OWEN ISSAC LUDWIG FUENTES y Otros.
Expediente 1022/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1022/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- MIKEIMY NAOMI LUDWING FUNTES y Otros.
- Owen Issac Ludwig Fuentes
- OWEN ISSAC LUDWIG FUENTES y Otros.
- Carina Fuentes González
- Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Acapulco, Guerrero; cuatro de junio de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido la sentencia emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al juicio en que se actúa, se declara que dicha sentencia que no ampara ni protege a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción IV, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; al igual que el original del incidente de suspensión, atento a lo dispuesto en la fracción III del citado artículo Vigésimo Primero, previa conservación de la demanda de amparo, sentencia definitiva y resolución en la cual se concedió la medida cautelar; por lo que, se ordena glosar a estos autos el citado cuaderno; y, una vez que transcurran seis meses a partir de este auto, destrúyase únicamente el duplicado del incidente de suspensión; lo antepuesto, de conformidad a la fracción III, del artículo vigésimo del referido Acuerdo General Conjunto. Hágase constar lo anterior, tanto en la carátula del expediente principal como en los cuadernos incidentales. Finalmente, como la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad, remitió con su informe justificado copias certificadas del juicio de violencia familiar 369-1/2018, con las cuales se formó por separado un tomos de prueba; y como el presente juicio se encuentra concluido, devuélvase el citado tomo del expediente de mérito a la autoridad responsable aludida, dado que resulta innecesario que continúe integrado en este juicio. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Lucina Antonieta Dávila Ponce, Secretaria adscrita a este juzgado de Distrito, que autoriza y da fe.Razón. En la misma fecha se giraron los oficios cuya minuta se anexa a efecto de cumplimentar el auto que antecede. Conste.
- Principal
NOTIFICACION PERSONAL
- Principal
AVISO.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN AUTORIZADA EL DIEZ DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: "VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 1022/2018, promovido por Carina Fuentes González, en representación de sus menores hijos Owen Isaac y Mikeimy Naomi, de apellidos Ludwig Fuentes, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad; y otra. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, turnado ese día por razón de turno a a este Juzgado Octavo, Carina Fuentes González, en representación de sus menores hijos Owen Isaac y Mikeimy Naomi, de apellidos Ludwig Fuentes, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra la autoridad y el acto que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA: Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad. ACTO RECLAMADO La sentencia interlocutoria de fecha trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente número 369-1/2018, relativo al juicio de violencia familiar promovido por la suscrita por propio derecho y en representación de mis menores hijos Owen Isaac y Mikeimy Naomi, de apellidos Ludwig Fuentes, en contra de Obdulio Ludwig Pérez, mediante el cual se declaran infundados e inoperantes los argumentos hechos valer por la suscrita al interponer recurso de reconsideración en contra del acuerdo de once de octubre de dos mil dieciocho, por lo que se confirmó dicho auto." SEGUNDO. Tramitación de la demanda de amparo. Previo desahogo de la prevención contenida en auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, por acuerdo de siete de diciembre siguiente se admitió a trámite la demanda de amparo, la cual quedó registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 1022/2018; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención legal que le compete; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede.; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer y fallar el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 fracción I, 107 fracción VII constitucionales, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y de conformidad con el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, por tratarse de un acto dictado dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional del fuero común, con residencia dentro del ámbito territorial en el que este juzgado ejerce jurisdicción, cuya ejecución pudiera ser de imposible reparación. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que la parte quejosa reclama del Juez responsable la resolución interlocutoria de trece de noviembre de dos mil dieciocho, dictada en el expediente número 369-1/2018, relativo al juicio de violencia familiar que promovió Carina Fuentes González, por propio derecho y en representación de sus menores hijos Owen Isaac y Mikeimy Naomi, de apellidos Ludwig Fuentes, en contra de Obdulio Ludwig Pérez; mediante el cual se declaró improcedente el recurso de reconsideración interpuesto, y por ende, se confirmó el acuerdo de once de octubre de dos mil dieciocho, en el que se fijó fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de escucha de los citados menores. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó el acto reclamado (foja 36); lo que además, se corrobora con la copia certificada del expediente número 369-1/2018, relativo al juicio de violencia familiar promovido por Carina Fuentes González, en representación de sus menores hijos Owen Isaac y Mikeimy Naomi, de apellidos Ludwig Fuentes, en contra de Obdulio Ludwig Pérez (tomo I de pruebas), remitida como apoyo a su informe justificado; documental pública que dada su naturaleza tiene valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Al no existir causal de improcedencia alguna invocada por las partes ni que este juzgador advierta del oficio, previo al estudio de los conceptos de violación resulta necesario precisar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen del tomo uno de pruebas remitido por el Juez responsable como apoyo a su informe justificado, cuyo valor probatorio pleno quedó precisado en el apartado que antecede. Así, en la parte que interesa, de dichas actuaciones, con las que se formó el tomo I de pruebas, se advierte lo siguiente: 1.- Mediante escrito de cinco de marzo de dos mil dieciocho, Carina Fuentes González, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos Owen Issac y Mikeimy Naomi de apellidos Ludwig Fuentes, promovió en la vía especial la acción de violencia familiar en contra de Obdulio Ludwig Pérez, al tenor de los hechos ahí narrados, solicitando diversas medidas de protección y cautelares, como la separación del domicilio conyugal del demandado; y la guardia y custodia provisional y en su momento la definitiva, de los referidos menores, así como la solicitud de designación de psicólogo a las partes e hijos, para que realizaran las valoraciones psicológicas y pertinentes sobre cuidados parentales (fojas 1 a 18). 2.- A dicho ocurso recayó el auto de seis de abril de dos mil dieciocho, en el que se admitió a trámite la demanda, se ordenó el emplazamiento del demandado y se otorgaron las diversas medidas de protección en cuestión, así como la guardia y custodia provisional de los menores en comento en favor de su progenitora Carina Fuentes González; asimismo, se ordenó girar oficio a la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura Federal, para que designara un psicólogo a las partes y a los menores de edad en comento, a efecto de que, entre otras cosas, fueran valorados en dicha materia (fojas 19 a 34). 3.- Una vez emplazado el demandado, mediante escrito de treinta de abril de dos mil dieciocho, se apersonó a juicio, solicitando entre otras cosas, que el menor Owen Issac Ludwig Fuentes fuera escuchado en relación con los hechos que le imputaban a Obdulio Ludwig Pérez (fojas 49 a 56); a lo que recayó el acuerdo de dos de mayo siguiente, en que se le tuvo por apersonado, sin que el juez responsable se pronunciara sobre aquella petición (fojas 57 a 61). 4.- En atención a lo solicitado por la parte actora mediante escrito de once de mayo del año próximo pasado, con motivo de los hechos relatados con posterioridad a la admisión de la demanda en cuestión (foja 69 a 73), por acuerdo de veintitrés de abril de dos mil dieciocho (sic),el juez de la causa requirió al demandado para que dentro del término de tres días procediera a separarse del domicilio conyugal, así como para que informara el cumplimiento dado a dicho requerimiento con apercibimiento de multa (fojas 111 a 116). 5.- Mediante escritos de siete y ocho de junio del año próximo pasado (fojas 280 y 281), las partes demandada y actora respectivamente, informaron el cumplimiento dado a la medida cautelar precisada en el inciso inmediato anterior, así como el hecho de que Obdulio Ludwig Pérez se llevó consigo al menor de edad Owen Issac Ludwig Fuentes; a lo que recayó el proveído de once de junio siguiente en el que se dio vista al reo civil para que manifestara lo que a su interés conviniera sobre lo alegado por la actora, sobre la base de la preexistencia de la medida cautelar provisional de guarda y custodia antes adoptada (foja 282). 6.- En relación con lo anterior, por escrito de trece de junio de dos mil dieciocho, la parte actora expuso cómo aconteció el hecho relativo a que el menor Owen Issac Ludwig Fuentes fue llevado por su progenitor Obdulio Ludwig Pérez, cuando este último dio cumplimiento a la medida cautelar de separación del domicilio conyugal decretado en el juicio natural (fojas 284 y 285); a lo que recayó el auto de catorce de junio siguiente, en el que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, se requirió al demandado para que hiciera entrega del menor a su progenitora Carina Fuentes González, como se indicó en el auto de seis de abril pasado, con el apercibimiento que de no hacerlo así en el plazo de tres días, se haría acreedor a una multa (fojas 286 a 290). 7.