Pabel Oscar Velazco Vera
Expediente 263/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 19 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 263/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 19
- Última actuación
- 19/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León · Nuevo León
Partes del expediente
- Pabel Oscar Velazco Vera
- Daniel Flores Hernández
- 1.- Fiscal General de Justicia En el Estado, Con Sede En Esta Ciudad.
- César Eliud Flores Puente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 19.
- Principal
Tomando en consideración, que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la resolución constitucional dictada en el presente juicio; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por así disponerlo su artículo 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA.
Se notifica por lista a los quejosos Daniel Flores Hernández y César Eliud Flores Puente, la determinación judicial de veintiséis de junio del año en curso
- Principal
CIO DE AMPARO 263/2018. RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En Monterrey, Nuevo León, a veintidós de junio de dos mil dieciocho. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 263/2018, promovido por PABEL ÓSCAR VELAZCO VERA, a favor de DANIEL FLORES HERNÁNDEZ y CÉSAR ELIUD FLORES PUENTE, contra actos del FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, con sede en esta ciudad y otras autoridades, que consideró violatorios de los derechos humanos y garantías dadas para su protección, contenidos en los artículos 1°, 4, 14, 16, 18 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho, ante la Secretaria de guardia de este juzgado, PABEL ÓSCAR VELAZCO VERA, a favor de DANIEL FLORES HERNÁNDEZ y CÉSAR ELIUD FLORES PUENTE, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra actos del FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, con sede en esta ciudad y otras autoridades. SEGUNDO. Por razón de turno, la demanda se recibió en este juzgado y se admitió a trámite en esa fecha; se solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la participación que le corresponde; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O. PRIMERO. Este Juzgado es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I y 107 fracciones III, inciso b) y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo; 51 y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, los Acuerdos Generales 33/2009 y 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en atención a que, el promovente adujo que los actos reclamados que afectan la libertad de las personas a cuyo favor insta este juicio de derechos fundamentales, fueron dictados y se ejecutaron por autoridades y contra personas que residen dentro de los límites territoriales donde este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. SEGUNDO. Los actos reclamados consisten en la incomunicación, malos tratos, tortura, pretensión de privarlos de la vida, privación ilegal de la libertad, traslado y su ejecución. TERCERO. Las autoridades que a continuación se mencionan rindieron su informe en los siguientes términos: N° AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO 1 Fiscal General de Justicia En El Estado, con sede en esta ciudad. NIEGA 34 2 Directora General de la Fiscalía Regional Centro con sede en esta ciudad. NIEGA 35 4 Agente del Ministerio Público en Apoyo a las labores de la Unidad de Investigación Número Uno, Especializada en Narcomenudeo adscrita al Centro de Operaciones Estratégicas, con sede en esta ciudad. NIEGA 36 5 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Dos Especializada en Narcomenudeo, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, con sede en esta ciudad. NIEGA 37 6 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Tres Especializada en Narcomenudeo, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, con sede en esta ciudad. NIEGA 38 7 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Cuatro Especializada en Narcomenudeo, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, con sede en esta ciudad. NIEGA 39 9 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Seis Especializada en Narcomenudeo, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, con sede en esta ciudad. NIEGA 26 10 Delegado Estatal en Nuevo León de la Procuraduría General de la República, (en la inteligencia que el informe lo rinde la Delegada Sustantiva) NIEGA 67 11 Detective "B" de la Agencia Estatal de Investigaciones Responsable del Destacamento del Centro de Operaciones Estratégicas (en la inteligencia que rinde el