Otoniel Castro Armenta
Expediente 293/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 293/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Otoniel Castro Armenta
- Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Culiacán, Sinaloa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, tres de agosto de dos mil veintitrés. Con base en la certificación de cuenta y dado que las partes no recurrieron la sentencia dictada en este juicio de garantías, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, toda vez que no existe diligencia por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo de este expediente como concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En el entendido que hasta en tanto se encuentren debidamente notificadas las partes del presente acuerdo, se remitirá físicamente al archivo definitivo el juicio en que se actúa. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, este expediente es susceptible de destrucción. En el entendido que este expediente no es de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos indicados en el citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Audiencia constitucional En Culiacán Rosales, Sinaloa, a las once horas diez minutos del trece de julio de dos mil veintitrés, señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo indirecto 293/2023, asistido del Secretario Roberto Escobedo Sánchez y sin presencia de las partes, el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, procede a celebrar la audiencia, para lo cual solicita al secretario dé cuenta y relación de las constancias del expediente. El Secretario da cuenta con las constancias relevantes, entre ellas: demanda de amparo, auto de admisión, notificación a las partes e informes justificados. El Juez acuerda: Téngase hecha la relación de constancias. Se abre el período de pruebas, en el que a solicitud del Juez el Secretario hace constar las documentales ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Se admiten dichas pruebas y se tienen desahogadas en razón de naturaleza. Al no existir medio de convicción pendiente de relacionar, admitir o desahogar, se cierra esta fase y se ordena pasar a la siguiente. Se apertura el periodo de alegatos, en el que a instancia del Juez el Secretario hace que las partes no formularon alegatos. El Juez acuerda: Se cierra esta fase de alegatos. Concluidas las etapas de pruebas y alegatos, se procede dictar la sentencia que en derecho corresponda. Vistos, para resolver, las constancias del expediente del juicio de amparo indirecto 293/2023. TRÁMITE: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Culiacán, Sinaloa, Otoniel Castro Armenta solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintidós de marzo siguiente, este Juzgado de Distrito admitió la demanda de amparo, ordenó solicitar informe justificado a las autoridades responsables, dar intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede. RESOLUCIÓN: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, virtud que se reclama actos con ejecución en el ámbito territorial donde ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Autoridades responsables y actos reclamados. Del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad: Acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 678/2025, promovido por Comercializadora de Gas, sociedad anónima de capital variable, contra Fruvemex Mexicali, sociedad anónima de capital variable, a través del cual se le requiere entrega de bien embargado y se le impone multa. Del Actuario adscrito a la Coordinación de Actuarios de los Juzgados de Primera Instancia del Ramo Civil, Familiar, Especializados en Oralidad Mercantil y en Materia Laboral del Distrito Judicial de esta ciudad: Notificación de veintisiete de febrero pasado, a través del cual se notificó el auto de mérito. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Juez y Actuario responsable, ya que así se advierte de los informes justificados que respetivamente rindieron (foja 13 y 16), lo cual se corrobora con las copias certificadas del juicio natural que remitió el Juez responsable, donde consta el acuerdo reclamado y su notifcación al quejoso. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. De las constancias allegadas por la Jueza responsable destacan los antecedentes siguientes: 1. Mediante acuerdo de diez de agosto de dos mil quince, el Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de esta ciudad, admitió el juicio ejecutivo mercantil 678/2015, promovido por Comercializadora de Gas, sociedad anónima de capital variable, contra Fruvemex Mexicali, sociedad anónima de capital variable y ordenó emplazar a la parte demandada por exhorto (tomo de pruebas, foja 11). 2. El diecisiete de septiembre siguiente tuvo verificativo diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento que fue atendida por Otoniel Castro Armenta, como apoderado de la empresa demandada. En la diligencia se hizo constar que se embargó caldera metálica y cilíndrica Renanee de ciento cincuenta caballos de fuerza y que quedó como depositario del bien el apoderado citado (tomo de pruebas, foja 77 a 78). 3. En auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, la Jueza responsable revocó al depositario del inmueble embargado y autorizó designar en sustitución a Roberto Tam Lee, por lo que ordenó requerir a Otoniel Castro Armenta para que entregaran el bien embargado, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondría multa (tomo de pruebas, foja 456). 