Otilio Elorza Cruz
Expediente 1793/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1793/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 10/06/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Otilio Elorza Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
MESA II B Agréguese el oficio 2738 signado por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Estado, con residencia en Salina Cruz Oaxaca, por el que acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo 1793/2014 promovido por OTILIO ELORZA CRUZ, contra actos de la Magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, Estado de México, y otra autoridad; además, comunica que ese órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del referido asunto, quedando radicado en ese órgano jurisdiccional con el número 266/2015, para los efectos legales consiguientes. Por otra parte, en virtud de que no existe determinación pendiente que cumplimentar ni documentos originales que devolver, como se advierte de la certificación de cuenta, con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente cuaderno como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento; por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de esta fecha, procédase a su destrucción, en términos de lo dispuesto en el punto vigésimo, fracción I del Invocado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
MESA II B Visto el estado de los autos se advierte, por una parte, que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional (foja 55), sin embargo, de las constancias que obran en el expediente, se advierte que Otilio Elorza Cruz, por conducto de su defensor Enimio Octavio Guillen promovió demanda de amparo contra actos de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de quien reclamó la resolución de veinticinco de noviembre de dos mil catorce, dictada en el toca penal 578/2014, por la que se confirma el auto de formal prisión emitido en su contra por el Juez Mixto de Primera Instancia de Santa Cruz Huatulco, Pochutla, Oaxaca, en el proceso penal 164/1997, por el delito de homicidio calificado con la agravante de ventaja. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El numeral transcrito revela que la competencia de los Jueces de Distrito se surte en función de las autoridades ejecutoras que intervienen en el juicio constitucional, de suerte que en cada uno de sus párrafos establece diversas reglas para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales federales, a saber: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Lo que distingue las dos primeras reglas de la tercera, es que en ésta el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la actualización de las otras exige esta ejecución; y lo que hace la diferencia entre las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino que ello suceda en la jurisdicción de uno o varios Jueces Federales, ya que la primera regla se refiere a todos los supuestos en que puede encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se realice en una jurisdicción, mientras que la segunda regla concierne a la ejecución en dos distritos diferentes. Así, como se adelantó, son los actos de ejecución los que determinan la competencia de los Jueces de Distrito; entonces, respecto a la primera regla competencial, que es la fundamental, debe establecerse que es el lugar donde vaya a ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado lo que fija la competencia del Juez de Distrito, es decir, es Juez competente aquel en cuya circunscripción territorial se ubique el sitio o lugar donde los actos de ejecución se vayan a realizar o se hayan realizado; sin que obste que los actos ordenadores o decisorios emanen de una autoridad cuya residencia no pertenezca a dicha circunscripción. Luego, para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen, traten de realizarse o se hayan realizado, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente, se ejecuten o se hayan ejecutado, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. En relación a la segunda hipótesis de competencia, los actos de ejecución son susceptibles de realizarse en diferentes lugares comprendidos dentro de jurisdicciones territoriales pertenecientes a diversos Jueces de Distrito, por lo que la competencia para conocer del amparo respectivo se surte a favor de cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención, esto es, de quien previno primero en el conocimiento del asunto. Por último, cuando el acto reclamado consista en una resolución que no requiera ejecución material, lo que determina la competencia del Juez de Distrito es el lugar donde se haya presentado la demanda de amparo. Establecido lo anterior, debe destacarse que como ya se indicó el peticionario del amparo, esencialmente, reclama a través del presente juicio de amparo la resolución de veinticinco de noviembre del año dos mil catorce, dictada en el toca penal 578/2014 del índice de la Tercera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por la que confirma el auto de formal prisión dictado en su contra por el Juez Mixto de Primera instancia de Santa Cruz Huatulco, Oaxaca, en el expediente penal 164/1997, como probable responsable en la comisión de delito de homicidio calificado; encontrándose privado de su libertad en el Reclusorio Regional de San Pedro Pochutla, Oaxaca. En las poblaciones de San Pedro Pochutla, y Santa Cruz Huatulco, Oaxaca (la última población perteneciente a Santa María Huatulco), ejercen jurisdicción los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, conforme a lo establecido en el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, se establece lo siguiente: XIII. DECIMOTERCER CIRCUITO:(...) Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: (...)San Pedro Pochutla, (...) Santa María Huatulco, (.). Ahora bien, en el caso, la residencia del Juzgado de Primera Instancia que conoce del proceso penal en el que se emitió el auto de formal prisión, cuya confirmación de segunda instancia constituye el acto reclamado, se encuentra en la población de Santa Cruz Huatulco, asimismo, el quejoso se encuentra privado de su libertad con motivo de la resolución que confirmó el auto de formal prisión, en el Reclusorio Regional de San Pedro Pochutla; por consiguiente, toda vez que tanto la población de Santa Cruz Huatulco, como San Pedro Pochutla, están dentro de la circunscripción territorial en la que los Juzgados Sexto y Séptimo de Distrito con sede en Salina Cruz, Oaxaca, ejercen jurisdicción, con fundamento en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, se estima que en el caso, es competente el Juez de Distrito en turno con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, porque es en esa jurisdicción donde tiene ejecución el acto reclamado. Es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencial emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificada con el número 1ª./J. 147/2005, que se lee en la página 174, Tomo XXIII, enero de 2006, Materia Penal, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal. En tal medida, y toda vez que este expediente se tramita sin incidente de suspensión, con apoyo en lo previsto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado se declara de plano legalmente incompetente para seguir conociendo del presente juicio de amparo, a favor del Juez de Distrito en turno, con sede en Salina Cruz, Oaxaca, por lo que se ordena remitir el juicio de amparo en que se actúa y dos cuadernos de prueba para que en el término legal manifieste si acepta o no la competencia propuesta. Con copias de la boleta de registro, escrito de demanda de amparo y este auto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Por tanto, se ordena dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día (foja 55). Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA II B Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
MESA II B Agréguese el oficio 1641 signado por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual en atención a la solicitud formulada en proveído de dieciséis de abril pasado (foja 52), informa que el despacho 43/2015, con número de orden 284/2015 de su índice, que envió al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Santa Cruz, Huatulco, a efecto de que emplazara a juicio al tercero interesado Mateo Mendoza López, no ha sido devuelto al citado órgano jurisdiccional; asimismo, se advierte que requirió al citado Juez para que en plazo de tres días devolviera diligenciado el despacho de que se trata; lo anterior para los efectos legales que haya lugar.
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