Othnel Sebastian Gilford Layne

Expediente 818/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 46 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
818/2019
Año
2019
Actuaciones
46
Última actuación
24/06/2021

Partes del expediente

  • Othnel Sebastian Gilford Layne

Actuaciones

Las 4 más recientes de 46.

  1. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA LA DETERMINACIÓN QUE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".el efecto de que el Juez Cuarto del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad: I. Deje insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 942/2016. II. Dicte otra en la que, al analizar los agravios expuestos por la parte recurrente, y supliendo la deficiencia de la queja en favor del menor *****, con libertad de jurisdicción, analice las actuaciones y constancias de autos en forma exhaustiva, a efecto de emitir su resolución debidamente fundada y motivada determinando lo procedente en derecho, respecto a las convivencias entre el citado infante y su progenitor, a fin de concluir: 1. Si debe subsistir o no el criterio relativo a la suspensión de convivencias entre aquéllos, en la forma en que estaban autorizadas antes de la emisión del auto materia de impugnación, debiendo expresar los fundamentos de derecho y motivos por los que considere, en su caso, que de continuar realizándose se pone en peligro al menor, o bien, si se ha causado un daño al mismo que impida llevarlas a cabo. En ese supuesto, y con base en lo ya determinado, de confirmar dicha suspensión deberá señalar el periodo en que habrán de realizarse las pruebas conducentes, de modo que la suspensión que ordene no sea indefinida. Además de ordenar hacer uso de los medios legales y medidas de apremio conducentes, para lograr recabar las probanzas que estime necesarias en el plazo más breve posible. 2. En caso de considerar fundados los motivos de disenso, verificar de igual modo la viabilidad de llevar a cabo dichas convivencias conforme a lo determinado, o bien, en forma diversa a la ordenada en autos del expediente, entre el menor de referencia y el padre no custodio, así como con la familia ampliada. Concluyendo si las mismas pueden ser supervisadas o determinar las particularidades en que habrán de proponerse, así como si deben recabarse probanzas que auxilien al juzgador a determinar cuál es el régimen de convivencias más conveniente para hacer efectivo el derecho que el menor tiene, de convivir con ambos padres no obstante la controversia que se suscite entre éstos; y 3. De considerar necesario recabar diversas probanzas o datos que le permitan emitir una resolución debida, deberá ordenar las pruebas que considere indispensables para ello, haciendo uso de los medios legales e incluso medidas de apremio contra las partes intervinientes con el fin de lograr en breve término, contar con los elementos necesarios para resolver sobre dicha materia, en miras del interés superior del menor. Ahora bien, tomando en cuenta que la resolución reclamada data del diecisiete de julio de dos mil diecinueve, además de que de los informes recabados por este juzgado, se advierte que se han allegado algunas opiniones en materia de psicología, además de observarse la conducta de las partes en diversas actuaciones desarrolladas en el contradictorio con ese motivo, la autoridad podrá considerar las mismas al momento de dar cumplimiento a la sentencia. Lo anterior no obstante que esas constancias sean de fecha posterior al acto aquí reclamado, sin embargo, debe considerarse que ello no implicaría variación de la litis en el recurso de donde deriva el acto reclamado, ya que al evidenciarse la transgresión de los derechos fundamentales del menor citado, no obstante que su progenitor hubiese comparecido a este juicio por propio derecho, el efecto de la concesión del amparo evidentemente debe ser amplía a efecto de proteger los derechos de aquél, y en ese sentido, de ordenar resolver el recurso de mérito sólo con las constancias que consten en el expediente antes de la emisión del acto reclamado, podría resultar más perjudicial para el infante. Lo anterior pues podría generarse, que incluso, el juez resolviera lo concerniente a la suspensión o no de las convivencias, sin atender la realidad actual derivada de las constancias que obren en el expediente, que se hubiesen recabado o se hayan allegado por las partes, lo que iría en contra de los intereses de las partes, fundamentalmente del menor referido. Ello, sin perjuicio de los derechos de las partes de promover lo que consideren pertinente al respecto de los derechos de regulación de visitas, los cuales quedan a salvo. Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora Actuario judicial adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Familiar e incluso, de la Trabajadora Social adscrita al mismo, ambas con residencia en esta ciudad capital, por no reclamarse su actuar por vicios propios." Por proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno causó ejecutoria dicho fallo constitucional. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, remitió copia certificada de la determinación de veintitrés de abril del año en curso, dictada en los autos del expediente de origen, de la que se desprende que se dejó insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil diecinueve; asimismo, emitió diversa sentencia interlocutoria relativa al recurso de revocación intentado por el aquí quejoso, declarándolo parcialmente fundado, de acuerdo a lo siguiente: En efecto, la autoridad declaró fundado su motivo de disenso, con relación a la suspensión provisional de convivencias decretada mediante auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, en razón de que el derecho que debe velarse es el del menor a convivir con sus padres; siendo que para concluir lo anterior se dijo que no sólo se debía tomar en cuenta el dicho del menor, ya que ello no resulta una causa fehaciente o contundente de que con la convivencia pueda suscitarse alguna forma de perjuicio o abuso físico o mental del menor. Siendo en ese sentido, que consideró que el auto impugnado no se apegó a derecho, ya que en los casos donde exista desacuerdos entre los progenitores, sobre la regulación de visitas, corresponde al juzgador determinar cuál es la solución que mejor resulte con las necesidades del menor, atendiendo al interés superior de aquél. Por lo cual, la responsable consideró que revocaba el acto recamado en lo atinente a la suspensión de convivencias entre el quejoso y su menor hijo, siendo que en la emisión del nuevo proveído, se negó la petición de la tercero interesada (madre del menor) a suspender el régimen de convivencias decretado mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, ya que no era factible considerar únicamente el dicho del menor en la audiencia de uno de abril de dos mil diecinueve, ya que si bien a su consideración debían ordenarse el estudio psicológico del menor, como la valoración del estado psicológico de sus padres, las mismas podían llevarse a cabo sin suspender ese derecho de convivencia. Ordenando girar oficio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Vicefiscal Científica de la Fiscalía General del estado, para la designación de peritos. Sin embargo, la propia autoridad tomando en cuenta los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo, consideró el informe donde se determinó que el aquí quejoso se encuentra ubicado en tiempo, espacio y persona, su pensamiento es lógico y buen juicio autocrítico, por lo que, concluyó que no se advertía que presentara alguna conducta de riesgo hacia su menor hijo. Siendo así que esa autoridad con fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, determinó la posibilidad de que se llevaran a cabo las convivencias bajo supervisión del área de trabajo social. De igual modo, tomó en cuenta diversas constancias y resoluciones dictadas en ese expediente, como es el hecho de haberse autorizado las convivencias, mediante llamadas telefónicas, videollamadas o videoconferencias derivado de las acciones implementadas por la Secretaría de Salud dada la emergencia sanitaria respectiva. Asimismo, el informe psicológico de la valoración realizada al menor, en el que se deriva que muestra una fuerte afectación psicológica ya que ha presenciado mucha violencia de varios tipos, física, psicológica y de género de su padre hacia su madre. Po otro lado, se tomó en cuenta el reporte de valoración realizado a la madre del menor, siendo que respecto al correspondiente a su padre se dio cuenta del informe del psicólogo adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el que se deriva que el impetrante se hizo presente y manifestó su desacuerdo para realizar la valoración, manifestando que no deseaba continuar con ella, por lo que se retiró. Motivo por el cual no se realizó la valoración psicológica, sin que se hubiera presentado para continuar con esa valoración. Por consiguiente, la autoridad determinó que de manera temporal, las convivencias entre el menor ***** y su padre, aquí quejoso, se limitarían a la modalidad a distancia, atento a su interés superior, privilegiar su derecho a la vida y salud, empero a fin de crear vínculos afectivos de forma continua. Modalidad que debía persistir hasta en tanto las medidas derivadas de la contingencia sanitaria subsistan. Finalmente, dando continuidad a las valoraciones realizadas al menor, solicitó informe respecto al seguimiento dado a lo ordenado por dicha autoridad judicial, a la par de requerir a diversa autoridad para designar un psicólogo para el padre y la madre del mismo, además de verificar si existe atención psiquiátrica para canalizar al padre del infante y brindarle atención que requiera. Atento a lo anterior, se considera que con ello se ha dado debido cumplimiento a la sentencia, ya que se dictó nueva resolución siguiendo los lineamientos precisados por este órgano jurisdiccional, tomando en cuenta los derechos fundamentales del menor O.S.S.L.Z, para concluir, en primer lugar, que era improcedente la suspensión de convivencias decretada en el auto recurrido. Sin embargo, al atender los lineamientos otorgados, la autoridad consideró diversas constancias y probanzas verificadas incluso posteriores al acto reclamado, determinando un régimen de convivencias en modalidad a distancia, fundando y motivando su resolución, por lo que es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de depuración, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa 20/02/22 10:10:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b3.d3 JUAN CARLOS PATIÑO RODRÍGUEZ 7 Amparo indirecto 818/2019 días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Glósese copia de este proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a las partes quejosa y tercero interesada, así como a la representante especial.