Oswaldo Ramírez Parra

Expediente 1218/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1218/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Oswaldo Ramírez Parra

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Se autorizan copias certificadas. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Oswaldo Ramírez Parra; en atención a su contenido, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su ordinal 2°, expídase a su costa copia certificada de las constancias que solicita, así como la devolución de los documentos exhibidos en el presente juicio de amparo, previa razón que de su recibo se otorgue en autos, teniendo como autorizados para recogerla a las personas que señala en el ocurso de cuenta. Ahora bien, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, hágase del conocimiento de la tercera interesada, que a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el párrafo que antecede, deberán observar lo señalado en el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del micrositio "servicios jurisdiccionales" el cual contiene el diverso micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez permitirá que el promovente y, en su caso otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona que a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos pasar los filtros sanitarios. El QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Asimismo, dígasele que en caso de generar la cita a través del código QR, deberán presentarse debidamente identificados con credencial oficial y vigente. Finalmente, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de las copias de mérito, así como los documentos exhibidos en el presente juicio de amparo, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensión 1308 (dentro de un horario de ocho a trece horas, de lunes a viernes) con la licenciada Sonia López Márquez, Secretaria del Juzgado, una vez que realice la cita mencionada en el párrafo que antecede. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.lomelí

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Osvaldo Ramírez Parra; por tanto, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo (tres años), deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa al momento de presentar su demanda de amparo, se ubican en la hipótesis del artículo segundo, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General,2 se dejan a su disposición, los cuales podrán recoger dentro del plazo de noventa días, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán destruidos junto con el expediente. Procedimiento para la devolución de documentos. Ahora bien, atendiendo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que a efecto de dar cumplimiento a lo requerido en párrafos precedentes (expedición de copias simples y ratificación de desistimiento), deberán observar lo señalado en el numeral 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respecto del micrositio "servicios jurisdiccionales" el cual contiene el diverso micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y el desahogo de comparecencias o requerimientos. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona cuyo nombre se solicite, un código QR que, a su vez permitirá que ella y, en su caso otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen al órgano jurisdiccional. El acceso estará condicionado a que al menos una de las personas que acuda a la cita se identifique como la persona que a cuyo nombre se generó, sin que la otra esté exenta de registrarse. El acceso podrá restringirse a quienes acudan fuera del horario previsto y a quienes no cumplan los requisitos pasar los filtros sanitarios. El QR podrá presentarse electrónicamente en un dispositivo móvil o podrá llevarse impreso, y dará derecho a que un máximo de dos personas accedan al órgano jurisdiccional ante el cual se programó la cita, sin que puedan utilizar ese pase para visitar órganos distintos. Finalmente, a fin de dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del capítulo II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que obran en la Secretaria de este juzgado, el quejoso deberá comunicarse al teléfono 241 418 8190, extensiones 1308 (dentro de un horario de doce treinta a dieciocho horas, de lunes a viernes) con la secretaria Sonia López Márquez, una vez que quede debidamente notificado del presente proveído y haya generado su cita. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno: Apizaco, Tlaxcala, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Osvaldo Ramírez Parra, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Tlaxcala en su carácter de Presidente de la Comisión del Consejo de Honor y Justicia del Municipio de Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1218/2021-VI. Se desecha demanda de amparo Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Precisado lo anterior, respecto del acto reclamado se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; en efecto, dichos preceptos disponen lo siguiente: Ahora, de lo anterior se advierte que la parte quejosa reclama la omisión por parte del Presidente Municipal de Tlaxcala en su carácter de Presidente de la Comisión del Consejo de Honor y Justicia del Municipio de Tlaxcala de dar contestación a su escrito presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento administrativo CHJ/P.B.E./05/2020, lo cual manifiesta contraviene lo dispuesto en los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, en sesión del dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, determinó que en aquellos supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una omisión autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o la falta de prosecución del trámite. Lo anterior, pues sostuvo que si bien la afectación a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8° constitucional, constituye uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables; lo cierto es que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Asimismo, determinó que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones, de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. De lo anterior, concluyó que, por regla general, el criterio que debe prevalecer es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; con la salvedad de que, en el supuesto que el Juez de amparo advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, la demanda de amparo será procedente por excepción. De la ejecutoria relatada, dictada al resolver la contradicción de tesis 325/2015, derivó la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sesión privada de trece de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Registro 2011580, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto disponen: Ahora, en el caso que nos ocupa, de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión por parte del Presidente Municipal de Tlaxcala en su carácter de Presidente de la Comisión del Consejo de Honor y Justicia del Municipio de Tlaxcala de dar contestación a su escrito recibido el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del procedimiento administrativo CHJ/P.B.E./05/2020, por el que, entre otras cosas, solicita se decrete la caducidad dentro del mismo. Lo anterior permite concluir que el juicio de amparo es improcedente, pues el acto reclamado consiste en una omisión dentro del procedimiento administrativo CHJ/P.B.E./05/2020; sin embargo, como quedó establecido, en los supuestos en los que un particular se duela de la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, aun cuando alegue violaciones a los artículos 1º, 8°, 14, 16 y 17 de la Ley Suprema, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de omisiones autónomas al procedimiento en el que se encuentran los particulares, sino que se da justamente dentro del mismo la falta de respuesta a una petición expresa, como en el caso, respecto a la solicitud de caducidad del procedimiento. Del criterio expuesto se obtiene que el alto tribunal estableció un sistema particular para determinar la procedencia del juicio de amparo en contra de actos en los que un gobernado se queja de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional alegando violaciones a los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicho sistema está formado por una regla general consistente en que el juicio de amparo promovido en la vía indirecta, en el que se alega la transgresión a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales, es improcedente en contra de los actos que contengan las características descritas anteriormente, precisamente, por tratarse de violaciones intraprocesales que no afectan materialmente derechos sustantivos; la cual está complementada por un supuesto de excepción, atinente a que el juicio promovido en contra de actos con tales características será procedente siempre y cuando se advierta que generan una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. Así, para determinar si se está en el caso de excepción, el Juez de Distrito no sólo debe llevar a cabo un análisis en cuanto a si los actos reclamados constituyen violaciones intraprocesales respecto de las que se alegue transgresión a los artículos 8º, 14 y 17 constitucionales -como la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio- para considerar que el juicio es improcedente, sino que para ello es indispensable, además, que verifique si tales actos configuran una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En otras palabras, el motivo de improcedencia del juicio a que hace referencia el criterio jurisprudencial antes trascrito no obedece únicamente a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, es decir, que al no ser una conducta omisiva autónoma al procedimiento, no genera afectación a derechos sustantivos, pues para determinar si la misma es de ejecución irreparable, es indispensable corroborar también que con ella no se produzca una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En el caso concreto, para determinar si la omisión de acordar el escrito en el que se solicitó la caducidad dentro del procedimiento CHJ/P.B.E./05/2020, constituye o no una abierta dilación del procedimiento natural, deben tomarse en cuenta las particularidades que se desprendan del escrito inicial de demanda. De lo narrado por la parte quejosa en su demanda, se obtiene que el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, presentó ante la responsable escrito mediante el cual, entre otras cosas, solicitó la caducidad dentro del procedimiento CHJ/P.B.E./05/2020 y a la fecha en que se presentó la demanda de amparo (trece de diciembre de dos mil veintiuno), no se había emitido el acuerdo respectivo. Ahora, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos, 21, 23 y 74 de la Ley del Procedimiento Administrativo del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, prevén el plazo para dar contestación a los escritos presentados por las partes, a saber, quince días naturales, así como el plazo para realizar la notificación de las mismas -tres días hábiles-. En ese sentido, se advierte que la autoridad administrativa cuenta con quince días naturales para dar contestación a las peticiones realizadas por las partes, y con tres días para realizar la notificación respectiva. El Gran Diccionario de la Lengua Española, Tercera Edición, define el término dilación, del latín dilatio, -onis), como retraso o tardanza "no "estaba previsto que el proyecto sufriera esta dilación"; lo que implica la detención de algo por algún tiempo. Y por el adjetivo abierto o abierta (del participio de abrir; latín apertus): lo que es claro, patente, indudable. De acuerdo con lo anterior, para establecer si la omisión en el dictado del acuerdo del escrito del quejoso en el que solicitó la caducidad dentro del procedimiento CHJ/P.B.E./05/2020, puede considerarse como una abierta dilación a que se refiere la jurisprudencia en análisis, debe atenderse al plazo establecido en la ley respectiva para la emisión de la acuerdo correspondiente; la naturaleza de la propia resolución; la simpleza o complejidad del asunto; los antecedentes del caso; la carga de trabajo. En el caso concreto, a la fecha de presentación de la demanda de amparo (trece de diciembre de dos mil veintiuno) habían pasado trece días naturales, desde que elevó la petición de caducidad dentro del procedimiento CHJ/P.B.E./05/2020 (treinta de noviembre de dos mil veintiuno); es decir, aún no transcurre en su totalidad el plazo contemplado en el artículo 21 con el que cuenta la autoridad responsable para dar contestación a la petición realizada por la parte quejosa (quince días); máxime si se toma en consideración que el diverso 23 de la Ley de la materia, establece que los términos comenzarán a computarse al día siguiente de la recepción de la solicitud, que en el caso sería el uno de diciembre de la presente anualidad; mucho menos ha comenzado a transcurrir el plazo concedido a la autoridad para realizar la respectiva notificación, que es de tres días hábiles. Sin embargo, esa sola circunstancia no es causa para considerar una abierta dilación en el procedimiento natural, pues no evidencia un claro u ostensible retraso en el procedimiento. Lo anterior es así, pues para considerar si se está ante el caso de excepción, para la procedencia del juicio de amparo, esto es, si existe o no una abierta dilación en el dictado del multicitado acuerdo de apertura del incidente de que se trata, como antes se precisó, deben tomarse en cuenta circunstancias que eventualmente enfrenta una autoridad con facultad jurisdiccional al momento de emitir una resolución, e incluso puede retrasarse debido a la carga de trabajo. Y, en el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se desprende circunstancia alguna que evidencie la simpleza o complejidad del asunto, los antecedentes del caso y la carga de trabajo de la autoridad responsable, para poder establecer si se está o no ante una abierta dilación, ya que para determinar el grado de retardo en el dictado de una resolución debe atenderse a ese tipo de circunstancias, al margen de los términos que se señalen para su resolución. Por tanto, en el caso se está ante la referida regla general expuesta, pues aun cuando se alegue violación al artículo 17 de la Constitución, la omisión de emitir el acuerdo respecto a la solicitud de la caducidad dentro del procedimiento CHJ/P.B.E./05/2020, no puede considerarse como de ejecución irreparable sino como una de carácter adjetivo, por no tratarse de una "omisión autónoma del procedimiento", sino que se presenta justamente en éste, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa; ni se actualizan los supuestos de excepción a que se hizo referencia, pues no constituye la paralización total del procedimiento, ni se trata de una abierta dilación; por lo que en este caso el amparo indirecto es notoriamente improcedente. Por tanto, se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable, la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; aplicado a contrario sentido, en consecuencia, con fundamento en el diverso numeral 113 de la ley de la materia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo promovida por Osvaldo Ramírez Parra, en atención a las razones expuestas. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Silva Roldán y Francisco Orlando Cuapio Atriano, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a Monserrat Pérez García., Yovani Texis Hernández y José Luis Guzmán Huerta, por no contar con dicho registro. Se tiene señalado correo Se tiene a la parte promovente señalando como medio de comunicación un correo electrónico; en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando el correo electrónico que refiere, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitan días y horas inhábiles En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos personales. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.

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