Oswaldo Villegas Reséndiz
Expediente 2086/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 2086/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 18/03/2022
Partes del expediente
- Oswaldo Villegas Reséndiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Causa ejecutoria. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia de nueve de febrero de dos mil veintidós, en la que por una parte, se sobreseyó en el juicio constitucional, y por otra, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho; en consecuencia, se declara que ha causado ejecutoria conforme con lo previsto en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia de amparo. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: ".SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la quejosa, es para el efecto de el Actuario notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realice de manera inmediata la notificación y emplazamientos a los demandados, dentro juicio laboral 466/2019/12-E, a saber, (quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como Instituto Mexicano del Seguro Social, en el domicilio ubicado en calle Sierra Morena, número 530, interior 2º piso, cruzamiento esquina con avenida Belisario, en Guadalajara, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, en el domicilio ubicado en avenida Juan Palomar, número 37, en la colonia Vallarta San Jorge, en Guadalajara, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Integrity Crossfit", en el domicilio ubicado en avenida Patria, número 743, en la colonia 5 de mayo, en Guadalajara, Jalisco; a Juan Ramón Romo e Ignacio Fonseca, en el domicilio ubicado en avenida Patria, número 743, en la colonia 5 de mayo, en Guadalajara, Jalisco). O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tuvo. ." Ahora bien, dada la naturaleza de las gestiones que se deben realizar a fin de dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en este asunto, lo procedente es otorgar el plazo de tres días hábiles previsto en el artículo 192 Ley de Amparo. Requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tal virtud, se requiere a la autoridad responsable correspondiente para que dentro del plazo referido, cumpla con el fallo protector y lo acredite con las constancias conducentes, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del plazo otorgado, o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que tenga para ello, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Y, por lo que en caso de que no se cumpla con la ejecutoria de mérito, en el supuesto de que tal postura procesal persista, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 2086/2021, promovido por Oswaldo Villegas Reséndiz, por propio derecho, contra actos de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y otra autoridad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el quince de octubre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, Oswaldo Villegas Reséndiz, por propio derecho; solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos ahí precisados, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 14, 17 y 123 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El siete de enero de dos mil veintidós; previa prevención cumplida, se admitió a trámite la demanda de amparo, misma que se registró con el número 2086/2021; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio la intervención que en derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y acuerdo 41/2018 emitido por dicho Pleno, en virtud de que se reclaman actos atribuidos a un tribunal laboral con residencia en el territorio en el cual este Juzgado Federal ejerce competencia. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda, se advierte que lo es: A la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: La omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 466/2019/12-E. Al Actuario notificador adscrito a Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco: ? La omisión de emplazar y notificar a la parte demandada, en autos del juicio laboral 466/2019/12-E (quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como Instituto Mexicano del Seguro Social, en el domicilio ubicado en calle Sierra Morena, número 530, interior 2º piso, cruzamiento esquina con avenida Belisario, en Guadalajara, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, en el domicilio ubicado en avenida Juan Palomar, número 37, en la colonia Vallarta San Jorge, en Guadalajara, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Integrity Crossfit", en el domicilio ubicado en avenida Patria, número 743, en la colonia 5 de mayo, en Guadalajara, Jalisco; a Juan Ramón Romo e Ignacio Fonseca, en el domicilio ubicado en avenida Patria, número 743, en la colonia 5 de mayo, en Guadalajara, Jalisco). TERCERO. Existencia de la materia de reclamo. Son ciertos los actos reclamados a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco y a su Actuario notificador adscrito, pues así lo confesaron al rendir su informe justificado; al cual, además, anexaron copia certificada del acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 466/2019/12-E. De ahí que deba tenerse por cierta las omisiones reclamadas, puesto que se aprecia que con posterioridad a la materia de reclamo, se emitió el acuerdo por el que se señalaron las diez horas del veinticinco de octubre de dos mil veintiuno para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; y en igual sentido se ordenó notificar y emplazar a la ahí demandada. Certeza, que se acredita de las constancias allegadas a los autos, las cuales adquieren valor probatorio de conformidad con lo establecido en los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, el suscrito advierte que se actualiza una causa de improcedencia en el presente juicio constitucional respecto del acto reclamado a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, consistente en la omisión de señalar fecha para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral 466/2019/12-E; a saber, la prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado..." El dispositivo legal transcrito implica el supuesto en que cesan los efectos del acto reclamado, al punto que con ello se restablece la situación que prevalecía antes de la promoción del juicio de garantías. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser extinguida por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal; tal y como lo sustenta la jurisprudencia siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" De esta manera, si en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. En el caso, como se dijo, el acto reclamado a la junta responsable consiste en la omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia bifásica; sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad responsable, se advierte que en trece de enero de dos mil veintidós, regularizó el procedimiento y, en consecuencia, señaló las doce horas con treinta minutos del cuatro de marzo de dos mil veintidós para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. Lo anterior, conduce al suscrito a estimar que cesaron los efectos del acto reclamado "omisión de señalar fecha para la celebración de la audiencia bifásica", y, por tanto, ya no agravia a la parte quejosa, pues las violaciones que en determinado momento se pudieron cometer contra sus derechos fundamentales, ya fueron reparadas, como si se le hubiere concedido el amparo solicitado y queda sin materia el presente juicio de amparo respecto de tal acto omisivo. Por lo que, se reitera, los efectos del acto reclamado han desaparecido, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación a sus derechos humanos, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, cuando sea imposible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de sus efectos, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto se invoca la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX (junio de mil novecientos noventa y nueve), Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También tiene aplicación al caso la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, consultable en la página 71 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI (noviembre de mil novecientos noventa y siete), Novena Época, del título y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." De igual forma, se invoca la jurisprudencia III.2o.C. J/22 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en la página 1579 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII (febrero de dos mil seis), Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Además, no debe pasarse por alto que en el caso de los juicios de amparo, en los que se reclama una omisión o dilación en el juicio laboral, en caso de conceder el amparo y protección de la justicia de la unión, esa concesión se delimita en función del acto reclamado, no ha subsecuentes actuaciones. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 61, fracción XXI, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de protección de derechos fundamentales, por el acto aquí referido. En esa virtud, se hace innecesario abordar el examen del concepto de violación expresado por el impetrante de garantías, tal como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO SE PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". Luego, al no existir diversa causal de improcedencia a la ya analizada, o que este resolutor advierta de oficio, procede ahora el análisis del fondo del acto reclamado al Actuario notificador responsable. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Son fundados los conceptos de violación a través del cual se reprocha que la responsable Actuario notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, vulnera el derecho fundamental reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal, toda vez que no ha realizado el emplazamiento de los demandados. Al respecto, debe decirse que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece: "Artículo 17. [.]Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales [.]". El análisis del precepto constitucional transcrito permite arribar al conocimiento de que es una obligación fundamental del Estado que los tribunales estén expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Estos cuatro atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De esos atributos, resulta útil para resolver el asunto el referido a la justicia pronta, que consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Por su parte, los artículos 1°, 2°, 8° (1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos, establecen lo siguiente: "Artículo 1. Obligación de Respetar los Derechos. 1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social. 2. Para los efectos de esta Convención, persona es todo ser humano.". "Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno. Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades." "Artículo 8. Garantías Judiciales. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.". "Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen: a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.". Así, el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuyo origen se encuentra en el derecho de fuente internacional y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, que subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: I. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; II. La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales; III. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; IV. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, V. El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Además, en materia de términos y plazos existe una remisión de la norma fundamental a las leyes, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, como lo establece la jurisprudencia en materia constitucional P./J. 113/2001, emitida por el aludido Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIV, de septiembre de dos mil uno, visible en la página cinco, registro 188804, de rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.". En esa tesitura, el artículo 17 constitucional decreta una obligación a cargo de las autoridades encargadas de impartir justicia: tramitar y resolver las controversias ante ellas planteadas dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; en sentido inverso, les impone la prohibición de tramitar y resolver tales controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes. La naturaleza expeditiva de este derecho se funda en la necesidad de que no transcurra demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidas al litigio queden definidos, ya que la justicia tardía es una forma de injusticia o, en otras palabras, es una manifestación de la denegación de aquélla. La consecuencia lógica de no ajustarse a los términos y plazos legales en la tramitación y resolución de los juicios, implica una violación al artículo 17 constitucional, en su modalidad referida a la impartición de justicia pronta. Tal violación se manifiesta a través de dos vertientes, a saber: La primera, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de sus términos y plazos legales, esto es, no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha expedita del juicio o la tramitación del procedimiento respectivo. En ambos