Othón Torres Flores

Expediente 252/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
252/2019
Año
2019
Actuaciones
17
Última actuación
25/10/2019

Partes del expediente

  • Othón Torres Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    MESA. IV. Ciudad de México, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa ***** en el presente juicio; atento a su contenido, se provee: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la resolución dictada en la presente incidencia en un solo tanto, dado que no justifica porqué la requiere por duplicado, la cual podrá obtener en cualquier día y hora hábil, previa identificación y toma de razón que de su recibo se asiente en autos.******

  2. Principal

    MESA. IV. Ciudad de México, quince de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de quince días que refiere el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado contra el auto de diecisiete de julio pasado, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio.**

  3. Principal

    MESA.V. Ciudad de México, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de nueve de los actuales, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, ha transcurrido, sin que las partes realizaran manifestaciones al respecto, con excepción de Nahúm Torres Arzate (autorizado de la parte quejosa), mediante escrito registrado con el folio 10482. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad". Sentado lo anterior, se tiene que en sentencia engrosada el catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 54 a 80), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Othón Torres Flores, para el efecto de que el Juez Trigésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de formal prisión de seis de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado en los autos de la causa penal 130/1995; II. Con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada emita otra resolución de plazo constitucional en la que, siguiendo los lineamientos plasmados en esta determinación, realice lo que a continuación se precisa: a) Determine y exponga los motivos por los cuáles resulta perjudicial a Othón Flores Infante u Othón Torres u Othón Torres Flores, aplicar la nueva legislación penal y explicar de manera puntual por qué no resulta dable realizar la traslación del tipo penal. b) Precise el motivo por el cuál se debe reservar la aplicación de la ley más favorable al momento de resolver en definitiva el asunto. c) Aplique para el estudio de la prescripción del delito diversos de homicidio cometidos contra agente de la autoridad, el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la Republica en Materia de Fuero Federal, vigente en agosto de mil novecientos noventa y cinco. d) Declare inválidos los reconocimientos a través de la Cámara de Gesell de los coinculpados José Antonio Soto Vega o José Antonio Villa Gómez, Josafat Villa Gómez o Javier Soto Vega y Fausto Villa Gómez, y los excluya de ser valorados -únicamente la porción de dichos reconocimientos- y, por tanto, no deberán producir efecto alguno en cuanto a la determinación de auto de plazo constitucional que deberá de pronunciar. e) Declare inválido el reconocimiento del coindiciado José Antonio Soto Vega o José Antonio Villa Gómez, a través de la impresión de la licencia de conducir y lo excluya de ser valorado -únicamente la porción de dicho reconocimiento- y, por tanto, no deberá producir efecto alguno en cuanto a la determinación de auto de formal prisión que deberá de pronunciar. f) Excluya de valorar los medios de prueba que no fueron recabados en la etapa de averiguación previa o en preinstrucción. g) El análisis del delito emergente deberá realizarlo en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la codificación sustantiva de esta ciudad vigente al momento de los hechos. h) Precise la forma de participación de Othón Flores Infante u Othón Torres u Othón Torres Flores, en la comisión del injusto atribuido de manera probable. i) Precise el motivo o los motivos por los cuáles determina que la persona por la que, le dicta auto de formal prisión es la misma por la que, la Jueza Trigésimo Octavo Penal del entonces Distrito Federal, libró orden de aprehensión. El tres de julio de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y en misma fecha se requirió su cumplimiento (fojas 99 y 100). En vista de ello, por oficio recibido en este Juzgado el ocho de julio de la presente anualidad (foja 106), la Jueza Interina Trigésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo las constancias respectivas (fojas 109 a 152). Ahora bien, de la revisión de las constancias remitidas, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, la Jueza responsable realizó lo siguiente: 1. Por resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el auto de formal prisión de seis de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado en los autos de la causa penal 130/1995. 2. Con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos plasmados en el cumplimiento de la sentencia engrosada el catorce de junio pasado, en la misma fecha decretó a Othón Flores Infante u Othón Torres Flores u Othon Flores Torres u Othon Torres Flores, su libertad por falta de elementos para procesar, respecto al delito de homicidio calificado (diversos tres), en términos del artículo 302 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ordenando su inmediata libertad, quedando la causa penal bajo los efectos del párrafo primero del artículo 36 del ordenamiento legal antes citado. En ese sentido, se colige que la autoridad responsable, Jueza Interina Trigésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, con plenitud de jurisdicción dio cumplimiento en los términos indicados en la resolución concesora del amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo; y, toda vez que la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia engrosada el catorce de junio de dos mil diecinueve, se dictó siguiendo los lineamientos ahí precisados, la autoridad responsable no incurre en exceso o defecto en su cumplimiento. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional solicitada, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse contra esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvanse a la Jueza Interina Trigésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, cinco tomos de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional.