informe requerido al Detective de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado Adscrito a La Fiscalía Especializada En Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León) NIEGA 68 13 Alcaide del centro preventivo de reinserción social "topo chico", con sede en esta ciudad. NIEGA 69 15 Encargado de la Unidad Administrativa que Integra la Organización Regional de la Policía Federal Ministerial en el Estado de Nuevo León, (en la inteligencia de que, su informe lo rinde el Policía Federal Ministerial.) NIEGA 70 En párrafos precedentes, se dejaron de considerar como responsables a las autoridades que el peticionario de amparo denominó como: N° AUTORIDAD INEXISTENTE FOJA 3 Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de justicia en el Estado de Nuevo León, con sede en esta ciudad. 26 14 Detective Responsable del Grupo de Apoyo y Seguridad Interna de la Agencia Estatal de Investigaciones Adscrito a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Nuevo León. 26 En ese contexto; sin que el amparista haya aportado pruebas para desvirtuar tales negativas, y ante inexistencia de las responsables señaladas en el cuadro ilustrativo precedente; procede decretar el sobreseimiento en el juicio de derechos humanos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que sustenta la tesis jurisprudencial, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, visible en la página 236, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Por su parte las responsables: 8 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Cinco Especializada en Narcomenudeo, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, con sede en esta ciudad. NIEGA 40 12 Director Jurídico de la Agencia Estatal De Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia en el Estado NIEGA 28 Rindieron su informe justificado, negando la totalidad de los actos reclamados, sin que su negativa se viera desvirtuada por lo que hace a los actos de incomunicación, malos tratos, tortura, pretensión de privarlos de la vida,, traslado y su ejecución; consecuentemente, con el fundamento y tesis citado en el párrafo precedente, se Sobresee en el juicio respecto de esos actos reclamados. CUARTO. Por otra parte, en cuanto a la privación de libertad, que los quejosos tildaron de ilegal, las autoridades que a continuación se mencionan: N° AUTORIDADES RESPONSABLES SENTIDO 8 Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Número Cinco Especializada en Narcomenudeo, adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas, con sede en esta ciudad. NIEGA 40 12 Director Jurídico de la Agencia Estatal De Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia en el Estado NIEGA 28 Al rendir su informe negaron la existencia de una privación ilegal de libertad del quejoso; puesto que, como puede verse la responsable señalada con el número 8 del cuadro ilustrativo precedente refirió que en la agencia a su cargo se ventila la carpeta de investigación 183/2018-UIEN5, con motivo del informe policial homologado elaborado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito de Benito Juárez, Nuevo León, quienes llevaron a cabo la detención de DANIEL FLORES HERNÁNDEZ y CÉSAR ELIUD FLORES PUENTE, el veintitrés de mayo del año en curso, por hechos con características del delito de Contra la Salud, quedando internados en las celdas de la Agencia Estatal de Investigaciones con sede en esta ciudad; agregando, que el veinticinco de mayo del presente año los ahora quejosos quedaron a disposición del Juez de Control del Estado con sede en esta ciudad, quien radicó la carpeta judicial 7718/2018; y, señaló las nueve horas del veintiséis de mayo del año en curso para llevar a cabo la audiencia de control de detención; en esa fecha se decretó de legalidad de la detención de que fueron objeto los aquí quejosos, se les formuló imputación; se les dio oportunidad de declarar y se abstuvieron de hacerlo; razón por la que, resolvió su situación dictándoseles auto de vinculación a proceso por estimar que participaron en hechos con las características del delito Contra la Salud, en su modalidad de narcomenudeo en su variante de posesión simple de marihuana, previsto y sancionado por los artículos 473 fracciones V, VI y VIII, 474, 477 y 479 Tercer supuesto de la Ley General de Salud, imponiéndoseles la medida cautelar contemplada en la fracción I del artículo 155 del Código Nacional de Procedimiento Penales, consistente en la presentación periódica en las instalaciones de gestión judicial de los Juzgados de Control; luego, la autoridad judicial, según oficio 