casos, dicha violación se patentiza a partir de una omisión de la autoridad responsable de ajustarse a los términos y plazos legales, es decir, a través de una conducta negativa, en oposición conceptual a lo que es un acto en sentido estricto o una manifestación positiva de un hecho. De esta manera, la omisión de la autoridad de impartir justicia en forma pronta tiene naturaleza esencial de tracto sucesivo, ya que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía en cuestión, que se sucede momento a momento y genera esa situación o estado permanente de las cosas, que no se subsana mientras persista la actitud omisiva, la cual se reproduce día con día, lo mismo que sus consecuencias ya apuntadas, que se materializan de la misma manera. Expuesto lo anterior y teniendo un conocimiento exacto del derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia, toca ahora analizar la situación del caso concreto. El marco normativo que rige el procedimiento de donde se origina la omisión reclamada, en este caso se encuentra en los artículos 742, fracción I y 750 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; [.]". "Artículo 750. Las notificaciones, citaciones o emplazamientos deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la Ley exista disposición en contrario.". La transcripción de los mencionados preceptos advierte la obligación de la responsable de emplazar a juicio a las partes, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que se ordenó. En el caso, de las manifestaciones de la parte quejosa contenidas en el escrito de demanda de amparo, así como de la propia autoridad, se desprende que en los autos del juicio laboral 466/2019/12-E, no se ha efectuado la notificación ni el emplazamiento a los demandados, en el caso, (quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como Instituto Mexicano del Seguro Social, en el domicilio ubicado en calle Sierra Morena, número 530, interior 2º piso, cruzamiento esquina con avenida Belisario, en Guadalajara, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, en el domicilio ubicado en avenida Juan Palomar, número 37, en la colonia Vallarta San Jorge, en Guadalajara, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Integrity Crossfit", en el domicilio ubicado en avenida Patria, número 743, en la colonia 5 de mayo, en Guadalajara, Jalisco; a Juan Ramón Romo e Ignacio Fonseca, en el domicilio ubicado en avenida Patria, número 743, en la colonia 5 de mayo, en Guadalajara, Jalisco); lo que evidencia la contravención de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal. Así pues, tal y como lo denuncia la parte quejosa, es claro que el actuario adscrito a la junta del conocimiento, ha sido omiso en notificar y emplazar a los demandados en mención, no obstante haberlo ordenado la junta de mérito por lo menos desde el auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve (fecha en que se avocó al conocimiento de la contienda laboral), sin que a la fecha se tenga conocimiento de que ya se haya realizado el emplazamiento de la parte demandada; violación que amerita el deber de reparar. En consecuencia, al quedar evidenciada la violación de mérito, se concede el amparo solicitado contra dicha omisión, para los efectos que a continuación se precisan. SEXTO. Efectos de la concesión. En atención al considerando quinto de la presente resolución y de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la quejosa, es para el efecto de el Actuario notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, realice de manera inmediata la notificación y emplazamientos a los demandados, dentro juicio laboral 466/2019/12-E, a saber, (quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como Instituto Mexicano del Seguro Social, en el domicilio ubicado en calle Sierra Morena, número 530, interior 2º piso, cruzamiento esquina con avenida Belisario, en Guadalajara, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, en el domicilio ubicado en avenida Juan Palomar, número 37, en la colonia Vallarta San Jorge, en Guadalajara, Jalisco; quien resulte ser el propietario o representante legal de la fuente de trabajo conocida como "Integrity Crossfit", en el domicilio ubicado en avenida Patria, número 743, en la colonia 5 de mayo, en Guadalajara, Jalisco; a Juan Ramón Romo e Ignacio Fonseca, en el domicilio ubicado en avenida Patria, número 743, en la colonia 5 de mayo, en Guadalajara, Jalisco). O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tuvo. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo se delimita en función de la etapa procedimental en la que se sitúa la actuación reclamada dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes; lo anterior, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo, previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la ley de la materia, así como en la tesis 2a. CV/2013 (10a.), registro 2005150, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, página 732, de rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)." Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juico de amparo promovido por Oswaldo Villegas Reséndiz, contra el acto reclamado a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, precisado en el segundo considerando, por los motivos expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Oswaldo Villegas Reséndiz, contra la omisión que reclamó del Actuario notificador adscrito a la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, por los motivos expuestos en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese. Así´ lo resolvió´ y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Juan Alberto Ramírez Díaz, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a dieciocho de enero de dos mil veintidós. Autoridad responsable rinde informe justificado. Tengase por recibido el oficio signado por el presidente Auxiliar, secretario y actuario, todos adscritos a la Décima Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinden informe justificado. Se da vista a las partes. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes. Pruebas. Por otra parte, se tienen como pruebas de su parte las copias certificadas que remiten en apoyo a su informe justificado, las cuales se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, en términos del numeral 119 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Karla Raquel Pedroza Coronado, que autoriza y da fe. RAAG/KRPC/michKarla Raquel Pedroza Coronado, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, certifico: que la presente es parte integrante del auto dictado el dieciocho de enero de dos mil veintidós, en autos del juicio de amparo indirecto 2086/2021. Doy fe.
