Otoniel Jacobo Ruiz

Expediente 1117/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1117/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
24/12/2021

Partes del expediente

  • Otoniel Jacobo Ruiz
  • Policias Municipal de San Francisco Cahuacua

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el libelo señalado en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca solicita que se autorice la consulta y la vinculación del expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo al diverso que corresponde al juicio constitucional 1308/2021 de su estadística, por el plazo de diez días. En atención a esa solicitud, con fundamento en lo previsto por los artículos 3 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, así como por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza la consulta y la vinculación del expediente electrónico relativo a este juicio de amparo 1117/2021 al diverso que corresponde al medio extraordinario de defensa 1308/2021 del índice del citado órgano jurisdiccional por el plazo de diez días, el cual comenzará a computarse a partir de que se notifique el oficio que derive de la presente determinación. En razón de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice las acciones necesarias para que en el lapso indicado el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca pueda consultar el expediente electrónico del juicio de amparo indicado y éste quede vinculado únicamente en la temporalidad señalada al expediente electrónico que la oficiante alude. Notifíquese."

  2. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos se advierte que ha trascurrido el plazo de diez días previsto por el ordinal 86 de la Ley de Amparo para que el inconforme interpusiera el recurso de revisión en contra de la sentencia en donde se sobreseyó en este juicio constitucional, sin que el disidente haya impugnado esa resolución a través del citado mecanismo de defensa; en razón de lo anterior, con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el fallo dictado en este asunto ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este juicio constitucional como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los Plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo previsto por el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, en cumplimiento a lo señalado por el capítulo siete, punto "7.4" relativo al tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del "Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal" aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, aun cuando se sobreseyó en este juicio de amparo, lo cierto en el proveído de trece de octubre del año en curso, se otorgó al justiciable la suspensión de oficio y de plano respecto de algunas de las actuaciones combatidas; por tanto, se estima que este expediente es susceptible de depuración. En tal sentido, hágase del conocimiento de las partes que conforme a los criterios de valoración establecidos por los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años contado a partir de la notificación del auto en donde se ordenó su archivo y una vez cumplido ese plazo dentro de los noventa días siguientes este órgano jurisdiccional procederá a su depuración, por lo que deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, el proveído en donde se concedió la suspensión de oficio y de plano, la sentencia y la presente determinación. Terminado el proceso de depuración se solicitará la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese."