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, tomando en consideración que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. El veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: ".el efecto de que el Juez Cuarto del Ramo Familiar, con residencia en esta ciudad: I. Deje insubsistente la resolución reclamada de diecisiete de julio de dos mil diecinueve, dictada en el expediente 942/2016. II. Dicte otra en la que, al analizar los agravios expuestos por la parte recurrente, y supliendo la deficiencia de la queja en favor del menor *****, con libertad de jurisdicción, analice las actuaciones y constancias de autos en forma exhaustiva, a efecto de emitir su resolución debidamente fundada y motivada determinando lo procedente en derecho, respecto a las convivencias entre el citado infante y su progenitor, a fin de concluir: 1. Si debe subsistir o no el criterio relativo a la suspensión de convivencias entre aquéllos, en la forma en que estaban autorizadas antes de la emisión del auto materia de impugnación, debiendo expresar los fundamentos de derecho y motivos por los que considere, en su caso, que de continuar realizándose se pone en peligro al menor, o bien, si se ha causado un daño al mismo que impida llevarlas a cabo. En ese supuesto, y con base en lo ya determinado, de confirmar dicha suspensión deberá señalar el periodo en que habrán de realizarse las pruebas conducentes, de modo que la suspensión que ordene no sea indefinida. Además de ordenar hacer uso de los medios legales y medidas de apremio conducentes, para lograr recabar las probanzas que estime necesarias en el plazo más breve posible. 2. En caso de considerar fundados los motivos de disenso, verificar de igual modo la viabilidad de llevar a cabo dichas convivencias conforme a lo determinado, o bien, en forma diversa a la ordenada en autos del expediente, entre el menor de referencia y el padre no custodio, así como con la familia ampliada. Concluyendo si las mismas pueden ser supervisadas o determinar las particularidades en que habrán de proponerse, así como si deben recabarse probanzas que auxilien al juzgador a determinar cuál es el régimen de convivencias más conveniente para hacer efectivo el derecho que el menor tiene, de convivir con ambos padres no obstante la controversia que se suscite entre éstos; y 3. De considerar necesario recabar diversas probanzas o datos que le permitan emitir una resolución debida, deberá ordenar las pruebas que considere indispensables para ello, haciendo uso de los medios legales e incluso medidas de apremio contra las partes intervinientes con el fin de lograr en breve término, contar con los elementos necesarios para resolver sobre dicha materia, en miras del interés superior del menor. Ahora bien, tomando en cuenta que la resolución reclamada data del diecisiete de julio de dos mil diecinueve, además de que de los informes recabados por este juzgado, se advierte que se han allegado algunas opiniones en materia de psicología, además de observarse la conducta de las partes en diversas actuaciones desarrolladas en el contradictorio con ese motivo, la autoridad podrá considerar las mismas al momento de dar cumplimiento a la sentencia. Lo anterior no obstante que esas constancias sean de fecha posterior al acto aquí reclamado, sin embargo, debe considerarse que ello no implicaría variación de la litis en el recurso de donde deriva el acto reclamado, ya que al evidenciarse la transgresión de los derechos fundamentales del menor citado, no obstante que su progenitor hubiese comparecido a este juicio por propio derecho, el efecto de la concesión del amparo evidentemente debe ser amplía a efecto de proteger los derechos de aquél, y en ese sentido, de ordenar resolver el recurso de mérito sólo con las constancias que consten en el expediente antes de la emisión del acto reclamado, podría resultar más perjudicial para el infante. Lo anterior pues podría generarse, que incluso, el juez resolviera lo concerniente a la suspensión o no de las convivencias, sin atender la realidad actual derivada de las constancias que obren en el expediente, que se hubiesen recabado o se hayan allegado por las partes, lo que iría en contra de los intereses de las partes, fundamentalmente del menor referido. Ello, sin perjuicio de los derechos de las partes de promover lo que consideren pertinente al respecto de los derechos de regulación de visitas, los cuales quedan a salvo. Concesión que se hace extensiva a la autoridad ejecutora Actuario judicial adscrito al Juzgado Cuarto del Ramo Familiar e incluso, de la Trabajadora Social adscrita al mismo, ambas con residencia en esta ciudad capital, por no reclamarse su actuar por vicios propios." Por proveído de cinco de abril de dos mil veintiuno causó ejecutoria dicho fallo constitucional. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Cuarto Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, remitió copia certificada de la determinación de veintitrés de abril del año en curso, dictada en los autos del expediente de origen, de la que se desprende que se dejó insubsistente la resolución de diecisiete de julio de dos mil diecinueve; asimismo, emitió diversa sentencia interlocutoria relativa al recurso de revocación intentado por el aquí quejoso, declarándolo parcialmente fundado, de acuerdo a lo siguiente: En efecto, la autoridad declaró fundado su motivo de disenso, con relación a la suspensión provisional de convivencias decretada mediante auto de ocho de abril de dos mil diecinueve, en razón de que el derecho que debe velarse es el del menor a convivir con sus padres; siendo que para concluir lo anterior se dijo que no sólo se debía tomar en cuenta el dicho del menor, ya que ello no resulta una causa fehaciente o contundente de que con la convivencia pueda suscitarse alguna forma de perjuicio o abuso físico o mental del menor. Siendo en ese sentido, que consideró que el auto impugnado no se apegó a derecho, ya que en los casos donde exista desacuerdos entre los progenitores, sobre la regulación de visitas, corresponde al juzgador determinar cuál es la solución que mejor resulte con las necesidades del menor, atendiendo al interés superior de aquél. Por lo cual, la responsable consideró que revocaba el acto recamado en lo atinente a la suspensión de convivencias entre el quejoso y su menor hijo, siendo que en la emisión del nuevo proveído, se negó la petición de la tercero interesada (madre del menor) a suspender el régimen de convivencias decretado mediante auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, ya que no era factible considerar únicamente el dicho del menor en la audiencia de uno de abril de dos mil diecinueve, ya que si bien a su consideración debían ordenarse el estudio psicológico del menor, como la valoración del estado psicológico de sus padres, las mismas podían llevarse a cabo sin suspender ese derecho de convivencia. Ordenando girar oficio a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y a la Vicefiscal Científica de la Fiscalía General del estado, para la designación de peritos. Sin embargo, la propia autoridad tomando en cuenta los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo, consideró el informe donde se determinó que el aquí quejoso se encuentra ubicado en tiempo, espacio y persona, su pensamiento es lógico y buen juicio autocrítico, por lo que, concluyó que no se advertía que presentara alguna conducta de riesgo hacia su menor hijo. Siendo así que esa autoridad con fecha cuatro de abril de dos mil diecinueve, determinó la posibilidad de que se llevaran a cabo las convivencias bajo supervisión del área de trabajo social. De igual modo, tomó en cuenta diversas constancias y resoluciones dictadas en ese expediente, como es el hecho de haberse autorizado las convivencias, mediante llamadas telefónicas, videollamadas o videoconferencias derivado de las acciones implementadas por la Secretaría de Salud dada la emergencia sanitaria respectiva. Asimismo, el informe psicológico de la valoración realizada al menor, en el que se deriva que muestra una fuerte afectación psicológica ya que ha presenciado mucha violencia de varios tipos, física, psicológica y de género de su padre hacia su madre. Po otro lado, se tomó en cuenta el reporte de valoración realizado a la madre del menor, siendo que respecto al correspondiente a su padre se dio cuenta del informe del psicólogo adscrito al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en el que se deriva que el impetrante se hizo presente y manifestó su desacuerdo para realizar la valoración, manifestando que no deseaba continuar con ella, por lo que se retiró. Motivo por el cual no se realizó la valoración psicológica, sin que se hubiera presentado para continuar con esa valoración. Por consiguiente, la autoridad determinó que de manera temporal, las convivencias entre el menor ***** y su padre, aquí quejoso, se limitarían a la modalidad a distancia, atento a su interés superior, privilegiar su derecho a la vida y salud, empero a fin de crear vínculos afectivos de forma continua. Modalidad que debía persistir hasta en tanto las medidas derivadas de la contingencia sanitaria subsistan. Finalmente, dando continuidad a las valoraciones realizadas al menor, solicitó informe respecto al seguimiento dado a lo ordenado por dicha autoridad judicial, a la par de requerir a diversa autoridad para designar