- Principal
Zapopan, Jalisco, siete de enero de dos mil veintidós. Cumple Prevención. Téngase por recibido el escrito de Oswaldo Villegas Reséndiz, con el cual cumple la prevención formulada en proveído de tres de noviembre del año en curso, atento a su contenido, se provee: Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Fijación de la litis. Del análisis del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, así como la omisión de notificar y emplazar a las partes, dentro del juicio laboral 466/2019/12-E. Cabe precisar que, por lo que respecta a los diversos actos señalados consistentes en: Solo serán considerados como violaciones procesales dentro del juicio de origen, toda vez que no representan actos u omisiones imputables a la ahora responsable. Admisión. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115 y 117 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite a trámite la demanda de amparo, en contra de los actos reclamados señalados en el párrafo que antecede. Audiencia constitucional. Se señalan las CATARCE HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. 1. Modalidades de la audiencia constitucional. La intervención de las partes en la audiencia constitucional se realizará por escrito en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo mediante promoción presentada físicamente o preferentemente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previamente a que se le dé inicio. Solo cuando se estime indispensable dar intervención verbal a las partes, testigos o peritos, la audiencia constitucional podrá realizarse mediante video conferencia conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, siempre que las partes cuenten con los medios tecnológicos necesarios para tales efectos. En el supuesto excepcional de que el suscrito estime indispensable la comparecencia física de las partes u otros intervinientes, la audiencia constitucional podrá realizarse presencialmente garantizándose la distancia entre éstos y procurando hacer uso de los equipos de cómputo disponibles para asegurar la sana distancia entre quienes acudan. IV. Intervención a las partes en el juicio de amparo. 1. Quejoso. Oswaldo Villegas Reséndiz. a. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio y autorizados los acordados en el auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno. b. Pruebas. Con fundamento en lo previsto por el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como elemento de convicción de la parte quejosa las documentales que adjunta con su escrito de demanda, la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; las que se admiten y desahogan en virtud de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas, el día en que tenga verificativo la audiencia de ley. 2. Autoridad responsable. a. Designación. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo se tiene como autoridad responsable a: Junta Especial Número Doce de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial Número Doce de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco. b. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la referida ley, se les requiere para que en el plazo de quince días a partir de que sean legalmente notificadas, rindan su informe con justificación, el cual podrán hacer llegar al correo electrónico oficial de este juzgado de Distrito 14jdomacl3cto@correo.cjf.gob.mx. Apercibida que de no hacerlo así, se les impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Asimismo, apercíbaseles que en caso de que se nieguen a recibir los oficios librados en el presente juicio, sin causa justificada, fundada y motivada, ésta se tendrá por hecha en términos del numeral 28, fracción I segundo párrafo de la Ley de Amparo, y aunado a ello, se le impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la norma de referencia. c. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal en cita, se les requiere para que en caso de que tengan conocimiento o que su conducta provoquen la actualización de alguna hipótesis de improcedencia o sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumplen con esa obligación, a las desobedientes, se les impondrá una multa equivalente al valor de treinta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la norma en cita. d. Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en el artículo 75 de la ley en comento, se les requiere para que remitan en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, al resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Con el apercibimiento que de incumplir con lo anterior dentro del plazo señalado o de ser omisas en informar las causas legales o materiales que se los impida, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la ley en consulta. 3. Representación social. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde, lo cual deberá realizarse por medio de oficio, atendiendo al estado de contingencia por el fenómeno de salud pública derivada del virus COVID-19. 