- Atento a la vista otorgada en auto de once de junio de dos mil dieciocho, el demandado expuso el motivo por el cual el menor Owen Issac Ludwig Fuentes se fue con él el día en que dio cumplimiento a la medida cautelar de separación del domicilio conyugal decretado en el juicio natural, reiterando lo expuesto en su escrito de siete de junio anterior, en torno a que el citado menor se fue con él por su propia voluntad, y que por su edad -trece años- había adquirido una madurez lo que hacía necesario fuera escuchado, aunado a que le había manifestado que no estaba de acuerdo con la medida cautelar relativa a la guardia y custodia adoptada en el juicio natural (fojas 293 a 295). 8.- A dicho ocurso recayó el auto de dieciocho de junio de dos mil dieciocho, en el que se indicó que por el momento no era procedente acordar de conformidad lo solicitado, en razón de que en proveído de seis de abril de dos mil dieciocho, se ordenó la valoración psicológica del menor en comento, en tanto que el psicólogo recomiende si es viable escuchar a los hijos de ambas partes dado los eventos vividos en el seno familiar y que una vez que obraran los resultados de las valoraciones psicológicas de los niños se estaría en condiciones de proveer de conformidad atendiendo al interés superior del menor (fojas 296 a 298). 9.- Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil dieciocho, el demandado solicitó que el menor Owen Issac Ludwig Fuentes fuera escuchado sobre su sentir en relación con la medida cautelar de guardia y custodia (fojas 364 a 367), a lo que recayó el acuerdo de quince de agosto siguiente en el que se le indicó que no era procedente acordar de conformidad lo solicitado, ya que previo a escuchar al menor era necesario valorar el estado mental del mismo, por lo que ordenó girar oficio nuevamente a la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral (CECOFAM) para que fijara fecha y hora en la que tendría lugar aquella valoración tanto del menor como de las partes, a las que apercibió para el caso de que no se presentaran en dicha fecha y hora (foja 368 a 370). 10.- En ese punto es importante traer como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la ley de amparo el juicio de amparo 743/2018, del índice de este Juzgado Federal, promovido por Carina Fuentes González, por sí y en representación del menor de edad Owen Issac Ludwig Fuentes, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, a quien le reclamó la omisión de tomar las medidas necesarias para dar cumplimiento a la medida cautelar contenida en auto de seis de abril de dos mil dieciocho, relativo a la guardia y custodia provisional de los menores en comento, particularmente en lo que atañe a Owen Issac Ludwig Fuentes, que desde el siete de junio del año anterior se encontraba al cuidado de su progenitor, sin haber sido devuelto a la ahí quejosa, no obstante los diversos requerimientos efectuados sobre el particular. 11.- En dicho juicio de amparo por sentencia autorizada el veintitrés de enero del año en curso, se otorgó la protección de la justicia federal para que el juez del la causa adoptara las medidas que estimara necesarias y eficaces -concomitantes con las de apremio- para lograr la actualización de la medida cautelar de guardia y custodia del menor Owen Issac Ludwig Fuentes; en cumplimiento a ello el Juez responsable remitió copia certificada del acta levantada con motivo de la diligencia de entrega del menor Owen Issac Ludwig Fuentes de veintidós de marzo del año en curso, y por auto de dos de abril de dos mil diecinueve, se estimaron colmados los efectos del fallo protector, no obstante el resultado de dicha actuación, dado que el menor manifestó su oposición para ser devuelto al domicilio de su progenitora. 12.- Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil dieciocho, la parte demandada reiteró la petición de que se fijara fecha y hora para que tuviera verificativo la escucha de los menores Owen Issac y Mikeimy Naomi de apellidos Ludwig Fuentes (foja 552); a lo que recayó el acuerdo de once de octubre siguiente, en el que el juez responsable (fojas 553 a 560): a) Fijó las doce horas del nueve de noviembre siguiente para que tuviera verificativo dicha diligencia. b) Señaló que la escucha se efectuaría en el cubículo que ocupa la propia Titular del juzgado responsable, aduciendo que por oficio PJE/CJE/UAIJ/CCFS/3255-1018, de quince de agosto anterior, fue informada que la cámara GESELL ubicada en las instalaciones de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado sufrió fallas técnicas y no era posible registrar en audio y video las actividades que ahí se realizan, sin que se hubiera informado hasta esa fecha la reanudación de su funcionamiento. c) Consecuentemente, giró oficio a la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado para que designara a un psicólogo para la referida diligencia en la que actuaría conjuntamente con la propia juez de la causa, así como con el Secretario de acuerdos, el Agente del Ministerio Público y el Representante del Sistema para el Desarrollo de la Familia de la adscripción. d) Precisó que en el desahogo de la diligencia ordenada debía efectuarse conforme a los lineamientos del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que: d.1) Solicitó a la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado para que designara a un psicólogo para que fungiera como persona de confianza de los menores, con tiempo previo a dicha diligencia a fin de que se familiarice con ellos, los acompañe durante las diligencias, haciéndole saber la función que desempeñará. d.2) Fijó las dieciséis horas del ocho de noviembre de dos mil dieciocho, esto es, un día antes de la diligencia de escucha de los menores, para que se explicara con lenguaje fácil, entendible, de acuerdo a la edad y grado de desarrollo de aquéllos, la naturaleza y el propósito de la diligencia en la que participarán, indicándoles además la libertad que tienen para expresarse sin temor, así como para solicitar que se les aclare algo, o bien, para hablar o guardar silencio. d.3) Previno a las partes actora y demandada, con el apercibimiento respectivo, para que presentaran en la fecha y hora ya señalada a los menores Owen Issac y Mikeimy Naomi de apellidos Ludwig Fuentes, ya que como se indicó en líneas precedentes, el mencionado en primer término se encuentra bajo el cuidado de su progenitor y la segunda bajo el cuidado de su madre. d.4) Destacó la garantía de que la diligencia ordenada se desarrollaría en privado, durante el menor tiempo posible, ni que tengan que permanecer en espera del desahogo de otras diligencias en las que no intervengan que fueran programadas para el mismo día. d.5) Finalmente, requirió a la Directora de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado para que el psicólogo que designe, trajera consigo los elementos tecnológicos necesarios de videograbación, ya que la actuación en cuestión seria grabada en audio y video para su análisis y evaluación posterior, no solamente su resultado sino el desarrollo de la misma, por lo que la transcripción de dicho registro debía ser integrada al expediente; y para que dentro del término de ochos días siguientes a su verificativo, se remitiera el material de audio y video respectivo. 13.- Inconforme con dicho proveído, mediante escrito recibido el dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, la parte quejosa interpuso recurso de reconsideración, al tenor de los siguientes agravios (fojas 571 a 573): 13.1.- La determinación de que la diligencia de escucha de los menores debía efectuarse en las instalaciones del cubículo del Titular del juzgado responsable bajo el argumento de que la cámara GESELL no funcionaba, resulta incongruente, ya que si bien se ordenó su verificativo bajo los lineamientos del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquellas instalaciones no eran adecuadas para formar en los menores citados un ambiente de confianza, pues esa es la condición de dicho protocolo. 13.2.- Que para resolver sobre bases sólidas, era necesario que primeramente se reincorporara al menor Owen Issac Ludwig Fuentes, al domicilio de la actora, ya que la contienda no está en debate cuál de los progenitores le corresponde tener consigo a dicho menor, sino que la litis se relaciona con la violencia familiar, y la actuación desplegada por la juez parece que pretende beneficiar al demandado, además de deja de procurar la implementación de mecanismos y acciones tendientes a evitar la revictimización del menor en cuestión. 13.3.- La actuación ordenada por la juez responsable se encuentra fuera de contexto legal, y por ende, infringe lo dispuesto por el artículo 16 constitucional, pues no obstante que se trata de un juicio de violencia familiar, lejos de adoptar medidas tendientes a recuperar al menor Owen Issac Ludwig Fuentes, quien se encuentra viviendo con el demandado, se prepara todo para que le sea otorgada a Obdulio Ludwig Pérez la guardia y custodia de dicho menor. Además, se soslaya que cuando dicho menor se encuentra viviendo con su agresor, dada la jerarquía que existe entre ellos, el menor obedece lo que le indique su superior, en este caso, su progenitor demandado, por lo que previo a ordenar la escucha de los menores debieron efectuarse los análisis relativos que revelaran el grado de alienación parental de los menores; y que la valoración psicológica arrojó que Obdulio Ludwig Pérez fue objeto de maltrato infantil por parte de su progenitor, por lo que cabe la posibilidad de que siga con el mismo patrón con dicho menor. 14.- A lo anterior recayó el acuerdo de diecinueve de octubre pasado, en el que se admitió a trámite el recurso de reconsideración planteado (fojas 575 a 577). En este punto, cabe destacar que sobre la petición formulada por la parte quejosa por diverso ocurso de dieciocho de octubre de dos mil dieciocho, en el sentido de que debían realizarse de nueva cuenta los estudios psicológicos a los menores (foja 570), en dicho proveído el juez de la causa determinó improcedente acceder a tal pretensión. 15.- Por auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por desahogada la vista otorgada al demandado en torno al recurso de reconsideración planteado por la quejosa (foja 588); mientras que en diverso auto de seis de noviembre siguiente, se dio vista a las partes sobre lo informado por la Coordinadora de Psicólogos encargada del despacho de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado en relación con el impedimento para otorgar el apoyo solicitado para la realización de la diligencia programada para el nueve de noviembre pasado (foja 590). 16.- Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil dieciocho, la parte demandada desahogó la vista otorgada en el aludido proveído de seis de noviembre pasado, en el que reiteró su petición de que se desarrollara dicha diligencia (foja 591), a lo que recayó el auto de ocho de noviembre siguiente, en el que se fijaron las doce horas del diez de diciembre de dos mil dieciocho para el verificativo de la escucha de los menores, requiriendo a las partes para que proveyeran oportunamente los aparatos o elementos necesarios para el registro en audio y video del desarrollo de dicha diligencia cuya preparación se ordenó realizar en los mismos términos señalados en auto de once de octubre de dos mil dieciocho (foja 592). 17.- Finalmente, mediante interlocutoria de trece de noviembre de dos mil dieciocho, el juez responsable estimó infundados e inoperantes los agravios expuestos por la recurrente, declaró improcedente el referido recurso de reconsideración, confirmando el auto impugnado, al tenor de las siguientes consideraciones: 17.1.- En relación con los agravios que la juez de la causa sintetizó en los incisos a) y b), y que corresponde a lo reseñado en el antecedente 13.1, estableció que dichos agravios resultaban infundados porque los menores de edad que están inmersos en algún juicio, tienen derecho a que sean escuchados y que se conozca su parecer respecto a las circunstancias que viven; lo que justificó al tenor de la tesis que al efecto insertó. Además, que ese derecho deriva de lo dispuesto por el artículo 4º constitucional, en relación con los diversos ordinales 35 del Código Civil del Estado de Guerrero; y 3 y 4 de la Ley para la Protección de Niñas, niños y Adolescentes, de cuya intelección se establece el deber de velar y cumplir con el interés superior del menor, que sirve como guía en la toma de decisiones que les afecten. Por tanto, si en el caso es evidente que Owen Issac y Mikeimy Naomi de apellidos Ludwig Fuentes se encuentran inmersos en un juicio de violencia familiar, entonces tienen derecho a ser escuchados en sus opiniones, en función de su edad y madurez, para salvaguardar su integridad física, psicológica y emocional. Lo anterior, sin soslayar lo establecido por los diversos ordinales 520, 520 Bis fracción II, 521, y 522, fracción II, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, de cuya interpretación sistemática se deriva la facultad del juzgador de intervenir de oficio cuando se trate de cuestiones que afecten a los menores de edad, garantizándoles sus derechos, procurando su bienestar e integridad física y emocional, por lo que teniendo como base el interés superior del menor, el juzgador está facultado para ordenar oficiosamente la escucha de los menores, a efecto de conocer la verdad y tener elementos probatorios para resolver la litis. Que no es óbice a lo anterior lo informado mediante oficio PJE/CJE/UAIJ/CCFS/3255-1018, pues la diligencia ordenada no puede aplazarse indefinidamente hasta en tanto sea subsanada la falla técnica para la operatividad de la cámara GESELL; además ante la falta de ese elemento técnico se requirió al personal de la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado para que trajera consigo los elementos necesarios para llevar a cabo el registro en audio y video del desarrollo de dicha diligencia, con lo que se cumple con la recomendación respectiva contenida en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Además, es un hecho notorio que existen diversos aparatos y medios tecnológicos que pueden sustituir a la cámara de GESELL por sus características similares o superiores a dicho elemento de la tecnología, aunado a que el citado protocolo no establece que el desarrollo de la escucha de los menores deba ser registrado en audio y video mediante un instrumento específico, sino únicamente se dispone que debe mostrarse y explicarse a los menores sobre el uso del citado instrumento de grabación. Que el cubículo en el que se efectuará la diligencia respectiva, que corresponde al lugar de trabajo del Titular del juzgado responsable consiste en un lugar cerrado o privado, donde no existe injerencia de personas ajenas al expediente, ni se ve o se escuchan cosas que pudieran causarles temor; aunado a que se requirió de la designación previa de un perito en materia de psicología que acompañará a los menores durante la diligencia, todo lo cual permite advertir que no se afectan los derechos de los menores. 17.2.- En lo que atañe a los agravios que la juez de la causa sintetizó en los incisos c) a h), y que corresponden a lo sintetizado en los puntos 13.2 y 13.3, los estimó infundados e inoperante, porque el auto recurrido no tiene que ver sobre la guarda y custodia del menor Owen Issac Ludwig Fuentes, sino que sólo se ordenó su escucha para conocer su parecer en torno a los hechos sujetos a debate en la instancia judicial de que se trata, además de que su reincorporación al domicilio de la actora está decretado desde el catorce de junio de dos mil dieciocho, habiéndose decretado diversos requerimientos al demandado sobre el particular, e incluso, ello fue objeto de análisis en el juicio de amparo 743/2018, del índice de este juzgado de Distrito. Además, el hecho de que Owen Issac Ludwig Fuentes, no se encuentre actualmente en el domicilio de la actora, no constituye una circunstancia que haga necesario la revocación de la escucha de los menores, sino que por el contrario, ello implicaría una afectación a sus derechos e intereses. Así, el hecho de que haya ordenado la escucha de los menores no implica que se haya desatendido la litis del asunto que corresponde a un juicio de violencia familiar o sólo sobre su guardia y custodia provisional, pues desde la demanda la actora relató hechos de violencia familiar sobre que los menores Owen Issac y Mikeimy Naomi de apellidos Ludwig Fuentes, en tanto que unas de las medidas provisionales que deben decretarse es la guardia y custodia provisional de dichos menores, lo que así aconteció en el auto de radicación, por lo que una vez desahogada la audiencia relativa y valorados los medios allegados, se procederá a emitir resolución sobre dichas medidas de protección al receptor de la violencia familiar o dejando firmes las ya pronunciadas. Por ello, la escucha de los menores en conjunto con las demás pruebas, constituyen un medio probatorio que servirá para resolver sobre la contienda de que se trata, que, como se indicó, se erige como un derecho fundamento de los menores; por ello, la finalidad de la diligencia ordenada en el auto recurrido no tiene como objetivo beneficiar a alguna de las partes sino a resolver la litis en la que están inmersos menores de edad y por lo tanto, en apego al respeto a su interés superior. Con independencia de lo anterior, la escucha del menor Owen Issac Ludwig Fuentes fue ofrecida por el demandado al dar contestación a la demanda, y reiterada con posterioridad, de modo que la omisión a realizar dicha diligencia constituiría una infracción a las reglas del procedimiento por ser un derecho de los menores, lo que incluso se encuentra previsto en el artículo 628 del Código Civil del Estado de Guerrero. Así, contrario a lo sostenido por la recurrente, la diligencia en cuestión no derivaba del capricho del juzgador ni en beneficio del demandado, sino del estricto cumplimiento al interés superior del menor, el respeto a sus derechos y a las reglas del procedimiento en los que se encuentran involucrados. Además, el juez de la causa estimó inoperante lo aducido por la recurrente en el sentido de que se había dejado de procurar la debida protección de los intereses y derechos del menor Owen Issac Ludwig Fuentes, por no implementarse mecanismos y acciones tendientes a evitar su re victimización en el ámbito psicológico, emocional o físico; porque el auto recurrido sólo se ordenó su escucha siguiendo los lineamientos establecidos en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En lo que tiene que ver con la infracción a lo establecido por el artículo 16 constitucional, el juez de la causa estimó que por el contrario, el auto recurrido tenía apoyo en dicho ordinal, en tanto que obedece al interés superior de los menores, en tanto que dada la naturaleza del juicio, es obligación del juzgador establecer a cuál de los progenitores quedará el cuidado los menores por estimarse apto y que no ejerza violencia sobre aquéllos, por lo que esa escucha constituye un deber para conocer la opinión de los menores sobre el particular, o en su caso, indagar si son víctimas de violencia por parte del progenitor señalado como presunto victimario. Finalmente, en lo que corresponde a que previo a ordenar la escucha de los menores debieron efectuarse los análisis relativos que revelaran el grado de alienación parental de los menores, el juez responsable estimó infundado dicho argumento al sostener que la valoración de lo que al efecto manifiesten los menores constituye un medio probatorio independiente a las demás pruebas; por tanto, no es factible sostener la anterior afirmación, porque el resultado de la diligencia será ponderada con en forma conjunta. Además, que sobre el particular se aplica la regla establecida en el capítulo III, numeral 4, del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el personal actuante debe cerciorarse que el menor entienda y manifieste a su modo que se conduce o conducirá con verdad. Por ende, las manifestaciones que al efecto vierta el menor no podrán estar viciadas por alienación parental, dado que previo a su escucha, un especialista en la materia procura al infante precisamente para que en la audiencia se conduzca sin temor y tenga la confianza de decir abiertamente su modo de vivir, sin soslayarse la regla atinente a la valoración de tales manifestaciones, con independencia de las pruebas que en su caso se oferten precisamente para revelar aquella alienación parental que es independiente de la escucha del menor, los cuales se desahogan bajo reglas distintas. QUINTO. Estudio de fondo. Una vez precisados los antecedentes del acto reclamado, se procede al estudio de fondo del presente asunto; lo anterior, en la inteligencia de que en el caso se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, porque la resolución sujeta a examen se refiere a menores de edad, aunado a que su materia tiene que ver con el orden y desarrollo de la familia, habida