24203/2018, dirigido al Encargado de la Seguridad y Celdas del Edificio de la Agencia Estatal de Investigaciones, determinó que se pusiera en inmediata libertad a DANIEL FLORES HERNÁNDEZ y CÉSAR ELIUD FLORES PUENTE. Por su parte, el Director Jurídico de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en esta población, informó que los aquí quejosos fueron internados en las celdas de esa dependencia a disposición de la Unidad de Investigación Número Cinco Especializada en Narcomenudeo, con residencia en esta población, por el delito de contra la salud. En esas condiciones, la negativa de haber detenido ilegalmente a los quejosos no aparece demostrada, porque si bien es cierto, se llevó a cabo la privación de libertad de los aquí peticionarios de amparo, ello obedeció a que fueron encontrados en flagrante delito QUINTO. Previo al examen del acto reclamado, es necesario analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia del juicio, por ser su estudio preferente y oficioso de conformidad con lo determinado por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En concepto del suscrito, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 en relación con el diverso 63 fracción V de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 Constitucionales, por las razones que a continuación se exponen: Los preceptos legales y fracciones indicadas, establecen: "El juicio de amparo es improcedente: .Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:... .Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." En la especie, el acto reclamado en este juicio, consiste en la privación ilegal de la libertad, en perjuicio de los agraviados, atribuidos al FISCAL GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO, con sede en esta ciudad y otras autoridades. En su informe justificado el AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN NÚMERO CINCO, ESPECIALIZADA EN NARCOMENUDEO ADSCRITO AL CENTRO DE OPERACIÓN ESTRATÉGICA, con sede en esta ciudad, informó que, los aquí peticionarios de amparo fueron puestos a su disposición el veintitrés de mayo del presente año, a las dieciocho horas con quince minutos formando la carpeta de investigación 183/2018-UIEN5; luego, judicializó la referida carpeta de investigación, poniendo a disposición del Juez de Control con residencia en esta ciudad a los aquí quejosos, el veinticinco de mayo siguiente, a las quince horas con un minuto; juzgador, que al resolver su situación jurídica en la carpeta judicial 7718/2018 los vinculó a proceso por estimar que participaron en la comisión del delito contra la salud antes referido, imponiéndoles la medida cautelar de asistir periódicamente ante el juzgado instructor a firmar en el libro respectivo, ordenando su inmediata libertad. A requerimiento de este juzgado, por oficio número 1431/2018, el JUEZ DE CONTROL y DE JUICIO ORAL DEL ESTADO, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada de los actuado en la carpeta judicial 7718/2018, instruida contra CÉSAR ELIUD FLORES PUENTE y DANIEL FLORES HERNÁNDEZ; documentales a las que se concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, al tratarse de documentales expedidas por un funcionario público, con motivo y en ejercicio de sus funciones, de la que se advierte, que en audiencia inicial celebrada el veintiséis de mayo de dos mil diecisiete, se vinculó a proceso a los aquí quejosos CÉSAR ELIUD FLORES PUENTE y DANIEL FLORES HERNÁNDEZ, por considerar que participaron en la comisión de hechos con las características del delito CONTRA LA SALUD, EN SU MODALIDAD DE NARCOMENUDEO EN SU VARIANTE DE POSESIÓN DE MARIHUANA, imponiéndoles la medida cautelar prevista en la fracción I del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la presentación periódica en las instalaciones de Gestión Judicial de los Juzgados de Control y de Juicio Oral Penal; señalando las nueve horas con treinta minutos, del tres de agosto del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia relativa a la suspensión del proceso a prueba Así las cosas, es evidente que, en el caso, se actualiza la hipótesis contenida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que, es claro, que ha ocurrido un cambio en la situación jurídica de los ahora quejosos, que impide analizar la constitucionalidad de su detención, pues con el dicho cambio, quedaron consumadas de modo irreparable las posibles violaciones que se hubieren cometido en la fase de indagación, en virtud que al poner a los quejosos DANIEL FLORES HERNÁNDEZ y CÉSAR ELIUD FLORES PUENTE a disposición del juzgador correspondiente; es esa