Otilia Edith Tellez González
Expediente 674/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 674/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Otilia Edith Tellez González
Actuaciones
- Principal
De la certificación que antecede, se advierte que a la parte quejosa le ha trascurrido el término de cinco días previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el auto en que se desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.
- Principal
Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Penal del Sistema Tradicional en Manzanillo, Colima, y otras autoridades, por violación a los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14 y 16, constitucionales; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Registro. Registro en el libro de "Registro de Juicios de Amparo" bajo el expediente 674/2021-V. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atenientes para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Consideraciones previas. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como autoridades responsables a: "1.- En calidad de Ordenadora(s): H. Juez penal (del sistema tradicional).- En el Municipio de Manzanillo, Colima.- con domicilio en carretera Manzanillo - Chandiablo Km 7.5 s/n, perteneciente al municipio de Manzanillo, Colima. H. Agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Municipio de manzanillo Colima, titular y/o encargado de la Mesa 6 Sexta del Sistema Tradicional. - Con domicilio ampliamente conocido en el Complejo Administrativo de Seguridad Pública del Municipio de Manzanillo, Colima. 2.- En calidad de Ejecutora(s): a) El titular y/o encargado de la Fiscalía General del Estado de Colima.- Con domicilio en calle Ejercito Mexicano número 200, colonia de los trabajadores en Colima, Colima. b) El titular y/o encargado de la Dirección General de la Policía Investigadora del Estado de Colima.- Con domicilio en calle Ejercito Mexicano número 200, colonia de los trabajadores en Colima, Colima. c) El titular y/o encargado de la Comandancia de la Policía Investigadora en Manzanillo, Colima. - Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en el complejo de Seguridad de Manzanillo, Colima." Y en el apartado de acto reclamado refiere: 1.- De la(s) autoridad(es) responsable(s) señalada(s) como Ordenadora(s): 1.- Es decir, de la H. Juez Penal (del sistema tradicional) la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o captura y/o presentación y/o comparecencia que autoriza la privación de la libertad en contra de la hoy quejosa C. ***. 2.- Mientras que el H. Agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Municipio de manzanillo Colima titular y/o encargado de la Mesa 6 Sexta del Sistema Tradicional; a) La FALTA DE NOTIFICACIÓN de la revocación de la determinación ministerial de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN en contra de la quejosa la hoy quejosa C. Otilia Edith Téllez González. b) EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y CONSIGNACIÓN ante el H. Juez Penal (del sistema tradicional) en el municipio de Manzanillo, Colima (Señalada también como autoridad responsable en calidad de ordenadora) de la Averiguación Previa no. 226/2016. 2.- De la(s) autoridad(es) responsable(s) señalada(s) como Ejecutora(s) : 1.- La materialización, ejecución y/o cumplimiento de la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o captura y/o presentación y/o comparecencia, girada por parte de las autoridades responsables señaladas como ordenadoras que autorizan la privación de la libertad en contra del hoy quejoso. Asimismo, que del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se advierte que la parte quejosa presentó previamente diversa demanda de amparo contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado; demanda que fue radicada y registrada con el número de expediente 660/2021-V del índice de éste órgano jurisdiccional. Desechamiento de la demanda Bajo tal aspecto, este juzgador advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la presente demanda de amparo de que se trata: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca de un juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" El citado precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de amparo cuando al examinarla encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, un motivo de improcedencia manifiesta e indudable es aquél que no requiere mayor demostración, pues se advierte de una forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a los mismos. Incluso, se tiene la certeza y plena convicción de que el motivo de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal manera que aún en la hipótesis de admitirse la demanda de amparo, y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a otra conclusión, con independencia de los elementos que las partes pudieran allegar. A lo anterior, resulta aplicable en lo conducente y sustancial, la jurisprudencia P./J. 128/2001, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 188643, Pleno Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, Jurisprudencia (Constitucional)., de rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio; situación que en el presente juicio acontece, como enseguida se precisa. Como se dijo en párrafos que preceden, que del análisis integral de los escritos de demanda que dieron origen a los juicios de amparo 660/2021-V y 674/2021-V, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como autoridades responsables a: "1.