Overlan Ortega Jiménez
Expediente 1175/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1175/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche · Campeche
Partes del expediente
- Overlan Ortega Jiménez
- Overlan Ortega Jiménez y Otros.
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo legal de cinco días hábiles, dentro del que la parte promovente pudo recurrir en queja el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, sin haberlo hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 97 inciso a), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al citado precepto legal, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Como ya no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena su archivo
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término otorgado a la promovente a fin de que desahogara la prevención contenida en proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído y, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se dejan sin efectos las providencias dictadas en proveído de doce de octubre de dos mil veintidós, dentro del presente juicio de amparo
- Principal
En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el mencionado artículo 138 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a pronunciarse sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa respecto de los actos reclamados, ponderando para ello la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la nueva Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a)Que la solicite el quejoso; b)Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. Para el otorgamiento de la citada medida, debe partirse de la premisa de que los actos reclamados sean susceptibles de suspenderse, pues, de lo contrario, por más que se surtan los presupuestos exigidos por el artículo 128 de la Ley de Amparo vigente, no existiría materia que suspender. Es así, pues, por regla general, la naturaleza de la medida cautelar de mérito es conservativa, ya que su fin específico es mantener una situación de hecho existente, esto es, preservar la materia del amparo. Así, para establecer si el acto reclamado puede o no ser suspendido, debe analizarse el caso concreto y la naturaleza del acto. Si éste tiene un principio de ejecución, será posible decretar su suspensión, siempre y cuando se cumplan los requisitos de procedencia y efectividad previstos por la ley de la materia. En la especie, el acto reclamado tiene la naturaleza de ser actos consumados, ya que se han realizado total e íntegramente cumpliendo con el objeto para el que fue dictado. En su contra, no procede conceder la suspensión provisional, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios a la medida cautelar que, por regla general, son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia, siempre y cuando no se trate de un acto consumado de modo irreparable. De ahí que, el acto en comento produjo todos sus efectos y, por ende, ya no procede la suspensión, pues de concederse, en estas circunstancias, se le daría a la medida cautelar efectos restitutorios, cuando no debe tener otros que los suspensivos. La anterior determinación encuentra apoyo en las siguientes tesis:1 "ACTOS CONSUMADOS. Por acto consumado se entiende aquel que ya produjo todos sus efectos o consecuencias, y en ese concepto, ya no cabe la suspensión, y si se concediera en estas circunstancias, se le darían a la medida efectos restitutorios". IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo". Cabe señalar que la suspensión excepcionalmente puede tener efectos restitutorios cuando del análisis provisional que se efectúe se advierta que el acto es aparentemente inconstitucional (apariencia del buen derecho), como un adelanto del amparo que llegue a concederse en el principal. Lo que no ocurre en el caso, pues hasta este momento no existen elementos que nos permitan llegar a tal conclusión. Así las cosas, lo que procede es negar la suspensión provisional de los actos reclamados. Por otra parte, y una vez establecido lo conducente respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la nueva Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL TRES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental respectiva.
- Principal
San Francisco de Campeche, Campeche, doce de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ******************, contra actos de la Estación del Instituto Nacional de Migración, con sede en Escárcega, Campeche; que hacen consistir en su detención, retención, incomunicación y posible deportación; en consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción V, 15, 20 y 109 de la Ley de Amparo, téngase por presentado el citado libelo, reservándose proveer sobre su admisión hasta en tanto sea debidamente ratificada por los directos quejosos; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número expediente 1175/2022-III. No pasa inadvertido para esta Juzgadora, que la demanda de cuenta, carece de evidencia criptográfica correspondiente a la firma del promovente, sin embargo, ello no constituye obstáculo jurídico para el trámite del citado ocurso, dado que algunos de los actos respecto a los cuales se solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, se encuentra comprendido en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo1. Ahora bien, de la demanda se advierte que entre los actos reclamados se encuentra la incomunicación a la que dicen estar sujetos *********************, por parte de la Estación de Migración de Escárcega, Campeche; por tanto, será ese uno de los actos respecto de los cuales se realizará pronunciamiento en este auto. Con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de lo expuesto en la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer de la misma. la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de junio de dos mil once; artículos I, II y XI, de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, publicada en el Diario Oficial de la Federación de seis de mayo de dos mil dos; artículo 2, de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, publicada en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de mil novecientos ochenta y siete; así como los artículos 15 y 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para que cese de inmediato el acto reclamado consistente en: incomunicación, así como todo acto que se encuentra prohibido por el artículo 22 de la Constitución Federal. Por lo tanto, de conformidad con los artículos 164 y 165 de la Ley de Amparo, dicha medida cautelar surte sus efectos respecto de la autoridad administrativa que el promovente señala como responsable, para que dentro del término del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, la directa agraviada sea puesta en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente, bajo su más estricta responsabilidad. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que deberá evitar todo acto tendente a algún tipo de tortura contra de la directa quejosa, vejaciones, incomunicación, penas inhumanas y trascendentales, como lo marca el artículo 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, ratificado por México el veintidós de junio de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el once de septiembre de dicha anualidad, que dice: De igual forma se hace del conocimiento de la autoridad responsable que no deberá restringir el derecho de los agraviados para entrevistarse con sus abogados y familiares, cuando lo solicitase y cumpliera con las medidas conducentes del caso. De igual forma, toda vez que el promovente señala como actos reclamado la posible deportación de los directos agraviados, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO de ese acto reclamados para el efecto de que la parte quejosa, no sea deportada y/o repatriada a su país de origen, ni objeto de cualquier otro acto prohibido en el artículo 22 Constitucional y 17 de la Ley de Amparo; ello, sin perjuicio de que permanezcan a disposición de la autoridad administrativa para la continuación de algún procedimiento administrativo o averiguación previa que en su caso se instruya, desde luego, con respeto y tutela de los derechos humanos consagrados en nuestra Carta Magna y los tratados internacionales que nuestro país ha suscrito con otros. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos establecidos en la Ley de Migración, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse.
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