P&C Consultores y Asesores Gubernamentales S.C.
Expediente 1018/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1018/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/11/2023
Partes del expediente
- P&C Consultores y Asesores Gubernamentales S.C.
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de siete de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del dieciocho al veintidós de septeimbre de dos mil veintitrés; sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. 30/10/24 21:05:44 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.7b.e9 JESUS ALBERTO FLORES FLORES En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de siete de septiembre de dos mil veintitrés, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se obtiene que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción IV y 23 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ********, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, radíquese con el expediente 1018/2023-V, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De conformidad con el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de "imposible reparación en juicio", entendiéndose por tales, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De los preceptos transcritos, se colige que el legislador dispuso que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos realizados fuera de juicio o después de concluido éste, en tanto reconoció la posibilidad del control constitucional de los actos emitidos fuera del procedimiento judicial que también pueden vulnerar derechos fundamentales. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, determinó que por "actos de imposible reparación" deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1. Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2. Que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. De estas ejecutorias surgieron la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Así, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los "actos de imposible reparación" al establecer que por dichos actos se entienden: ". los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte". Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, el acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, es la resolución interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, que declaró infundado el incidente de incompetencia, hecho valer por la parte demandada -aquí quejosa- en el expediente laboral *******. Ahora, atendiendo a la doctrina jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la resolución interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, que declaró infundado el incidente de incompetencia, hecho valer por la parte demandada -aquí quejosa- en el expediente laboral *******, no constituye un acto de imposible reparación, entendiéndose por ello, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de conformidad con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece. Es así, en razón de que la resolución reclamada no impide el libre ejercicio de algún derecho sustantivo de la parte quejosa en forma actual o presente, sino que se trata de una resolución que sólo podría producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva al tratarse de una resolución que declaró infundado el incidente competencial, al estimarse que no se valoraron adecuadamente las pruebas aportadas por la parte quejosa, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues los efectos y consecuencias que llegare a producir la resolución reclamada, no son materializables inmediatamente, sino que dependerá de que lo ahí resuelto llegue a trascender al sentido del laudo que dicte la Junta responsable, lo que no puede presuponerse, pues aún puede obtener un resultado favorable. Por el contrario, de dictarse laudo contrario a los intereses de la parte quejosa, hasta ese momento podrá determinarse si la resolución reclamada transcendió o no al sentido de la sentencia. Momento en que la parte quejosa podrá instar el juicio de amparo directo en contra del laudo y hacer valer todas las violaciones procesales que estime se cometieron durante la tramitación del juicio de origen *******, y precisar la forma en que trascendieron en su perjuicio al resultado del fallo, de conformidad con el artículo 174 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la Tesis Aislada en Materia del Trabajo del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, Página 218, Octava Época, intitulada: INCIDENTE DE INCOMPETENCIA. LA RESOLUCION QUE LO DECLARA INFUNDADO, EN MATERIA LABORAL, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO, COMO VIOLACION A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. (INTERRUMPE Y MODIFICA TESIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CUARTA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, NUMERO 402, VISIBLE EN LA PAGINA 692, SEGUNDA PARTE, DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1988). La resolución pronunciada dentro de un juicio laboral, en la cual se declara infundado el incidente de incompetencia por declinatoria, planteado por una de las partes, sólo produce efectos intraprocesales, sin afectar alguno de los derechos que tutela la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales, en perjuicio de la quejosa; de manera que, la afectación no sea susceptible de repararse aun cuando se obtenga laudo favorable. Por tanto, tal resolución debe combatirse como violación a las leyes del procedimiento en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo respectivo; lo cual hace improcedente el juicio de amparo indirecto, resultando aplicable por analogía, tanto el criterio sustentado por la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País en la tesis de jurisprudencia número 23/91, de 15 de abril de 1991, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 47, Tomo VII, Octava Epoca, Mayo de 1991; como el emitido por el Pleno del Supremo Organo Judicial, al resolver la contradicción de tesis entre la Tercera y Cuarta Salas, el 16 de enero de 1991, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, páginas de la 5 a la 39, Tomo VII, Octava Epoca, Febrero de 1991; por consiguiente, con apoyo en el punto sexto transitorio del decreto de 21 de diciembre de 1987, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1988, se estima procedente interrumpir y modificar la tesis de jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 402, visible a foja 692, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, cuyo rubro expresa: "COMPETENCIA DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, EL AMPARO DIRECTO NO ES EL MEDIO ADECUADO PARA IMPUGNAR LA CUESTION DE". Lo anterior, tomando en cuenta además, que los razonamientos del máximo tribunal del país, vertidos en las tesis jurisprudenciales aplicadas analógicamente, son posteriores a la tesis que se interrumpe y modifica, y denotan una nueva tendencia para precisar la naturaleza jurídica de las violaciones a las leyes del procedimiento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Repuestos Monterrey, S.A. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Jesús S. Fraustro Macareno. Por consiguiente, con fundamento en los artículos 113 y 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ********, respecto al acto reclamado a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche con residencia en Ciudad del Carmen, consistente en la resolución interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, que declaró infundado el incidente de incompetencia, hecho valer por la parte demandada -aquí quejosa- en el expediente laboral *******. Apoya a lo anterior, la Tesis Aislada en Materia del Trabajo del Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Marzo de 1992, Página 218, Octava Época, intitulada: INCIDENTE DE INCOMPETENCIA. LA RESOLUCION QUE LO DECLARA INFUNDADO, EN MATERIA LABORAL, DEBE RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO, COMO VIOLACION A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO. (INTERRUMPE Y MODIFICA TESIS DE JURISPRUDENCIA DE LA CUARTA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION, NUMERO 402, VISIBLE EN LA PAGINA 692, SEGUNDA PARTE, DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1988). La resolución pronunciada dentro de un juicio laboral, en la cual se declara infundado el incidente de incompetencia por declinatoria, planteado por una de las partes, sólo produce efectos intraprocesales, sin afectar alguno de los derechos que tutela la Constitución General de la República, a través de las garantías individuales, en perjuicio de la quejosa; de manera que, la afectación no sea susceptible de repararse aun cuando se obtenga laudo favorable. Por tanto, tal resolución debe combatirse como violación a las leyes del procedimiento en el juicio de amparo directo que en su caso se promueva contra el laudo respectivo; lo cual hace improcedente el juicio de amparo indirecto, resultando aplicable por analogía, tanto el criterio sustentado por la Tercera Sala del Máximo Tribunal del País en la tesis de jurisprudencia número 23/91, de 15 de abril de 1991, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 47, Tomo VII, Octava Epoca, Mayo de 1991; como el emitido por el Pleno del Supremo Organo Judicial, al resolver la contradicción de tesis entre la Tercera y Cuarta Salas, el 16 de enero de 1991, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, páginas de la 5 a la 39, Tomo VII, Octava Epoca, Febrero de 1991; por consiguiente, con apoyo en el punto sexto transitorio del decreto de 21 de diciembre de 1987, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 1988, se estima procedente interrumpir y modificar la tesis de jurisprudencia de la Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 402, visible a foja 692, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, cuyo rubro expresa: "COMPETENCIA DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, EL AMPARO DIRECTO NO ES EL MEDIO ADECUADO PARA IMPUGNAR LA CUESTION DE". Lo anterior, tomando en cuenta además, que los razonamientos del máximo tribunal del país, vertidos en las tesis jurisprudenciales aplicadas analógicamente, son posteriores a la tesis que se interrumpe y modifica, y denotan una nueva tendencia para precisar la naturaleza jurídica de las violaciones a las leyes del procedimiento. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL CUARTO CIRCUITO. Amparo en revisión 254/91. Repuestos Monterrey, S.A. 21 de noviembre de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Arizpe Narro. Secretario: Jesús S. Fraustro Macareno. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el señalado en su escrito de cuenta. AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 24 DE LA LEY DE AMPARO. Como lo solicita la parte quejosa, se tienen por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a *******, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de dicho ordenamiento legal, esto debido a que la parte quejosa no proporciona datos que acrediten que dicha persona es licenciado en derecho.. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. VIII/2020 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo V, página 4456, Décima Época, de la voz: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO. El artículo 12 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que el quejoso o el tercero interesado designen autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, los que tratándose de las materias civil, mercantil, laboral (en el caso del patrón), administrativa y penal, deben acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. Para lo cual, sólo se requiere que en el escrito en el que se otorga la autorización se señalen los datos con los que el autorizado acredite tal carácter. En ese tenor, si el agraviado designa autorizado delegándole las facultades que prevé la indicada disposición y éste no tiene reconocida personalidad ante la autoridad responsable (conforme a lo previsto en el artículo 11 de la ley de la materia) o ante el órgano jurisdiccional de amparo, pero señala el número de su cédula profesional, ello es suficiente para que se le tenga reconocido tal carácter ante este Alto Tribunal, pudiendo confirmar la información proporcionada mediante consulta al Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública." NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS A LA PARTE QUEJOSA. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y 57 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena que las notificaciones que le correspondan en este juicio, se le efectúen de manera electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con el usuario "********". CONSULTA DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, como lo solicita el promovente, con fundamento en los artículos 6, 9, 10, 14, 16 y 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al quejoso, con el usuario "********", para consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente asunto. Por consiguiente, se instruye que se ingrese el nombre de usuario "********", al módulo de autorizados del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para que los referidos autorizados, tengan acceso al expediente electrónico y puedan consultarlo. DATOS DE CONTACTO. Con fundamento en el artículo 57, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el numeral 2° de la Ley de Amparo, no ha lugar a tener la dirección de correo electrónico, así como los números telefónicos que proporciona el promovente como medio de contacto para entablar comunicaciones no procesales. Lo anterior, en razón de que si bien es cierto, el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, preveía como forma especial y expedita de contacto para entablar "comunicaciones no procesales", como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, sin embargo, el aludido Acuerdo General estuvo en vigor hasta el seis de noviembre de dos mil veintidós, de conformidad con el artículo 1 del Acuerdo General 22/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 22/2020, relativo a las medidas necesarias para reactivar la totalidad de las actividades del consejo en el contexto de la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
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