Oxana Rosario Montes Aguilar
Expediente 1065/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/12/2019
Partes del expediente
- Oxana Rosario Montes Aguilar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Notifíquese personalmente.
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Notifíquese personalmente.
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AVISO: Por este medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, se notifica a la parte quejosa, el auto de diez de diciembre de dos mil diecinueve, por el cual se acordó lo siguiente: Téngase por recibido el oficio 984, signado por el Secretario del Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, en el recurso de queja 390/2019; en el que se resolvió: "PRIMERO. Es procedente y fundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido". Acúsese recibo. I. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Efecto de la resolución. El Tribunal oficiante, revocó el proveído de trece de mayo de dos mil diecinueve (folio 21 a 40), para el efecto de que este órgano jurisdiccional, en atención a los lineamientos emitidos en el fallo de la queja en comento, se provea sobre la admisión o rechazo de la demanda de amparo, absteniéndose de rechazarla por las circunstancias que fueron desestimadas. 2. Fijación de la Litis. De la lectura de la demanda de amparo se advierte, que reclama vía constitucional lo siguiente: i. La separación del cargo de inspectora del trabajo calificada que manifiesta desempeña dentro de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según tiene conocimiento a partir del dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, aduciendo como motivo presuntos recortes presupuestales; ii. El posible impedimento de ingresar a la institución donde se encuentra adscrita y obstaculizar le impidan registrar la hora de entrada y salida de su jornada laboral; iii. La pretensión de las responsables de privar a la quejosa de su sueldo y demás prestaciones derivadas del cargo que desempeña como inspectora federal del trabajo calificada con el rango de enlace sujeta al Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, adscrita a la Delegación Federal del Trabajo en el Estado de Jalisco y posibles actos que pudiera efectuar, consistentes en discriminar, acosar, amedrentar, intimidar u obligarla para que firme la renuncia a que alude. 3. Prevención. El artículo 114 de la ley de la materia dispone que se mande aclarar la demanda de amparo si contiene alguna de las deficiencias, omisiones o irregularidades que precisa. Del análisis de la demanda de garantías y anexos, se advierte que tiene que ser prevenida; por ello, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión o su desechamiento, se requiere a la parte promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación que se le haga del presente proveído, con las copias necesarias del escrito aclaratorio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del mismo cuerpo legal, aclare su demanda en los siguientes términos: a. Actos reclamados sin vincularlos a las responsables. El artículo 108, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que la demanda de amparo deberá indicar la ley o acto que de cada autoridad se reclame, por lo que el acto reclamado no está desvinculado de la autoridad responsable, sino que, por el contrario, cada acto debe ser atribuido a un ente del Estado. Así, con esta vinculación entre acto y autoridad quedaría debidamente fijada la litis en el juicio de amparo, en atención al artículo 74, fracción I del ordenamiento legal invocado, con ello las responsables estarían en aptitud de justificar los actos que en concreto se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. También debe atenderse que, en el supuesto caso de que no rindan informe justificado dichas autoridades, si están vinculadas con los actos reclamados, operaría la presunción de certeza a que se refiere el artículo 117, párrafo tercero, del cuerpo legal en cita. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "INFORMES DE LAS AUTORIDADES, FALTA DE. EFECTOS CUANDO ESTÁN EN JUEGO INTERESES DE DOS PARTICULARES. En el juicio de amparo, la falta de informe de una autoridad sólo hace presumir la existencia del acto reclamado, en términos de los artículos 132 y 149 de la Ley de Amparo. Y dentro de ese concepto, podrán presumirse también los hechos propios de las autoridades que sean afirmados en la demanda y que estén vinculados con el acto reclamado, con sus características o antecedentes, con su contenido, etcétera. Pero cuando en el juicio de amparo entran en juego intereses de dos particulares, de tal manera que tienen pretensiones legales contradictorias en relación con los actos reclamados, la sola falta de informe de la autoridad, o el silencio del informe rendido, en cuanto a algunos hechos aducidos en la demanda, no puede establecer una presunción a favor de alguna de las partes, de existencia de los hechos que no tengan vinculación directa con los actos reclamados mismos, sino con posibles derechos de los particulares contendientes, y que no emanan de los actos reclamados mismos, sino de actos diversos no reclamados." Ahora, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa no precisó qué actos en particular reclama a las autoridades responsables, ya que los actos que señala en el capítulo correspondiente los atribuye de manera general e indistinta, sin que se les asigne de forma concreta. Por lo anterior, deberá precisar de los actos que reclama, cuál, en específico, le atribuye a cada autoridad. b. Autoridad señalada como unidad burocrática. La parte promovente designa como autoridades responsables a la Secretaría de la Función Pública; Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de México; Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; Dirección General de Inspección Federal del Trabajo; Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y Dirección General de Recursos Humanos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pero dichas denominaciones hacen referencia a las unidades burocráticas, es decir, un órgano del Estado, sin que indique a qué funcionario en particular señala con el carácter de responsable. Relacionado