Oswaldo José Patron Laviada
Expediente 1529/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1529/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Oswaldo José Patron Laviada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días hábiles que refiere el segundo párrafo del numeral 117 de la Ley de Amparo, con relación a la vista de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán y por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, agréguese a estos autos el oficio 3991/2023, remitido por la Jueza Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña; con el que, informa que la sentencia definitiva dictada en el juicio de tercería excluyente de dominio 746/2021 de su índice, no ha quedado firme, en virtud de que por auto de veintiocho de agosto pasado, se interpuso recurso de apelación en su contra. Circunstancia de la que este órgano jurisdiccional se da por enterado, para los efectos legales correspondientes. No obstante ello, reitérese a la autoridad oficiante que deberá mantener informado a este órgano jurisdiccional, con una periodicidad que no supere los quince días hábiles, respecto a la vigencia de la suspensión de la fuerza pública decretada con motivo de la promoción del juicio de tercería; asimismo, comunique las resultas de dicha contienda, como base para poder resolver el cumplimiento de la ejecutoria concedida en este juicio de amparo. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá, una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.
- Principal
Mérida, Yucatán; dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vistos estos autos, se agrega el informe justificado rendido por el Secretario General del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el informe, y relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
- Incidental
VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1529/2023-IV-B, promovido por OSWALDO JOSÉ PATRÓN LAVIADA; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Solicitud de la medida cautelar. En la correspondiente demanda de amparo, OSWALDO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclamó del Congreso del Estado de Yucatán; del Gobernador del Estado de Yucatán; del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; y, del agente ******************** adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Formación del cuaderno incidental. Por acuerdo dictado en el juicio principal el tres de octubre de este año, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y, en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Así mismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERA. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado por la parte quejosa, que hace consistir en: 1. Del Congreso del Estado de Yucatán: a) La expedición del Decreto que contiene la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de febrero de dos mil once, específicamente el artículo 79 fracción II. 2. Del Gobernador del Estado de Yucatán: a) El Decreto que contiene el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de junio de dos mil once, específicamente el artículo 448. 3. Del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán: a) La boleta de infracción con número de folio 792355, de diez de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se impuso una multa por la cantidad de $13,486.20 (trece mil cuatrocientos ochenta y seis pesos, 20/100 M.N.) y se cobró la cantidad de $12,034.00 (doce mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.). b) La detención y retención del automotor marca Kia Río del año dos mil veintiuno, con número de serie 3KPA34ACXME377671, con número de motor G4FGME000920, con placas del Estado de Yucatán YYA062D. 4. Del agente ******************** adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública: a) La emisión de la boleta de infracción con número de folio 792355, de diez de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual se impuso una multa por la cantidad de ciento treinta Unidades de Medida de Actualización; y la ejecución de la detención. SEGUNDA. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos al Congreso del Estado de Yucatán [Registro 15757]; al Gobernador del Estado de Yucatán [Registro 15805]; al Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán [Registro 15667]; y al agente ******************** adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública [Registro 15667], todos con sede en esta ciudad; pues así lo manifestaron al rendir sus informes previos. TERCERO. Análisis de la suspensión definitiva. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa respecto de los actos reclamados de las autoridades precisadas en los números 1 y 2, consistentes en la expedición de los Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en especial el artículo 170, fracción II; así como los Decretos que contienen la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de febrero de dos mil once, específicamente el artículo 79, fracción II y el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de junio de dos mil once, específicamente el artículo 448; en principio, se debe analizar la naturaleza de tales actos, los cuales se tratan de actos consumados contra los cuales no procede conceder la medida suspensional solicitada, ya que la emisión y promulgación de las normas impugnadas ya se llevó a cabo, de manera que el análisis de la legalidad y constitucionalidad de éstos actos se realizará al momento de dictarse la sentencia en el juicio principal. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 12, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 223,638, que dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." Sirve también de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis de jurisprudencia número 382, consultable en la página 412, Tomo III, Materia Administrativa del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con número de registro 911315, que indica: "LEYES, SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE CONTRA EXPEDICIÓN Y PROMULGACIÓN DE LAS. No puede concederse la suspensión contra la promulgación y expedición de las leyes, si aquéllas ya se llevaron a cabo." Así como la jurisprudencia VI.2º.C.J/174, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 775, Tomo X, julio de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 193722, que señala: "SUSPENSIÓN CONTRA UNA LEY. Es improcedente conceder la suspensión contra la expedición de las leyes, porque la materia de la suspensión es la ejecución o aplicación de las mismas leyes, y no éstas en sí, y su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a los quejosos, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión." Ahora bien, respecto de los actos reclamados precisados en el inciso b), atribuidos a la autoridad responsable Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, consistentes en la detención y retención del automotor marca Kia Río, del año dos mil veintiuno, con número de serie 3KPA34ACXME377671, con número de motor G4FGME000920, con placas del Estado de Yucatán YYA062D, así como lo relativo a la boleta de infracción y el cobro de la multa; debe analizarse en primer término la naturaleza de dichos actos, los cuales