Pablo Adrian Meza Campos

Expediente 592/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
592/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
30/07/2021

Partes del expediente

  • Pablo Adrian Meza Campos

Actuaciones

  1. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, treinta de julio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que ha transcurrido el término que el artículo 98, de la Ley de Amparo, concede para interponer el recurso de queja contra el proveído de veintidós de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo, sin que se hubiere hecho uso de tal derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 2o., de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. 18/09/21 12:08:09 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.49 ROSALÍO AGUILAR CAÑEDO Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en lo relativo al capítulo octavo de expedientes destruibles, artículo 21, inciso d), se establece que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, después de transcurridos tres años en razón de que se tuvo por no presentada la demanda de amparo en el presente juicio de amparo, consecuentemente haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no constan documentos originales; debiéndose conservar en las instalaciones del juzgado por el término de tres años, contados a partir del presente proveído y una vez transcurrido dicho lapso y concluido el procedimiento a que alude el párrafo tercero del aludido numeral, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo proveyó y firma

  2. Principal

    ...El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Pablo Adrián Meza Campos, por propio derecho, la cual es remitida por el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en virtud de que dicho órgano jurisdiccional se declaró incompetente para conocer de dicha demanda, ya que aduce que el acto reclamado consiste en una infracción administrativa, esto es, de una multa que fue impuesta al quejoso con motivo de un operativo de prevención de conducción de vehículos en estado de ebriedad; lo anterior, de conformidad con el artículo 57 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la referida demanda; lo anterior hágase del conocimiento mediante atento oficio, en vía de acuse, a la autoridad oficiante para los efectos legales a los que haya lugar. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Aspectos Generales ? Regístrese la demanda de amparo con el número de juicio 592/2021-VI. ? Genérese el expediente electrónico e impreso, en el entendido que las constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección de los datos personales, no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes para su consulta en el expediente impreso, o en los cuadernillos o tomos que al efecto se formen.1 Fijación del acto reclamado De la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado es: ? La multa impuesta al quejoso Pablo Adrián Meza Campos, con motivo de un operativo de prevención de conducción de vehículos en estado de ebriedad, por parte de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. Improcedencia Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar 1 De conformidad con los artículos 91 y 92 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de amparo indirecto 592/2021-VI ??????????????? ??????????????? el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio.2 En ese sentido, del análisis integral de la demanda, se advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con el artículo 113 de Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Del dispositivo trascrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los requisitos siguientes: 1. Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2. Que este motivo sea manifiesto e indudable. En relación con lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. 2 "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Ahora bien, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, el cobro de la multa que le fue impuesta con motivo de un operativo de conducción de vehículos en estado de ebriedad. Una vez establecido lo anterior, debe decirse que, en la especie se actualiza, la causal de improcedencia contenida el numeral 61, fracción XX de la Ley de la Materia, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;". De lo transcrito se coligen tres reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del precepto 61 de la Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de amparo indirecto 592/2021-VI ??????????????? ??????????????? legislación de amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1) Que en contra del acto reclamado proceda algún juicio o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. 2) Que dicho medio de impugnación se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; y, 3) Que la ley que establezca el juicio o medio de defensa que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previsto para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un juicio o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de garantías. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de garantías, deban agotar el juicio o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. En principio, como se ha destacado en la presente determinación, la parte quejosa se duele del cobro de la multa que le fue impuesta con motivo de un operativo de conducción de vehículos en estado de ebriedad, por la infracción prevista en los artículos 430 fracción I, 434 y 435 de la Ley de Movilidad del Estado de Nayarit. Precisado lo anterior, se tiene que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en su numeral 109 fracción II, prevé la procedencia del Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de amparo indirecto 592/2021-VI ??????????????? ??????????????? Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, contra actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal, así como sus omisiones que afecten derechos de particulares; debiéndose destacar, que en el caso, los actos que se combaten se ubican dentro del supuesto establecido en el precepto y fracción antes aludidos, mismos que señalan: "ARTÍCULO 109.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de:. II. Los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades señaladas en la fracción anterior, así como sus omisiones que afecten derechos de particulares." En la especie, el acto reclamado y que se ha precisado en el presente acuerdo, se ubica en la hipótesis contemplada en la fracción II, del dispositivo 109 antes transcrito, habida cuenta que se trata, de la emisión de la boleta de una infracción, por la contravención al artículo 430 fracción I, de la Ley de Movilidad, por parte de la autoridad Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit; razón por la cual procede su impugnación mediante la promoción del Juicio Contencioso Administrativo ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad. Ello es así, porque la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, es autoridad del estado, por lo que es evidente que la parte peticionaria del amparo, antes de acudir al juicio debió agotar los medios de defensa que establecen las leyes ordinarias aplicables a los actos, como ya se dejó establecido en líneas que anteceden; lo que no ocurrió en el asunto en estudio, según se aprecia del contenido integral de la demanda, pues ante dichos actos nunca inició el procedimiento contencioso administrativo de referencia. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Resulta ilustrativa a lo anterior, la tesis XII.3º.1, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, localizable en la página quinientos noventa, Tomo IV, Septiembre de mil novecientos noventa y seis, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dispone: "ACTOS DE AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA, MUNICIPALES Y SUS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA, POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos o resoluciones administrativas o fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades dependientes del Gobierno del Estado de Sinaloa, municipales y sus organismos descentralizados, procede, cuando menos, el medio ordinario de impugnación previsto por el artículo 13, fracción I, 22 y 34 todos de la Ley de Justicia Administrativa para el Estado de Sinaloa, por virtud del cual se puede obtener la modificación, revocación o nulificación del acto o resolución impugnado, y con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos o resoluciones, conforme a los artículos del 68 al 75 de dicha Ley, sin que para ello se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para otorgar la suspensión definitiva; consecuentemente, es improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos o resoluciones, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo.". De igual manera, por las razones que la informan, cobra aplicación la tesis XI.1o.A.T.69 A (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, visible en la página tres mil trescientos cincuenta y tres, Libro 26, Enero de 2016, Tomo IV, Materia Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE, AUN CUANDO SE IMPUGNE UNA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. La regla general de procedencia del juicio de nulidad mencionado es contra resoluciones definitivas de la administración pública federal, previstas en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa; la cual admite excepciones, una de las cuales se actualiza cuando el agravio se causa por un no actuar, esto es, por una omisión, como proceder que puede afectar la esfera jurídica del particular. Por tanto, Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de amparo indirecto 592/2021-VI ??????????????? ??????????????? con base en el principio pro actione y conforme a los derechos humanos tanto de acceso a la jurisdicción, como a la tutela judicial efectiva, se concluye que procede el juicio contencioso administrativo federal, aun cuando se impugne una omisión de la autoridad administrativa." Además, los arábigos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establecen la figura de la suspensión del acto impugnado, en lo que al caso interesa, mismos que a continuación se transcriben: "ARTÍCULO 139. La suspensión del acto impugnado se decretará de oficio o a petición de parte. Sólo procede la suspensión de oficio cuando se trate de multa excesiva, confiscación de bienes, privación de libertad por autoridad administrativa y actos que, de llegar a consumarse, harían físicamente imposible restituir al actor en el pleno goce de sus derechos. Esta suspensión se decretará de plano por el magistrado instructor, en el mismo acuerdo en que se admita la demanda. En los demás casos, la suspensión podrá solicitarla el actor en el escrito de demanda o en cualquier momento, mientras se encuentre en trámite el proceso administrativo, ante el magistrado instructor que conozca del asunto. Cuando se otorgue la suspensión, se