Otilio Hernández Bazán

Expediente 58/2014 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
58/2014
Año
2014
Actuaciones
3
Última actuación
17/12/2015

Partes del expediente

  • Otilio Hernández Bazán

Actuaciones

  1. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, a diecisiete de diciembre de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio número 4006, suscrito por la secretaria General de Acuerdos de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca, residente en esta ciudad, mediante el cual remite copia al carbón de la comparecencia de fecha once de diciembre de dos mil quince, misma que obra en el expediente número 38/2011 de su índice, respecto de las medidas y determinaciones que adoptó, encaminadas a dar cumplimiento a la sentencia que le concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal (fojas 183 a 217). NOTIFÍQUESE.

  2. Incidental

    *INC. 58/2014 MESA AMP. 4-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil quince. Como está ordenado en auto de esta fecha en el cuaderno principal, dos copias de la demanda de amparo presentada el quince de los corrientes en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el dieciséis siguiente, con fundamento en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el diverso 128, último párrafo, de la Ley de Amparo, fórmese por duplicado y por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 58/2015, promovido por MARGARITA RÍOS HERNÁNDEZ Y ROSALBA MARTÍNEZ ÁNGELES, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, y de otras autoridades. Hágase saber a las partes que las promociones por escrito deberán presentarse por duplicado, a fin de ser glosadas a cada uno de los expedientes incidentales (original y duplicado). Con apoyo en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables rindan su informe previo que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas; apercibidas que de no rendir el informe previo se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, fracción I, y 238, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor. Se solicita a las responsables que, al rendir su informe previo, proporcionen los datos que tengan a su alcance y que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el precepto 140 de la ley de la materia; así como si se trata de un delito calificado como grave o no por la legislación relativa. Se señalan las DIEZ HORAS CON SIETE MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL QUINCE, para que tenga verificativo la audiencia incidental, acorde a lo dispuesto por el artículo 138, fracción II, de la ley invocada. Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión provisional respecto de la orden de aprehensión dictada en su contra por el juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, y su ejecución por las restantes; ante ello, hágase del conocimiento de las partes que sólo en lo relativo a la procedencia o no de la suspensión solicitada por la parte quejosa, respecto de tales actos, así como a las condiciones a que se sujete y efectos de la misma, se aplicará la Ley de Amparo anterior a la reforma, de conformidad con el artículo décimo transitorio, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, no así respecto del trámite del incidente, pues el referido artículo transitorio, en su citado párrafo, alude a ".la suspensión en materia penal.", no así al incidente de suspensión; por ello, como dicho párrafo del transitorio referido prevé que la suspensión en materia penal seguirá rigiéndose acorde a aquélla (Ley de Amparo anterior). En el caso, el proceso del que derivan los actos reclamados, se instruye por una autoridad residente en Zaachila, Oaxaca, en donde aún no entra en vigor el nuevo sistema de justicia penal, acorde al decreto número 308 por el que se creó el Código Procesal Penal del Estado, que entró en vigor doce meses después de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado; por lo que, la suspensión provisional se pronuncia en los siguientes términos: 1º Para el caso de que la naturaleza del antijurídico por el que se siga proceso a las quejosas, permita el beneficio de la libertad provisional bajo caución conforme a lo establecido en el inciso A, fracción I, del numeral 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya calificación queda bajo la responsabilidad de la autoridad judicial, dado que, están satisfechos los requisitos exigidos por los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin dejar de observar el artículo 124 de la Ley de Amparo abrogada, que se aplica al caso en los términos precisados, toda vez que la suspensión provisional está solicitada, con la misma no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, porque los actos reclamados no se traducen en situaciones de las cuales se evite la satisfacción de una necesidad colectiva o un bienestar común; a efecto de no ocasionar daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, con apoyo en el numeral 136, de la Ley de Amparo citada, se concede la suspensión provisional solicitada, para el efecto de que no se ejecute la orden de aprehensión que hubiere sido dictada hasta el momento en que fue presentada la demanda de amparo, veintiún horas con trece minutos del quince de enero de dos mil quince, por la autoridad judicial señalada como responsable, sin perjuicio de la continuación del procedimiento penal de donde emana. Además, ilustra lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 315, del tomo XXX, diciembre de dos mil nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO". Medida precautoria que en términos del precepto 138 de la ley de la materia anterior, surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos, si las quejosas no cumplen con los siguientes requisitos de eficacia: a) Que exhiban a favor de este Juzgado, dentro del término cinco días, cada una de ellas, garantía económica por la cantidad de $1,500.00 (un mil quinientos pesos, cero centavos, moneda nacional), en billete de depósito o en cualquiera de las diversas formas establecidas por la ley; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 139 de la ley de la materia. Una vez que exhiba la garantía solicitada, comuníquese a las responsables si se cumplió con ese requisito. b) Obligadamente comparezcan ante el juez responsable, dentro del plazo de tres días, para la continuación del procedimiento penal, conforme a lo dispuesto en el precepto 138, de la Ley de Amparo; asimismo, dentro de los otros tres días subsecuentes, deberán acreditar ante este Juzgado que compareció ante el juez del conocimiento; y, c) En lo posterior, la parte quejosa queda sujeta a comparecer ante el juez de su causa cada siete días, lo cual acreditarán ante este órgano jurisdiccional dentro del plazo antes citado. En el entendido de que estas dos últimas medidas de aseguramiento (comparecencia ante el juez responsable), sólo serán exigibles hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado. Se invoca en apoyo, la jurisprudencia 149/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371, del Tomo XXVII, enero de dos mil ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 170432, con el siguiente rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Con apercibimiento que de no realizar esas presentaciones, o no acreditarlas aquí, en su caso, se hará efectiva la garantía pecuniaria a favor del Erario Federal, medidas de aseguramiento de las peticionarias de amparo que se implementan a efecto de que puedan ser devueltas a la autoridad responsable ordenadora, en caso de no concedérsele la protección de la Justicia Federal. Fundamenta lo anterior, la jurisprudencia número 16/97, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 33/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo V, mayo de mil novecientos noventa y siete, página 226, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO QUE PUEDE IMPONER EL JUEZ DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL". En tanto que si no efectúan esa exhibición, dejará de surtir efectos la suspensión concedida y quedarán expeditas las facultades de las responsables para ejecutar la orden combatida. 2°. Por otra parte, si el delito por el que se instruye el proceso a las quejosas no permite el beneficio de la libertad provisional bajo caución conforme a la fracción I, del precepto 20 constitucional citado, la suspensión provisional sólo se concede para el efecto de que una vez ejecutada tal orden de aprehensión, queden a disposición de este Juzgado de Distrito, por lo que respecta a su libertad personal, en el lugar donde sean internadas, así como a disposición del juez de su causa, por lo que atañe a la continuación del procedimiento penal. Es aplicable al caso, en lo conducente, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia número 53/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 27/2003, publicada en la página noventa y nueve, del tomo XVIII, del mes de noviembre de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con el rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE". La medida cautelar otorgada, en contra de la ejecución de la orden de aprehensión reclamada, no incide ni afecta la orden de detención para el caso de que las quejosas sean sorprendidas en flagrancia, cuasiflagrancia o presunción de flagrancia de delito; ni en caso de urgencia a que se refiere el párrafo quinto del artículo 16, de la Constitución Federal, en que el Ministerio Público puede ordenar la detención; ni restringe las facultades de las autoridades en la práctica de diligencias en investigación del delito, lo cual es actividad procesal penal insuspendible, por ser de interés social. Dicha suspensión durará en sus efectos hasta que se notifique a las responsables la resolución interlocutoria que se dicte sobre la suspensión definitiva que se emita en la audiencia incidental. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la ley de la materia en vigor), se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o señalamiento corregido; ello, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Como lo solicitan, expídase a las quejosas copia certificada por duplicado de esta determinación, teniéndose por autorizadas para recibirlas a las personas que mencionan, previa razón que de su entrega se deje en autos. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la avenida La Paz, número quinientos veintiséis (526), colonia San Juan Chapultepec, Centro, Oaxaca, y de conformidad con el artículo 12 de la ley en consulta, por autorizadas con las facultades ahí señaladas a las personas que mencionan las quejosas, por haberlo solicitado así en su demanda de amparo y tratarse éste de un asunto en materia penal. Con apoyo en el artículo 13, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como representante común de la parte quejosa a ROSALBA MARTÍNEZ ÁNGELES, por indicarlo así la parte quejosa en el proemio de su escrito de demanda. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    *PRAL. 58/2015 MESA AMP. 4-A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecinueve de enero de dos mil quince. Con la demanda de amparo presentada el quince de este mes en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnada a este órgano jurisdiccional el dieciséis siguiente, promovida por MARGARITA RÍOS HERNÁNDEZ Y ROSALBA MARTÍNEZ ÁNGELES, contra actos del juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Zaachila, Oaxaca, y de otras autoridades; fórmese expediente y regístrese su ingreso en el libro de gobierno, con el número 58/2015. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 35, 37, 108, 110, 112, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en el artículo 128, último párrafo, de la ley de la materia invocada, tramítese por cuerda separada el incidente de suspensión. Como en la demanda de amparo se reclama la orden de aprehensión y su ejecución; por tanto, pídase informe justificado a las autoridades responsables, las que deberán rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciban la notificación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto en el cuarto párrafo del invocado numeral 117, de la ley de la materia, se solicita a las autoridades responsables, para que al rendir su informe justificado: a) acompañen copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; y b) que las copias sean íntegras y legibles. Apercibidas que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir copia certificada completa y legible de las constancias relativas, al dictarse sentencia en este juicio de amparo se les impondrá multa de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 260, fracción II y 238, de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. Asimismo, se solicita a las responsables comuniquen si la parte quejosa promovió diverso juicio de amparo en relación con el acto reclamado; en su caso, precisen el Juzgado que conoce o conoció del mismo, y el número de expediente. Se señalan las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DOCE DE FEBRERO PRÓXIMO, para la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115, párrafo primero, de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. Asimismo, hágase del conocimiento de la representante social de la adscripción, que la copia de la demanda de amparo queda a su disposición en la actuaría de este Juzgado, por lo que se ordena darle la intervención que legalmente le corresponde y hágase dicha notificación, así como las subsecuentes, mediante lista de acuerdos que se publique en los estrados de este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, por no encontrarse en el caso previsto en el inciso c) de la fracción II de dicho precepto y en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 673, del tomo II, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "NOTIFICACIONES AL MINISTERIO PÚBLICO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DEBEN HACERSE POR LISTA", misma que se invoca por ser acorde a esa disposición legal, en términos del artículo sexto transitorio de la ley invocada. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto por el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo (que establece entre las obligaciones de la parte peticionaria de amparo, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la ley de la materia en vigor, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o señalamiento corregido; ello, tomando en consideración que le corresponde a dicha parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. Así también, como en esta etapa se desconoce quién es la víctima del delito u ofendido en el proceso del que derivan los actos reclamados, y a quien podría resultarle la calidad de tercero interesado, en términos del numeral 5º, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, se reserva pronunciarse sobre su emplazamiento hasta en tanto se establezca su existencia acorde a las constancias que se remitan como justificación de informe relativo. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la avenida La Paz, número quinientos veintiséis (526), colonia San Juan Chapultepec, Centro, Oaxaca, y de conformidad con el artículo 12 de la ley en consulta, por autorizadas con las facultades ahí señaladas a las personas que mencionan las quejosas, por haberlo solicitado así en su demanda de amparo y tratarse éste de un asunto en materia penal. Con apoyo en el artículo 13, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como representante común de la parte quejosa a ROSALBA MARTÍNEZ ÁNGELES, por indicarlo así la parte quejosa en el proemio de su escrito de demanda. En cumplimiento con lo dispuesto por los artículos 6°, párrafo segundo, fracción II, de la Constitución Federal, 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; y que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses; sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Sin que en el caso sea procedente notificar personalmente a la parte quejosa este auto admisorio, por no actualizarse alguno de los supuestos establecidos en el artículo 26 de la Ley de Amparo en vigor, atento a lo dispuesto en la fracción III del mismo precepto legal y sexto transitorio, acorde a la jurisprudencia número 72, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 58, tomo VI, materia común, octava época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el siguiente rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO EN QUE SE FIJA FECHA PARA LA". NOTIFÍQUESE.

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