Oswaldo Perez Diaz

Expediente 876/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
876/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
21/04/2022

Partes del expediente

  • Oswaldo Perez Diaz
  • Juez de Oralidad Penal Y Ejecución de la Región Judicial Centro, Con Sede En la Ciudad de Puebla (Adriana de Lourdes Martinez Jimenez)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de abril de dos mil veintidós . FIRME SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo, no es de relevancia documental, por lo que, es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales, al no obrar en autos. DESTINO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. SE DEVUELVEN DISCOS En diverso aspecto, devuélvase a las autoridades responsables lo siguiente: Al Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, un disco versátil digital que contiene la audiencia de veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno, celebrada en la causa penal 623/2021 (foja 223). A la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, en Puebla, Puebla (Adriana de Lourdes Martínez Jiménez), cuatro discos versátiles digitales, que contienen las audiencias de veinte y veinticinco de agosto de dos mil veintiuno y, dieciocho de marzo de dos mil veintidós, celebradas en la carpeta judicial administrativa 2457/2021/PUEBLA (fjas 255 y 512). No ha lugar a requerir el acuse de recibo respecto de las constancias devueltas, toda vez que las responsables se encuentran en el lugar de residencia de este juzgado federal; por tanto, se instruye al actuario judicial que corresponda entregar los oficios respectivos, y cerciorarse que en los acuses de dichas misivas, se haga constar la entrega de las documentales descritas. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de reclusión; por lista a sus autorizados procesales y por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público federal adscrito...

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, primero de abril de dos mil veintidós. Intégrese a los autos el escrito signado por Alejandra Villegas Rodríguez, autorizada -en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo- del quejoso Oswaldo Pérez Díaz; y, visto su contenido se provee: Copias. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, expídase a la parte quejosa copia certificada de las constancias que indica y que obran en el presten juicio de garantías; y, hágasele de su conocimiento que la entrega de dichas copias se realizará en la residencia de este juzgado, conforme al esquema de citas previsto en el artículo 3 y demás aplicables, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte. Medios electrónicos. Por otra parte, atendiendo a su solicitud de medios electrónicos de reproducción para la imposición de autos (fotografías), se acuerda procedente dicha petición, de acuerdo a las siguientes consideraciones: Que de conformidad con la interpretación extensiva de la Circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura Federal, que estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Y, de una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del Secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, bajo su más estricta responsabilidad. Cobran aplicación las siguientes tesis de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS PARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CÁMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). La circular 12/2009, de 18 de marzo de 2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, estableció que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal no tenía inconveniente en que se permitiera a las partes y personas autorizadas para oír y recibir toda clase de notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de aparatos como son: cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De una interpretación extensiva de esa disposición, puede establecerse que esa concesión también debe hacerse para que las partes en el juicio de amparo se impongan de todas las actuaciones que se alleguen a éste, sin hacer distinción, en aras del acceso efectivo a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." En esa tesitura, tomando en consideración que el veintiocho de julio de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid- 19, mediante el cual, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales, como una tercera etapa del restablecimiento de la actividad jurisdiccional, a través de la reactivación de plazos procesales y de la tramitación en físico de todo tipo de solicitudes, demandas, incidentes, recursos y demás promociones, pero subsistiendo las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia provocada por la pandemia; en los artículos 3 y 6, del citado acuerdo plenario, se determinó -esencialmente- que a partir del tres de agosto del año en curso, estaría disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual se localiza el sistema "Agenda OJ", que permitirá a los justiciables la generación de citas para la consulta de expedientes y desahogo de comparecencias o requerimientos; estableciendo las reglas a las que se sujetarán, para la atención presencial en los órganos jurisdiccionales. En consecuencia, para los casos en que se requiera la utilización de medios electrónicos autorizados -como acontece en el presente asunto- que requieran la presencia física de las partes en el órgano jurisdiccional, estas deberán agendar la cita correspondiente, en cuyo caso será su responsabilidad asistir a la misma. Notifíquese por lista a la promovente...

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Agréguese a los autos el oficio 10782/2022/JC de la autoridad responsable 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro en Puebla, Puebla, a través del cual remite copia autentica de la versión escrita; así como del audio y video de la audiencia celebrada el dieciocho de marzo de dos mil veintidós -por la que se decretó el sobreseimiento de la causa penal 2457/2021/PUEBLA y se ordenó la inmediata libertad del aquí quejoso-, de ahí que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y a sus autorizados procesales, para los efectos legales a que haya lugar. DOCUMENTALES Y DISCO VERSÁTIL DIGITAL REMITIDOS. Con fundamento en el párrafo quinto del artículo 117, en relación con el diverso 119 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas documentales de la citada autoridad responsable Y, por cuanto hace al disco versátil digital remitido no ha lugar a señalar fecha para que sea reproducido en audiencia pública, pues esa probanza se desahoga por sí misma, al tener el carácter de prueba documental. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro se cita a continuación: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". Guárdese en un sobre cerrado el disco versátil digital que acompaña, y glósese al expediente, para los efectos legales a que haya lugar. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Por otro lado, de autos se aprecia que el hoy quejoso Oswaldo Pérez Díaz, reclamó de la jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, en Puebla, Puebla (y del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla): a) El control de la detención y la medida cautelar impuesta al quejoso, en audiencia de veinte de agosto de dos mil veintiuno, en la causa penal 2457/2021/PUEBLA; y b) El auto de vinculación a proceso dictado el veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, contra Oswaldo Pérez Díaz, en la causa penal 2457/2021/PUEBLA, por su probable participación en los hechos con apariencia de los delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea. En ese sentido, al rendir su informe justificado que correspondía a la autoridad que se indicó como "Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla", el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, negó la existencia de los actos reclamados (fojas 146 a 147), sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dicha negativa, de ahí que no existan los actos reclamados a la autoridad de referencia. En consecuencia, ante la inexistencia de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto en el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede SOBRESEER en este juicio constitucional, respecto de las autoridades responsables señaladas y los actos que se les atribuye. Tiene aplicación al caso, en lo conducente, la jurisprudencia VI.2º J/20, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos o desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por otra parte, y atendiendo a lo informado en esta data, quien esto resuelve, advierte de oficio que, en relación con los actos atribuidos a la jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro, en Puebla, Puebla, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII de la ley de amparo, según el cual el juicio de amparo será improcedente, entre otros supuestos, cuando tratándose de actos que emanen de un procedimiento judicial, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto reclamado, y en tal supuesto deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo, por no poder decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica. Justamente, anexos al oficio 10782/2022/JC, con el que hoy se da cuenta, se encuentran la videograbación y transcripción de la audiencia celebrada el dieciocho de los corrientes, en la causa penal de origen (2457/2021/PUEBLA), en la que la jueza responsable determinó el sobreseimiento total en dicho proceso penal, respecto del pluricitado Oswaldo Pérez Díaz, de conformidad con lo establecido por el artículo 327, fracción IV del Código Nacional de Procedimientos Penales Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202, en relación con los diversos 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." El mencionado artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su fracción IV, dispone: "Artículo 327. Sobreseimiento El Ministerio Público, el imputado o su Defensor podrán solicitar al Órgano jurisdiccional el sobreseimiento de una causa; recibida la solicitud, el Órgano jurisdiccional la notificará a las partes y citará, dentro de las veinticuatro horas siguientes, a una audiencia donde se resolverá lo conducente. La incomparecencia de la víctima u ofendido debidamente citados no impedirá que el Órgano jurisdiccional se pronuncie al respecto. (.) IV. El imputado esté exento de responsabilidad penal; (.)" Por su parte los diversos 328 y 329, de la ley procesal en cita señalan: "Artículo 328. Efectos del sobreseimiento El sobreseimiento firme tiene efectos de sentencia absolutoria, pone fin al procedimiento en relación con el imputado en cuyo favor se dicta, inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho y hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado." "Artículo 329. Sobreseimiento total o parcial El sobreseimiento será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial cuando se refiera a algún delito o a algún imputado, de los varios a que se hubiere extendido la investigación y que hubieren sido objeto de vinculación a proceso. Si el sobreseimiento fuere parcial, se continuará el proceso respecto de aquellos delitos o de aquellos imputados a los que no se extendiere aquél." En ese sentido, si los actos reclamados anteriormente reseñados emanan de un proceso judicial en materia penal, en el que en audiencia se dictó el sobreseimiento total en la causa, este tiene efectos de sentencia absolutoria a favor del recurrente, derivado de que la fracción IV del artículo 327, prevé la posibilidad de sobreseer en el juicio ante la ausencia de responsabilidad el imputado; lo que produjo un cambio en la situación jurídica que guardaba en el procedimiento; de modo que en caso de existir las violaciones cometidas en el control de la detención y auto reclamado, deben considerarse irreparablemente consumadas, ya que no es posible decidir sobre éstas sin afectar la nueva situación jurídica. Sin soslayar que el sobreseimiento en cita hace cesar todas las medidas cautelares que se hubieran dictado en contra del imputado. A mayor abundamiento, debe decirse que la ley de amparo expresamente contempla que se actualice un cambio de situación jurídica con el dictado de la sentencia absolutoria de primera instancia; por ello, si el sobreseimiento también se traduce en la culminación del proceso y con ello se privilegia el derecho que tiene el imputado a destruir la acusación en su contra, con la finalidad de gozar en forma absoluta de su derecho fundamental a la libertad personal, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto se torna improcedente; de ahí que, como se adelantó, opera la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61 fracción XVII, de la Ley de Amparo. Y, en consecuencia, se estima procedente sobreseer fuera de audiencia el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la referida causa de inviabilidad. Por ende, se dejan sin efecto las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; pues resultaría ocioso la continuación e integración de un juicio notoriamente improcedente, ya que traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Finalmente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar de reclusión; por lista a sus autorizados procesales y por oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público federal adscrito.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio 232/2022 signado por el secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria dictada en el toca R-36/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, así como los autos originales de dicho juicio y cuatro discos versátiles digitales; en consecuencia, acúsese recibo, realícense las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno respectivo y, agréguese a dichas actuaciones el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto. En tal virtud, comuníquese a las partes la llegada de dicha ejecutoria, que en sus puntos resolutivos dice: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo indirecto 876/2021, promovido por OSWALDO PÉREZ DÍAZ, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Ahora bien, de la ejecutoria de mérito se desprende que el Tribunal de Alzada repuso el procedimiento en los siguientes términos: ".En esas condiciones, ante la violación detectada, con fundamento en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de amparo, lo procedente es revocar la sentencia impugnada y ordenar al Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, que instruya la reposición del procedimiento en el juicio de amparo 876/2021, de su índice, con el fin de que, en términos de lo que establece el artículo 75 de la Ley de Amparo, recabe de manera oficiosa copias útiles de los registros audiovisuales relativos a la causa penal 2457/2021/PUEBLA del índice de la Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro en Puebla, Puebla, Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, en los que consten las actuaciones celebradas en la audiencia inicial de las que derivaron los actos reclamados, registros que deberán contar con la fidelidad y claridad del audio que permita escuchar la totalidad de los argumentos e intervenciones de las partes, en especial las de la defensa del hoy quejoso, que resultan inaudibles en los registros remitidos inicialmente, pudiendo incluso auxiliarse la responsable de peritos que permitan lograr lo anterior, y solo en caso de no estar en aptitud de remitir copias de dichas grabaciones, con la nitidez y claridad tanto de video como de AUDIO, deberá informarlo al juez de Distrito quien resolverá lo que corresponda. (.)." Por tanto, en cumplimiento a la ejecutoria dictada por la Superioridad se deja sin efectos la sentencia emitida el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno y, se ordena reponer el procedimiento en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTISÉIS MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2º del ordenamiento legal citado en primer término, requiérase a la jueza responsable 1. Adriana de Lourdes Martínez Jiménez, Jueza de Oralidad Penal y Ejecución de la Región Judicial Centro en Puebla, Puebla, para que en el plazo de tres días, contado a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, recabe de manera oficiosa copias útiles de los registros audiovisuales relativos a la causa penal 2457/2021/PUEBLA, en los que consten las actuaciones celebradas en la audiencia inicial de las que derivaron los actos reclamados, registros que deberán contar con la fidelidad y claridad del audio que permita escuchar la totalidad de los argumentos e intervenciones de las partes, en especial las de la defensa del hoy quejoso, que resultan inaudibles en los registros remitidos inicialmente, pudiendo incluso auxiliarse la responsable de peritos que permitan lograr lo anterior, y lo remita a este Juzgado de Distrito. O, en su defecto, informe el impedimento legal o material que tenga para cumplir con lo anterior. Se apercibe a la citada autoridad que de no cumplir de forma total y cabal el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente al quejoso en su lugar de reclusión; por lista a sus autorizados procesales; mediante oficio a la autoridad responsable, a la diversa tercera interesada y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Así lo acordó y firma Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, ante Zeus Islas González, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. [Firma electrónica]. [Firma electrónica]. En la misma fecha, se turnó el expediente a la actuaría. Conste. [Firma electrónica]. El(la) suscrito(a) Secretario(a) del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, doy fe de que la resolución que antecede (y la promoción que le dio origen, en su caso) se agregó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y coincide en su totalidad al expediente electrónico e impreso de conformidad con los párrafos quinto y séptimo del artículo 3 de la Ley de Amparo, en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Doy fe. [Firma electrónica].

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