Ovidio López Estrada
Expediente 1641/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1641/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Ovidio López Estrada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Ovidio López Estrada; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger el escrito de veintisiete de octubre del año actual, con sello original de la autoridad responsable y fecha de recepción de cinco de noviembre del año en curso; con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita; bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega del citado documento. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, se hace de su conocimiento que el horario presencial de este juzgado es de lunes a viernes de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que en esta data se dictó un proveído en el juicio de amparo del que deriva este incidente, en el que se ordenó su archivo, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que toda vez que en el presente expediente se negó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de destrucción y carecen de relevancia documental, tal como lo dispone el artículo 21, inciso c), motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral 22 del propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el incidente, se destruirá el cuaderno original. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el veintiocho de febrero de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Ovidio López Estrada; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su destrucción, por actualizarse la hipótesis del artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el numeral 22 del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a la parte promovente que una vez transcurrido dicho plazo, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger el escrito de veintisiete de octubre del año actual, con sello original de la autoridad responsable y fecha de recepción de cinco de noviembre del año en curso; con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. En la inteligencia que previo a ello, deberá agendar su cita mediante la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con lo establecido en el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; por lo que, el promovente o cualquiera de las personas autorizadas para ello, deberán comparecer ante este órgano jurisdiccional con identificación oficial vigente, en la hora y día que haya generado su cita; bajo el apercibimiento que de no acudir a la cita en el horario y fecha establecidos, no se hará la entrega del citado documento. Ahora, de conformidad con el artículo 15 del citado acuerdo, se hace de su conocimiento que el horario presencial de este juzgado es de lunes a viernes de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al secretario que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA 6 VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1641/2021-6, promovido por Ovidio López Estrada, contra los actos que reclama del Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el quince de diciembre de dos mil veintiuno, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada por la Oficina de Correspondencia Común el dieciséis siguiente, y turnada a este órgano jurisdiccional el diecisiete de diciembre posterior, Ovidio López Estrada, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de los actos y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS "(.) La Flagrante Violación a mis Garantías Constitucionales como consecuencia de la Violación a LA FALTA DE NOTIFICACIÓN Y ACUERDO AL ESCRITO DE PETICIÓN DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 Y POR CONSECUENCIA LA FALTA DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN NO FUNDAR Y MOTIVAR LA NEGATIVA DE ACUERDO. Toda vez que la Autoridad Responsable Ordenadora no me notifico acuerdo alguno a mi petición fundando y motivando su negativa a mi escrito de petición de fecha 27 de octubre del año 2021 y con fecha de recibido por parte de la Autoridad Responsable Ordenadora en 05 de noviembre de 2021, mediante el cual le solicito a la Autoridad Responsable Ordenadora que el motocarro de 4 ruedas que pretenden imponerme de forma indebida resulta ser un auto compacto y que no reúne las características para prestar el servicio de motocarro de tres ruedas (pochimoviles) en nuestra entidad federativa (tabasco), tal y como se lo hago ver en el escrito de petición que en ningún momento la Autoridad Responsable Ordenadora me acordó y notifico fundada y motivadamente, manifestándome que vaya viendo que voy hacer porque van a sacar mi motocarro de 3 ruedas de circulación, y es por eso que tengo el temor fundado de que de forma indebida y haciendo uso de abuzo(sic) de autoridad la Autoridad Responsable ordenadora me detenga de forma ilegal e indebida mi unidad motocarro de tres ruedas, misma que resulta ser el patrimonio y el sustento de mi familia que años de trabajo he construido." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco. 2 Departamento de Sanciones de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco. 3 Dirección Operativa de la Secretaria de Movilidad del Estado de Tabasco. 4 Policía Estatal de Caminos del Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se radicó y se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 1641/2021-6; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; dada la naturaleza de la cuestión planteada, no se le reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna; se ordenó tramitar el incidente de suspensión por haberse solicitado expresamente y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. VISTA PARA AMPLIACIÓN DE DEMANDA. En proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo en relación al contenido del oficio SM/SSM/DEP/772/2021 de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, con el que las autoridades responsables, refieren haber dado contestación a su derecho de petición reclamado, de igual forma, manifestara si deseaba señalar como autoridad responsable al Director de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco; apercibida que de no hacer manifestación alguna, se continuaría el trámite del juicio en los términos planteados originalmente en su demanda de amparo. Acuerdo que le fue notificado de manera personal al impetrante el veintiséis de enero del año en curso, por lo que los quince días para ese efecto le transcurrieron del veintiocho de enero al dieciocho de febrero del año en curso, sin que ampliara su demanda de amparo. Con motivo de lo anterior, el veintiuno de los actuales, se hizo efectivo el aludido apercibimiento al impetrante, por lo que se ordenó resolver el presente asunto en los términos planteados originalmente en su escrito de demanda de amparo. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de dar respuesta a su escrito presentado ante las responsables el cinco de noviembre de dos mil veintiuno y su falta de notificación. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO A LA POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DEL ESTADO DE TABASCO. El Encargado del Despacho de la Unidad de Apoyo Jurídico en representación de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman consistente en la omisión del Secretario de Movilidad de acordar el escrito signado por el quejoso el veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, presentado ante éste el cinco de noviembre de ese mismo año y su falta de notificación, ya que aduce que dichos actos no son atribuibles a su representada. Lo que se corrobora, con lo manifestado por el apoderado legal de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, en representación de las diversas autoridades señaladas como responsables, pertenecientes a esa Secretaría, quien aceptó la existencia de los actos reclamados. Por ende, se consideran inexistentes los actos reclamados por el aludido quejoso a la referida autoridad señalada como responsable en el presente asunto. Resulta aplicable, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 180 del Tomo III, Apéndice de 1917 a 2000, cuyo contenido es: "INFORME JUSTIFICADO. LA SIMPLE NEGATIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS ES SUFICIENTE PARA QUE SE TOME EN CUENTA, SIN QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE TENGA QUE AGREGAR OTRAS MANIFESTACIONES O ANEXAR PRUEBAS.