  4. Principal

    MESA VI. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE DIECISIETE DE JULIO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA.V. Ciudad de México, diecisiete de julio de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de nueve de los actuales, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, ha transcurrido, sin que las partes realizaran manifestaciones al respecto, con excepción de Nahúm Torres Arzate (autorizado de la parte quejosa), mediante escrito registrado con el folio 10482. En ese sentido, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a resolver si la sentencia concesora se encuentra cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, página 203, que a la letra dice: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Esta Segunda Sala, en la jurisprudencia 85/98, entre otras tesis, ha sostenido el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva y se le concede el plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por cumplida la sentencia, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista a su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogarse la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad". Sentado lo anterior, se tiene que en sentencia engrosada el catorce de junio de dos mil diecinueve (fojas 54 a 80), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Othón Torres Flores, para el efecto de que el Juez Trigésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, realizara lo siguiente: I. Deje insubsistente el auto de formal prisión de seis de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado en los autos de la causa penal 130/1995; II. Con plenitud de jurisdicción y de manera fundada y motivada emita otra resolución de plazo constitucional en la que, siguiendo los lineamientos plasmados en esta determinación, realice lo que a continuación se precisa: a) Determine y exponga los motivos por los cuáles resulta perjudicial a Othón Flores Infante u Othón Torres u Othón Torres Flores, aplicar la nueva legislación penal y explicar de manera puntual por qué no resulta dable realizar la traslación del tipo penal. b) Precise el motivo por el cuál se debe reservar la aplicación de la ley más favorable al momento de resolver en definitiva el asunto. c) Aplique para el estudio de la prescripción del delito diversos de homicidio cometidos contra agente de la autoridad, el Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la Republica en Materia de Fuero Federal, vigente en agosto de mil novecientos noventa y cinco. d) Declare inválidos los reconocimientos a través de la Cámara de Gesell de los coinculpados José Antonio Soto Vega o José Antonio Villa Gómez, Josafat Villa Gómez o Javier Soto Vega y Fausto Villa Gómez, y los excluya de ser valorados -únicamente la porción de dichos reconocimientos- y, por tanto, no deberán producir efecto alguno en cuanto a la determinación de auto de plazo constitucional que deberá de pronunciar. e) Declare inválido el reconocimiento del coindiciado José Antonio Soto Vega o José Antonio Villa Gómez, a través de la impresión de la licencia de conducir y lo excluya de ser valorado -únicamente la porción de dicho reconocimiento- y, por tanto, no deberá producir efecto alguno en cuanto a la determinación de auto de formal prisión que deberá de pronunciar. f) Excluya de valorar los medios de prueba que no fueron recabados en la etapa de averiguación previa o en preinstrucción. g) El análisis del delito emergente deberá realizarlo en términos de lo dispuesto por el artículo 14 de la codificación sustantiva de esta ciudad vigente al momento de los hechos. h) Precise la forma de participación de Othón Flores Infante u Othón Torres u Othón Torres Flores, en la comisión del injusto atribuido de manera probable. i) Precise el motivo o los motivos por los cuáles determina que la persona por la que, le dicta auto de formal prisión es la misma por la que, la Jueza Trigésimo Octavo Penal del entonces Distrito Federal, libró orden de aprehensión. El tres de julio de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto y en misma fecha se requirió su cumplimiento (fojas 99 y 100). En vista de ello, por oficio recibido en este Juzgado el ocho de julio de la presente anualidad (foja 106), la Jueza Interina Trigésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo las constancias respectivas (fojas 109 a 152). Ahora bien, de la revisión de las constancias remitidas, las cuales de conformidad con los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tienen valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, la Jueza responsable realizó lo siguiente: 1. Por resolución de cuatro de julio de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el auto de formal prisión de seis de marzo de dos mil diecinueve, pronunciado en los autos de la causa penal 130/1995. 2. Con plenitud de jurisdicción, siguiendo los lineamientos plasmados en el cumplimiento de la sentencia engrosada el catorce de junio pasado, en la misma fecha decretó a Othón Flores Infante u Othón Torres Flores u Othon Flores Torres u Othon Torres Flores, su libertad por falta de elementos para procesar, respecto al delito de homicidio calificado (diversos tres), en términos del artículo 302 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, ordenando su inmediata libertad, quedando la causa penal bajo los efectos del párrafo primero del artículo 36 del ordenamiento legal antes citado. En ese sentido, se colige que la autoridad responsable, Jueza Interina Trigésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, con plenitud de jurisdicción dio cumplimiento en los términos indicados en la resolución concesora del amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la ley de la materia, para todos los efectos legales correspondientes se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo; y, toda vez que la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia engrosada el catorce de junio de dos mil diecinueve, se dictó siguiendo los lineamientos ahí precisados, la autoridad responsable no incurre en exceso o defecto en su cumplimiento. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió la protección constitucional solicitada, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años; una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse contra esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202 del referido ordenamiento legal. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 280, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, devuélvanse a la Jueza Interina Trigésimo Octavo Penal de la Ciudad de México, cinco tomos de pruebas que remitió en apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su retención en este órgano jurisdiccional.

Quedan 13 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,669 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano