Oswaldo Omar Sandoval Hernández
Expediente 1213/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1213/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 06/11/2023
Partes del expediente
- Oswaldo Omar Sandoval Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Téngase por recibido el informe signado por la Suplente por ausencia del Presidente de la Comisión de Régimen Disciplinario para los Miembros de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Vista Con lo anterior, en términos del referido numeral 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes. Delegados y domicilio Se tienen por señalados los delegados que menciona en su informe, en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, así como por señalado el domicilio procesal expresado. Asimismo, se tienen por señalados el correo electrónico y número telefónico que refiere la autoridad oficiante, únicamente para comunicaciones no procesales. Medios de convicción Asimismo, téngase a la autoridad oficiante ofreciendo la prueba documental pública que adjunta a su informe, de la que se hará relación en la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 119 de la propia legislación; respecto de la cual se ordena la apertura de los tomos I y II de pruebas, en los que se respete sello, folio y rúbrica de la propia autoridad, mismos que quedan a disposición de las partes para su consulta en el local de este juzgado. Hipótesis de sobreseimiento Por otra parte, se le tiene invocando la hipótesis de sobreseimiento que menciona, de conformidad con el artículo 64 de la Ley de Amparo, la cual, en caso de ser procedente, será tomada en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Diferimiento Por tanto, para dar margen de que acontezca lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese.
- Incidental
se Resuelve: Único. Se concede a********************, la suspensión definitiva solicitada en contra de los actos reclamados a las autoridades responsables para los efectos indicados en el considerando cuarto de esta interlocutoria. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta presentado por el quejoso ***********, mediante el cual, en cumplimiento a la prevención realizada por auto de veinticinco de septiembre del año en curso, manifiesta que no es de su deseo señalar autoridades ni actos reclamados diversos a los precisados en el escrito inicial de demanda; por lo que se tiene por desahogada la prevención de veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Admisión Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable Comisión de Régimen Disciplinario para los Miembros de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, consistentes en: "IV- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME ACTO RECLAMADO: 1- De las autoridades señaladas como Responsables COMISIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LOS MIEMBROS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, reclamo el INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN de fecha 7 de septiembre del 2023 con número de expediente PRA/007/2023 el cual me fue notificada en fecha 11 del mes de septiembre del 2023 el cual no cumple con los requisitos legales para dar inicio." III. Audiencia constitucional Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo. 1. Modalidades de la audiencia constitucional La intervención de las partes en la audiencia constitucional se realizará por escrito en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo mediante promoción presentada física o preferentemente a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previamente a que se le dé inicio. En la inteligencia de que la audiencia constitucional se realizará presencialmente garantizándose la sana distancia entre quienes acudan. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo 1. Parte quejosa. ****************. a. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal; así como que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." 2. Terceros interesados. En otro tenor, se reserva de tener por reconocido el carácter de tercero interesado a persona alguna, hasta en tanto obre en autos el informe justificado que deberá rendir la autoridad responsable. 3. Autoridad responsable. a. Designación. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo se tiene como autoridad responsable a: 1) Comisión de Régimen Disciplinario para los Miembros de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California. b. Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la referida ley, se le requiere para que en el plazo de quince días a partir de que sea legalmente notificada, rinda su informe con justificación. Apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Asimismo, apercíbasele que en caso de que se niegue a recibir los oficios librados en el presente juicio, sin causa justificada, fundada y motivada, ésta se tendrá por hecha en términos del numeral 28, fracción I segundo párrafo de la Ley de Amparo, y aunado a ello, se le impondrá una multa equivalente al valor de cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en el artículo 245 de la norma de referencia. c. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 del ordenamiento legal en cita, se le requiere para que en caso de que tenga conocimiento o que su conducta provoque la actualización de alguna hipótesis de improcedencia o sobreseimiento, lo comunique de inmediato a este juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple con esa obligación, se le impondrá una multa equivalente al valor de treinta Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 251 de la norma en cita. d. Requerimiento de expediente generador. Con fundamento en los artículos 75 y 117 de la ley en comento, se le requiere para que remita en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, al resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo. 4. Representación social. Dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde. Incidente de suspensión. Con fundamento en el artículo 128, último párrafo de la Ley de Amparo, en concordancia con lo dispuesto en el considerando décimo segundo, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ábrase por separado el incidente de suspensión del acto reclamado que solicita la parte quejosa.......