4. Mediante resolución engrosada el veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, con motivo del amparo que promovió Otoniel Castro Armenta, por sí y como apoderado de la demandada, en el juicio de amparo 277/2019, de este Juzgado de Distrito se dictó sentencia que sobreseyó el asunto, en el que se reclamó el acuerdo de revocación de depositario en comento (tomo de pruebas, fojas 576 a 580). 5. El siete de julio de dos mil veintidós, fue confirmada la sentencia de amparo en comento en la revisión 642/2019, por el entonces único Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Segundo Circuito (tomo de pruebas, foja 613). 6. En auto de uno de febrero de dos mil veintitrés, la Jueza responsable ordenó requerir a Otoniel Castro Armenta entregar el bien embargado para entregarse la posesión material al nuevo depositario, con apercibimiento que para el caso de no hacerlo se le aplicaría multa. Asimismo, decretó hacer efectiva la multa fijada en el proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve a Otoniel Castro Armenta, para lo cual ordenó que se presentara dentro del plazo de veinte días naturales al Órgano Jurisdiccional para solicitar orden de pago y liquidarlo en institución bancaria (tomo de pruebas, foja 625). 7. El veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, fue notificado Otoniel Castro Armenta, del acuerdo en comento. Los dos últimos puntos constituyen los actos reclamados. QUINTO. Causa de improcedencia. En el caso, respecto de los actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, esto es, el juicio de amparo resulta improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Así, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia de estudio, son los siguientes: 1. El acto reclamado sea resolución proveniente de una autoridad judicial, administrativa o del trabajo; 2. La ley conceda contra ese acto recurso o medio de defensa; 3. Ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, 4. Por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. La parte quejosa alega que no es parte en el juicio natural, sino depositario y que por ello no está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa. Al respecto, en la contradicción de tesis 84/2011, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció lo siguiente: Asimismo, existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, y es quien formando parte de la controversia (demandado) no se apersonó al juicio y tampoco conoció de su existencia, porque -debiendo serlo- no fue emplazado o fue citado en forma distinta a la prevista por la ley (tercero extraño por equiparación). En cambio, cuando ese demandado haya comparecido al juicio (entendiéndose que no necesariamente a través del emplazamiento, sino que se haya integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal) y, por tanto, sabedor del proceso seguido en su contra, es razón suficiente para desvirtuar su carácter de persona extraña al juicio en términos del precepto citado. Es decir, el rasgo distintivo para equiparar al demandado con una persona extraña al procedimiento debe partir desde la perspectiva que la falta de emplazamiento a él, o que la citación en forma distinta a la prevista por la ley, le haya ocasionado "el desconocimiento total del juicio". Esta distinción es fundamental, pues del conocimiento de su participación o no en el proceso depende en qué momento y en qué términos puede esa persona intentar el amparo (directo o indirecto) contra la resolución que irrogue perjuicio a su esfera jurídica; de ahí que si el gobernado que conoce del juicio, porque compareció a él, opta por la vía indirecta, el Juez de Distrito debe sobreseer, fundamentalmente, porque ya no es persona extraña al juicio, en virtud de que puede (o pudo, si ese juicio ya hubiese concluido) defenderse dentro del procedimiento ordinario y, en su oportunidad, si fuese el caso, acudir al amparo directo, es evidente que en este supuesto el promovente equivocó la vía. En cambio, cuando el gobernado que por alguna causa se integró a la relación jurídico procesal en la que ya se dictó la resolución definitiva respectiva (sentencia o laudo), que conoce del procedimiento que la originó y, por ende, a sabiendas de su participación en el mismo, opta por promover amparo directo, impugnando en sus conceptos de violación ese acto procesal del emplazamiento, eligió la vía correcta. Lo expuesto se afirma, porque aun cuando un quejoso se ostentare como "tercero extraño o tercero extraño por equiparación", serán las constancias del procedimiento natural y no la forma de su autodenominación las que se deberán tomar en cuenta para determinar si realmente tiene tal carácter, por lo que debe verificarse si el mismo tuvo o no conocimiento de la existencia del juicio. De ahí que la absoluta falta de vinculación al proceso, creada por una relación jurídica, constituye el elemento esencial para identificar y diferenciar al extraño a juicio de los distintos sujetos que participan en éste con otras calidades jurídicas (partes, terceros, testigos, peritos, etcétera). Por tanto, no es admisible atribuir el carácter de persona extraña, a quien sí se encuentra vinculado al proceso, por haber conocido el acto vinculatorio con la posibilidad de defenderse por los medios y recursos ordinarios. Esto, ya que debido a esa relación