un psicólogo para el padre y la madre del mismo, además de verificar si existe atención psiquiátrica para canalizar al padre del infante y brindarle atención que requiera. Atento a lo anterior, se considera que con ello se ha dado debido cumplimiento a la sentencia, ya que se dictó nueva resolución siguiendo los lineamientos precisados por este órgano jurisdiccional, tomando en cuenta los derechos fundamentales del menor O.S.S.L.Z, para concluir, en primer lugar, que era improcedente la suspensión de convivencias decretada en el auto recurrido. Sin embargo, al atender los lineamientos otorgados, la autoridad consideró diversas constancias y probanzas verificadas incluso posteriores al acto reclamado, determinando un régimen de convivencias en modalidad a distancia, fundando y motivando su resolución, por lo que es indiscutible que con ello se cumplió en sus términos la sentencia constitucional. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se concedió la protección constitucional solicitada, este expediente es susceptible de depuración. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en el citado numeral, toda vez que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la medida cautelar solicitada, el cuaderno original de dicho incidente también es susceptible de depuración, por lo que deberá glosarse al cuaderno principal, sin que en el caso obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En consecuencia, dicho expediente deberá permanecer en este juzgado por un lapso de tres años, contado a partir del presente auto en el que se ordena su archivo y transcurrido aquél, dentro del término de noventa 20/02/22 10:10:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b3.d3 JUAN CARLOS PATIÑO RODRÍGUEZ 7 Amparo indirecto 818/2019 días deberá procederse a su depuración, para su posterior transferencia. Por otra parte, archívese por separado el duplicado del incidente, con la indicación de que al contar con su original, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a) del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción al transcurrir el plazo de seis meses, contado a partir del dictado del presente proveído; sin que existan en dicho cuaderno documentos originales. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Glósese copia de este proveído en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese; hágase personalmente a las partes quejosa y tercero interesada, así como a la representante especial.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, la copia del oficio DSLP/2054/2021, que la Titular de la Delegación San Luis del Instituto Federal de Defensoría Pública, remite a la asesora jurídico federal Ana Karina Reyna Rodríguez, representante especial del menor O.S.S.L.Z.; por medio del cual le hace del conocimiento sobre la necesidad de la aceptación y protesta del cargo conferido, ante este tribunal federal. Notifíquese.

  4. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el escrito de cuenta remitido vía electrónica por Ana Karina Reyna Rodríguez, asesora jurídico adscrita a la Delegación San Luis Potosí del Instituto Federal de Defensoría Pública, mediante el cual acepta y protesta el cargo de representante especial del menor de iniciales menor O.S.S.L.Z.; en tal virtud, téngase a dicha asesora aceptando y protestando el cargo a que le fue conferido. Del mismo modo, téngase a la citada representante especial, compareciendo al presente juicio y, como lo solicita, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la ley en cita a Mayra Anel Rincón Arvizu, Roberto Gómez Maravilla, José Antonio Altamirano Miranda, Jennyfer Raya Rojas, Marco Antonio Murillo Morales y Elda Sarahy Becerra Paredes, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizados en términos restringidos del citado numeral, a las diversas personas que menciona, por así haberlo solicitado expresamente. Con fundamento en el artículo 8° Constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I); se autoriza a la citada representante especial, la consulta de las actuaciones judiciales relativas al presente juicio, así como las notificaciones respectivas por vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, con los usuarios "anirak14" y "Aflores"; asimismo, téngase como correo electrónico y teléfonos de su parte, los que señala. Finalmente, notifíquese a la citada representante el auto de veintisiete de abril de dos mil veintiuno, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; personalmente a la citada representante especial, por vía electrónica. EN CUMPLIMIENTO A ESTE AUTO SE NOTIFICA LA DETERMINACION DE VEINTISIETE DE ABRIL DEL AÑO ACTUAL, A LA CITADA REPRESENTANTE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con su contenido dese vista a las partes por el plazo de tres días, corriéndoles traslado con copia autorizada del mismo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la referida sentencia. Notifíquese; hágase personalmente a las partes quejosa y tercero interesada.

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