidas en dicha ley. (.) .entonces, en el caso, no se está en e supuesto de desechar de plano la demanda, precisamente, porque el motivo de improcedencia se advirtió de la interpretación que realizó de la propia ley reclamada, estudio profundo, propio de una sentencia, no de un auto de inicio. QUINTO. Admisión. Mediante acuerdo de ocho de junio de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda en atención a lo resuelto por el Tribunal Colegiado antes señalado, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados, se dio al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito la intervención que le corresponde y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. SEXTO. Audiencia constitucional. Previos los trámites legales correspondientes, se celebró la audiencia constitucional, previo diferimiento, que inició al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto cuarto, fracción I, del Acuerdo General 3/2013 de quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclaman normas generales en materia administrativa, respecto de la alegada afectación en la esfera jurídica de una persona física. SEGUNDO. Adscripción. Por oficio SEADS/1104/2021, de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, signado por Sergio Aldo Lamas Torres, Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se adscribió a este órgano jurisdiccional al Juez de Distrito Ulises Oswaldo Rivera González, como titular de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de noviembre del año en curso. Lo que se hizo del conocimiento de las partes por acuerdo dictado el treinta de noviembre siguiente, para los efectos legales a que hubiera lugar. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de la totalidad de las constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama: De las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de sus atribuciones: La aprobación, expedición y promulgación de los artículos 4, fracción XVII, 53, 54, 57 y transitorio tercero de la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de julio de dos mil veinte. Es preciso señalar que no se tiene como acto reclamado destacado el que la quejosa atribuye al Ejecutivo Federal como la omisión de garantizar y respetar los Derechos Humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de prevenir su vulneración, a través de la sanción y promulgación del Decreto del H. CONGRESO DE LA UNIÓN de fecha 30 de junio de 2020, en el que manda observar y publicar el referido decreto que contiene la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación correspondiente al día 01 de julio de 2020. Ello es así, pues como se advierte de esa redacción, así como del contenido integral de la demanda, lo que efectivamente reclama es el decreto por el que se promulgaron los artículos reclamados. Es decir, la participación del Ejecutivo Federal dentro del proceso legislativo que le dio origen. Lo que implica la promulgación de los artículos reclamados. Sin que ello conlleve perjuicio alguno a la parte quejosa, pues de ser procedentes los conceptos de violación que hizo valer en contra de tal omisión serán analizados al resolver sobre la constitucionalidad de la norma reclamada. Ya que se relacionan con su promulgación y las cuestiones que, según la parte quejosa, debió observar el Ejecutivo Federal en tal acto. CUARTO. Existencia de actos. Son ciertos los actos reclamados a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, así como del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en el ámbito de sus atribuciones, consistentes en la aprobación, expedición y promulgación de los artículos 4, fracción XVII, 53, 54, 57 y transitorio tercero de la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de julio de dos mil veinte. Lo anterior, toda vez que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Aunado a que la existencia de los actos de naturaleza legislativa, como los reclamados en este asunto, no está sujeta a prueba, ya que constituyen hechos públicos y notorios; esto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, así como en la jurisprudencia de rubro LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA y HECHO NOTORIO (PUBLICACIONES EN EL DIARIO OFICIAL). QUINTO. Causas de improcedencia y sobreseimiento. Previamente al estudio de fondo, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo debe analizar oficiosamente las causas de improcedencia. Este juzgador de amparo oficiosamente estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de amparo, en razón de que no existe acto de aplicación de los artículos reclamados, derivado de que dichas disposiciones legales tienen el carácter de heteroaplicativa. A fin de comprobar si se actualiza tal supuesto, es necesario tener presente el texto de la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.). Conforme al precepto legal citado, existen dos reglas para acudir al juicio de amparo; una, que establece que el referido juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho (interés jurídico); y otra, que se refiere a un interés legítimo individual o colectivo. En ambos casos, siempre que se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y, con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico) o, a virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Así, el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, en esencia, establece: "5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (.). En esta parte, conviene señalar que, de lo establecido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se pone de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control constitucional de los actos de las autoridades que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Principio que reglamenta el artículo 5 de la Ley de Amparo, al disponer, en lo conducente, que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame, teniendo tal carácter, quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo. Bajo ese orden de ideas, no es ajeno al amparo que se intente contra leyes, debido a que, para que la instancia resulte procedente éstas deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, lo que lo legitima para accionar el medio de control