Otoniel Ramírez Martínez
Expediente 689/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 20 actuaciones registradas, la última del 16 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 689/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 16/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Otoniel Ramírez Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de diciembre de dos mil veintidós. Destino de cuadernos del incidente de suspensión. Visto lo de cuenta, de lo cual se advierte que por auto de dos de diciembre de dos mil veintidós, causó estado el proveído que desechó la demanda del juicio de amparo del cual derivó el presente incidente de suspensión y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido; en consecuencia, se procede a valorar el destino de los cuadernos relativos al incidente en el que se actúa. Valoración del original. Destrúyase el original del presente incidente de suspensión, una vez que transcurran tres años, en virtud de que se negaron las medidas cautelares. Valoración del duplicado. Destrúyase el duplicado de este expediente, una vez que concluya el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, dos de diciembre de dos mil veintidós. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 , archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de noviembre de dos mil veintidós. 1. Recepción de testimonio. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, mediante el cual la secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, remite testimonio de la ejecutoria emitida por dicho tribunal el veintiuno de octubre del año en curso, en donde sobresale que declaró fundado el recurso de queja interpuesto por el director general del Centro Federal de Readaptación Social número Once "CPS-SONORA", con residencia en esta ciudad, en contra del auto de veinticinco de mayo anterior. 2. Desechamiento de la demanda. En consecuencia, en cumplimiento a dicha ejecutoria, vista la demanda de amparo promovida por Otoniel Ramírez Martínez, en contra del acto reclamado al comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, con residencia la Ciudad de México y otras autoridades. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el acto que por esta vía combate el solicitante de derechos se hace consistir en la omisión de proporcionarle la atención médica que requiere, así como los medicamentos referentes a su padecimiento psiquiátrico a que hace referencia. De lo antes expuesto se desprende, que en el caso se actualiza de manera clara, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en virtud de que existe un recurso que el quejoso debe agotar previamente a la promoción del presente juicio. Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en aquellos casos en los que sea factible lograr la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, a través de la tramitación del medio de defensa que la ley ordinaria establezca, pues sólo así es posible dar cumplimiento al principio de definitividad que rige en materia de amparo con las excepciones correspondientes. Al respecto, el artículo 18, párrafo segundo, de la Ley Fundamental, dispone: "Artículo 18. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.". Por su parte, los artículos 1, 2, 4, tercer y cuarto párrafos, 9, 25, fracción I, 30, 107 al 115, 122 y 130 al 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevén un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentra: efectuar peticiones o quejas por escrito, y en casos urgentes, por cualquier medio a las instancias correspondientes (artículo 9, fracción IX de la Ley Nacional de Ejecución Penal). De igual manera, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que las peticiones referentes a la afectación de derechos en reclusión, deben efectuarse por escrito -sin formalidad- ante el Director del Centro en que se encuentren recluidos, en el entendido que en el escrito se podrá aportar información que se considere pertinente con el objeto de atender las condiciones de vida y seguridad en reclusión. Incluso, la autoridad penitenciaria debe auxiliar a las personas privadas de la libertad -cuando se lo soliciten- a formular el escrito correspondiente; incluso, en dicho procedimiento el interno puede ofrecer pruebas y la autoridad está obligada a recabar las necesarias para resolver la petición. Asimismo, la aludida ley establece la forma que deben sustanciarse las peticiones, esto es: 1) Una vez recibida la petición, la autoridad penitenciaria dentro de las veinticuatro horas siguientes, la admitirá e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá al solicitante en caso de ser confusa; lo que se determine debe notificarse de forma personal al promovente. 2) En caso de prevención, el peticionario tendrá un plazo de setenta y dos horas a partir de su notificación para subsanarla. De no hacerlo, la autoridad penitenciaria citará al promovente para que de manera personal y verbal aclare su petición. Hecho lo anterior, se emitirá la resolución sobre el fondo de la cuestión planteada. En caso de no acudir a la citación, se tendrá por desechada la petición formulada. 