- Incidental
Como está ordenado en el cuaderno principal 1213/2023, con copia de la demanda de amparo y escrito aclaratorio promovidos por ************, por derecho propio; contra los actos que reclama de la autoridad responsable Comisión de Régimen Disciplinario para los Miembros de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Baja California, con sede en ciudad, se forma por separado este incidente de suspensión. II. Audiencia incidental. 1. Fecha. Para la celebración de la audiencia incidental, se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. III. Informe previo 1. Requerimiento Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de su legal notificación del presente acuerdo, enviándole para tal efecto copia de la demanda. Se le apercibe que de no hacerlo así, o bien, de ser omisa en manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 260, fracción I, del ordenamiento en cita, se le impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. 2. Cuantía y detalles del asunto. En el informe se deberá precisar la cuantía del asunto. Además, si el acto emana de un procedimiento judicial o seguido en forma de juicio se deberá precisar el monto de las prestaciones reclamadas o condenadas, así como cualquier cantidad que sirva para fijar los posibles daños y perjuicios que se puedan causar con el otorgamiento de la suspensión. Se les apercibe que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme lo prevé el numeral 237, fracción I, en relación con el 259, ambos del ordenamiento en cita, así como el diverso 26, del decreto citado en párrafos precedentes, se le impondrá a la omisa una multa equivalente al valor correspondiente a CIEN Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. IV. Suspensión provisional 1. Fijación de la litis Del análisis integral de la demanda de amparo y de lo asentado en el cuaderno principal del que deriva el incidente en que se actúa, se advierte, que en el presente sumario se señalan como actos reclamados los siguientes: "IV- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME ACTO RECLAMADO: 1- De las autoridades señaladas como Responsables COMISIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO PARA LOS MIEMBROS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, reclamo el INICIO DE PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN de fecha 7 de septiembre del 2023 con número de expediente PRA/007/2023 el cual me fue notificada en fecha 11 del mes de septiembre del 2023 el cual no cumple con los requisitos legales para dar inicio." Asimismo, se aprecia que solicitó la suspensión de los actos reclamados en los siguientes términos: "SUSPENSIÓN. Con fundamento en lo previsto en los artículos 125, 126 y 159 de la Ley de Amparo, solicito se me conceda la Suspensión Provisional de los Actos Reclamados, y en su oportunidad, la Suspensión Definitiva de los mismos, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a las Autoridades Responsables la resolución que se dicte en el fondo del Juicio de Amparo. Por lo cual pido se conceda la Suspensión provisional para efecto de no ser privado de mi trabajo, ni sometido a ninguna pena o sanción administrativa, hasta en tanto esta autoridad federal se pronuncie, pues su otorgamiento con tales alcances no se contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, sino que se adecua la situación del agente policiaco privado de sus salarios a los postulados constitucionales que operan en su favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del juicio, sirve de sustento a lo anterior, la siguiente TESIS con número de registro 2010106." En consecuencia, se analizará la procedencia de la suspensión provisional únicamente en los términos solicitados, sin que esa determinación contravenga lo dispuesto por el artículo 128 de la Ley de Amparo, en virtud de que el precepto de mérito establece como requisito que el agraviado la solicite expresamente, aunado a que no se evidencia que se deje sin materia el amparo. 2. Certeza de los actos reclamados En este momento procesal sólo se cuenta con la demanda como elemento a tener en cuenta para resolver sobre la medida cautelar, por lo cual se deben atender las manifestaciones de la parte quejosa, hechas bajo protesta de decir verdad y, con base en éstas, partir de que los actos reclamados son ciertos. 3. Estudio De conformidad con el artículo 147 del mismo ordenamiento, en los casos en que la suspensión sea procedente, se deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomando las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, ordenando que las cosas se mantengan en el estado que guarden, restableciendo provisionalmente a la quejosa el goce del derecho violado, mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio principal. Sobre esa base, la suspensión de las consecuencias del acto señalado, se concederá siempre y cuando se reúnan los requisitos previstos por los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo: * Que lo solicite el agraviado; * Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; * Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, * En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En el caso, se considera que se cumple con la totalidad de los requisitos antes descritos, pues se solicita por el interesado, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, ya que en esencia reprocha el inicio de procedimiento de remoción instado en su contra, respecto de dicho acto serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían; porque podría ocurrir un cambio de situación jurídica al separarlo de su cargo. Resulta aplicable la jurisprudencia 10533, que establece: "SUSPENSION, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA. Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular, a través de las sentencias de amparo, el preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día lejano en muchas ocasiones declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos" En el caso en concreto, se tiene que la parte quejosa acredita su interés suspensional, al ser parte dentro del procedimiento administrativo de origen y la sanción que eventualmente se llegue a dictar, se insiste, afectaría su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe: "INTERES JURIDICO. PARTES EN UN PROCEDIMIENTO. Basta con que una persona intervenga como parte en un procedimiento, para estimar que tiene interés jurídico para impugnar las resoluciones que le sean adversas" Lo que resulta suficiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 218, del enjuiciamiento adjetivo federal, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para tener por demostrado su interés suspensional. Fijación de la situación en que habrán de quedar las cosas y medidas para conservar la materia del amparo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 128 y 152 ambos de la ley aplicable, se CONCEDE la suspensión provisional solicitada, para efecto de que sin suspender el procedimiento administrativo de origen: i. No se dicte la resolución definitiva ni decrete la separación, destitución o remoción de cargo como agente estatal de investigación del quejoso. Lo anterior, hasta en tanto reciba notificación de lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva; sin que se afecte su relación jurídica con la institución donde presta sus servicios, esto es, que se le sigan pagando todas las prestaciones a que tenga derecho, salvo que se le haya separado o suspendido provisionalmente de su cargo, como medida cautelar vigente durante el procedimiento administrativo, en cuyo caso deberá atenderse a la normativa aplicable respecto del pago de los emolumentos. Resultan aplicables al caso por las razones que la informan la tesis de rubro y texto siguiente: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN, DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y DE LOS MUNICIPIOS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA SU POSIBLE SEPARACIÓN DEL CARGO, NO OBSTANTE QUE NO SE HAYA ACREDITADO FEHACIENTEMENTE LA EXISTENCIA DE LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE, AL SER UN HECHO NOTORIO LA PRÁCTICA REITERADA DE CESARLOS SIN QUE MEDIE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ALGUNO. Si en autos del incidente de suspensión no se acredita fehacientemente la existencia de una resolución que ordene la separación del cargo de un miembro de las instituciones policiales de la Federación, de las entidades federativas o de los Municipios, ello no es óbice para conceder la suspensión en el amparo, habida cuenta que, de negársele, se le causarían perjuicios irreparables, pues en términos del artículo 123, apartado B, fracción XIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si eventualmente fuere separado de su cargo, por cualquier motivo, sería imposible, no obstante que se le concediera el amparo solicitado, reinstalarlo en el puesto que venía desempeñando, máxime si se considera que es un hecho notorio para este Tribunal Colegiado de Circuito la práctica reiterada de las autoridades administrativas, de cesar a dichos servidores públicos sin que medie procedimiento administrativo alguno, más aún cuando el quejoso señala que esa separación obedece a que no se aprobaron los exámenes de control de confianza, por tanto, no sería ajeno a la cotidianidad que, no obstante la negativa de sus actos, las autoridades los ejecutaran" "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO PARA QUE NO SE PRIVE AL QUEJOSO DE SUS EMOLUMENTOS, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESTÉ SUSPENDIDO EN SU CARGO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Tratándose de la facultad punitiva del Estado, en su vertiente del derecho administrativo sancionador, es aplicable el principio de "presunción de inocencia" o "de no responsabilidad", el cual consagra, entre otras, una regla de trato procesal a favor de las personas sujetas a un procedimiento que puede concluir con la imposición de una sanción, que se traduce en no aplicar medidas que impliquen colocarlas en una situación de hecho equiparable entre imputadas y culpables y, por tanto, la prohibición de dictar resoluciones que supongan la anticipación de la sanción. Ahora bien, el artículo 121 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco establece la facultad de la instancia instructora para determinar la suspensión o la reubicación provisional del servidor público sujeto al procedimiento administrativo de separación, de su función, cargo o comisión, si así estima conveniente para la conducción y continuación de las investigaciones, lo que lleva, como consecuencia implícita, la privación de sus percepciones, y esa restricción constituye una sanción anticipada que coloca al elemento sujeto a procedimiento en una situación con condiciones análogas a la de aquellos cuya responsabilidad se determinó, esto es, de quienes fueron separados definitivamente, lo cual vulnera el principio constitucional descrito. Por tanto, procede conceder la suspensión definitiva en el amparo contra esa consecuencia, esto es, para que no se prive al quejoso de sus emolumentos, con independencia de que esté suspendido en su cargo, pues su otorgamiento con esos alcances no contraviene disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, sino que se adecua la situación del agente policiaco privado de sus salarios, a los postulados