y al vínculo que se crea, el sujeto a quien se dirige el mandato de la autoridad jurisdiccional resulta afectado en su esfera jurídica, como efecto preconcebido por el autor de tal acto procesal. En cambio, sucede algo distinto con quien sí tiene el carácter de extraño, porque si no hay relación jurídica, generadora de un vínculo entre el proceso y tal persona, ninguna razón hay para que se le afecte en su esfera jurídica; pero la realidad es que, de hecho (no por derecho), sí se produce esa afectación, al ejecutarse un acto emitido por el juzgador, aun cuando éste no haya preconcebido una situación así. En ese orden de ideas, si en virtud de una finalidad específica, útil al proceso (la citación de un testigo, la encomienda de una tarea al perito, la exhibición de alguna cosa o documento en el proceso, la rendición de un informe, etcétera), la autoridad jurisdiccional dicta un mandamiento legítimo, dirigido a un gobernado distinto a las partes, con tal acto si bien se crea una relación jurídica directa e inmediata de supra-subordinación entre la autoridad jurisdiccional y la persona a quien se dirige el mandato, similar a la que se produce entre el propio Juez con cada una de las partes; sin embargo, para tenerse vinculado al proceso debe concurrir al mismo. Es decir, el conocimiento que se tiene a través de la notificación del requerimiento es insuficiente por sí mismo para constituir la vinculación con el proceso, pues para ello es necesario que quien fue requerido comparezca o se apersone a éste, pues con motivo de dicho acto procesal surge la vinculación del juzgador hacia el tercero que fue llamado en forma transitoria para intervenir en una etapa del desarrollo del proceso, ya sea como testigo, como perito para proporcionar la información requerida, o bien, para realizar una conducta necesaria para proseguir con el procedimiento, etcétera; de ahí que en virtud de ello sólo podrán interponer los recursos contra las providencias que estén relacionadas con su intervención. Con base en las consideraciones expuestas, es claro que la persona a quien se notifica un requerimiento o mandamiento judicial dirigido a ella, en el cual se le identificó nominalmente y se le requiere para que realice una conducta útil o necesaria para el desarrollo del proceso, si bien es cierto crea una relación jurídica directa e inmediata de supra-subordinación entre el Juez responsable y la persona a quien se dirige el mandato similar a la que se produce entre el propio juzgador con cada una de las partes, también lo es que los terceros extraños en un juicio en ningún caso tienen obligación de agotar recursos. Lo anterior, porque, como ya se refirió en líneas precedentes, de conformidad con lo previsto por los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, persona extraña es la que resulta afectada con la ejecución de un acto jurisdiccional, emitido en un juicio respecto del cual es completamente ajena, es decir, es aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material y, con esa calidad, no tiene obligación de agotar recursos ordinarios y sí podrá optar por la acción constitucional contra la resolución que le ocasione un perjuicio, ya que no ha comparecido a ese procedimiento. De la ejecutoria citada derivó la jurisprudencia 1ª/J 124/2011 (9ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro VI, marzo de 2012, tomo I, página 228, registro 160179, que establece lo siguiente: TERCERO EXTRAÑO A JUICIO. NO PIERDE ESTE CARÁCTER LA PERSONA A QUIEN NO SIENDO PARTE EN EL JUICIO DE ORIGEN, SE LE REQUIERE PARA QUE REALICE UNA CONDUCTA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO, AL NO QUEDAR VINCULADA POR ESE SOLO HECHO Y, POR TANTO, NO ESTÁ OBLIGADA A AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, persona extraña es la que resulta afectada con la ejecución de un acto jurisdiccional emitido en un juicio respecto del cual es completamente ajena, es decir, es aquella que no figura en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, y con esa calidad no tiene obligación de agotar recursos ordinarios, pudiendo optar por la acción constitucional contra la resolución que le ocasione un perjuicio, ya que no ha comparecido al procedimiento. En ese sentido, el mandamiento judicial dirigido a una persona que no es parte material en el juicio de origen, en el cual se le identificó nominalmente y se le requiere para que realice una conducta útil o necesaria para el desarrollo del proceso, si bien es cierto que crea una relación jurídica directa e inmediata de supra a subordinación con el juez responsable, similar a la que se produce entre el juzgador con cada una de las partes, también lo es que los terceros extraños en un juicio en ningún caso tienen obligación de agotar recursos. Lo anterior, revela que el mandamiento judicial dirigido a una persona que no es parte material en el juicio de origen, en el cual se le identificó y se le requiere para que realice conducta útil o necesaria para el desarrollo del proceso, cuando haya comparecido al juicio o integrado por cualquier medio a esa relación jurídico procesal, sabedor del proceso, es razón suficiente para desvirtuar el carácter de extraña al procedimiento de origen. Esta distinción implica que al no ser persona extraña al juicio pueda defenderse dentro del procedimiento ordinario, lo que le obliga a agotar los recursos o medios de impugnación ordinarios antes de