3) Admitida la petición, el Director del Centro tendrá la obligación de allegarse por cualquier medio de la información necesaria, dentro del plazo señalado para resolver, considerando siempre la que, en su caso, hubiese aportado el peticionario, y con la finalidad de emitir una resolución que atienda de manera óptima la petición, en caso de que así procediera; y, 4) El Director del Centro estará obligado a resolver dentro de un plazo de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Lo anterior revela claramente la existencia de un procedimiento administrativo relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, referentes a vulneración de sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, entrega de vestimenta, entre otros. Asimismo, la ley de ejecución referida prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues en su artículo 114 dispone que si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste: a) Podrá formular controversia ante el juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. b) Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria al no atender las solicitudes formuladas por las personas privadas de su libertad, pues establece que si la petición no fue resuelta dentro del plazo legal, el promovente podrá acudir ante el juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En caso de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación y apelación previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la autoridad judicial. Finalmente, la multicitada legislación contempla las peticiones relativas a casos urgentes, como lo son las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, entre las que este juzgador estima, entre otras, aquellas relativas a cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno. Cabe destacar que, en los casos urgentes, la citada Ley establece que la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en la que dicha legislación prevé un procedimiento especial, como lo es que el juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. En el caso particular, el quejoso reclama en la omisión de proporcionarle la atención médica que requiere, así como los medicamentos referentes a su padecimiento psiquiátrico a que hace referencia, por lo que es inconcuso que, respecto del acto que se reclama, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual debe agotarse previo a la promoción del juicio de amparo. En el entendido que, no obstante que el acto pudiera requerir atención urgente, no se está en una hipótesis de excepción para la procedencia del juicio de amparo con motivo a la suspensión, pues como se expuso en párrafos anteriores, la Ley Nacional de Ejecución Penal dispone que en actos urgentes, el juez de Ejecución, de oficio suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En tal medida, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por Ley Nacional de Ejecución Penal y se encuentra dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta situación es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, conviene subrayar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto en los artículos 116 al 119, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias. Con base en lo expuesto, es dable concluir que en el caso se actualiza la causa de improcedencia referida, toda vez que el quejoso acude a la vía constitucional a solicitar el amparo y la protección de la justicia federal respecto del acto que reclama, empero, no se aprecia que el solicitante haya agotado el procedimiento administrativo o judicial previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal, previamente citada, ya que a través de aquél es posible lograr que la autoridad penitenciaria le restituya en las garantías que aduce violadas. En las relatadas condiciones, de conformidad con el ordinal 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, la acción de amparo, intentada por Otoniel Ramírez Martínez, es notoriamente improcedente; en consecuencia, se impone desechar de plano la demanda que se atiende, por su manifiesta e indudable improcedencia. Háganse las anotaciones correspondientes. Al margen de lo anterior, remítase copia del escrito de demanda, al director General del Centro Federal de Readaptación Número Once "CPS-Sonora", a fin que provea lo que en derecho corresponda acorde a su competencia. 3. Sin efectos audiencia constitucional. En tal virtud, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente al promovente y por oficio al Director General del Centro Federal de Readaptación Número Once "CPS-Sonora. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diez de noviembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Del estado de autos se advierte, que la autoridad responsable director general del Centro de Readaptación Social número 11 "CPS-SONORA", con residencia en esta ciudad, no ha cumplido con el requerimiento formulado por auto de veintisiete de septiembre anterior, a pesar de que se le volvió a requerir mediante acuerdo de dieciocho de octubre anterior, lo que se le notificó mediante oficio 27431/2022 que aparece con sello oficial de recibido en dicha dependencia a su cargo, el veinte de octubre siguiente. Requerimiento a la citada responsable. En ese tenor, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la constancia en donde se advierta que el médico general haya precisado que el quejoso ********************, no requiere tratamiento psiquiátrico especializado, así como la constancia en donde aparezca la firma de recibido por parte del quejoso, respecto de los medicamentos que le fueron prescritos; lo anterior, en virtud de que de la nota médica y constancia de entrega de medicamentos al quejoso, remitida por dicha autoridad mediante oficio PRS/CGCF/CFRS11/DG/21163/2022 de cinco de septiembre anterior, no se advierten tales circunstancias. Subsiste apercibimiento. Hágase saber a la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado por auto de veintisiete de septiembre anterior, esto es, que de no hacerlo se impondrá multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia. Resulta aplicable la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, tomo: V, Febrero de 1997, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible a página: 108, cuyo rubro y contenido es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO". Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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