con lo expuesto, conviene tener en cuenta que el Estado para satisfacer los intereses colectivos se organiza en una forma especial que se le denomina administración pública, la cual está integrada por múltiples órganos que se caracterizan por ser esferas especiales de competencia y por requerir personas que ejerzan esa competencia y exterioricen su voluntad; sin embargo, no es posible ni debido confundir el órgano con su titular, pues mientras el primero representa una unidad abstracta, una esfera de competencia, el titular representa una persona concreta que puede ir variando sin que se afecte la continuidad del órgano y que tiene, además de la voluntad que ejerce dentro de la competencia del órgano, una voluntad dirigida a satisfacer intereses personales. Así que en las unidades del Estado existen un sinnúmero de servidores públicos; por ejemplo, en una dependencia gubernamental puede haber un director, subdirector, jefe de área, gerente, etcétera; en un órgano jurisdiccional un juez, secretario de acuerdos, secretario ejecutor, actuario, notificador, entre otros. Por ello, para que este juzgador se encuentre en posibilidad de acordar lo conducente sobre la admisión de la demanda, en la medida que el artículo 108, fracción III, de la ley que regula este proceso, dispone que es obligación de la parte quejosa expresar quiénes son las autoridades responsables, lo que implica el deber de indicar la denominación correcta u oficial de éstas, cualquiera que sea su naturaleza formal, al que se le atribuya el acto que se reclame. Por lo anterior, se le requiere para que precise a qué servidor público de la referida unidad es quien tiene el carácter de autoridad para efectos de este amparo. Téngase en cuenta que de ser más de una autoridad, deberá presentar sendas copias del escrito inicial de demanda y del escrito aclaratorio, para poder solicitar los informes de ley. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. PREVENCIÓN AL QUEJOSO CUANDO SU DENOMINACIÓN ES INCORRECTA. El artículo 116 de la Ley de Amparo señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, entre otros, el que se prevé en la fracción III, esto es, la designación de la autoridad o autoridades responsables, por lo que es claro que desde el escrito inicial se deben precisar los nombres de éstas, a fin de que se esté en condiciones de emplazarlas y solicitarles su informe respectivo, y si no se hace, al advertir el Juez que alguna de ellas fue mal señalada, debe prevenir al promovente de amparo en términos del artículo 146 del propio ordenamiento jurídico, a efecto de que la señale correctamente, pues de estimar que hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominada la autoridad, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad, es claro que se estaría contraviniendo el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita" "AUTORIDADES RESPONSABLES. OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR CON PRECISIÓN QUIENES SON LAS. De acuerdo con lo que dispone la fracción III del artículo 116 de la Ley de Amparo es obligación del quejoso señalar con precisión quiénes son las autoridades responsables, a lo que debe añadirse que la facultad de suplir la queja a la que se contrae la fracción II del artículo 76 bis ibídem no tiene el alcance de averiguar cuál es la responsable a la que se quiso demandar y no se hizo" No pasan inadvertidos los criterios de las siguientes tesis: "AUTORIDADES RESPONSABLES. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE RECABAR LA INFORMACIÓN NECESARIA A FIN DE CONOCER SU DENOMINACIÓN, SI EL QUEJOSO DICE DESCONOCER EL NOMBRE CORRECTO, Y ÉSTE NO DERIVA DE LA LEGISLACIÓN QUE LAS REGULA. Tratándose del señalamiento de una autoridad responsable, no es posible fijar reglas inmutables sobre el grado de precisión necesario para identificarla, o los medios por los cuales puede lograrse la certeza de su denominación, pues esto dependerá del asunto en particular. Luego, si el quejoso se ostenta como extraño a un procedimiento de naturaleza penal tendente a privarlo de la libertad y, además, dice desconocer el nombre correcto de la autoridad de la que proviene ese mandato, y solicita al Juez de Distrito que requiera al titular de la Procuraduría Estatal para que informe el nombre exacto de las agencias del Ministerio Público a su cargo distribuidas en alguno de los Municipios del Estado; el juzgador debe proceder en los términos solicitados, y recabar la información necesaria a fin de conocer la denominación de aquéllas, ya que en este caso no existen datos que permitan identificar plenamente a las autoridades designadas como responsables, ni se advierte que la legislación que las regula establezca la denominación correcta de dichas agencias del Ministerio Público." "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo." "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Las tesis transcritas, en principio, son criterios aislados que no resultan obligatorios en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que regula lo relativo a la obligatoriedad de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los demás tribunales de la Federación. Además, a criterio de quien aquí resuelve, son inaplicables en razón de que el acto reprochado no deriva de un procedimiento de naturaleza penal y precisamente la intención de este juzgador es identificar a las autoridades a quienes se les pretende atribuirles los actos controvertidos, sin que se considere que se aplique de manera rigorista una prevención necesaria a efecto de fijar la litis, ya que las mismas tesis indican que el órgano de amparo no se substituya al quejoso en dicha deficiencia, salvo cuando exista un hecho notorio de la denominación. En efecto, se comparte el criterio de que si se advierte algún cambio de denominación de la autoridad, procedería hacer la corrección relativa. A guisa de ejemplo, en algunos casos los quejosos han señalado como responsable al Secretario de Movilidad del Estado de Jalisco; sin embargo, al admitirse las demandas correspondientes se ha tenido con el carácter de autoridad responsable al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, en razón de que el artículo "QUINTO" transitorio