comunicará sin demora a la autoridad demandada para su inmediato cumplimiento. Si el promovente aportó el correo electrónico de la autoridad demandada, el magistrado instructor constatará su autenticidad y por ese medio comunicará la suspensión concedida, precisando que sus efectos se retrotraen a la fecha en que se concedió, aunque se notifique con posterioridad." "ARTÍCULO 143. En los casos en que proceda la suspensión pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión, puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el magistrado instructor que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión otorgada quedará sin efecto si el tercero da, a su vez, caución bastante para que las cosas se mantengan en el estado en que se encontraban al momento de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor en el caso de que éste obtuviere Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 sentencia favorable. Para que surta efecto, la caución que ofrezca el tercero, deberá cubrir previamente el monto de la que hubiere otorgado el actor." De lo antes transcrito se advierte, que en tratándose del juicio contencioso administrativo, la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, establece los numerales 139 al 146, la figura de la suspensión de la ejecución del acto impugnado, misma que aun cuando exige iguales requisitos que los previstos en los numerales 128, 132 y 135, todos de la Ley de Amparo, para el mismo fin, esa otorga mayores beneficios, al tener efectos restitutorios la suspensión que se conceda; máxime que, en tratándose del plazo que tiene la autoridad administrativa para el otorgamiento de la suspensión provisional, no se advierte que sea mayor al de la Ley de Amparo. Esto es, del examen comparativo de los citados preceptos, con los arábigos 139 y 143 de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, se advierte que los requisitos para otorgar la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no son mayores que los previstos para suspender el acto reclamado en el juicio de garantías, puesto que ambos ordenamientos instituyen condiciones esencialmente iguales, sólo con diferencias irrelevantes derivadas de la naturaleza jurídica propia de cada juicio; así, tanto en uno como en otro, la suspensión debe solicitarse por escrito; asimismo, la medida cautelar procede cuando, de otorgarse, no cause perjuicio al interés general, estableciéndose también, en uno y otro, que si la suspensión puede ocasionar daños y perjuicios a alguna de las partes, se exigirá garantía al solicitante en términos y condiciones que son muy semejantes, pero a diferencia de la Ley de la materia, aquella ley otorga efectos restitutorios a la suspensión que se conceda, cuando: a) Se trate de actos que afecten a particulares de escasos Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de amparo indirecto 592/2021-VI ??????????????? ??????????????? recursos económicos. b) Se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por autoridad administrativa; c) Que esos actos impidan al particular el acceso a su domicilio y d) Cuando a criterio del Magistrado sea necesario otorgar estos efectos con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. De lo antes citado queda acreditado, que la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, no establece mayores requisitos que la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. Es aplicable a lo anterior, por analogía la jurisprudencia XVI.1o.A.T. J/18, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página mil ciento siete, tomo XXXII, septiembre de dos mil diez, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados." Así como, la tesis III.2o.A.140 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito, localizable en la página quinientos noventa, tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS ADMINISTRATIVOS REGIDOS POR LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE JALISCO, RESULTA IMPROCEDENTE SI NO SE AGOTA PREVIAMENTE EL JUICIO DE NULIDAD CONFORME A DICHA LEY, AL NO EXIGIR ÉSTA MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY DE AMPARO PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, de la Constitución General de la República y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando el quejoso no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando la mencionada ley que rige Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de amparo indirecto 592/2021-VI ??????????????? ??????????????? el acto exija, para conceder la suspensión, mayores requisitos que la Ley de Amparo. Así, el juicio de garantías indirecto resulta improcedente contra los actos administrativos regidos por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, cuando no se ha agotado previamente el juicio de nulidad previsto en dicha ley; pues, al establecerse en el numeral 67, del ordenamiento legal antedicho, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de la instauración del citado juicio, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. En efecto, del análisis comparativo entre el precitado artículo 67 y el diverso 124, éste de la Ley de Amparo, se advierte que prevén similares requisitos para el otorgamiento de la suspensión de los actos que se impugnan; ya que, además, en ambos ordenamientos se establece la exigencia del acreditamiento del interés jurídico, lo que se traduce en que el solicitante de la suspensión debe demostrar ser el titular del derecho cuestionado, pues sostener lo contrario implicaría que