Othón Nazariega Segura y Otros.
Expediente 926/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 926/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Othón Nazariega Segura y Otros.
- Othón Nazariega Segura
Actuaciones
- Principal
MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de junio de dos mil dieciséis. Toda vez que del cómputo secretarial se advierte que transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes legitimadas interpusieran recurso de revisión contra auto dictado el diecisiete de mayo del año en curso (fojas 112 y 114), que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, sin que lo hubiesen hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley, se declara que ha causado estado dicho proveído, para todos los efectos legales. Con fundamento en los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de esa anualidad, en vigor a partir del veintiséis de noviembre del citado año, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en este juicio de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su destrucción, conforme a lo establecido en la fracción II del punto Vigésimo Primero del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, las copias certificadas del expediente penal 146/2015 de su índice, con las cuales se ordenó formar el tomo I del cuaderno de pruebas (fojas 112).
- Principal
MESA III A Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos la copia del escrito de la parte quejosa, y agravios que anexa; al efecto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de abril de la presente anualidad; en consecuencia, entréguese copia del escrito de expresión de agravios a las demás partes. Debido a la materia del presente asunto, remítase el original del escrito de expresión de agravios; los autos del presente juicio de amparo y un cuaderno de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta capital, para la substanciación del referido recurso; ello, una vez que obren las constancias de notificación a las partes de este proveído. Con copia certificada de las constancias correspondientes fórmese cuaderno de antecedentes. Notifíquese; personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la Secretaria Lucía Concepción Nicolás Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
POR LISTA: MESA II B Oaxaca de Juárez, Oaxaca, diecisiete de mayo de dos mil dieciséis. Con el oficio 2076, signado por el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, por el que transcribe el acuerdo dictado el doce de mayo del año en curso, remite los autos originales del juicio de amparo 236/2016 de su índice, promovido por Othón Nazariega Segura, así como un cuaderno de pruebas relativo; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 926/2016 y acúsese recibo. Con las constancias adjuntas, y a efecto de facilitar su manejo, fórmese el cuaderno auxiliar I, respetándose folio, rúbrica y entresello; las cuales, dada su voluminosidad no se digitalizarán, por lo que en términos del artículo 91 del "ACUERDO General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal", podrá ser consultado físicamente por las partes en este Juzgado. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, y toda vez que se comparte el criterio sostenido por el juez de origen, este Juzgado acepta la competencia declinada y se avoca a la continuación del conocimiento del juicio de amparo 236/2015, índice de la declinante en el que el acto reclamado corresponde exclusivamente a la orden de aprehensión dictada por el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en la causa penal 146/2015, y su ejecución. Contra el referido acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; [.]. Como puede advertirse claramente, el motivo de improcedencia contenido en la fracción transcrita se actualiza porque la pretensión constitucional constituye cosa juzgada, respecto de la cual conviene realizar las siguientes precisiones: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que son dos los principios en que se asienta la autoridad de la cosa juzgada: 1. La extinción de la acción con su ejercicio, lo que impide su renovación en otro juicio, salvo cuando la ley lo autorice expresamente (recurso de revisión). 2. La necesidad de seguridad jurídica a fin de dar estabilidad a las relaciones de derecho, y que alcanza tanto al derecho sustancial como al derecho procesal, bajo la forma de cosa juzgada material y cosa juzgada formal. Así, se dice que la cosa juzgada es el principal efecto de la sentencia, otorga a ésta la autoridad de la ley, que se extiende no sólo a los mismos jueces, sino a todos los órganos del Estado; por ello su inmutabilidad está condicionada por la exigencia de que la acción a la cual se opone sea la misma que motivó el pronunciamiento, por lo que ese proceso de identificación se hace por la comparación de los elementos de ambas acciones y la excepción de cosa juzgada procederá cuando en ellas coincidan: 1. Los sujetos. 2. El objeto. 3. La causa. También, cabe decir que la cosa juzgada encuentra su fundamento y razón en la necesidad de preservar y mantener la paz y la tranquilidad en la sociedad, con medidas que conserven la estabilidad y la seguridad de los gobernados en el goce de sus libertades y derechos; tiene por objeto primordial proporcionar certeza respecto a las relaciones en que se han suscitado litigios, mediante la inmutabilidad de lo resuelto en una sentencia ejecutoriada. Los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la jurisprudencia, para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada, son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones, y lo que quiso evitar el legislador con el establecimiento de la cosa juzgada en materia de amparo, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la propia materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social. En vinculación con lo anterior, y por su trascendencia al caso, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia, según su numeral 2°, en relación con la jurisprudencia 103/2007, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en este acto se tiene a la vista como hecho notorio, sin necesidad que se certifiquen las constancias relativas del juicio de amparo 1874/2015, estadística de este órgano de control constitucional, promovido por el aquí quejoso, del que se conoce que: El ocho de diciembre de dos mil quince, Othón Nazariega Segura promovió juicio de amparo contra la orden de reaprehensión librada el nueve de octubre de dos mil quince, en la causa penal 146/2015 reclamada a la ordenadora, juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca; y como ejecutora, al Coordinador de la Agencia Estatal de Investigaciones en el Estado de Oaxaca. Por auto de ocho de diciembre de dos mil quince, se admitió a trámite la demanda de referencia, la cual quedó registrada