cuenta que se emitió dentro de un asunto relativo a la violencia familiar atribuida a uno de los progenitores de dichos menores. En ese sentido, como motivo de disenso la parte quejosa aduce que el acto reclamado transgrede lo dispuesto en el artículo 4º constitucional, y la Convención de los Derechos del Niño, en relación con los numerales 14 y 16 constitucional, porque el Juez responsable resolvió en forma indebida el recurso de reconsideración atento a lo siguiente: a) porque en el auto impugnado de once de octubre de dos mil dieciocho, al ordenar la escucha de los menores no se señalaron los motivos por los cuales los menores involucrados deberían ser escuchados, aunado a que no se tomó en cuenta los elementos objetivos que corresponden al caso concreto, así como los elementos subjetivos que se refieren a las circunstancias personales de los menores hijos y de sus progenitores, para determinar la conveniencia de la práctica de la citada diligencia. b) porque en el auto impugnado se omitió señalar los términos y condiciones en que debería llevarse a cabo el desahogo de la citada diligencia, en términos del protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a efecto de evitar ocasionar alguna afectación emocional a los menores de edad. c) porque previo a ordenar la escucha de los menores ofrecida por la parte demandada en el juicio de violencia familiar, debió realizarles estudios psicológicos, para saber si dichos menores están en posibilidad de ser examinados o interrogados sobre posibles hechos que pudieran afectar su salud mental o emocional. d) el juez responsable soslayó efectuar una evaluación relativa al grado de alienación parental que presentaran los menores, y por tanto, la realización de la actuación ordenada en auto de once de octubre pasado infringe en su perjuicio los preceptos constitucionales invocados. MARCO JURÍDICO Para estar en aptitud de resolver en torno a la legalidad de la resolución reclamada, es importante precisar el siguiente marco legal. En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente, en su artículo 4º, en sus párrafos octavo, noveno y décimo, en lo que aquí interesa, textualmente dispone: "(.) En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez. (.)" De la redacción de dicho precepto legal se deriva el reconocimiento de distintos derechos a las niñas y a los niños, a la vez que establece el deber del Estado de proveer lo necesario para garantizar el pleno ejercicio de los mismos en atención al principio del interés superior de la niñez. Ahora bien, a fin de establecer cuáles son esos derechos de los niños protegidos por la Constitución, ésta incorpora los derechos contenidos por varios instrumentos internacionales, entre los que destacan la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo 24), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 19), la Declaración de los Derechos del Niño y, muy especialmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York, el veinte de noviembre de mil novecientos ochenta y nueve, suscrita por México el veintiséis de enero de mil novecientos noventa, ratificada por el Senado el diecinueve de junio de mil novecientos noventa, misma que en lo que aquí interesa sus artículos 3, 12, 19, 20 y 27, en forma preponderante constriñen a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño, en los siguientes términos: "Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3. Los Estados partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada". "Artículo 12. 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." "Artículo 19. 1. Los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberán comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial." "Artículo 20. 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario, la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico." "Artículo 27. 1. Los Estados partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño." Dichos dispositivos legales establecen que los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afecten, teniéndose en cuenta para ello la edad y madurez del niño; de esta manera, se dará oportunidad al niño de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que le afecte, ya sea directamente o por medio de representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional, y que en todas las medidas concernientes a los menores que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, será consideración primordial el interés superior del niño. Derecho fundamental que también recoge la Ley para la Protección y Desarrollo de los menores en el Estado de Guerrero, número 415, publicada en el Periódico Oficial del Estado, el quince de enero de dos mil dos, de conformidad con el artículo 6, fracción XI, en relación con el capítulo doce, relativo a los numerales del 78 al 82, dicen: "ARTICULO 6.- Son derechos fundamentales de los menores: I. (.) XI. Derecho a participar; (.)" "CAPITULO XII DEL DERECHO A PARTICIPAR "ARTICULO 78.- Los menores de edad tienen derecho a la libertad de expresión, la cual incluye sus opiniones y a ser informados. Dichas libertades se ejercerán sin más límite que lo previsto por las Leyes." "ARTICULO 79.- Los menores de edad tienen derecho a ejercer sus capacidades de opinión, análisis, crítica y de presentar propuestas en todos los ámbitos en los que viven, trátese de familia, escuela, sociedad o cualquier otro, dentro del marco legal que nos rige. "ARTICULO 80.- Los menores de edad tienen derecho a la información. En cumplimiento de este derecho se diseñarán políticas orientadas al ejercicio del derecho a que se refiere el artículo anterior. "ARTICULO 81.- El derecho a expresar opinión implica que se les tome su parecer respecto de: I. Los asuntos que les afecten y el contenido de las resoluciones que les concierne, y II. Que se escuchen y tomen en cuenta sus opiniones y propuestas sobre los asuntos de su familia, escuela o comunidad." "ARTICULO 82.- Los menores de edad tienen derecho a reunirse y asociarse con la finalidad de tratar asuntos inherentes a su condición de infantes y adolescentes. Las autoridades correspondientes deben disponer lo necesario para que puedan ejercerlo sin más límites que los que establecen las normas respectivas." Por su parte, los artículos 27-bis y 35 del Código Civil del Estado de Guerrero disponen: "Artículo 27 Bis.- Toda persona tiene derecho a que se le respete su integridad corporal y psicológica, así como su sano desarrollo para incorporarse al núcleo social para ello, contará con la asistencia y protección del Estado, conforme a las Leyes de salud y asistencia social, siendo sancionable todo acto de violencia intrafamiliar. (.)" "Artículo 35.- Las personas físicas que no hayan cumplido dieciocho años son menores de edad. En el Estado de Guerrero es de orden público e interés social la protección y atención de la salud física y mental de los menores de edad, así como su educación." De lo anterior se vislumbra la intención del Estado de preservar en un grado de privilegio los derechos de la niñez protegiéndolos a través de la ley Suprema, disposiciones internacionales y locales, para evitar de esta manera que se causen posibles lesiones o agravios en su integridad humana y lograr su sano crecimiento y desarrollo dentro del entorno en que se desenvuelven. En las condiciones apuntadas, debe concluirse que toda contienda judicial en que se vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe resolverse sin desatender un principio básico: el interés superior del niño. El principio del interés superior del niño, se entiende entonces como un conjunto de acciones y procesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna, así como las condiciones materiales y afectivas que les permitan vivir plenamente y alcanzar el máximo bienestar posible. Esto es, el principio relativo al interés superior del niño, implica dar prioridad al bienestar de los infantes ante cualquier otro interés que vaya en su perjuicio. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 25/2012 (9a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 334, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas que tomen relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Asimismo, la tesis número 1a. XLVII/2011, sustentada por la Primera Sala del más Alto Tribunal del País, consultable en la página 310, del Tomo XXXIII, Abril de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro y texto siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro país en materia de protección de los derechos del niño. En este sentido, el interés superior del niño es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha entendido que el interés superior es un principio que está implícito en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector de los derechos del niño." Por su parte, los artículos 520, 520-Bis, y 522 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, disponen: "Artículo 520.- Orden público de los asuntos del orden familiar. Todos los asuntos inherentes a la familia se considerarán de orden público por constituir la base de la integración de la sociedad, estando facultado el juzgador para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de los alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares que tiendan a preservarla y a proteger a sus miembros dentro de los lineamientos legales previstos en el Libro Segundo Título Primero Capítulos IV y VI de este Código. Por tanto, en todos los asuntos que verse este Título, tratándose de los menores, deberá tener intervención el Ministerio Público y el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia". Artículo 520 Bis.- Para los procedimientos previstos en el presente Título se observarán los principios siguientes: (.) II. Interés superior de la infancia. El juzgador tratándose de procedimientos que involucren a menores de edad, deberá garantizarles a éstas sus derechos, procurando su bienestar e integridad física y emocional; (.) Artículo 522.