constitucional, sea con motivo del inicio de la vigencia de la norma general o bien, del primer acto concreto en que ésta se aplique. Al respecto, los artículos 17 y 61, fracciones XII y XIV, ambos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general, de acuerdo con su propia naturaleza, es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso (leyes autoaplicativas), es suficiente que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer y provoquen con ello la afectación a su esfera jurídica, sin ningún acto ulterior de autoridad. En el segundo supuesto (leyes heteroaplicativas) se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar al gobernado los mandatos legales para que se produzca la actualización en su perjuicio de la hipótesis normativa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 55/975, de rubro: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Es importante señalar que, a fin de determinar si el gobernado tiene interés jurídico para reclamar una ley o norma de observancia general, es necesario identificar el momento en que causa afectación, es decir, en qué instante incide en la esfera jurídica del quejoso. Para ello, se debe recurrir al concepto de individualización condicionada e incondicionada, para efectos de dilucidar si se está en presencia de una norma de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En el presente asunto, la parte quejosa acude al juicio constitucional a reclamar, con el carácter autoaplicativo, los artículos 4, fracción XVII, 53, 54, 57 y transitorio tercero de la Ley de Infraestructura de la Calidad, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de julio de dos mil veinte. En atención a ello, es dable traer a la luz los referidos preceptos legales son del tenor siguiente: 4. Para los efectos de la presente Ley se entiende por: (.) XVII. Organismos de Evaluación de la Conformidad: a la persona acreditada por una Entidad de Acreditación o en su caso, por la Autoridad Normalizadora y, cuando se trate de Normas Oficiales Mexicanas, Estándares, Normas Internacionales ahí referidos o de otras disposiciones legales; en caso de que la acreditación sea realizada por una Entidad de Acreditación el Organismo deberá ser aprobado por la Autoridad Normalizadora competente, para llevar a cabo la Evaluación de la Conformidad. (.) Sección Segunda De los Organismos de Evaluación de la Conformidad. 53. Los Organismos de Evaluación de la Conformidad podrán operar como: I. Laboratorios, de ensayos y pruebas, medición o calibración, entre otros; II. Unidades de inspección; Organismos de certificación, y Otros proveedores y prestadores de servicios previstos en el Reglamento de esta Ley. En el Reglamento de la presente Ley se consignarán los términos en que los organismos mencionados participarán en actividades de Evaluación de la Conformidad, por lo que, en casos aplicables se deberán observar las disposiciones del Sistema de metrología. Siempre que no implique un conflicto de interés o una afectación a los objetivos legítimos de interés público que persiga la Norma Oficial Mexicana aplicable, un Organismo de Evaluación de la Conformidad podrá operar bajo más de una de las figuras antes señaladas, siempre cumpliendo con lo previsto en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables y cuenten con la respectiva autorización, registro, acreditación o aprobación según corresponda, que demuestre que cumplen con los criterios de imparcialidad y confiabilidad y no tienen conflicto de intereses de acuerdo a los establecidos en las normas nacionales e internacionales aplicables. 54. Solo podrán operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad aquéllos que estén acreditados ante una Entidad de Acreditación, para lo cual deberán formular ante la misma su solicitud, y acompañar: I. Sus estatutos sociales, con un objeto social suficiente para operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad, así como su propuesta de actividades; II. Señalar el objeto, las Normas Oficiales Mexicanas y, en su caso, los Estándares y Normas Internacionales, u otras disposiciones legales que pretenden evaluar, indicando la materia, sector, rama, campo o actividad respectivos y describir los servicios que pretenden prestar y los procedimientos a utilizar, y Demostrar que cuentan con la adecuada capacidad jurídica, técnica, administrativa, financiera, material y humana, en relación con los servicios que pretende prestar, así como con los procedimientos de gestión de calidad y técnicos, que garanticen el desempeño de sus funciones. . 57. Los empleados y directivos de los Organismos de Evaluación de la Conformidad estarán impedidos para conocer de las solicitudes de Evaluación de la Conformidad promovidas por personas con las cuales tengan nexos familiares por afinidad o consanguinidad hasta el cuarto grado en línea recta o colateral, intereses económicos o conflictos de interés de otra índole. TERCERO. Dentro del término de doce meses contados a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, el Ejecutivo Federal deberá expedir su Reglamento, en tanto, continuará aplicándose en lo que no se oponga, el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. De dicha transcripción se advierte que el primer numeral en cita establece la definición de los Organismos de Evaluación de la Conformidad, entendidos como la persona acreditada por una Entidad de Acreditación o en su caso, por la Autoridad Normalizadora y, cuando se trate de Normas Oficiales Mexicanas, Estándares, Normas Internacionales ahí referidos o de otras disposiciones legales. El segundo establece el modo en que pueden operar los organismos de evaluación, señalando que en el reglamento de la ley plasmarán los términos en que los organismos mencionados participarán en actividades de Evaluación de la Conformidad, así como el derecho de los organismos de evaluación de la conformidad para participar en una o más de las figuras señaladas, siempre que esto no implique algún conflicto de interés. Por otro lado, el precepto 54 establece el procedimiento que deberán seguir aquellas personas que deseen operar como Organismos de Evaluación de la Conformidad, así como los requisitos que tienen que cumplir para