- No afecta jurídicamente al informe en que las autoridades responsables se limitan a exponer que no son ciertos los actos que de cada una de ellas se reclaman, que en él no se haga mención del nombre y domicilio del tercero perjudicado ni se manifieste si se han realizado actos similares o distintos de los reclamados que afecten o puedan afectar los derechos agrarios de los quejosos, ni, en su caso, los fundamentos legales de aquéllos; sin que, asimismo, se informe sobre los actos en virtud de los cuales los quejosos adquirieron los derechos agrarios que aducen, ni se remitan las constancias necesarias para precisar tales derechos. Dichas omisiones no bastan para invalidar la negativa de los actos reclamados por parte de las autoridades responsables, al no encontrarse desvirtuada por prueba alguna en contrario, ni existir disposición legal que determine que las repetidas omisiones acarreen como consecuencia la presunción de ser ciertos los actos reclamados, procediendo el sobreseimiento del juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Asimismo, es aplicable lo expuesto en la tesis IX.1o.83 K, visible a la página 1714, Tomo XX, septiembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "ACTO RECLAMADO. EL SOLO DICHO DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD NO DEMUESTRA SU EXISTENCIA. Ninguna eficacia probatoria tiene, para demostrar la existencia del acto reclamado, la circunstancia de que se promueva el juicio de amparo y que bajo protesta de decir verdad se exprese en la demanda que son ciertos los actos reclamados, pues ello no desvirtúa su negativa por parte de las autoridades responsables". Sin que pase inadvertido para quien resuelve que la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo haya aportado las siguientes pruebas documentales: Escrito de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, con sello original de la autoridad responsable y fecha de recepción de cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Copia simple de la credencial para votar a nombre del quejoso. Copia simple de la credencial para votar a nombre de Luis de la Cruz Chablé. Copias simples del diploma y certificados a nombre de Luis de la Cruz Chablé. Toda vez que, respecto a la primera documental, de su lectura no se advierte la existencia de los actos reclamados, en virtud de que se trata del acuse de recibo de diversa autoridad señalada como responsable denominada Secretario de Movilidad del Estado de Tabasco, ante quien fue presentado el escrito del cual se duele de su falta de acuerdo y notificación. Por otra parte, por lo que respecta a las diversas documentales, al ser copias simples, su valor probatorio se reduce a un indicio, que no arroja certeza jurídica de que sus contenidos sean verdaderos, aunque no hayan sido objetadas por alguna de las partes, y el valor indiciario referido sólo podría robustecerse si se adminiculara con alguna otra probanza, para que así la suscrita juzgadora estuviera en aptitud de determinar el alcance probatorio que se les pudiera otorgar, lo cual en la especie no ocurrió; por ello, las referidas documentales son insuficientes para demostrar la existencia del acto reclamado. Al respecto, sirve de apoyo la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, página 132, del siguiente rubro y texto: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer". Ante tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE en el presente juicio respecto a la citada autoridad responsable, ante la inexistencia de actos. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 284, visible a página 236, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que literalmente reza: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO A LAS RESTANTES AUTORIDADES. El apoderado legal de las autoridades responsables pertenecientes a la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco, al rendir el informe con justificación, negó la existencia de los actos reclamados; no obstante, dicha negativa queda desvirtuada dado que, del análisis del propio informe y de la constancia que le acompañó se advierte su existencia, ya que acepta haber dado contestación a la petición de la parte impetrante mediante el oficio SM/SSM/DEP/772/2021 de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, lo cual constituye el reclamo en esta controversia. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." En ese tenor, se colige que la existencia de los actos reclamados por la parte quejosa, se encuentran plenamente probados. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo resulta improcedente cuando, hayan cesado los efectos de los actos reclamados. En ese sentido, debe decirse que los efectos de los actos reclamados no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan los actos mismos y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se atacan; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente los actos, constituyen una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, por lo que hace a la omisión señalada a las autoridades responsables, de la constancia que acompañó a su informe, se advierte que mediante oficio SM/SSM/DEP/772/2021 de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, dio contestación al escrito de petición del quejoso de veintisiete de octubre anterior, recibido el cinco de noviembre siguiente; determinación que le fue notificada a través de su autorizada Leydi Ricárdez de Jesús, el seis de enero del año actual. En consecuencia, en proveído de veinticinco de enero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa por el término de quince días, para que manifestara si deseaba ampliar su demanda en relación a la contestación del referido oficio; plazo que le transcurrió del veintiocho de enero al dieciocho de febrero del año en curso, con exclusión de los días inhábiles previstos por el numeral 19 de la Ley de Amparo, sin que lo hiciera. En mérito de lo anterior, resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, esto es -quince de diciembre de dos mil veintiuno-, indudablemente existía la conducta omisiva de parte de las autoridades responsables ya que no habían dado contestación a su escrito de mérito; sin embargo, en la fecha en que esta juzgadora resuelve este sumario constitucional, los efectos de dichos actos reclamados han cesado, en consideración a lo antes plasmado. En ese sentido, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia a la que alude la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme a la diversa fracción V del consecutivo 63 del mismo ordenamiento. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." En las relatadas circunstancias, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio en términos de la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver aquélla. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITEENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el el juicio de amparo promovido por ********* por las razones y motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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