- Reglas generales aplicables a los asuntos de orden familiar. En los juicios del orden familiar regirán las siguientes reglas generales: (.) V. En los juicios o acciones donde se encuentren inmersos menores de edad, el juzgador emitirá sus decisiones y determinaciones atendiendo al interés superior del menor, privilegiando los derechos fundamentales de los niños, por encima de cualquier otro, para ello, el juzgador no estará sujeto a resolver solamente con las pruebas que aporten las partes, sino que ejercerá las pruebas e investigaciones de oficio que considere pertinentes a fin de garantizar el bien y la protección de los menores. Asimismo deberá resolver sobre las medidas provisionales y aquellas que tiendan (sic) la preservación de los derechos del menor de manera oportuna. De estos dispositivos legales transcritos se obtiene que el juez está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia especialmente en caso de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas cautelares que tiendan a preservar los derechos de los menores de manera oportuna; y, que deberán tomar en cuenta todos los elementos que estén a su alcance para decidir bajo el principio del interés superior del menor. Es importante destacar que en cada una de estas medidas deberá tenerse siempre en cuenta el interés superior de la infancia, de modo que no deberá adoptarse determinación que implique algún perjuicio para los menores, más allá de los efectos normales que resultan inherentes a su participación dentro de un procedimiento jurisdiccional. Asimismo, resulta de la mayor trascendencia que todas las decisiones que se adopten en relación con la participación de los menores en el procedimiento, se expresen con claridad y exhaustividad por el juzgador. Lo anterior posibilitará la comprobación de que se ha actuado conforme al interés superior de la infancia durante el procedimiento y, en su caso, detectar las deficiencias en este sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 11/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 345, Libro 40, Marzo de 2017, Tomo I, Constitucional, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del tenor siguiente: "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA. El derecho referido está regulado expresamente en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño e implícitamente en el numeral 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y comprende dos elementos: i) que los niños sean escuchados; y ii) que sus opiniones sean tomadas en cuenta, en función de su edad y madurez. Ahora bien, la naturaleza jurídica de este derecho representa un caso especial dentro de los llamados "derechos instrumentales" o "procedimentales", especialidad que deriva de su relación con el principio de igualdad y con el interés superior de la infancia, de modo que su contenido busca brindar a los menores de edad una protección adicional que permita que su actuación dentro de procedimientos jurisdiccionales que puedan afectar sus intereses, transcurra sin las desventajas inherentes a su condición especial. Consecuentemente, el derecho antes descrito constituye una formalidad esencial del procedimiento a su favor, cuya tutela debe observarse siempre y en todo tipo de procedimiento que pueda afectar sus intereses, atendiendo, para ello, a los lineamientos desarrollados por este alto tribunal. Entonces, a partir de lo expuesto con antelación puede concluirse que la participación del niño, niña o adolescente (este último carácter lo tienen aquéllos que tienen una edad entre doce años cumplidos y hasta los dieciocho años) efectivamente constituye un derecho que no debe conceptuarse como una mera citación para que declare libremente sobre determinados hechos o temas, sino que esa participación debe estar previamente preparada y diseñada no sólo en cuanto al punto sobre el que se pretende que el menor deponga sino, además, respecto de la asistencia especializada anterior a la cita judicial, en la que se le explique por un especialista neutral a las partes, la razón de su próxima intervención, el contenido y posible extensión, la libertad de que goza tanto para declarar como para no hacerlo y las consecuencias posibles de su intervención, pues ningún niño o adolescente puede ser obligado a testificar en el proceso de justicia contra su voluntad. Es más, deben tener acceso a la asistencia de profesionales capacitados antes de que rinda su declaración, lo que incluye servicios de asistencia y apoyo tales como servicios psicológicos y, en caso de que la persona especializada en infancia haya brindado la atención al niño, niña o adolescente concluya en su evaluación que éste requiere de tratamiento para poder participar en el juicio, la persona que imparte justicia deberá atender las recomendaciones que se señalen en aquélla, incluyendo, de ser el caso, posponer la declaración del menor de que se trate. Por otra parte, cabe destacar que es indispensable la preparación previa a la declaración del niño, niña o adolescente, la cual debe acreditarse; lo anterior, para propiciar que el adolecente acuda lo más consciente posible dentro de su condición psíquica y emocional, y condi-cionarlo positivamente para enfrentar un ambiente regularmente cargado de la tensión propia de las contiendas judiciales en que los adultos -partes adversas- despliegan su ataque o defensa de forma directa ante el juzgador. Además, resulta indispensable que, entre otros aspectos, en el auto que se requiera de cualquier modo la participación personal de un niño en el proceso judicial, debe definirse el lugar específico en que aguardará mientras no participe en la diligencia de que se trate, el cual no podrá ser un pasillo de tránsito común de personas, Sala o recinto también abierto al acceso público, a fin de evitar la revelación de su fisonomía e identidad, ni someterlo a un esfuerzo físico (como permanecer parado el lapso de espera), esto es, deberá definirse previamente el lugar en que deba presentarse a fin de que se esté en certidumbre de que precisamente ahí se desahogará la cita. En ese orden de ideas, se arriba a la convicción de que la escucha de los menores debe estimarse como un derecho fundamental cuya operatividad depende de cada caso en concreto, de forma tal que la decisión relativa debe comprender una preparación previa a ello así como durante el desarrollo de la actuación de que se trate, a través de personal capacitado, a fin de aminorar cualquier afectación más allá de la estrictamente inherente a la participación propia en el proceso, por lo que, si en el caso el objeto de debate tiene que ver con hechos constitutivos de violencia familiar atribuidos a uno de sus progenitores, de ello se deriva lo acertado de la decisión sujeta a revisión. Lo anterior, porque precisamente se está ante la presencia de un procedimiento en el que inexorablemente habrá de emitirse una determinación que directamente afectará a los menores de edad Owen Isaac y Mikeimy Naomi, de apellidos Ludwig Fuentes, de modo que previo a tal pronunciamiento, resultaba indispensable recabar su opinión bajo los parámetros antes reseñados; aspectos que fueron aducidos por el juez de la causa como motivos que justifican el sentido de su decisión (punto 17.1); lo que guarda congruencia con el marco legal establecido con miras a salvaguardar el interés superior del menor; de ahí que se estime infundado lo esgrimido por la parte quejosa sintetizado en el inciso a), en el sentido de que el juez responsable fue omiso en exponer los motivos por los cuales los menores involucrados deberían ser escuchados. Mas aun, no puede perderse de vista que precisamente aquella escucha -al menos de uno de dichos menores- fue ofrecido por el propio progenitor demandado; lo que revela que, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, no existe evidencia de que se dejaron de considerar los elementos objetivos del caso concreto, así como los elementos subjetivos relativos a las circunstancias personales de los menores y de sus progenitores, para determinar la conveniencia de la práctica de la citada diligencia, pues desde la radicación del asunto se ordenó la valoración psicológica de aquellos, sin que de su resultado se hubiera obtenido indicio alguno que permitiera válidamente arribar a la conclusión de que la participación de los menores ordenada por el juzgador tuviera un efecto negativo en alguna de sus esferas, pues ante la premisa de que la participación de los menores de edad en los asuntos que les afecten constituye un derecho fundamental, de ello se obtiene que su restricción absoluta debe ser la excepción y sólo en el caso de que exista evidencia que objetivamente así lo determine, lo que en el caso no acontece. Asimismo, no puede pasarse por alto que de las conclusiones de la valoración psicológica previa de la que fueron objeto los menores de edad para advertir que su finalidad era obtener un reporte completo del estado emocional y psicológico, arrojó que dichos menores presentan una afectación por los hechos que se encuentran viviendo, no así por su eventual participación, ante lo cual se hace necesaria -se insiste- la recepción de su opinión. Ahora bien, procede verificar si la decisión sujeta a examen en la que se confirmó el auto recurrido, colmó los aspectos necesarios para garantizar la salvaguarda del interés superior del menor, a efecto de estar en aptitud de contestar los argumentos precisados en los inciso b) y c). En ese sentido, el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a Niñas, Niños y Adolescentes, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye una herramienta de apoyo a cualquier autoridad, y en particular en lo que atañe a los procedimientos judiciales en los que un menor de edad participe, al establecer pautas para preservar sus derechos a fin de evitar hasta donde sea posible una mayor lesión de su persona y lograr una efectiva tutela de sus derechos, dada su circunstancia de vulnerabilidad frente a los adultos y con mayor razón, frente al aparato estatal. Esto, porque en el referido protocolo se concentran y sistematizan de forma más simplificada las reglas que de acuerdo a los diversos compromisos internacionales asumidos por los Estados Unidos Mexicanos sobre la protección de los menores de edad, la Constitución Federal y diversas leyes internas sobre la materia, deben observarse en general por todas las autoridades del país, al referirse a derechos humanos que por disposición expresa prescrita en el párrafo tercero del artículo 1° del mencionado Documento Fundamental, tienen que encausar toda actuación del Estado. Así, en dicho material existen previsiones generales que deben aplicarse en toda ocasión en la que un niño, una niña o un adolescente participen en un procedimiento judicial, esto es, son acciones que no corresponden a un momento procedimental específico o a algún tipo particular de diligencia, sino que deben aplicarse en todo supuesto en el que se participe dentro del proceso. Las pautas que tienen especial relevancia para el presente asunto, son las siguientes: "1. SER INFORMADO E INFORMADA. Las niñas, niños y adolescentes, sus padres, madres, tutores, tutoras o sus representantes legales, en la medida de lo posible y apropiado, deberán ser informados en un lenguaje asequible a ellos y con prontitud de: a) La disponibilidad de servicios médicos, psicológicos, sociales y otros servicios de interés, así como de los medios para acceder a ellos, junto con asesoramiento o representación legal o de otro tipo, reparación, apoyo financiero de emergencia, según el caso; b) Los procedimientos aplicables en el proceso de justicia, incluido el papel de las niñas, los niños y adolescentes, la importancia de su participación, el momento y la manera de prestar testimonio, y la forma en que participarán durante la investigación y el juicio; (.). d) las fechas y los lugares específicos de las diligencias y otros acontecimientos importantes; e) Las medidas de protección disponibles. 