tales efectos. Por su parte, el artículo 57 regula el impedimento que tienen tales organismos para conocer de solicitudes promovidas por sus familiares o con quienes tengan intereses económicos o conflictos de interés de otra índole. Finalmente, el artículo tercero transitorio señala la obligación del Ejecutivo Federal de expedir el reglamento correspondiente, así como la temporalidad en la que debe hacerlo. A Asimismo, establece que continuará aplicándose en lo que no se oponga el Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización. En ese tenor, se advierte que el sistema normativo en comento regula lo relativo al procedimiento que deberán seguir aquellas personas que deseen operar como Organismos de Evaluación, así como sus reglas de operación, las cuales serán, a su vez, desarrolladas por el reglamento respectivo. Lo anterior, implica que las normas reclamadas no son autoaplicativas, ya que no imponen una obligación que deba cumplir estrictamente toda persona gobernada ya que si bien se encuentran dirigidas a aquellas personas que deseen operar como Organismos de Evaluación, lo cierto es que dichas personas deberán apegarse a lo establecido para poder obtener su registro. Ello implica que, para que los artículos reclamados impacten la esfera jurídica de la persona quejosa es necesario que exhiba la documentación con la que se acredite mínimamente que realizó una solicitud de autorización para operar como Organismo de Evaluación, o, de ser el caso, la negativa recaída a su solicitud. En el presente asunto, la parte quejosa no exhibió prueba alguna con la que se acreditara dicha circunstancia, pues únicamente exhibió lo siguiente: Copias de las acreditaciones como Unidad de Verificación tipo C expedido a nombre de la parte quejosa, de acuerdo con los criterios establecidos en la Norma NMX-EC-17020-IMNC-2014 y 2000, para las actividades de verificación en materia de Gas L.P.; acreditación UVSELP 126, de veinticuatro de marzo de dos mil once. Copia de acreditación como personal reconocido para realizar actividades de verificación (inspección) a nombre de la parte quejosa, UVSELP 126, Unidad de Verificación (organismo de inspección) topo C, de tres de febrero de dos mil quince y veinticuatro de marzo de dos mil once -variando únicamente el tipo y rango de la verificación-. Copia de la acreditación del quejoso como unidad de verificación tipo "A", de acuerdo con los criterios establecidos en la Norma Mexicana NMX-EC-17020-IMNC-2000, para las actividades de verificación en materia de Gas L.P., de veintitrés de abril de dos mil once. Copia de la aprobación del quejoso como unidad de verificación, emitido por la Secretaría de Energía el seis de febrero de dos mil quince. Copia de los oficios DGN.312.01.2016.3979 y DGN.312.01.2017.540, de ocho de noviembre de dos mil dieciséis y dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, respectivamente, emitidos por la Secretaría de Economía, en la que se advierte la aprobación del quejosos para operar como unidad de verificación (organismo de inspección) tipo C en materia de Gas L.P., con objeto de evaluar la conformidad de las normas oficiales mexicanas. Documentales con las que únicamente acredita que el quejoso, hasta dos mil diecisiete, tenía a su favor diversas acreditaciones como unidad de verificación UVSELP 126, para evaluar la conformidad de diversas Normas Oficiales Mexicanas en materia de Gas L.P., las cuales fueron expedidas por la Entidad Mexicana de Acreditación, asociación civil, así como por la Secretaria de Economía, respectivamente. Sin embargo, tales autorizaciones fueron emitidas bajo la anterior ley y no conforme al procedimiento establecido en las normas reclamadas, razón por lo que si la parte quejosa desea operar como Organismo de Evaluación de la Conformidad deberá acudir ante la autoridad competente a solicitar la autorización respectiva por lo que será hasta entonces, y no antes, que se actualizarán en la realidad los artículos reclamados, esto es, hasta ese momento las normas impactaran la esfera de derechos de la parte quejosa. De ahí que la naturaleza del sistema normativo impugnado sea el de normas heteroaplicativas, debiendo acreditarse, para la procedencia del juicio de amparo, la existencia de un acto de aplicación que afecte la esfera jurídica de la parte quejosa; lo cual, en el caso, no acontece. Razón por la cual, el juicio de amparo promovido en su contra resulta improcedente. En conclusión, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, en relación con lo dispuesto en los diversos 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respecto de los actos reclamados, por lo que lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado; se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio.

  3. Principal

    Agréguese a los presentes autos el oficio del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, por el que rinde su informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de su parte a las personas que menciona; y, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por cuanto hace al correo electrónico que precisa, téngase como medio de contacto para efectuar comunicaciones no procesales con la autoridad oficiante, por lo que póngase a disposición de los actuarios adscritos a este Juzgado para que, de ser necesario, faciliten las diligencias que se encomienden. Notifíquese.

  4. Principal

    Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de veinticinco de junio del año en curso, se tuvo a la Secretaría de Economía como autoridad competente para representar al Presidente de la República, sin que se tenga certeza de la notificación de este asunto a dicha autoridad; por tanto, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, se gira oficio al Presidente de la República por conducto de la Secretaría de Economía con copia de la demanda y auto admisorio a efecto de que tenga conocimiento de la radicación del presente asunto. Para dar tiempo a lo anterior, procede diferir de oficio la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las doce horas con treinta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Notifíquese.

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