- En calidad de Ordenadora(s): H. Juez penal (del sistema tradicional).- En el Municipio de Manzanillo, Colima.- con domicilio en carretera Manzanillo - Chandiablo Km 7.5 s/n, perteneciente al municipio de Manzanillo, Colima. H. Agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Municipio de manzanillo Colima, titular y/o encargado de la Mesa 6 Sexta del Sistema Tradicional. - Con domicilio ampliamente conocido en el Complejo Administrativo de Seguridad Pública del Municipio de Manzanillo, Colima. 2.- En calidad de Ejecutora(s): a) El titular y/o encargado de la Fiscalía General del Estado de Colima.- Con domicilio en calle Ejercito Mexicano número 200, colonia de los trabajadores en Colima, Colima. b) El titular y/o encargado de la Dirección General de la Policía Investigadora del Estado de Colima.- Con domicilio en calle Ejercito Mexicano número 200, colonia de los trabajadores en Colima, Colima. c) El titular y/o encargado de la Comandancia de la Policía Investigadora en Manzanillo, Colima. - Avenida Sor Juana Inés de la Cruz, en el complejo de Seguridad de Manzanillo, Colima." Y en el apartado de acto reclamado refiere: 1.- De la(s) autoridad(es) responsable(s) señalada(s) como Ordenadora(s): 1.- Es decir, de la H. Juez Penal (del sistema tradicional) la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o captura y/o presentación y/o comparecencia que autoriza la privación de la libertad en contra de la hoy quejosa C. ***. 2.- Mientras que el H. Agente del Ministerio Público del Fuero Común en el Municipio de manzanillo Colima titular y/o encargado de la Mesa 6 Sexta del Sistema Tradicional; a) La FALTA DE NOTIFICACIÓN de la revocación de la determinación ministerial de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN en contra de la quejosa la hoy quejosa C. Otilia Edith Téllez González. b) EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y CONSIGNACIÓN ante el H. Juez Penal (del sistema tradicional) en el municipio de Manzanillo, Colima (Señalada también como autoridad responsable en calidad de ordenadora) de la Averiguación Previa no. 226/2016. 2.- De la(s) autoridad(es) responsable(s) señalada(s) como Ejecutora(s) : 1.- La materialización, ejecución y/o cumplimiento de la orden de aprehensión y/o reaprehensión y/o captura y/o presentación y/o comparecencia, girada por parte de las autoridades responsables señaladas como ordenadoras que autorizan la privación de la libertad en contra del hoy quejoso. Por tanto, a consideración de este juzgador se advierte que el presente juicio de amparo es notoriamente improcedente, de conformidad con la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción X, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. " Del precepto transcrito, en lo conducente, se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra: 1. Un acto materia de otro juicio de amparo que se encuentre pendiente de resolver; 2. Que haya sido promovido por el mismo quejoso; y, 3. Contras las mismas autoridades y acto reclamado. En el caso, el acto reclamado por el actor constitucional consiste en: La orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia, captura y/o presentación, su probable ejecución; así como la falta de notificación de la revocación de la determinación del no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa ***. Ahora, como se advierte de la certificación de cuenta, del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se observa que la parte quejosa presentó previamente diversa demanda de amparo contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado; demanda que fue radicada y registrada con el número de expediente 660/2021-V del índice de éste órgano jurisdiccional; asimismo, que dicho juicio de amparo se reclamó el mismo acto que se atribuyó a las mismas autoridades, proveniente del mismo expediente (averiguación previa 226/2021), el cual se encuentra en trámite pendiente de resolución. En razón de lo anterior, la acción constitucional es improcedente, porque el acto reclamado en el presente juicio es materia de otro juicio de amparo, al que le correspondió el número 660/2021-V, el cual, fue promovido por la misma quejosa, contra el mismo acto reclamado y autoridades responsables. Constancias, que constituyen un hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la tesis XXII. J/12, con número de registro 199531, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, página 295, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN. La anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia número 265, visible en las páginas 178 y 179 del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UNA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION UNA EJECUTORIA EMITIDA POR EL TRIBUNAL PLENO.", sostuvo criterio en el sentido de que la emisión de una ejecutoria pronunciada con anterioridad