son consumados con efectos positivos, y por ende, es únicamente sobre los efectos y consecuencias de los mismos, que procede hacer el análisis sobre la procedencia o no de la medida cautelar solicitada. En este sentido, en primer lugar, debe atenderse si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y, II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". En este caso, se colma el primero de los requisitos del citado artículo 128 de la ley de la materia, ya que la parte quejosa en su escrito de demanda solicitó expresamente la suspensión definitiva. Además que en la especie el interés suspensional de la parte justiciable respecto del vehículo en cuestión se encuentra acreditado con la documental que adjuntó a su escrito de demanda, consistente en: - Copia certificada de la factura con número de folio CCV-3170, del vehículo KIA RÍO, del año dos mil veintiuno, con número de serie 3KPA34ACXME377671 y el número de motor G4FGME000920, con placas del Estado de Yucatán YYA062D. Prueba a la se le otorga pleno valor probatorio, en términos de los artículos 133, 136 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Documento que resulta suficiente para acreditar el interés suspensional del quejoso sobre el vehículo asegurado por parte de la autoridad responsable. En cuanto al segundo de los requisitos aludidos (artículo 128, fracción II, de la legislación aplicable), se tiene que la medida cautelar puede concederse, siempre y cuando no se contravengan el interés social y el orden público. En el caso, también se satisface dicho supuesto, ya que con la suspensión de la ejecución del acto reclamado no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, dado que el acto reclamado recae sólo sobre intereses particulares, además, no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley de la materia. Además, de no concederse la suspensión de referencia, se le causarían daños y perjuicios de difícil reparación a la parte quejosa, los que se traducirían en seguirle privando de la posesión de su citado vehículo. En este orden de ideas, con fundamento en los artículos 107, fracción X, constitucional, así como en los diversos 128, 129 y 150, de la Ley de Amparo, ponderando la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social, así como encontrarse cubiertos los referidos requisitos de procedibilidad, SE CONCEDE la suspensión definitiva de los actos reclamados relativos a la detención y retención del automotor, para el efecto de que se proceda de inmediato a la devolución al aquí quejoso de dicho vehículo asegurado, si no fuere al caso de estar retenido por la comisión de un delito sujeto a investigación. Luego, respecto de la boleta de infracción y multa, se CONCEDE la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado de que guardan, en tanto se resuelve el juicio de amparo en lo principal. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa ya cubrió la cantidad de $12,034.00 (doce mil treinta y cuatro pesos 00/100 M.N.) de los $13,486.20 (trece mil cuatrocientos ochenta y seis 20/100 M.N.) de la multa; lo cual acreditó con el comprobante de pago respectivo en copia certificada. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dejará de surtir efectos la suspensión concedida; lo anterior es así, ya que en términos del invocado numeral 135 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés tendrá precisamente ese efecto. Tiene aplicación, en lo que interesa, la Jurisprudencia 2ª/J.148/2005, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Diciembre de 2005, Novena Época, Materia Administrativa, con número de registro 176523, que dispone: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2ª./J.8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS O NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.", sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condiciona su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la Ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Así como la tesis 2a. XVII/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 489, del Tomo V, Marzo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro digital 199210, que dice: "MULTAS NO FISCALES, SON TODAS LAS ESTABLECIDAS POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES NO RELACIONADAS CON LA MATERIA TRIBUTARIA. De conformidad con el artículo 21, párrafo noveno, última parte, del Código Fiscal de la Federación, no causarán recargos las multas no fiscales. Sin desconocer que todas las multas se catalogan dentro de los cobros fiscales, en razón de que se sigue el procedimiento administrativo de ejecución (antes llamado económico-coactivo) para hacerlas efectivas, la naturaleza jurídica del crédito varía según la materia del ordenamiento legal que establece las infracciones, las sanciones y la autoridad que las aplica (multas fiscales, administrativas, judiciales, penales, etcétera); por ello, únicamente podrá entenderse por multas fiscales las sanciones económicas establecidas por la comisión de infracciones relacionadas con la materia tributaria y, en consecuencia, serán no fiscales todas las demás." Medida suspensional que se otorga, en observancia a la doctrina jurisprudencial que ha establecido los parámetros que deben ser observados por este juzgador, basados en un juicio de probabilidad y verosimilitud, a partir de una apreciación de carácter provisional respecto al acto reclamado, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso. Lo que se cumple en la especie, ya que en el particular de negarse la medida suspensional, durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio, el quejoso estaría privado de disponer del vehículo que acredita presuntivamente tener en propiedad, sin que se haya determinado la legalidad de la actuación de la responsable, ocasionando con ello un daño irreparable para el quejoso. Lo anterior, según se advierte de la jurisprudencia 15/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, abril de mil novecientos noventa y seis, consultable en la página 16, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARACTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO". Lo anterior, sin perjuicio de que cumpla ante la autoridad con los requisitos legales que para tal efecto le sean establecidos con base a las disposiciones normativas aplicables, sin que con esta medida se impida, de ser el caso, se integre el procedimiento legal que resulte conforme a las atribuciones de la autoridad. Medida cautelar que surte sus efectos hasta en tanto se dicte la sentencia en el juicio principal del que deriva este incidente. Finalmente, no se está en el caso de fijar garantía al no existir hasta este momento algún tercero al que se pueda ocasionar daño o perjuicio. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E : ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva a OSWALDO JOSÉ PATRÓN LAVIADA, contra el acto reclamado al Congreso, Gobernador, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y agente ********************, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública, todos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando tercero de esta resolución. Notifíquese y cúmplase.
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