Othón Nazariega Segura

Expediente 236/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
236/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
08/07/2016

Partes del expediente

  • Othón Nazariega Segura

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio 31565/2016, signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, mediante el que acusa recibo del oficio 2076, por el que se le remitió por incompetencia legal la demanda de amparo promovida por Othón Nazariega Segura, así como un cuaderno de pruebas relativo; asimismo, informa que aceptó la competencia planteada por este Juzgado. Ahora, atendiendo a la certificación que antecede, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en los artículos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese este expediente como definitivamente concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno. Asimismo, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve; se destaca que en el presente expediente no existen documentos originales, y que este Juzgado se declaró incompetente para conocer del asunto, como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años a partir de la fecha de que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción por ubicarse en el supuesto de la fracción I, del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General, debiéndose hacer la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación...

  2. Principal

    Por recibidas las documentales de cuenta consistentes en el oficio OCC/C13/JDM/74/2016, signado por el Jefe de Oficina de Correspondencia Común "B" de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, con el que remite copia autorizada de la interlocutoria de seis de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de separación de juicios, deducido del juicio de amparo 579/2015, y copia certificada de diversas constancias relativas a dicho juicio, formado con la demanda de amparo promovida por Othón Nazariega Segura y con las copias certificadas del expediente penal 146/2015, del índice del Juzgado Segundo Penal, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca. Por consiguiente, en acatamiento de la interlocutoria de seis de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el incidente de separación de autos relativo al juicio de amparo 579/2015, promovido por Othón Nazariega Segura, contra actos del Juez Primero del Distrito Judicial del Centro, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca, y de otras autoridades, que ordenó la separación de autos, se forma el presente juicio únicamente respecto a la orden de aprehensión librada por el Juez Segundo Penal, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca, en la causa penal 146/2015, en contra del quejoso Othón Nazariega Segura, y su ejecución; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo y fórmese el expediente de amparo con el número que le corresponda. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: "ACTOS RECLAMADOS.- Reclamo de las ordenadoras la ORDEN DE APREHENSIÓN dictada en mi contra y de las ejecutorias la ejecución material de dicha orden, y de ambas las consecuencias de hecho y derecho que se derivan de la misma". Asimismo, el quejoso señala como autoridades responsables ejecutoras a las siguientes: AUTORIDADES EJECUTORAS: Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, con residencia en La Experimental, San Antonio de la Cal, Oaxaca, Delegado de la Procuraduría General de la Republica, Delegado de Procedimientos Penales "A" de la Procuraduría General de la Republica, Delegado de Procedimientos Penales "B" de la Procuraduría General de la Republica y Jefe Regional de la Policía Federal Ministerial de la Procuraduría General de la Republica, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca." Ahora bien, señala que su domicilio se encuentra ubicado en calle Cuarzo número 114, en la Colonia Bugambilias, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y como antecedentes del acto reclamado los siguientes: "ANTECEDENTES: 1.-(...) 2.- sin embargo el día de hoy, en las primeras horas del día, se presentaron hasta mi domicilio unas personas que se identificaron cono Agentes Estatales de Investigación, quienes manifestaron a mis familiares que traían una ORDEN DE APREHENSIÓN librada en mi contra y tomando en consideración que no me encontraba volverían más tarde. Mas tarde se presentaron otras personas quienes se identificaron como policía federal y de igual forma dijeron a mis familiares que traían una orden de aprehensión librada en mi contra por un juez de distrito y como no me encontraba volverían más tarde." Asimismo, toda vez que la competencia legal es de orden público y por tanto, no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de garantías presentada por el promovente. Es aplicable al caso la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso". En efecto, el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; En correlación, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 37.- Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del análisis de este precepto, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que se puntualizan en el orden siguiente: A) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. B) La segunda previsión normativa que se contiene en el artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa constituye más bien un matiz de la hipótesis precedente, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso que antecede, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. C) En el último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido esa resolución. Como se observa, en este supuesto, es necesario que quede debidamente evidenciado en autos que la responsable emisora de acto que se reclama (mismo que no requiere de ejecución material) radica dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que naturalmente conozca del juicio de garantías. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que en la especie el acto que reclama la parte quejosa, es la orden de aprehensión dictada en su contra y su inminente ejecución. Luego, como la orden de aprehensión reclamada trata de ejecutarse en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, pues el quejoso indica tener ahí su domicilio y refiere que al mismo se han presentado elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Policias Federales pretendiéndolo privar de su libertad en cumplimiento de la orden de aprehensión que reclama; ante ello, es evidente que en la especie se surte la hipótesis señalada en el inciso a), que se refiere a la regla contenida en el primer párrafo, del artículo 37 de la ley de la materia, consistente en que el juez de Distrito competente para conocer del asunto es aquél que ejerza jurisdicción en el lugar donde trate de ejecutarse el acto reclamado, en este caso, la orden de aprehensión. Por tanto, es incuestionable que la competencia para conocer de la presente demanda de amparo, por razón de territorio, corresponde al Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez. En tales circunstancias, este juzgado declara carecer de competencia legal para el conocimiento del presente asunto; por lo que se ordena remitir el juicio de amparo 236/2016 y su anexo consistente en copias certificadas del expediente penal 146/2015, del índice del Juzgado Segundo Penal, con residencia en Santa María Ixcotel, Oaxaca, al Juzgado de Distrito en Turno en el Estado de Oaxaca, con sede en Oaxaca de Juárez, a quien se estima competente, para que proceda conforme a sus facultades legales; solicítese el acuse de recibo respectivo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. No se hace pronunciamiento respecto a la suspensión provisional o de oficio de los actos reclamados que prevé el artículo 48 de la Ley de Amparo, por no tratarse el presente asunto de los previstos por el artículo 15 del ordenamiento legal en consulta, pues la orden de aprehensión reclamada se atribuye a una autoridad judicial en materia penal, de donde resulta claro que la misma fue dictada dentro de un procedimiento judicial en materia penal, y no, fuera de procedimiento judicial. Se tiene por autorizado de la parte quejosa con la suma de las facultades expresas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica, en la medida que el acto reclamado deriva de un asunto de naturaleza penal, en cuya materia el aludido artículo 12, no exige que los autorizados con las facultades amplias que otorga, acrediten estar autorizados para ejercer la profesión de abogado; y las notificaciones que surjan aun las de carácter personal hágansele por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este Juzgado, como esta ordenado en proveído de cuatro de marzo de dos mil dieciséis (foja 104), dictado en el referido juicio de amparo 579/2015, del índice de esta Juzgado. .

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