constitucionales que operan en su favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del juicio constitucional" Igualmente, resultan aplicables al caso las jurisprudencias siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA SEPARACIÓN PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CONTINÚEN PAGANDO LOS EMOLUMENTOS QUE LES CORRESPONDEN. Tratándose de la facultad punitiva del Estado, en su vertiente del derecho administrativo sancionador, es aplicable el principio de "presunción de inocencia" o "de no responsabilidad", el cual consagra, entre otras, una regla de trato procesal a favor de las personas sujetas a un procedimiento que puede concluir con la imposición de una sanción, que se traduce en no aplicar medidas que impliquen colocarlas en una situación de hecho equiparable entre imputadas y culpables y, por tanto, la prohibición de dictar resoluciones que supongan la anticipación de la sanción. Ahora bien, en los procedimientos administrativos de separación de los elementos de instituciones de seguridad pública, regidos por el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es facultad de los órganos instructores apartarlos del servicio provisionalmente, con la consecuente privación de sus percepciones, resolución con la que puede verse comprometido el principio de presunción de no responsabilidad en su vertiente de regla de trato, en la medida en que, de un análisis preliminar, propio del que está autorizado a efectuarse en el incidente de suspensión en el juicio de amparo, se trata de una afectación que supone que durante el procedimiento administrativo sancionador se les coloque en una situación con condiciones análogas a las de quien ya fue separado definitivamente. De ahí que, con base en el postulado constitucional de presunción de no responsabilidad, debe concederse la suspensión a efecto de que, sin reinstalar a los elementos policiales, se continúen pagando los emolumentos que les correspondan, pues su otorgamiento con tales alcances no se contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, sino que se adecua la situación del agente policiaco privado de sus salarios a los postulados constitucionales que operan en su favor, en tanto se resuelve la materia de fondo del juicio de amparo" "SUSPENSIÓN EN AMPARO. SI DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO O DE SEPARACIÓN DE UN ELEMENTO DE UN CUERPO POLICIAL O DE UN ÓRGANO DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA SE DECRETÓ SU SEPARACIÓN PROVISIONAL DEL CARGO QUE DESEMPEÑA, ES FACTIBLE CONCEDER ESA MEDIDA ÚNICAMENTE CONTRA LA SUSPENSIÓN EN EL PAGO DE SUS HABERES. Es facultad de la autoridad instructora de un procedimiento de tal naturaleza suspender provisionalmente al servidor público hasta que se resuelva en definitiva su permanencia o separación del servicio, determinación que trae como consecuencia su separación propiamente dicha, en las funciones que desempeña, así como la interrupción del pago de su salario. En el juicio de amparo es factible otorgar la suspensión contra la falta de pago de los haberes del servidor público, ya que el hecho de dejar de percibir ingresos puede poner en riesgo la propia subsistencia del quejoso y la de los que de él dependan, es decir, la ejecución de la separación provisional puede ocasionarle daños y perjuicios de difícil reparación. Tal afirmación tiene sustento en el hecho de que, a consecuencia de la suspensión de sus funciones, el quejoso está impedido para obtener un nombramiento diverso con el objeto de prestar sus servicios en alguna otra dependencia o entidad de la administración pública. Además, el hecho de estar suspendido en el desempeño del servicio, por sí, explica las dificultades que ese funcionario público pueda tener para lograr su acomodo laboral con un patrón distinto al Estado. Por último, la circunstancia de que se le paguen sus emolumentos mientras dure el procedimiento administrativo no vulnera normas de orden público ni lesiona el interés social; lo primero, porque no existe alguna disposición que prohíba que a los servidores públicos que estén suspendidos en sus funciones, con motivo de la instrucción de un procedimiento administrativo, se les paguen sus haberes, y lo segundo, ya que si lo que se busca con la separación transitoria es que los funcionarios públicos que están en dicha situación no entorpezcan la continuación o conducción de los procesos o procedimientos instaurados en su contra, tal pretensión queda satisfecha porque la suspensión otorgada no incidirá en ese aspecto" "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO. Atento a que la intención de la reforma al segundo párrafo de la fracción XIII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se enmarca en prohibir categóricamente que los miembros de las instituciones policiacas que hayan sido separados de su cargo sean reincorporados, aun cuando obtengan resolución jurisdiccional que declare injustificada la separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio, es claro que, de concluir el procedimiento de separación de uno de ellos, acorde con las previsiones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, con una resolución en que se determine tal separación, se generaría un daño irreparable al agraviado, consistente en la imposibilidad absoluta de ser reincorporado, aun cuando la autoridad jurisdiccional posteriormente resolviera que la resolución de separación fue injustificada, pues en este caso, el Estado sólo está obligado a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tenga derecho, sin que proceda su reincorporación al servicio, razón por la que se actualiza la excepción a la regla general contenida en el artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en el sentido de que si el daño o perjuicio es irreparable, la suspensión tendrá el efecto de impedir la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, sin que ello signifique que se siga perjuicio al interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, en la medida en que, por un lado, en el supuesto de que se trata el propio procedimiento de separación prevé la posibilidad de que se suspenda al policía en su función o servicio, hasta en tanto el Consejo de Profesionalización resuelva lo conducente, de forma que no se pone en riesgo el interés general por el combate a la corrupción y la seguridad; y, por otro, la suspensión en el juicio de amparo no se otorga para paralizar toda la continuación del procedimiento administrativo de separación, sino exclusivamente su etapa final, esto es, para el único efecto de que no se dicte la resolución en el procedimiento administrativo mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Cabe precisar que la concesión de la suspensión definitiva en el juicio de amparo no implica la inobservancia del artículo 123, apartado B, fracción XIII, constitucional, debido a que la prohibición de que se reinstale a uno de los elementos de los cuerpos de seguridad que ahí se mencionan, opera en un momento posterior al supuesto que se analiza, esto es, hasta que se dicte efectivamente la resolución en el procedimiento administrativo separando al elemento del cargo, pues de haberse emitido esa resolución, aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente, operaría la proscripción aludida en el sentido de no reinstalarlo" Alcances de la suspensión. Con fundamento en el último párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, la medida cautelar que se concede queda sujeta a lo siguiente: 1.- No surtirá efecto alguno por actos diversos de los hechos asentados en la demanda por no ser materia de litis, o bien, si provienen de autoridades distintas de la señalada como responsable. 2.- En caso de que el acto reclamado se haya consumado, es decir, que se haya decretado su baja, destitución, separación o remoción de su cargo que obedezca a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si provienen de autoridades distintas a la señalada como responsable, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. En el entendido que la medida cautelar no abarca el derecho a que siga laborando como Agente Estatal de Investigación adscrito a la Fiscalía General del Estado de Baja California; asimismo, para que se le entregue el equipo de trabajo, dado que, la institución a la que se encuentra adscrito tiene la obligación de velar sobre la función que desempeña como servidor público; por tanto, si actualmente cumple dicho cargo en otra área de la misma corporación no resulta afectatorio a sus derechos fundamentales, porque lo importante es que, no se le separe de su cargo previamente a que se le otorgue el derecho de audiencia y que siga percibiendo su salario en los términos en que lo venía haciendo previo al acto reclamado, así como a los servicios médicos, salud y seguridad social con los que cuenta el quejoso; que de resolver lo contrario se afectaría el interés público ya que la sociedad está interesada en que aquellos agentes policiacos que posiblemente hayan cometido una falta en contra de la propia colectividad sean sancionados y mientras dura el procedimiento respectivo se impongan las medidas cautelares para que no se siga generando la afectación a la propia sociedad. 3.- Asimismo, en caso de que la orden de suspender a la parte quejosa de sus labores derive de una orden de cese, la suspensión concedida no surtirá efectos. Resulta aplicable a lo anterior por las razones que la informan, la tesis cuyo rubro y texto establece: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LOS PROCEDIMIENTOS DE SEPARACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. SI ÉSTOS YA SE RESOLVIERON, ES IMPROCEDENTE CONCEDER DICHA MEDIDA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, en las jurisprudencias 2a./J. 76/2012 (10a.) y PC.I.A. J/52 A (10a.), de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE UN POLICÍA DE SU CARGO PREVISTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROCEDE CONCEDERLA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 138, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO." y de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE OTORGARLA CONTRA LA SEPARACIÓN PROVISIONAL DE LOS ELEMENTOS DE INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA REGIDOS POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SUJETOS A UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE BAJA, PARA EL EFECTO DE QUE SE CONTINÚEN PAGANDO LOS EMOLUMENTOS QUE LES CORRESPONDEN.", respectivamente, consideraron procedente el otorgamiento de la suspensión contra los procedimientos de separación de los elementos de los cuerpos de seguridad pública, únicamente para que no se dicte la resolución correspondiente, mientras se decide el juicio de amparo en el fondo. Por tanto, cuando ya se pronunció aquélla, deja de existir el bien jurídicamente protegido justificante de la concesión de la medida cautelar, derivado del principio de presunción de inocencia, en su aspecto de regla de trato; de ahí que resulte improcedente concederla pues, de hacerlo, se violarían disposiciones de orden público, por la prohibición de reincorporarlos al servicio, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" La presente medida suspensiva se concede con las más amplias facultades que la ley prevé a fin de conservar la materia del juicio de amparo. Requisitos de efectividad. La presente medida suspensiva, surte sus efectos, sin necesidad de que la parte agraviada otorgue garantía ante este juzgado de Distrito, en razón de que no se advierte la existencia de tercero interesado al que pudiera causar perjuicio. V. Intervención de la parte quejosa en el incidente de suspensión 1. Parte quejosa. ***************. a. Domicilio. Se tiene por señalado como domicilio procesal el ubicado en ********** de esta ciudad. b. Autorizados. Se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado ***********; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a ***********, por no contar con su cédula registrada en Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales antes los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. c. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 del Pleno de la Judicatura Federal, se autoriza la reproducción de las actuaciones que obren en el expediente en que se actúa, dejando constancia en el expediente de la reproducción obtenida a través de medios electrónicos, tales como cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares con dispositivos fotográficos o similares. En el entendido, que deberá contar con los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión este reservada por disposición legal; así como que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, será bajo su más estricta responsabilidad. Apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Habilitación de días y horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, del cuerpo legal en consulta, para no retardar el procedimiento, en caso necesario, se habilitan desde ahora días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que se ordenen en este expediente. Exhortación a las partes de seguir el juicio en línea. Se exhorta a las partes a que, en la medida de lo posible, hagan uso del juicio en línea por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx), presentando las promociones de forma electrónica, solicitar el acceso al expediente electrónico y las notificaciones en la misma vía, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico y artículo 263, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, que regula la integración y trámite de expediente electrónico. Formas de notificar a las partes. De conformidad con el artículo 28, fracción I, en relación con los diversos 29, 30 y 31 del mismo ordenamiento legal, se ordena que las notificaciones a la autoridad responsable en el presente juicio de amparo indirecto, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deberán notificarse por lista, salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se le notificarán por medio de oficio. En el entendido de que, en este último caso, se comisiona al actuario de la adscripción para que solo en el caso que las autoridades responsables proporcionen un correo electrónico y se autorice éste, envíe por dicho medio los oficios correspondientes y así las notifique, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, que prevé la prerrogativa constitucional de una impartición de justicia pronta y expedita. Lo anterior es así, ya que de conformidad con lo previsto en los artículos 28, fracción III y 30, fracción I de la Ley de Amparo, es posible que las notificaciones que deban hacerse por oficio a las autoridades (previstas a su vez en el precepto 26, en su fracción II, de dicho ordenamiento), se hagan mediante cualquier medio oficial -incluido el correo electrónico-, lo que hace viable emplear el correo electrónico institucional para practicarle notificaciones, sin que en el caso sea necesario que dicha autoridad tenga celebrado un convenio de interconexión con el Poder Judicial de la Federación. En este contexto, se le apercibe que de negarse sin causa justificada a recibir los oficios que se le envíen, se procederá en términos de lo que dispone el segundo párrafo de la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; [.]" Notificación por medio de portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Hágase de conocimiento de las partes que las notificaciones que no deban de ser personales se harán por medio del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. No obstante que la fracción IV del artículo 29 de la norma que regula este proceso, establece que se publicará una síntesis de la resolución a notificar, proceda el actuario a la publicación íntegra del acuerdo en el citado portal. Correo electrónico de este juzgado. Se informa a las partes que el correo electrónico de este juzgado de Distrito es el siguiente: 4jdo15cto@correo.cjf.gob.mx. Esquema de atención al público. En términos del artículo 6 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace del conocimiento de las partes que requieran realizar consulta del presente asunto, que el horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales será de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; en términos de los artículos 261, 262, y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, contenido dentro del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento que las personas autorizadas para consultar un Expediente electrónico en los asuntos de la competencia del PJF podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, dado que conforme a los términos previsto por el Acuerdo General en cita, en su artículo 22, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, ya que el proceso de firmado electrónico les da la característica de inalterables. Por lo que se exhorta a las partes a la utilización de dicha herramienta. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. Notifíquese.
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