de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco , establece que hasta en tanto se adecue el marco jurídico estatal a las nuevas denominaciones y atribuciones de las dependencias de la Administración Pública Estatal, las facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo de las dependencias que cambian su denominación o naturaleza con motivo del decreto por el que se creó la norma de referencia, serán asumidos por las nuevas dependencias o su titular, lo que resulta un hecho notorio para este juzgador en términos de lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En el caso, lo que se pretende clarificar es cuál de todas las autoridades de la unidad administrativa señalada es a la que le reviste el carácter de responsable. Asimismo, el señalamiento erróneo de las autoridades responsables no puede subsanarse por suplencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de epígrafe y contenido siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA. En un juicio de garantías las autoridades responsables deben estar designadas correctamente tanto en la demanda de amparo como en su correspondiente ampliación, para efecto de que, por una parte, sean oídas y tengan oportunidad de justificar los actos que se les reclaman y, por otra, para que el órgano de control constitucional esté en aptitud de apreciar si éstas han violado las garantías del quejoso, pues de lo contrario no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si la designada es quien realmente ha emitido el acto reclamado y, por ende, no resulta dable resolver sobre su constitucionalidad siendo, además, que las erróneamente señaladas tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión o que no han ejecutado los actos a ellas reclamados. Por tanto, cuando en el libelo constitucional no se realiza el señalamiento correcto de la autoridad responsable, la suplencia de la queja prevista por el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, no autoriza al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables, sino que únicamente pueden suplirse los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías, así como los preceptos violados con los actos reclamados" En todo caso, a fin de no tener un criterio rigorista que pueda vulnerar el principio de acceso a la justicia del promovente, enseguida se ajustará el apercibimiento que se considera armoniza con dicha máxima. c. Antecedentes. Bajo protesta de decir verdad complete y precise los antecedentes del acto reclamado, en el siguiente sentido: i. Indique sí se encuentra laborando dentro de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el cargo que venía desempeñando, es decir, de Inspectora del Trabajo Calificada. ii. Señale la fecha de conocimiento en que se ordenó la separación de su cargo. Cuestión que es necesaria se aclare, en términos de lo dispuesto en las fracciones I y II, del artículo 114, en relación con la fracción V, del arábigo 108, todos de la ley de la materia, para estar en oportunidad de precisar la litis y en su caso las autoridades señaladas como responsables rindan los informes de ley. Además, al ser un requisito formal previsto en la fracción V, del artículo 108 de la ley invocada, ya que es menester que el impetrante de garantías narre de forma completa sus antecedentes del acto reclamado, haciendo una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público, ya que de esa manera se fijaría la litis constitucional, las autoridades responsables estarían en aptitud de justificar los actos que se les reclama y el suscrito podrá realizar un correcto estudio del acto impugnado en la sentencia que en su momento se dicte. Hágase del conocimiento del promovente que la falsedad de declaraciones en el juicio de garantías constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de apoyo a lo anterior las siguientes tesis: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley" "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." Bajo protesta de decir verdad, indique la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de separación de su cargo y si fue realizada por lista de estrados, personalmente u otro medio de comunicación; o bien, sólo que no exista una notificación en dichos términos, manifieste la fecha en que tuvo conocimiento de tal acto, ya que en su demanda de garantías omitió ese dato. Es aplicable al caso la jurisprudencia siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. SI EL QUEJOSO OMITE SEÑALAR LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO Y DICHO DATO NO DERIVA DE SUS ANEXOS, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PREVENIRLO PARA QUE SUBSANE ESA DEFICIENCIA. De los artículos 116, 145 y 146 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, deriva que la omisión de señalar en la demanda la fecha en que se tuvo conocimiento del acto reclamado, cuando ello no se desprenda de los anexos con que se acompañe, constituye una irregularidad de aquélla al tratarse de un dato indispensable para que el juzgador de amparo pueda verificar su presentación oportuna y, en este sentido, se comprende en la fracción IV del primer numeral citado, que no sólo se refiere a la narración de acontecimientos ocurridos con anterioridad al acto reclamado, sino también a los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser ésta una cuestión de orden público y estudio oficioso. Por tanto, el Juez de Distrito debe prevenir al quejoso para que subsane esa deficiencia, y de no hacerlo, incurrirá en violación a las disposiciones fundamentales que norman el procedimiento, que podrá dar lugar a ordenar su reposición en términos del numeral 91, fracción IV, del ordenamiento legal citado" Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con el requerimiento hecho con anterioridad, dentro del lapso señalado, con las copias del escrito aclaratorio, acorde con lo que establece el artículo 114 de la ley de la materia, se proveerá, atendiendo a los puntos relativos, lo siguiente: Puntos a, c y d: se tendrá por no presentada su demanda de amparo. Puntos b: se tendrán como autoridades responsables a los titulares de las unidades burocráticas.
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