con el número ya conocido (1874/2015). Mediante sentencia engrosada el cinco de febrero de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, negó el amparo y protección constitucional al mencionado quejoso (fojas 88 a 98). El once de marzo de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia y se ordenó el archivo (foja 119). Del cuadro procesal en mención, de manera palmaria se advierte que es improcedente la pretensión del quejoso en promover una nueva demanda de amparo contra el acto, respecto del cual, este órgano de control constitucional, -por conducto del Juzgado auxiliar- ya se pronunció sobre su constitucionalidad, esto es, se determinó negar el amparo solicitado por el quejoso respecto de la orden de aprehensión que el nueve de octubre de dos mil quince, el juez Segundo de Penal del Distrito Judicial del Centro libró en la causa penal 146/2015, que se instruyó en su contra, como penalmente responsable de la comisión del delito de robo con violencia a las cosas cometido en perjuicio de Arrendadora e Inmoviliaria OMMSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, debido a que de la narrativa antes señalada, se advierte que coinciden los mismos hechos, circunstancias y personas, pues lo dilucidado quedó firme, volviéndose por esa razón intocable, ya que de hacerlo se vulneraría la garantía de seguridad jurídica así como la institución de cosa juzgada la cual robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, evitando que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa. En lo conducente, se invoca la tesis aislada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor: COSA JUZGADA. PRINCIPIO ESENCIAL DEL DERECHO A LA SEGURIDAD JURÍDICA. La cosa juzgada es la institución resultante de una sentencia obtenida de un proceso judicial seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme a los artículos 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 17, que señala que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. Así, la relación armónica de esos dos artículos constitucionales instituye a la cosa juzgada como la resulta de un juicio concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse; privilegia la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del citado artículo 17 dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. La naturaleza trascendental de esa institución radica en que no sólo recoge el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Por lo anterior, la cosa juzgada es uno de los principios esenciales del derecho a la seguridad jurídica, en la medida en que el sometimiento a sus consecuencias constituye base esencial de un Estado de derecho, en el apartado de la impartición de justicia a su cargo. Bajo esa tesitura, queda de manifiesto que respecto del acto reclamado en este juicio de amparo ya fue materia de una ejecutoria anterior, en la que se analizó la orden de reaprehensión librada en la causa penal 146/2015, orden cronológico de este propio juzgado, promovido por el aquí quejoso, contra las mismas autoridades. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 40/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: ORDEN DE APREHENSIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, RELATIVA A LA COSA JUZGADA, CUANDO LA ORDEN RECLAMADA YA FUE MATERIA DE UN DIVERSO JUICIO DE GARANTÍAS, AUNQUE SE ALEGUE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. Acorde con el artículo 73 de la Ley de Amparo, el estudio de las causales de improcedencia es de oficio y de orden público. Por otra parte, para que opere la causal a que se refiere la fracción IV del citado precepto legal, el amparo debe interponerse por el propio quejoso contra las mismas autoridades y acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diferentes. En congruencia con lo expuesto, se concluye que cuando se promueve un juicio de amparo contra una orden de aprehensión que ya fue materia de un diverso juicio de garantías, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción IV, de la Ley de la materia, aunque se alegue como violación la prescripción de la acción penal. Sin que sea óbice a lo anterior, lo establecido en el artículo 183 de la Ley citada, pues conforme a su correcta interpretación, en los asuntos del orden penal la violación consistente en la extinción de la acción persecutoria es de estudio preferente a cualquier otra cuestión de fondo o violación procesal. De ahí que sea incorrecto sostener que dicho artículo permita analizar la prescripción de la acción penal previo al estudio y acreditamiento de la procedencia del juicio de amparo, pues además de que tal extremo no puede desprenderse del propio numeral, estimar lo contrario, es decir, que el estudio de la prescripción de la acción penal es previo al de las causas de improcedencia, haría procedente el amparo en tal aspecto (aunque ya sea cosa juzgada), otorgándole la naturaleza de un recurso ordinario en el proceso penal, aunque evidentemente no lo sea. En suma, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción 61, fracción XI, de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado al Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del centro, Oaxaca, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, con base en el diverso 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado a la ejecutora. Por otro lado, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda, -por estar en esta ciudad-, y por autorizada con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa y ser el presente asunto de naturaleza penal. En otro contexto, en términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en este asunto se ordene alguna notificación personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Para concluir, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias que sean de interés público, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a éstas que al elaborarse la versión pública de fallo que se llegare a dictar se suprimirá o testará todo dato confidencial o reservado. Finalmente, con apoyo en lo dispuesto 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el funcionamiento, supervisión y control de las oficinas de correspondencia común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, modificado mediante el Acuerdo General 48/2008; mediante oficio que al efecto se gire, remítase el presente expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta ciudad, para que realice la compensación respectiva a fin de equilibrar las cargas de trabajo y posteriormente lo devuelva a este juzgado. Notifíquese personalmente al quejoso y por lista a la tercera interesada. Así lo proveyó, el Juez de Distrito Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el Secretario Ernesto Valdivia Vásquez, que autoriza y da fe.
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