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la cual se resuelve el juicio de amparo indirecto 1117/2021 promovido por ***en contra de los actos de las autoridades que se precisaran más adelante. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio del quejoso, las autoridades responsables Presidente, Síndico y Asamblea General de Ciudadanos y Ciudadanas, todos de San Francisco Cahuacua, Sola de Vega, Oaxaca, dictaron diversas órdenes verbales o escritas de amenazas de muerte, de detención, de privación de su libertad personal, de destierro y de desaparición forzada, sin justificación alguna, porque asevera que no ha cometido algún hecho que la ley señale como delito, cuya ejecución señala que pretenden realizar los distintos entes responsables Comandante de la Policía Municipal y Policías Municipales, ambos de la citada localidad. El inconforme estima que los actos de los entes responsables vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales reconocidos por los artículos 1, 2, 14, 16, 17, 20 fracción VII y 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. TRÁMITE Otoniel Jacobo Ruiz promovió juicio de amparo indirecto mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca. El justiciable señaló como responsables ordenadoras al Presidente, al Síndico y a la Asamblea General de Ciudadanos y Ciudadanas, todos de San Francisco Cahuacua, Sola de Vega, Oaxaca, y como ejecutoras al Comandante de la Policía Municipal y Policías Municipales, ambos de la citada localidad, a quienes reclamó las órdenes verbales o escritas de amenazas de muerte, de detención, de privación de su libertad personal, de destierro y de desaparición forzada, así como la ejecución de esos mandamientos. Por acuerdo de trece de octubre pasado, este órgano jurisdiccional a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto admitió a trámite la demanda, la cual registró bajo el expediente 1117/2021; solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; dio la intervención que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de ley. La audiencia constitucional se llevó a cabo en esta fecha en los términos del acta que antecede. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de lo señalado por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos que pretenden ejecutarse en el territorio donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Esa obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte del Máximo Tribunal del País, quien ha establecido que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad y que cuando ello resulta insuficiente los Juzgadores de amparo deben armonizar además los datos que emanen del escrito inicial en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el Juez de amparo al fijar los actos reclamados debe atender a lo que el quejoso quiso decir y no únicamente a lo que en apariencia dijo porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En el caso concreto, el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden del expediente en el que se instrumenta este sumario da pauta a establecer que el inconforme combate los actos siguientes: Del Presidente, del Síndico y de la Asamblea General de Ciudadanos y Ciudadanas, todos de San Francisco Cahuacua, Sola de Vega, Oaxaca, combate: Las órdenes verbales o escritas de amenazas de muerte, de detención, de privación de su libertad personal, de destierro y de desaparición forzada. Del Comandante de la Policía Municipal y de los Policías Municipales, ambos de San Francisco Cahuacua, Sola de Vega, Oaxaca, impugna: La ejecución de esos mandamientos. V. INEXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS No son ciertos los actos atribuidos al Presidente, al Síndico y a la Asamblea General de Ciudadanos y Ciudadanas, todos de San Francisco Cahuacua, Sola de Vega, Oaxaca, consistentes en las órdenes verbales o escritas de amenazas de muerte, de detención, de privación de su libertad personal, de destierro y de desaparición forzada. Se sostiene lo anterior, porque las mencionadas autoridades en sus informes justificados negaron la existencia de esas actuaciones, como se advierte del cuadro siguiente: Autoridades responsables Actos reclamados Informe justificado Presidente de San Francisco Cahuacua, Sola de Vega, Oaxaca. Las órdenes verbales o escritas de amenazas de muerte, de detención, de privación de su libertad personal, de destierro y de desaparición forzada. Negó los actos Síndico de San Francisco Cahuacua, Sola de Vega, Oaxaca. Las órdenes verbales o escritas de amenazas de muerte, de detención, de privación de su libertad personal, de destierro y de desaparición forzada. Negó los actos Asamblea General de Ciudadanos y Ciudadanas de San Francisco Cahuacua, Sola de Vega, Oaxaca. Las órdenes verbales o escritas de amenazas de muerte, de detención, de privación de su libertad personal, de destierro y de desaparición forzada. Negaron los actos Por otro lado, debe destacarse que la parte quejosa no desvirtuó tales negativas, porque no ofreció algún medio de convicción en el presente sumario con ese propósito. En ese contexto, si el inconforme no desvirtuó las negativas que las referidas autoridades sostuvieron ni demostró con alguna prueba la intervención de esos entes públicos en los actos que les reprochó es inconcuso que se actualiza la hipótesis establecida por el ordinal 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Las consideraciones anteriores encuentran sustento en la jurisprudencia 284 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." También fortalece lo expuesto la tesis aislada VI.2o.A.4 K sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que informa: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean 'necesarias para apoyar dicho informe', en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." No escapa que los diversos entes responsables Comandante de la Policía Municipal y los Policías Municipales, ambos de San Francisco Cahuacua, Sola de Vega, Oaxaca, no rindieron sus informes justificados, no obstante que fueron notificados del auto admisorio, como consta en los acuses de recibo de los oficios 28949/2021 y 28950/2021 que se encuentran glosados en el expediente en el que se actúa; empero, tal situación no conduce a presumir ciertos los actos ejecutivos que se le recriminan en términos de lo estatuido por el normativo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, sino que deben tenerse como inexistentes, porque no puede perderse de vista que las responsables ordenadoras negaron la existencia de las órdenes verbales o escritas de amenazas de muerte, de detención, de privación de su libertad personal, de destierro y de desaparición forzada combatidas; por tanto, si las ordenadoras negaron las actuaciones que les fueron atribuidas es inconcuso que el Comandante de la Policía Municipal y los Policías Municipales, ambos de esa localidad, no pueden ejecutar mandamientos inexistentes; de ahí que los actos ejecutivos atacados a esas autoridades no son ciertos. En ese contexto, se hace extensivo el sobreseimiento decretado en este juicio constitucional a los actos ejecutivos reclamados a las responsables Comandante de la Policía Municipal y Policías Municipales, ambos de San Francisco Cahuacua, Sola de Vega, Oaxaca, dado que estos últimos tiene el carácter de ejecutoras y no podrían verificar actos de ejecución de órdenes inexistentes. En esos términos, se actualiza el supuesto establecido por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo ante la inexistencia de los actos atribuidos a las referidas entidades públicas. VI. DECISIÓN En consecuencia, con fundamento en lo prescrito por el arábigo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo se decreta el sobreseimiento en el presente juicio constitucional en cuanto a los actos impugnados a los entes públicos responsables, dada su inexistencia. Por lo expuesto y fundado se: RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las consideraciones expuestas en el apartado V de esta sentencia. Notifíquese.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor proveído el comunicado presentado por ***, en su calidad de Policías Municipales de San Francisco Cahuacua, Sola de Vega, Oaxaca, dado que el diecinueve de octubre del año en curso, se recibió un informe de contenido similar y se acordó lo que en derecho correspondía en la propia data, por lo que las citadas autoridades deberán estarse a esa determinación. Notifíquese.

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