Otoniel Jefte Ornelas Alba
Expediente 356/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 356/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Otoniel Jefte Ornelas Alba
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I, del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, se hace constar que no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental. (V)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho...Vista la demanda de amparo promovida por Otoniel Jefte Ornelas Alba, contra actos del Fiscal General del Estado y de otras autoridades; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 356/2018-V. -Desecha- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo y, si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese tenor, en la especie se actualiza el motivo de improcedencia que estatuye el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". En el caso, la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: ".LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA Y RESUELVE EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL HACIENDO USO DE LA FACULTAD DE ABSTENERSE DE INVESTIGAR DICTADA DENTRO DE LA AVERIGUACION PREVIA O CARPETA NUMERO CI/AGS/21719/10-17 EJERCITADA POR OTONIEL JEFTE ORNELAS ALBA EN CONTRA DE FERNANDO RIVERA RAYGOZA". Sin embargo, de las constancias que la parte quejosa acompaña a su demanda, en específico la que obra a foja quince de autos, se advierte que el acto reclamado es en realidad la determinación de la procedencia de la facultad de abstención de investigar por parte del Ministerio Público, iniciada con motivo de la denuncia de hechos formulada por Otoniel Jefte Ornelas y/o Otoniel Jefte Ornelas Alba en contra de Fernando Rivera Rayzoga dentro del expediente relativo a la carpeta de investigación CI/AGS/21719/10-17. Por lo que, debe decirse que el presente juicio es improcedente conforme a la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, dado que el acto reclamado precisado en el párrafo que antecede, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109 fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las determinaciones sobre la abstención de investigar en sede judicial que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar el acto que aduce el quejoso, por lo que es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. De esta forma, si bien la determinación que alega la parte quejosa constituye una afectación al artículo 17 Constitucional, ésta no puede ser analizada desde luego a través del juicio de amparo, pues, como ya se dijo, la propia Constitución en su artículo 20, apartado C, fracción VII, establece el medio de impugnación idóneo para reparar tal acto; en tanto que, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se establece en el artículo 258, en relación con lo dispuesto en el diverso 109, fracción XXI, del mismo ordenamiento. Por tanto, si en la especie el quejoso reclama de las autoridades señaladas como responsables la determinación de la procedencia de la facultad de abstención de investigar, iniciada con motivo de la denuncia de hechos formulada en contra de Fernando Rivera Rayzoga dentro del expediente CI/AGS/21719/10-17, resulta inconcuso que sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, a saber, el previsto en el citado artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, como se expondrá a continuación. El artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Por su parte, los artículos 109 y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, estatuyen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] II. A que el Ministerio Público y sus auxiliares así como el Órgano jurisdiccional les faciliten el acceso a la justicia y les presten los servicios que constitucionalmente tienen encomendados con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, profesionalismo, eficiencia y eficacia y con la debida diligencia; [.] IX. A acceder a la justicia de manera pronta, gratuita e imparcial respecto de sus denuncias o querellas; [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]". "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". De la interpretación relacionada de los citados preceptos legales se advierte: - Las decisiones y omisiones del Ministerio Público, entre ellas, la determinación de procedencia de la facultad de abstención de investigar, es susceptible de ser impugnada ante el juez de control. - El juez de control convocará a una audiencia, en la cual se podrá dejar sin efectos la decisión del ministerio público, así como ordenarle reabrir la investigación y continuar con la persecución penal. - La víctima u ofendido pueden impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto. En ese tenor, la posibilidad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido, en el caso, el quejoso, puede combatir las actuaciones de las autoridades responsables, como lo es lo concerniente a la abstención de investigar, dado que a través del medio de defensa contenido en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede modificar, anular o revocar el acto reclamado. Lo anterior, habida cuenta que conforme a los preceptos 20, constitucional, así como 109 y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se contempla la posibilidad de la víctima y ofendido de impugnar las determinaciones que considere le afectan o impiden lograr su pretensión. En efecto, este órgano jurisdiccional considera que el acto citado, debe ser reclamado en la vía jurisdiccional ordinaria, toda vez que, como lo establecen el artículo 20 Constitucional, apartado C, fracción VII, y el diverso 109 fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un medio ordinario para impugnar las omisiones en sede judicial durante la investigación que realice el Ministerio Público; lo cual lleva implícita la posibilidad de impugnar el acto que aduce el recurrente por lo que, es imperativo para la víctima u ofendido agotar dicho recurso, previo a incoar el juicio de amparo, sin que en el caso opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. El artículo 20 Constitucional menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, en cuyo apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que posiblemente constituyan la comisión de un delito que les agravió, como se advierte de las fracciones II y VII, antes transcritas. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales -ley reglamentaria en materia procesal penal-, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, ya que prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador. De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán -en su caso- impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, dentro del sistema acusatorio que rige en el Estado de Aguascalientes, en razón de que fue intención del Constituyente Permanente, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad, y en su momento, una vez agotado el medio ordinario de impugnación, contra la resolución que se emita, procederá el juicio de amparo. Resulta pertinente, señalar que los medios de impugnación son los actos procesales, cuya finalidad es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado, y con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos, y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten su pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las actuaciones del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. Luego, la inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido, constituye una omisión, que vulnera los derechos reconocidos en su favor para acceder a la justicia que busca, omisión que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como los diversos 109, fracción XXI y 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas -de jerarquía constitucional y legal-, y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la abstención de investigar, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior es así, toda vez que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Se justifica, aún más, si se observa la naturaleza genética y teleológica de los Jueces de Control, erigidos constitucionalmente para regular los actos de investigación de Ministerio Público; tanto la investigación inicial, como la complementaria; lo que favorece en mayor medida que las investigaciones se realicen con celeridad y regularidad, potencializando los derechos de las partes, en la medida que un Juez de Control Vigile la investigación de la Fiscalía y adopta las medidas legales conducentes. Luego, si en la especie la parte quejosa reclama la determinación de la procedencia de la facultad de abstención de investigar, derivada de los hechos que denunció y que considera constituyen un agravio; entonces, sí cuenta con un medio de impugnación que debe agotar, previo a la promoción del juicio de amparo; a saber, el previsto en el citado artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Partiendo de lo anterior, como se anticipó, se actualiza la causal de improcedencia que se examina, toda vez que en contra del acto reclamado procede el medio de defensa previsto en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en relación con el diverso 109, del propio ordenamiento, de modo que, atendiendo al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, previamente a la promoción del amparo que se solicita, el quejoso debió haber agotado dicho medio de impugnación, que le concede la ley, mediante el cual puede ser revocado, modificado o nulificado, el acto impugnado. Lo anterior, como se expondrá a continuación. Luego, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la abstención de llevar a cabo la investigación pertinente dentro del expediente CI/AGS/21719/10-17; entonces, previamente a la solicitud del amparo, tiene la obligación de agotar el recurso procedente. En las relatadas consideraciones, al no haber agotado la parte quejosa el principio de definitividad, el cual implica el agotamiento previo del recurso o medio de defensa ordinario procedente respecto a un determinado acto de autoridad; lo que se traduce en la obligación del quejoso de agotar los medios de impugnación, antes de promover el juicio constitucional, por tanto, en la especie, el juicio de amparo es improcedente en los términos de la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 20 Constitucional, inciso c), fracción VII). Sirve de apoyo a lo aquí expuesto la tesis aislada III.2o.P.111 P (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 1760, Libro 41, abril de 2017, tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA SU ABSTENCIÓN DE INVESTIGAR HECHOS CONSIDERADOS POR EL DENUNCIANTE CONSTITUTIVOS DE DELITOS, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DEBE INTERPONERSE EL RECURSO DE APELACIÓN (SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO). Sin que en el particular se actualice alguno de lo supuestos de excepción al principio de definitividad, previstos en la fracción XX del artículo 61 de la ley reglamentaria en consulta, atendiendo a que el medio de defensa que se comentó resulta efectivo para doblegar, en su caso, el actuar pasivo de la autoridad responsable, ya que a través de dicho recurso se puede generar, de manera efectiva, la protección de la víctima y ofendido, al estar en posibilidad de acudir ante el juez de Control, el que está facultado para activar y, en su caso, determinar que el agente del Ministerio Público actúe sin dilación en el procedimiento de origen, así como para que proceda eficazmente en la investigación respecto a la carpeta de investigación que aquí ocupa. Consecuentemente, el acto reclamado, previamente a la promoción del juicio de amparo, debe ser impugnado a través del medio de defensa contemplado en el artículo 258, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza a causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En mérito de lo expuesto, con fundamento en el artículo 113 del mismo ordenamiento, procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. -Autorizado- Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a J. Jesús Molina de la Rosa, por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado. -Habilitación de Horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General...(V)
- Principal
Agréguese a los autos el oficio firmado por Juez Mixto de Primera Instancia de Rincón de Romos, Aguascalientes y un anexo, mediante el cual devuelve sin diligenciar su despacho número 24/2018 derivado del diverso 2/2018 del índice de este órgano jurisdiccional; en consecuencia, dése de baja el mismo en el libro respectivo y acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, tomando en consideración que no fue posible notificar la sentencia dictada dentro del presente asunto al tercero interesado Miguel Saucedo Reyes por los motivos expuestos; por lo tanto, notifíquesele por lista la sentencia de veintiséis de febrero de este año, y las subsecuentes notificaciones personales hágasele por lista fijada en los estrados de este Juzgado. - Recurso de revisión - Finalmente, visto el escrito de cuenta, se tiene a Julio César Ramos López, autorizado legal del quejoso Juan Antonio Jiménez interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de febrero de este año por este juzgado. Con apoyo en los artículos 80, 81 fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias exhibidas y en su oportunidad, remítanse los autos al Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito en turno, para la substanciación del recurso y fórmese el expediente provisional... se notifica por lista el presente auto al tercero interesado Miguel Saucedo Reyes. (notificación de sentencia al tercero interesado Miguel Saucedo Reyes) PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Juan Antonio Jiménez Hermosillo, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. En versión pública, impresa o electrónica de la presente determinación, se suprimirán los datos considerados como confidenciales o reservados, en términos del considerando penúltimo. TERCERO. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y captúrese esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para efectos de agregar la constancia que así lo acredite. (II)
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