4. Requerimiento a la autoridad responsable y agente del Ministerio Público. Con independencia de lo anterior, se requiere a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público de la Federación, para que de ser posible, proporcionen un correo electrónico, para estar en posibilidad de establecer el contacto respectivo en caso de ser necesario, en términos de la fracción XIX del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVD-19. Incidente de suspensión. Acorde con lo establecido en la cuenta de la secretaria del juzgado, al no solicitar la suspensión del acto reclamado, no se tramita el incidente respectivo. Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Exhortación a las partes de seguir el juicio en línea. Dados los inconvenientes de la suspensión de labores de los órganos jurisdicciones, se exhorta a las partes a que, en la medida de lo posible, hagan uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), presentando las promociones de forma electrónica, solicitar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones en la misma vía, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y el Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Formas de notificar a las partes. De conformidad con el artículo 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a la autoridad responsable en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista, salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se le notificarán por medio de oficio. En el entendido de que, en este último caso, se comisiona al actuario de la adscripción para que hasta en tanto se reanuden las labores normales en el Poder Judicial Federal, envíe vía correo electrónico los oficios correspondientes y así las notifique, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal que prevé la prerrogativa constitucional de una impartición de justicia pronta y expedita, así como en las fracciones IX y XII del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19. Lo anterior es así ya que de conformidad con lo previsto en los artículos 28 fracción III y 30 fracción I de la Ley de Amparo, es posible que las notificaciones que deban hacerse por oficio a las autoridades (previstas a su vez en el precepto 26, en su fracción II de dicho ordenamiento) se hagan mediante cualquier medio oficial -incluido el correo electrónico- por razones de orden público, como la pandemia que ha sido decretada con motivo del SARS Co-V2 (COVID 19), lo que hace viable emplear el correo electrónico institucional para practicarle notificaciones, sin que en el caso sea necesario que dicha autoridad tenga celebrado un convenio de interconexión con el Poder Judicial de la Federación. En este contexto, se le apercibe que de negarse sin causa justificada a recibir los oficios que se le envíen se procederá en términos de lo que dispone el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; [.]" Notificación por medio de portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Hágase de conocimiento de las partes que las notificaciones que no deban de ser personales se harán por medio del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, y atento al Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 2019. No obstante que la fracción IV del artículo 29 de la norma que regula este proceso, establece que se publicará una síntesis de la resolución a notificar, proceda el actuario a la publicación íntegra del acuerdo en el citado portal. Correo electrónico de este juzgado. Se informa a las partes que el correo electrónico de este juzgado de Distrito es el siguiente: 14jdomacl3cto@correo.cjf.gob.mx. Esquema de atención al público. En términos del artículo 3 del Acuerdo General de referencia, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar una consulta física del presente asunto o sus anexos, que está disponible en el Portal de Servicios en Línea un micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este órgano jurisdiccional. Cuando sea este órgano jurisdiccional quien cite físicamente a las partes o a diversas personas para una comparecencia, para el desahogo de un requerimiento o para su participación en una diligencia o audiencia, será el propio órgano jurisdiccional quien genere la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ" que le permita realizar dicha funcionalidad, el cual se generará y se notificará en términos del artículo 6 del Acuerdo General. Información relativa a la expedición de copias. En atención a las medidas de prevención antes expuestas, se hace del conocimiento que conforme a los términos previstos por el Acuerdo General 12/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acorde al artículo 36 del citado acuerdo, que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél. Asimismo, cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta, para evitar su presencia física en las instalaciones de ciudad judicial y la consecuente concentración innecesaria de personas, lo anterior como medida de contención a la pandemia. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese. Lo proveyó y firma, Zulema Sánchez Ibarra, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, encargada del despacho, por encontrarse gozando de su período vacacional, el titular del juzgado, Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, según información contenida en el oficio CCJ/ST/4218/2021, de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Nathali Cisneros Mendoza, secretaria que autoriza y da fe. ZSI/NCM/bab*
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