se otorgara dicha medida a quienes no les depara perjuicio la ejecución del acto que se combate." A mayor abundamiento, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que los conceptos jurídicos que se utilizan en la fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal y en la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, se mencionó, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud"; lo cual Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, se sostuvo si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de amparo indirecto 592/2021-VI ??????????????? ??????????????? Dichos razonamientos fueron plasmados en la jurisprudencia 2ª./J19/2015, (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos ochenta y tres, libro diecisiete, tomo I, abril de dos mil quince, materia administrativa - común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto disponen: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La fracción IV del artículo 107 de la Constitución Federal señala que en materia administrativa no será necesario agotar los medios de defensa ordinarios, siempre que conforme a las leyes que los prevean, se puedan suspender los efectos de los actos reclamados con los mismos alcances de la ley reglamentaria, "... y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional". En consonancia con lo anterior, la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual los actos reclamados puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las leyes respectivas se suspendan los efectos de dichos actos con los mismos alcances y requisitos que los que la misma ley consigna para conceder la suspensión definitiva, "... ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional ...". Ahora bien, de las normas anteriores se deduce que los conceptos jurídicos que utiliza tanto la Constitución como la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión, consistentes en: 1) los alcances; 2) los requisitos; y, 3) los plazos; son tres aspectos diferenciados que deben tomarse en cuenta para determinar si se debe o no relevar al quejoso de agotar el principio de definitividad, sin que deba confundirse la forma de apreciar la exigibilidad de cada uno de ellos, pues mientras que los requisitos para otorgar dicha medida cautelar constituyen una carga procesal que debe satisfacer el demandante, los otros dos factores, es decir, los alcances y los plazos, no tienen tal característica, toda vez que se trata de condiciones que deben observar las autoridades encargadas de concederla o negarla, y por tanto, son ajenos a la voluntad de los particulares. Por su parte, el artículo 28, fracción III, inciso c), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo dispone que "El Magistrado Instructor deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 a la presentación de la solicitud."; lo cual significa que el tiempo que tome al Magistrado Instructor para proveer sobre la suspensión, no es un requisito para otorgar esta medida cautelar, en tanto que ni siquiera es una fatiga procesal que deba cumplir el demandante, sino más bien, una obligación impuesta al tribunal para brindar eficaz y oportunamente sus servicios. Consecuentemente, si a partir de la presentación de la demanda de nulidad, hay la posibilidad de que de inmediato se ordene la paralización de los actos enjuiciados, no hay motivo para afirmar que la legislación rectora de la jurisdicción contenciosa administrativa federal prevea mayores plazos que los de la Ley de Amparo para dictar el mandato suspensivo, toda vez que si bien de acuerdo con el artículo 112 de este ordenamiento, el Juez de Distrito debe proveer sobre la admisión de la demanda dentro del plazo de veinticuatro horas, la única diferencia entre uno y otro ordenamiento es que, para el amparo, el plazo para proveer sobre la suspensión se expresó en horas (24) y en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se determinó en días (al día hábil siguiente); pero en ambos casos con un sentido temporal prácticamente equivalente, porque conforme los dos ordenamientos lo que se procuró fue que entre la presentación de la demanda y el acuerdo que la admita, y en su caso provea sobre la suspensión, solamente transcurra un día como límite, y si bien conforme a este examen comparativo, en algunos casos, el Magistrado Instructor podría demorar su dictado con unas horas más de diferencia, debe tenerse en cuenta que el propósito del mandato constitucional es que se actúe con una celeridad semejante a la que exige la Ley de Amparo, mas no que el texto de ésta se repita en todos los demás ordenamientos, pues aun dentro del juicio constitucional se producen situaciones que demoran excepcionalmente la respuesta de la petición de suspender el acto reclamado." Consecuentemente, si bien es cierto que dicho criterio se refiere al procedimiento contencioso administrativo de la ley federal relativa y no a la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit que aquí interesa; también es verídico, que contiene una redacción similar a ésta, puesto que mientras aquélla en el artículo 28, fracción III, inciso b), refiere que el Magistrado instructor debe conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud, la ley citada en último término en los numerales 128 y 139 que dispone que el acuerdo sobre la admisión de la demanda se dictará a más tardar al día siguiente de su presentación, siendo que la suspensión podrá solicitarse en el escrito de demanda o en cualquier momento. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de amparo indirecto 592/2021-VI ??????????????? ??????????????? No es obstáculo que la parte quejosa aduzca violaciones directas a la Constitución, como es la violación a las garantías de legalidad y audiencia, toda vez que esa manifestación por sí misma no hace procedente el juicio de amparo; pues de ser así, se dejaría al arbitrio del peticionario del amparo la tramitación de la instancia constitucional, sin agotar el medio ordinario de defensa, pues bastaría que únicamente refiriera en la demanda la contravención a preceptos constitucionales para la viabilidad del juicio de amparo; máxime, que del escrito de demanda, la parte quejosa refiere que la multa impuesta, se debió con motivo de un operativo de prevención de conducción de vehículos en estado de ebriedad; razón por la cual, no se está ante la presencia de una violación directa a la Constitución que haga procedente la demanda de amparo. Bajo esas circunstancias, es evidente que el acto reclamado a la autoridad administrativa origina la improcedencia del juicio de amparo, ya que debe ser impugnado bajo la tramitación del Juicio Contencioso Administrativo, ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Nayarit, en términos de la Ley de Justicia y Procedimientos Administrativos del Estado de Nayarit, en su numeral 1o. Máxime que el acto que aquí se reclama, se atribuye a una autoridad del estado; por ende, se está en presencia del dispositivo legal en cita. Es aplicable al caso, por identidad jurídica la Jurisprudencia 2a./J. 115/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, materia común - administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO).- Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Por consiguiente, en el caso, se actualiza el motivo de improcedencia en estudio y lo correcto es DESECHAR de PLANO la demanda de garantías promovida por Pablo Adrián Meza Campos, por su manifiesta e indudable improcedencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Domicilio del quejoso. Con base en lo establecido por el ordinal 108, fracción I, en relación con el numeral 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente, el que indica. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Juicio de amparo indirecto 592/2021-VI ??????????????? ??????????????? Se toma nota del correo electrónico yamirvroman@outlook.com, así como del número de teléfono móvil proporcionado por la parte quejosa, pero únicamente para establecer contacto y comunicaciones no procesales, toda vez que de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020,3 dicha forma de notificación no puede equipararse a la del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación,4 a que se refiere el artículo 3o., y 30 de la Ley de Amparo. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo segundo, de la fracción II, del artículo 28 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario de la adscripción para que haga entrega del oficio dirigido a las autoridades correspondientes en el domicilio donde éstas residan, asimismo se habilitan días y horas inhábiles a fin de que realice las notificaciones de carácter personal, acatando el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19) para Notificadores y Defensores Públicos del CJF que realizan notificaciones. 3 "DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. (.) Artículo 22. Exhortos para mejorar la comunicación con las partes. Desde la primera notificación a las partes y en las subsecuentes mientras no atiendan la sugerencia, se les invitará a que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.". 4 Derivado del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Roberto Díaz Villarreal 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a9.f0 22/11/21 11:46:08 Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Roberto Díaz Villarreal, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veinticinco de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito que suscribe la quejosa Ma. Agueda García Jiménez, mediante el cual, solicita que se requiera a las autoridades responsables el cumplimiento de la ejecutoria de amparo pronunciado en el presente juicio; asimismo, manifiesta que lo señalado por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado en Nayarit, en su informe -en vía de cumplimiento-, no se puede tener como tal, para ello requiere que las demás dependencias señaladas como responsables agoten hasta su culminación el procedimiento pensionario y emitan una respuesta congruente respecto a la solicitud que realizó respecto a su pensión como trabajadora del estado, esto es, de que se le haga entrega del dictamen pensionario, el cual suscriben los integrantes del Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, y quienes en forma directa den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues de lo contrario, no estarían cumpliendo con dicha disposición judicial. Atento a lo anterior, y visto le estado que guardan los autos del presente juicio de amparo, hágase del conocimiento a la quejosa Ma. Agueda García Jiménez, que aún se encuentra transcurriendo el término para que las responsables den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, una vez que este haya acontecido, este órgano jurisdiccional, acordará lo que en derecho corresponda. 18/09/21 12:01:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a3.48 FERNANDO ÁVILA JIMENEZ Notifíquese. Así lo proveyó y firma

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