2. ASISTENCIA A LA PERSONA MENOR DE 18 AÑOS. (.) b) Canalización con personal especializado Los niños, niñas y adolescentes, y cuando proceda sus familiares, deberán tener acceso a la asistencia de profesionales capacitados, lo que incluye servicios de asistencia y apoyo tales como servicios financieros, jurídicos, de orientación, de salud, sociales y educativos, de recuperación física y psicológica y demás servicios necesarios para la reinserción del niño. Toda asistencia de esta índole deberá atender las necesidades del niño, niña y adolescente. En tanto este tipo de servicios no puede ser proporcionado en los juzgados o tribunales, cuando la persona encargada de impartir justicia constate la necesidad de cierto apoyo especializado para el niño, niña o el adolescente, deberá canalizarlo con la instancia que se determine, a fin de brindar la atención que requiera para poder participar de manera efectiva en el proceso de justicia. En caso de que la persona especializada en infancia que brindó la atención al niño, niña o adolescente concluya en su evaluación que éste requiere de tratamiento para poder participar en el juicio, la persona que imparte justicia deberá atender las recomendaciones que se señalen en aquélla, incluyendo, de ser el caso, posponer la declaración de la niña, el niño o el adolescente. c. Especiales. Si a partir de la edad, grado de madurez, desarrollo o necesidades particulares de un niño, niña o adolescente, que podrían incluir sin limitarse a ello la discapacidad (si la hubiera), el grupo étnico, la pobreza o el riesgo de victimización repetida, aquél requiere medidas especiales de asistencia con el fin de prestar declaración o participar en el proceso de justicia, se deberá canalizar al niño, niña o adolescente con las personas profesionistas especializadas que se requiera, esto podría incluir servicios de asistencia y apoyo como financieros, jurídicos, de orientación, de salud, sociales y educativos, de recuperación física y psicológica, entre otros, buscando que la atención que se les brinde sea proporcionada en forma gratuita. (.) 5. VERIFICACIÓN DE QUE UNA PERSONA DE APOYO ACOMPAÑA AL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. Antes de invitar a un nin~o, nin~a o adolescente a comparecer ante los tribunales, la persona encargada de impartir justicia comprobara´ que el nin~o, la nin~a o el adolescente ya esta´ recibiendo la asistencia de una persona de apoyo. Si au´n no se ha designado una persona de apoyo, quien imparte justicia solicitara´ a la instancia que se determine el nombramiento de una persona de apoyo, consulta´ndolo con la persona menor de 18 an~os y sus padres o tutor. Asimismo, dara´ tiempo suficiente a la persona de apoyo para familiarizarse con el nin~o, nin~a o adolescente y con la causa. El integrante de la Judicatura o Magistratura competente informara´ a la persona de apoyo de la fecha y lugar de celebracio´n del juicio o la vista. 6. ACOMPAÑAMIENTO DE LA PERSONA DE APOYO. 1. Además de la madre, padre, el tutor o tutora del niño, niña o adolescente y la persona que fuente como su abogado, o cualquier otra persona pertinente designada para prestar asistencia, el integrante de la Magistratura o de la Judicatura competente permitirá a la persona de apoyo que acompañe al niño, niña o adolescente durante toda su participación en el procedimiento judicial, con el fin de reducir el nivel de ansiedad o estrés. 2. Quien tiene a su cargo la impartición de justicia informará a la persona de apoyo de que tanto esta, como el niño, niña o adolescente, podrán solicitar al tribunal una suspensión de actividades siempre que lo necesiten. 3. El tribunal podrá ordenar que el padre, la madre o el tutor o tutora del niño, niña o adolescente abandonen la vista únicamente cuando sea en beneficio del interés superior del niño, niña o adolescente. 7. SOBRE EL TESTIMONIO DE LA NIÑA, EL NIÑO O EL ADOLESCENTE. Tanto en documentos internacionales, como los órganos que trabajan a favor de la infancia han puesto énfasis en la relevancia del testimonio de la persona menor de edad cuando está vinculado con un proceso de justicia. En ese sentido, se han establecido una serie de condiciones que deben observarse para que el testimonio del niño, niña o adolescente se recoja de manera óptima, mismas que a continuación se enlistan: a. Medidas para facilitar el testimonio. Quienes imparten justicia deberán adoptar y aplicar medidas para que a las niñas y los niños les resulte más fácil participar en el juicio. Entre esas medidas se proponen las siguientes: a) Canalizar a los niños y niñas con personas profesionales especializadas, de diversas disciplinas, que atiendan sus necesidades; b) Permitir que personal de apoyo, incluidos especialistas y los familiares apropiados, acompañen al niño o niña mientras presta testimonio; c) Si procede, nombrar a una persona como su tutora que proteja los intereses jurídicos del niño o la niña. (.). c. Preparación del niño, niña o adolescente para que su participación sea sin temor. En toda participación infantil dentro de un procedimiento judicial, el niño, niña o adolescente deberá sostener una plática previa a la diligencia a desahogarse. En dicha plática se les deberá explicar, de acuerdo a su edad y grado de desarrollo, la naturaleza y el propósito de la diligencia en la que participará. En particular deberá transmitírsele que se encuentra en plena libertad de expresarse sin temor utilizando mensajes básicos que deben por lo menos contemplar la explicación detallada sobre la diligencia, la forma en la que se desarrollará, quiénes estarán presentes y la función de cada uno, así como lo que deberá hacer el niño, niña o adolescente, explicitar su libertad para decir que no entiende algo, o para hablar o guardar silencio según sea su deseo. Cuando se trate de un niño, niña o adolescente víctima o testigo, o bien en un asunto de materia familiar, se deberá transmitirle mensajes que reconozcan su valor y credibilidad, mensajes desculpabilizantes, explicitar que la única expectativa que se espera es que exprese lo que sabe o ha vivido, es decir, que no hay respuestas correctas o incorrectas, anticipar posibles temores comunes y disipar cualquier temor a ser castigados por expresarse libremente. La preparación del niño, niña o adolescente para participar sin temor debe suceder por lo menos un día previo al desahogo de la diligencia prevista. Cuando por razones inmodificables esta antelación sea imposible, deberá suceder inmediatamente antes del desahogo de la diligencia en cuestión. Durante la preparación del niño, niña o adolescente debe propiciarse abiertamente que estos puedan hacer preguntas o adicionar cualquier información que deseen expresar. d. La testificación Ningún niño, niña o adolescente será obligado a testificar en el proceso de justicia contra su voluntad o sin el conocimiento de su madre, padre, tutor o tutora. (.). f. Presencia de personal capacitado. Conforme a las reglas de cada procedimiento judicial, se procurará que en toda declaración, ampliación o plática sostenida con un niño, niña o adolescente se cuente con la presencia de personal capacitado en la atención especializada a población infantil. Las preguntas serán, previa calificación por el juez o jueza y el personal especializado, planteadas por quien tenga la especialidad en comunicarse con el niño o la niña e incluso por quien haya acogido su confianza. En el caso en que alguna de las partes deba hacer preguntas al niño, la niña o adolescente, estas serán debidamente calificadas por el personal especializado fuera de su alcance auditivo o visual. Las demás personas que tengan derecho u obligación de estar presentes y conocer el desarrollo de la diligencia, lo harán a través de medios electrónicos sin estar presentes en la misma habitación que el niño, la niña o el adolescente. Esta declaración se deberá tomar en un espacio privado en el que el niño, niña o adolescente no tenga contacto visual o auditivo con asuntos o personas ajenas a la diligencia en que participa. Cuando el niño, niña o adolescente así lo deseen, estará presente una persona de confianza elegida por ellos, pudiendo esta no ser su representante legal. En estos casos dicha persona de confianza deberá abstenerse de intervenir de manera alguna en la diligencia. g. Requerimientos metodológicos. Independientemente de la metodología o modelo de intervención utilizada con el niño, niña o adolescente, ésta deberá ajustarse a los siguientes requisitos: a) Debe basarse en las características de desarrollo cognitivo, emocional y moral de la persona menor de 18 años; b) Debe permitir la narrativa libre por parte del niño, niña o adolescente como base para toda indagatoria; c) Debe contemplar la adecuada elaboración de preguntas para el esclarecimiento de lo narrado por el niño, niña o adolescente; d) Debe contemplar el uso adecuado de materiales de apoyo para la expresión del niño, niña o adolescente, y e) Debe contemplar estrategias para el manejo de la tensión y estrés en el niño, niña o adolescentes, así como la detección y manejo de mecanismos de defensa psicológicos. h. Registro de la participación del niño,?niña o adolescentes. Toda actuación infantil deberá ser grabada en audio e imagen en su totalidad. La grabación deberá integrarse, ser transcrita y permanecer en el expediente de manera inmediata, así como extenderse copia al representante legal del niño o niña o cuando así lo soliciten las partes del proceso. Asimismo, la grabación de la participación del niño o niña deberá ser guardada en total confidencialidad. La presencia y uso de instrumentos de grabación no deben ser ocultados al niño o niña, sino por el contrario, deben mostrarse y explicitar el motivo de su utilización. i. Valoración del dicho infantil. Toda valoración de una declaración infantil deberá ser hecha tomando en cuenta sus derechos y deberá considerar su grado de desarrollo, particularmente al momento de estudiar aparentes contradicciones en el mismo. La valoración del dicho de un niño o niña deberá hacerse en consideración de los criterios de credibilidad establecidos. Dichos criterios deben orientar la valoración judicial, quien en el uso de su buen criterio deberá fundar y motivar su valoración en consideración de los mismos. Toda valoración de un dicho infantil deberá considerar las condiciones en las que fue tomada dicha declaración y su posible afectación sobre la actuación del niño. (.) 