autoridad, quien los tiene a su disposición, de manera que ya no podrá analizarse en el presente juicio de amparo la constitucionalidad de su detención, sin afectar la nueva situación jurídica generada, consistente en todo lo acontecido en la audiencia inicial tal como la calificación de legal detención de los quejosos, el auto de vinculación a proceso que se les dictó y imposición de la medida cautelar de presentarse periódicamente a las instalaciones de los juzgados de control. Ello es así, toda vez que en el procedimiento acusatorio, cuando se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes. En apoyo de la conclusión a que se arriba en el párrafo que antecede, en lo conducente, es aplicable el contenido de la tesis aislada II.2o.P.44 P (10a.), con número de registro 2013315, visible en la página 1702 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA POR CESACIÓN DE EFECTOS DERIVADA DE LA SECUENCIACIÓN DE ETAPAS EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO, CON INDEPENDENCIA DE LA CONDICIÓN QUE GUARDE EL QUEJOSO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL. Dada la naturaleza del procedimiento de tipo acusatorio seguido en México, para los efectos del amparo, la expresión "cambio de situación jurídica" no puede entenderse sólo desde la perspectiva de la condición del sujeto a quien se inicia un procedimiento penal (sujeto pasivo de la relación jurídico procesal en materia penal), esto es, dependiendo únicamente del carácter de indiciado, imputado, procesado o acusado, como otrora se aducía conforme al procedimiento tradicional, sino que también resulta del ineludible reconocimiento de la sustitución y secuenciación de los actos o etapas procesales del nuevo sistema, en sí mismas y con independencia de la condición que guarde el quejoso en cuanto a su libertad personal, pues la continuidad de las etapas del proceso actual no depende sólo de ello. Por tanto, si se transita de una fase de investigación no judicializada a una judicializada, como efecto del ejercicio de la acción procesal penal, es claro que los actos atribuidos a la autoridad ministerial quedan consumados formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales subsecuentes". Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón jurídica, la tesis visible en la página 1373 del Tomo XXX, Octubre de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA CUANDO SE RECLAMAN ACTOS DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA Y EL MINISTERIO PÚBLICO YA EJERCITÓ LA ACCIÓN PENAL (ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X DE LA LEY DE AMPARO). Cuando en un juicio de garantías biinstancial se reclaman actos materia de una averiguación previa y se demuestra que la autoridad responsable, agente del Ministerio Público, consignó los hechos ante un Juez, a quien solicitó el libramiento de la correspondiente orden de aprehensión, es incuestionable que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende debe de sobreseerse en el juicio de garantías, toda vez que, al ejercitarse la acción penal quedaron consumadas de modo irreparable, las posibles violaciones acaecidas en la etapa de investigación, porque la situación jurídica del impetrante ahora, queda a la potestad del Juez penal que tendrá a cargo la instauración de la causa respectiva. En consecuencia, ya no podrá analizarse en el amparo, la constitucionalidad de dichos actos, sin afectar la nueva situación jurídica generada por tal consignación". Por tanto, al ser manifiesta e indudable la causal de improcedencia anunciada; al tenor de lo establecido en el artículo 63 fracción V, que dice: "El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo anterior." En esas condiciones, lo conducente es sobreseer en el juicio de garantías respecto de los actos reclamados por los quejosos CÉSAR ELIUD FLORES PUENTE y DANIEL FLORES HERNÁNDEZ. Por lo antes expuesto, y con fundamento en los artículos 37, 63, fracción V, 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 263/2018, promovido por CÉSAR ELIUD FLORES PUENTE y DANIEL FLORES HERNÁNDEZ, contra los actos que impugnaron de las autoridades precisadas en el contexto de esta resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma RAFAEL RODRIGO CRUZ OVALLE, Juez Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, ante JORGE ARMANDO ELIZALDE HERRERA, Secretaria con quien actúa y da fe, el veintiséis de junio de dos mil dieciocho, en que se terminó de engrosar. Conste. rrco/jaeh/nadia.
- Principal
Se SOBRESEE en el juicio de amparo
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