por el Pleno o por la propia Sala, constituye para los Ministros que intervinieron en su votación y discusión un hecho notorio, el cual puede introducirse como elemento de prueba en otro juicio, sin necesidad de que se ofrezca como tal o lo aleguen las partes. Partiendo de lo anterior, es evidente que para un Juez de Distrito, un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que ante él se tramitan y, por lo tanto, cuando en un cuaderno incidental exista copia fotostática de un diverso documento cuyo original obra en el principal, el Juez Federal, al resolver sobre la medida cautelar y a efecto de evitar que al peticionario de amparo se le causen daños y perjuicios de difícil reparación, puede tener a la vista aquel juicio y constatar la existencia del original de dicho documento". Consecuentemente, al existir identidad de acto reclamado y de la autoridad responsable que lo emitió, ello implica que existe imposibilidad jurídica para analizar dos veces el acto aquí reclamado, porque la causa de improcedencia en comento, como se mencionó, tiene como finalidad evitar la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando la quejosa ya tuvo la oportunidad de ser escuchada en defensa de sus intereses en uno previo, además, de impedir la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias; de ahí la improcedencia de este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 232137, que se cita a continuación: "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." Asimismo, la tesis P./J. 24/2014 (10a.), número de registro 2006145, Décima Época: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten". No se soslaya que el criterio antes citado señala que para efectos de que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción X, del artículo 61 de la Ley de Amparo, es decir, la litispendencia, es necesario que ambas demanda de amparo se encuentren admitidas. Sin embargo, atendiendo a las razones decisorias expuestas en la contradicción de tesis 307/2012 de la que se originó la jurisprudencia en cita, a partir de una interpretación funcional de la norma, este juzgador estima que debe entenderse que cuando se detecte la existencia de otro juicio de amparo promovido por el mismo quejoso en relación con el mismo acto y autoridades, es necesario cerciorarse de que una de las demandas ha sido tramitada para obviar la situación de que una de ellas nunca se tramite. En el caso, el acto reclamado en el presente juicio es materia de otro juicio de amparo, al que le correspondió el número 660/2021-V, mismo que fue radicado el veintiocho de junio del año en curso, es decir, se encuentra en trámite, respecto de la misma persona, contra el mismo acto reclamado y contra las mismas autoridades, situación que tiene por consecuencia la actualización de la causa de improcedencia consistente en la litispendencia a fin de salvaguardar la certeza jurídica de la quejosa. Además, la jurisprudencia referida, no se desatiende, porque la Suprema Corte estableció que no debía desecharse o sobreseerse bajo el tópico de litispendencia, hasta en tanto uno de los jueces que conocía la controversia la admitiera, lo que en el caso no acontece, primero, la demanda 660/2021 y la presente, las conoce este juzgado, en la primera demanda, se emitió una determinación de prevención, con la cual se le otorgó su derecho de defensa; aunado a que está en posibilidad de cumplirla y que sea admitida a trámite, en segundo lugar, no se puede llegar al extremo de admitir la presente demanda, porque entonces se emitiría una resolución contradictoria a la primera resolución ya emitida; por lo tanto, se repite, no se desatiende el referido criterio jurisprudencial; aunado que en la presente instancia al ser promovido por la misma persona, contra las mismas autoridades responsables y ser el acto reclamado idéntico jurídicamente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la presente demanda, por notoriamente improcedente, de acuerdo con el artículo 113 de la ley en cita. Intervención de autorizados. Sin que haya lugar a tener a la parte quejosa designando como sus autorizados en términos amplios que prevé el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, ***, *** y ***, toda vez que no señaló los datos correspondientes para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo de dicho numeral; es decir, el número de su cédula profesional federal o del registro único a que se refiere el Título Octavo denominado "Registro Único de Profesionales del Derecho", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, el cual fue reformado por diverso publicado en ese medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce. Por lo anterior, se tiene a dichas personas únicamente como autorizados en términos restringidos del artículo 12, segundo párrafo, en relación con el diverso 24 ambos de la ley de la materia; esto es, para oír notificaciones e imponerse de autos. Notificación electrónica Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que las partes que así lo solicitan quedaran sujetas a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva.
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