Otilia Oliva López

Expediente 2019/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2019/2015
Año
2015
Actuaciones
10
Última actuación
21/07/2016

Partes del expediente

  • Otilia Oliva López y Otros.
  • Otilia Oliva López
  • Legislatura del Estado de México
  • Mónica Elizabeth Treviño Oliva y Otros.
  • Mónica Elizabeth Treviño Oliva

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    atendiendo al análisis de las constancias de este juicio, es dable concluir que la Función Registral del Estado de México, acató los aspectos establecidos en la sentencia dictada por el Órgano de Control Constitucional y cumplió los lineamientos de la ejecutoria de amparo, ya que dictó la resolución correspondiente en la cual cumplió con la ejecutoria de amparo de que se trata. En ese tenor, con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, así como de la certificación de cuenta, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el punto décimo fracción I, del citado Acuerdo, corresponde al archivo judicial reciente, y no es de los considerados de relevancia histórica, documental ni jurídica. b) Asimismo, en términos del punto vigésimo primero del referido acuerdo este expediente es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV, del dicho punto, al ser un juicio en el que se concedió el amparo solicitado. c) Que de conformidad con el punto decimoséptimo del acuerdo en cita, se atendió la digitalización de las constancias, las cuales coinciden con su original. En esa tesitura, transcurrido el término de tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico de Documentación y Análisis, designado para su resguardo, debiendo desintegrar el original de la demanda de amparo y sentencia definitiva, así como, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, y en su caso, las concernientes a la violación de ésta. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno, Sistema de Seguimiento de Expedientes, y en la carátula del juicio en que se actúa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio de cuenta, signado por la Directora Técnico Jurídica, dependiente del Instituto de la Función Registral del Estado de México, por medio del cual, informa el cumplimiento dado al fallo protector, de igual manera solicita se notifique a la parte quejosa que ya se encuentra disponible el cheque expedido a su favor. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el oficio y anexo de cuenta, así como, para que dentro del término de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga en relación con el cumplimiento que realizó la responsable al fallo protector; apercibidos que de no hacerlo, este juzgado de Distrito se pronunciará al respecto con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por éstas en su oportunidad. Finalmente, lo anterior hágase del conocimiento de la autoridad oficiante, mediante oficio que derive del presente auto.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta, mediante el cual la Directora General del Instituto de la Función Registral del Estado de México, informa las gestiones realizadas a efecto de dar cabal cumplimiento al fallo, y de igual manera solicita se informe a favor de cuál de las impetrantes de garantías se debe elaborar el cheque nominativo. Atento lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad oficiante que en el escrito inicial de demanda las quejosas nombraron como representante común a Otilia Oliva López; atento a lo anterior, se propone a nombre de ella para la expedición de dicho cheque. Finalmente, requiérase a la oficiante a efecto de que en cuanto cuente con el cheque y la notificación a la parte para su recepción de manera inmediata informe el cabal cumplimiento y remita e las constancias que acrediten el cumplimiento del fallo protector otorgado; por tanto, subsiste el requerimiento formulado en autos.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, por medio del cual remite el original den juicio de amparo 2019/2015 del índice de este juzgado; asimismo, remite en copia certificada testimonio de la ejecutoria de nueve de los cursantes dictada en el recurso de revisión 103/2016, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente: "PRIMERO.- Se modifica la sentencia recurrida de ocho de febrero de dos mil dieciséis, pronunciada en la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 2019/2015 del índice del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de juicios federales n el Estado de México, con residencia en Toluca, por las razones expuestas en el último considerando de la presente ejecutoria. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE al Otilia Oliva López y Mónica Elizabeth Treviño Oliva, contra los actos reclamados de las autoridades del Estado de México, denominadas Legislatura, Gobernador y Director del Instituto de la Función Registral, los cuales, en el respectivo ámbito de su competencia, se hicieren consistir en la aprobación y promulgación del decreto mediante el cual se expidió el artículo 95, fracción I, inciso c), rango 6 de la tarifa, previsto en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, vigente en el dos mil quince, así como el cobro de la cantidad pagada por los derechos para inscribir la compraventa contenida en la escritura otorgada para adquirir un inmueble, con base en la porción normativa reclamada; ello, por las razones expuestas y para los efectos precisados en el último considerando de la presente ejecutoria. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, glósense el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión; asimismo, acúsese recibo de estilo. Ahora, atendiendo a que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del plazo de tres días, cumplan con la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, lo que deberán acreditar en el mismo lapso con las constancias respectivas, por tanto, remítase copia de la ejecutoria dictada por la superioridad: Se apercibe a las autoridades responsables, que de no hacerlo requerido en el tiempo otorgado (TRES DÍAS), o de no informar lo conducente conforme a la legislación de la materia, se le impondrá una multa de trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, la cual se duplicará hasta llegar a mil días de salario, conforme a lo dispuesto en los numerales 192 y 258 de la Ley de Amparo aplicable al caso. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la voz y texto: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. [10a. Época; Pleno; Gaceta S.J.F.; Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I; página 7. P./J. 60/2014]. También se le apercibe que, en caso de no acatar el presente mandato, de inmediato se procederá conforme lo establecido por el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo vigente. Además, en caso de reiterada omisión al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, su conducta podría encuadrar en alguno de los delitos que establece el artículo 267 de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, se dará vista a las partes y con desahogo de la vista o sin ella, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Si no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de ley de la materia. Tiene aplicación la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 10ª Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, visible en la página 5, cuyo rubro dice: CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).

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