Oswaldo Raymundo Martínez Rodríguez
Expediente 1420/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1420/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Oswaldo Raymundo Martínez Rodríguez
Actuaciones
- Principal
VIII... se tiene a la Presidente de la Junta Especial Número Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México, por sí y en representación de la Junta, rindiendo su informe justificado. En términos del quinto párrafo del citado numeral y 119, ambos de la ley en comento, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las documentales que adjunta. Ahora bien, del análisis de las documentales remitidas por la autoridad oficiante, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo,... En principio es pertinente señalar que la cesación de efectos del acto reclamado, indicada el citada fracción XXI, significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. De la interpretación de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se observan dos supuestos de cesación de efectos: I. Por revocación; y, II. Por sustitución. El primero se colma cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo emerge por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incurre en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; es decir, la sentencia que decide un recurso otorga firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de amparo respecto de este último el amparo resulta improcedente. Ahora, a efecto de explicar la actualización de la causa de improcedencia invocada en el presente asunto, es necesario precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado el siguiente: La omisión por parte de las autoridades responsables de emitir el laudo correspondiente en el juicio laboral ...., en los plazos señalados en la Ley Federal del Trabajo. Luego, de las constancias que acompañó la autoridad responsable -a las cuales se les concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles-, se advierte que el trece de noviembre de dos mil veintitrés, emitió el laudo respectivo en el procedimiento laboral de origen, en el que se resolvió condenar a la parte demandada al pago de las prestaciones reclamadas por el actor, otorgándole un plazo de quince días para dar cumplimiento a la condena, el cual les fue notificado a las partes el veintitrés de este mes y año. Por tanto, es evidente que la omisión por parte de las autoridades responsables ya fue sustituida por la conducta positiva en el sentido de haber emitido el laudo correspondiente y notificarlo a las partes; lo cual fue lo pretendido por la parte peticionaria, por ende, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no hay motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En ese sentido, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente sumario, en términos de la fracción V del artículo 63 del mismo ordenamiento. Sin que afecte el sentido de la presente determinación, que en esta fecha se reciban las constancias de las que se desprende la improcedencia del juicio, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, a la quejosa en nada le beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la impetrante de garantías. Finalmente, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con cincuenta minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés; comuníquese a las partes y hágase las anotaciones correspondientes en los libros de gobierno y en Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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