9. PRIVACIDAD. El juez o jueza debe en la mayor medida posible resguardar la privacidad de toda participación infantil. Esta regla tiene dos implicaciones prácticas: el resguardo de la identidad del niño, niña o adolescente y la privacidad de las diligencias en las que se encuentre presente. En cuanto al resguardo de la identidad de la persona menor de 18 años, el Juez o Jueza debe hacer el mayor esfuerzo por resguardar la identidad del niño, niña o adolescente ante cualquiera que no sea parte del asunto. En particular debe velar que su identidad no sea hecha pública ante los medios de comunicación. En cuanto a la privacidad de las actuaciones infantiles, el juez o jueza deberá tomar todas las medidas necesarias para garantizar que el niño, niña o adolescente pueda desarrollar dicha actuación en privado. En orden preferencial una oficina o espacio cerrado será el lugar ideal para el desarrollo de toda diligencia infantil. En particular es importante que el niño, niña o adolescente no tenga a la vista personas ajenas al asunto o a quienes pueden intimidar o afectar su actuación. Asimismo es necesario que el niño, la niña o el adolescente no escuche asuntos que no sean los que le afectan directamente y que no se sienta escuchado por ellos al hablar. Los únicos presentes en el desahogo de una actuación infantil deberán ser aquellos que por ley tienen derecho u obligación a estar presentes, siempre y cuando en todo momento se abstengan de hablar directamente al niño, niña o adolescente, o afectar su comportamiento de cualquier manera. Estas personas podrán estar dentro del mismo espacio físico que el niño o niña, pero deberán permanecer fuera de su vista. También podrá estar presente alguna de las personas que funjan como tutores o representantes legales, o si el niño, niña o adolescente así lo prefiriere alguna persona de su confianza. Esta imposibilidad de contacto y participación también se le debe explicar al el niño, niña o adolescente. (.). 11. CONTACTO CON PERSONAS ADULTAS QUE PUEDEN INFLUIR EN EL COMPORTA-MIENTO O ESTABILIDAD EMOCIONAL DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. Los integrantes de la Magistratura o de la Judicatura deberán evitar en toda actuación infantil que el niño, niña o adolescente tengan contacto con cualquier persona adulta que pueda alterar su integridad emocional y afectar su actuación en el juicio. Este resguardo debe contemplar tanto quienes están presentes en el momento del desarrollo de la diligencia, como a quienes el niño o niña tiene a la vista o por quien el mismo se sabe visto. En los casos en que la persona que pudiera afectar la actuación del niño o niña tenga derecho a estar presente en la diligencia judicial, se deberán utilizar medios electrónicos para el desarrollo de la misma, a efecto de que el menor no tenga contacto visual o auditivo directo con aquella. Dicho contacto deberá evitarse tanto en el tránsito hacia la diligencia, como al momento de retirarse dentro del juzgado. El niño, niña o adolescente no deberá tener contacto auditivo o visual con asuntos ajenos al que le compete durante su estancia en el juzgado para efectos del desarrollo de una diligencia. 12. TEMPORALIDAD Y DURACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL.? En toda actuación o diligencia que implique la participación de un niño, niña o adolescente, quien imparte justicia deberá tomar las medidas para que estas duren lo menos posible. Para ello impedirá actuaciones ociosas en las que intervenga el niño, niña o adolescente y solicitará que las partes justifiquen debidamente la razón de la actuación del niño, niña o adolescente. En particular el Juez o Jueza deberá velar por que las ampliaciones de declaraciones hechas por niños o niñas se desarrollen con el propósito de indagar información específica y adicional y no únicamente con la finalidad de agotar una actuación de manera rutinaria. Asimismo, el Juez o Jueza deberá velar por que el niño, niña o adolescente se encuentre presente en el juzgado el menor tiempo posible para efectos de desahogar una diligencia. En particular deberá asegurarse que la participación del niño, niña o adolescente se desarrolle puntualmente a la hora en que fuera citado, que sea en un horario que no interfiera con necesidades básicas de los infantes (comer o dormir) y que el niño o niña esté en plena libertad de retirarse en cuanto haya concluido su participación directa y personal en el asunto. Bajo ninguna circunstancia el niño, niña o adolescente deberá ser obligado a permanecer en el juzgado en espera del desahogo de otras diligencias en las que no intervenga que fueran programadas para ese mismo día y en ese mismo asunto. Para tal efecto, el Juez o Jueza cuidará que la persona que ostenta la custodia del niño, niña o adolescente no tenga diligencias que desahogar en horarios que le impidan retirarse con él cuando termine su participación o que le requieran estar en el juzgado previamente a la participación del niño, niña o adolescente. Cuando la presencia de quien ostenta la custodia sea requerida en el mismo día, el juez o jueza deberá citarle con antelación necesaria y prevenirle que será necesario prever que otra persona pueda asumir el cuidado del niño o niña para evitar que se encuentre presente en el juzgado. Quien juzgue buscará que la primera declaración que desahogue en el desarrollo de la audiencia sea la de las personas menores de edad. (.). 15. LOS JUZGADOS. Las personas encargadas de impartir justicia se asegurara´n de que en la sala de audiencias se disponga lo necesario para las nin~as, los nin~os y los adolescentes tales como agua, asientos elevados, asistencia para nin~os y nin~as con discapacidad, entre otros aspectos. En la medida de lo posible, la disposicio´n de la sala debe permitir que el nin~o, nin~a o adolescente pueda sentarse cerca de su madre, padre, tutor, tutora, persona de apoyo, abogado y abogada durante todo el procedimiento. 16. SUPLENCIA A FAVOR DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. El niño, niña o adolescente gozará de la suplencia de la queja deficiente más amplia en toda materia e instancia la suplencia deberá ejercerse con base en el interés superior del niño, niña o adolescente incluyendo la actuación oficiosa extra litis cuando se detectare una situación de riesgo o peligro para el niño, niña o adolescente. Las personas encargadas de impartir justicia deberán hacer lo posible para que el niño o niña quede exento de todo formalismo procesal o adecuar los procedimientos a las capacidades de los niños, niñas o adolescentes. Deberá evitarse que estén expuestos a escuchar interacciones entre las partes que por su naturaleza y lenguaje técnico pudieran infundirles temor o confusión. 17. MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE. Cuando un Juez o Jueza se percate de cualquier riesgo o peligro en la integridad y desarrollo del niño, niña o adolescente, deberá tomar de manera oficiosa todas aquellas acciones que estén a su alcance para salvaguardar la seguridad y restitución de los derechos de la infancia. Esta obligación será aplicable aún cuando aquellas situaciones de riesgo o peligro no formen parte directa de la litis que es de su conocimiento. En las medidas a tomar por la autoridad jurisdiccional, se garantizará el ejercicio pleno de todos y cada uno de los derechos del niño, niña o adolescente." Luego, del contraste del texto inserto con las actuaciones desplegadas por el Juez de la causa en el juicio natural, y lo establecido en la resolución sujeta a examen, se observa en primer término que previo a ordenar la escucha de los menores se efectuó su valoración psicológica tanto a Owen Isaac y Mikeimy Naomi, de apellidos Ludwig Fuentes, como a sus progenitores Carina Fuentes González y Obdulio Ludwig Pérez, sin que tal valoración arrojara algún resultado por virtud del cual se hiciera pertinente restringir la participación de los menores en comento, ni tampoco adoptar alguna medida adicional a las ya tomadas. Además, al dar contestación a los agravios esgrimidos por la recurrente, afirmó que la escucha de los menores se ordenó siguiendo los lineamientos establecidos en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; afirmación que encuentra sustento en el propio auto recurrido. En efecto, como puede advertirse del contenido del auto de once de octubre de dos mil dieciocho, el juez de la causa programó una audiencia previa a la escucha de los menores (punto 12, inciso d.2), a fin de que se les explicara a través de personal capacitado mediante lenguaje fácil y entendible, de acuerdo a la edad y grado de desarrollo de Owen Isaac y Mikeimy Naomi, de apellidos Ludwig Fuentes, la naturaleza y el propósito de la diligencia en la que participarían, indicándoles además la libertad que tienen para expresarse sin temor, así como para solicitar que se les aclare algo, o bien, para hablar o guardar silencio. Además, precisó conforme a los lineamientos del aludido protocolo, cuál era la