acudir al juicio de amparo. En el caso, como se observa de los antecedentes reclamados, el quejoso ya compareció al juicio en carácter de apoderado de la parte demandada y tiene reconocida esa personalidad, por lo que no desconoce las actuaciones del juicio natural, lo que le obliga a defenderse a través de los medios ordinarios. En el caso de la notificación reclamada, en términos de los artículos 1055, fracción IV, y 1353 del Código de Comercio la parte actora pudo haber planteado incidente de nulidad de actuaciones para nulificar la notificación reclamada. En consecuencia, la parte quejosa no agotó el principio de definitividad respecto de ese acto, ya que proviene de procedimiento judicial, la ley establece medio de defensa por el cual se puede nulificar y la parte quejosa no se encuentra dentro de caso de excepción para promover el juicio de amparo sin primero promover el incidente de nulidad de notificaciones. Por otro lado, en relación al acuerdo de multa reclamado destaca que el Código de Comercio no prevé la apelación contra esa determinación; por ende, está comprendida dentro de los acuerdos revocables, ya que el artículo 1334 de la citada legislación dispone que los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocables por el juez que lo dictó. Bajo ese contexto, en relación al acto reclamado se prevé medio de defensa a través del cual la parte quejosa pudo obtener la revocación del acto reclamado, pese a ello decidió impugnarlo directamente en la vía de amparo indirecto. Por tanto, resulta improcedente el juicio de amparo promovido por la parte quejosa contra el acuerdo que le impuso la multa, ya que existe recurso a través del cual podía lograrse su revocación. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Por lo expuesto y fundado, este Juzgado de Distrito resuelve: ÚNICO. SOBRESEE en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo resolvió el licenciado Pedro Jara Venegas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, Rosales, ante el licenciado Roberto Escobedo Sánchez, Secretario que asiste y da fe.
- Principal
Culiacán, Sinaloa, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. La parte quejosa reclama la multa que le fue impuesta en acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, que hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. En los conceptos de violación el quejoso alega que no es parte en el juicio natural y que no le fue comunicado el proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 4 y 5). No obstante lo anterior, de la copia certificada del juicio natural destaca lo siguiente: El peticionario de amparo compareció por escrito al juicio de origen como apoderado de la empresa demandada y le fue reconocida la personalidad (tomo de pruebas, fojas 13 a 31 y 81). En auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, la Juez responsable revocó el cargo de depositario que tenía el hoy quejoso, ordenó requerirlo para entregar el bien embargado y lo apercibió con multa para el acto de no cumplir (tomo de pruebas 456). La parte quejosa promovió juicio de amparo ******************** de este Juzgado, contra el acuerdo veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (tomo de pruebas, fojas 459 a 481). En ese sentido, dese vista a la parte quejosa con las actuaciones citadas para que manifieste lo que a su interés convenga. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las ONCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
se hace efectivo el apercibimiento inmerso en el citatorio que previamente se dejó para conocimiento de la parte quejosa a quien se le notifica por lista de estrados y página electrónica el acuerdo que se dictó el dieciséis de junio del año en curso, en el juicio de amparo 293/2023; lo anterior, en términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29, ambos de la Ley de Amparo en vigor. Culiacán, Sinaloa, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. La parte quejosa reclama la multa que le fue impuesta en acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio ejecutivo mercantil ********************, que hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve. En los conceptos de violación el quejoso alega que no es parte en el juicio natural y que no le fue comunicado el proveído de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (fojas 4 y 5). No obstante lo anterior, de la copia certificada del juicio natural destaca lo siguiente: El peticionario de amparo compareció por escrito al juicio de origen como apoderado de la empresa demandada y le fue reconocida la personalidad (tomo de pruebas, fojas 13 a 31 y 81). En auto de veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, la Juez responsable revocó el cargo de depositario que tenía el hoy quejoso, ordenó requerirlo para entregar el bien embargado y lo apercibió con multa para el acto de no cumplir (tomo de pruebas 456). La parte quejosa promovió juicio de amparo ******************** de este Juzgado, contra el acuerdo veintisiete de febrero de dos mil diecinueve (tomo de pruebas, fojas 459 a 481). En ese sentido, dese vista a la parte quejosa con las actuaciones citadas para que manifieste lo que a su interés convenga. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y en su lugar se señalan las ONCE HORAS DIEZ MINUTOS DEL TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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