función del personal de apoyo que al efecto se designaría a dichos menores con antelación a la diligencia de su escucha y durante su desarrollo (punto 12, inciso d.1) y qué personas tendrían participación en dicha actuación, así como las medidas para minorar la afectación que pudiera provocárseles con motivo de aquella participación en el proceso, pues al efecto destacó (punto 12, inciso d.4); que se procuraría que la diligencia se desarrollara durante el menor tiempo posible, sin que tenga que obligarse a los menores a permanecer en espera del desahogo de otras diligencias en las que no intervengan que fueran programadas para el mismo día. Luego, en torno a las condiciones del lugar seleccionado por la juez de la causa para el desarrollo de la diligencia de escucha y en consecuencia, la observancia de la privacidad en su verificativo, se aprecia justificada la medida adoptada en tanto que efectivamente la pauta relativa a lo adecuado del lugar no deriva de que necesariamente se desahogue en la llamada cámara Gesell, sino que debe atenderse a las condiciones que permitan al menor tener un ambiente de confianza y privacidad. Además, no debe soslayarse que la responsable fue informada de la imposibilidad técnica para que la diligencia se efectuara en dicha cámara Gesell, por lo que le asiste razón cuando sostiene que su cubículo proporciona las condiciones de privacidad necesaria para que se lleve a cabo la escucha de los menores, pues es un hecho conocido que tales lugares precisamente tienen esas condiciones, ya que les son asignados a los juzgadores a efecto de proporcionarles el espacio adecuado para el despacho de los asuntos, lo que lleva implícita esa privacidad que les permite el estudio de los asuntos sometidos a su potestad, pues suelen encontrarse alejados del público que asiste a los juzgados. Mas aun, ante la imposibilidad de que le fueran proporcionados los medios técnicos que permitan el registro en audio y video de la diligencia en la que tendrían participación los menores de edad en el juicio natural, en proveído de ocho de noviembre de dos mil dieciocho (punto 16), impuso dicha carga a las partes en términos de lo dispuesto por el artículo 333 del Código Procesal Civil, que dispone: "Artículo 333.- Admisión o denegación de la prueba. El juzgador, según su prudente arbitrio, admitirá o denegará la prueba y concederá a la parte que la presente, un plazo para que ministre al tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducir los sonidos, figuras o experimentos. En su caso, señalará día y hora para que en presencia de las partes se practique el experimento o reproducción." Lo anterior, guarda congruencia con la pauta establecida en el citado protocolo que precisamente establece la necesidad de ese registro en audio y video, cuyos elementos técnicos para ese efecto no pudieron ser proporcionados por la Unidad de Atención Jurídica Integral del Consejo de la Judicatura del Estado; frente a lo cual, como lo destacó la responsable en la interlocutoria impugnada -punto 17.1-; no era factible supeditar el desahogo de la escucha de los menores a que quedara subsanado lo anterior, pues ello podría aplazar indefinidamente su verificativo, lo que además de constituir una infracción a lo dispuesto por en el artículo 17 constitucional, también implicaría una inobservancia a los deberes en relación a la protección de los menores, dados los hechos que son materia de debate, pues ello traería consigo postergar la decisión atinente a las consecuencias que trae consigo la demostración de los hechos de violencia familiar denunciados. En conclusión, no se observa que, contrario a lo sostenido por la parte quejosa, que la juez responsable hubiera desatendido las pautas establecidas en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación que como herramienta concentradora de los derechos de los menores y deberes del Estado, a virtud de lo cual la resolución sujeta a examen que confirmó el auto de once de octubre de dos mil dieciocho, en el que se ordenó realizar la escucha de los menores Owen Issac y Mikeimy Naomi de apellidos Ludwig Fuentes, se aprecia ajustada a los parámetros constitucionales que permiten verificar su legalidad, dado que se ordenaron realizar tanto las medidas de preparación por conducto de personal especializado de apoyo previamente a la diligencia, como durante el desarrollo de la misma a fin de ilustrar al juzgador a efecto de garantizar la protección efectiva de los menores en comento, además de que fueron objeto de valoración psicológica previamente, como quedó reseñado en los antecedentes identificados 2, y 12, incisos d.1) y d.2). Es decir, el hecho de que dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional se busque evitar la victimización secundaria en cualquiera de sus matices, no significa que no deban ser escuchados o analizados psicológicamente en un procedimiento; al contrario, su participación en el proceso tiene por finalidad garantizar y tutelar su interés superior, para determinar lo conducente sobre el conflicto en que se encuentran inmersos, siempre bajo la mirada atenta del juzgador, quien -por su condición de vulnerabilidad y debido a su situación especial de desarrollo e inmadurez física y psicológica- debe adoptar todas las medidas especiales para protegerlos atendiendo al reconocimiento de su dignidad humana, lo cual conlleva el deber de respetarlos y considerarlos como personas con necesidades, deseos e intereses propios, y exige alejarse de la concepción del menor como un simple receptor pasivo de protección y cuidado; lo que da como resultado que se observen infundados los conceptos de violación sintetizados en los incisos b) y c) de este apartado. Finalmente, a efecto de estar en aptitud de contestar el último de los conceptos de violación precisado en el inciso d), debe tenerse presente que, como se expuso, la recepción de la opinión de los menores constituye un derecho cuya operatividad depende de cada caso en concreto, particularmente en función de la finalidad o propósito de la intervención que deba tener el menor en el procedimiento judicial. Entonces, respecto a lo aseverado por la parte quejosa en el sentido de que el juez de la causa debió cerciorarse mediante la evaluación psicológica de los menores, sobre la existencia de algún grado de alienación parental que presentaran; no le asiste la razón, pues ello no resulta relevante para la finalidad de la diligencia ordenada. En efecto, es necesario tener en consideración en primer término que la valoración psicológica de los menores arrojó como resultado que Owen Issac Ludwig Fuentes muestra lealtad y sentimiento de apego hacia su progenitor (fojas 460 a 467), mientras que Mikeimy Naomi Ludwig Fuentes refleja sentimientos de amor y cariño hacia ambos padres (fojas 468 a 472). En concatenación con lo anterior, conforme al aludido protocolo, no es exigible prueba de capacidad de los menores, salvo que exista razón imperiosa que así lo justifique, lo que en el caso no aconteció. Luego, si se parte del hecho de que, como lo destacó la autoridad responsable al calificar infundados los agravios esgrimidos sobre el particular, en el protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se establecen las reglas de valoración del dicho del menor, en concatenación con la preparación previa por personal capacitado que los apoye en el entendimiento de la finalidad de la diligencia de que se trata, y para crearles un ambiente de confianza y seguridad en lo que manifestarán o en su caso, en el respeto a su deseo no de no hablar; de ello se sigue que el aspecto aducido por la quejosa no resulta preponderante como condición previa para el desarrollo de la escucha de los menores. Ello se estima así, no sólo porque no existe evidencia que objetivamente haga necesaria la constatación de esa condición, sino además, la preexistencia de la alienación parental no constituye la finalidad de la diligencia de escucha Owen Issac y Mikeimy Naomi de apellidos Ludwig Fuentes, sino únicamente otorgarles la oportunidad de que puedan expresar sus opiniones sobre la decisión que habrá de adoptarse en el juicio, lo que será valorado conjuntamente con el restante caudal probatorio, para lo cual habrán de aplicarse los criterios de credibilidad establecidos, lo que lleva implícito el análisis de consideraciones atinentes a las condiciones personales de los citados menores, entre ellas, el resultado de los reportes de la valoración psicológica a la que se sometieron, así como la forma en la que fue recabada su opinión. Por ello, el aspecto aducido por la quejosa en relación con el hecho de que el menor Owen Issac Ludwig Fuentes se encuentra viviendo en el domicilio de su progenitor demandado, no constituyen un impedimento para la realización de la diligencia en la forma en la que se ordenó su desahogo, dada la finalidad que persigue esa actuación. Por lo anteriormente expuesto, y tomando en consideración que es obligación del Estado, los padres y la sociedad de preservar y proteger la dignidad y los derechos de los menores, queda patente que los motivos de inconformidad expuestos resultan infundados, sin que se advierta motivo legal para suplir la queja deficiente; por tanto, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carina Fuentes González, en representación de sus menores hijos Owen Isaac y Mikeimy Naomi, de apellidos Ludwig Fuentes, contra el acto reclamado al Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, acorde a los razonamientos que se sustentan el considerando último de la misma. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo número 1022/2018, promovido por Carina Fuentes González, en representación de sus menores hijos Owen Isaac y Mikeimy Naomi, de apellidos Ludwig Fuentes, contra actos del Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad; y otra. R E S U L T A N D O: PRIMERO...se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Carina Fuentes González, en representación de sus menores hijos Owen Isaac y Mikeimy Naomi, de apellidos Ludwig Fuentes, contra el acto reclamado al Juez Quinto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, acorde a los razonamientos que se sustentan el considerando último de la misma. Notifíquese personalmente, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.
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