Oswaldo Joaquin Palma Barrera
Expediente 1958/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1958/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Oswaldo Joaquin Palma Barrera
Actuaciones
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- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1958/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, promovido por ********************, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El ocho de septiembre de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. En la demanda de amparo, la parte quejosa narró los antecedentes del acto reclamado, indicó los derechos fundamentales que consideró vulnerados, y expresó su único concepto de violación. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo Por razón de turno, la demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. Por providencia de doce de septiembre dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1958/2023, y se admitió a trámite. En la secuela procesal se emplazó al representante social de la adscripción, quien no presentó pedimento y se recibieron los informes con justificación rendidos por las responsables. Finalmente, en esta fecha se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama la aplicación de una norma de carácter general, así como actos de autoridades distintas de las judiciales, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito competencial en el que ejerce jurisdicción este juzgado; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracciones I, incisos f) y II, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/******************** y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. En ese sentido, del estudio íntegro de la demanda, y sus anexos, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES ACTOS RECLAMADOS a) Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán b) Secretaría General del Gobierno del Estado de Yucatán Mérida, Yucatán La expedición y refrendo del decreto número 421 mediante el cual se expidió el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, en específico los artículos 236, fracción II, inciso B) y 120, en relación con los diversos artículos 463, 464, 470. c) Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. d) ********************, Agente adscrita a la Subsecretaría de Servicios Viales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Mérida, Yucatán La boleta de infracción con número de folio ******************** de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Inexistencia del acto reclamado Al rendir su informe con justificación, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en representación del Titular de esa dependencia, aceptó la existencia del acto reclamado, consistente en la boleta de infracción de folio ******************** de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés; sin embargo, su manifestación se desvirtúa, pues el acto reclamado fue emitido por otra autoridad. En efecto, cuando se reclaman actos concretos sólo pueden atribuirse a quienes materialmente los emiten y tienen participación en ellos, independientemente de que pertenezcan a la misma dependencia y de las relaciones de jerarquía que entre ellas exista. En el particular, en autos del juicio de amparo consta la boleta de infracción de tránsito reclamada, la cual fue suscrita por ********************, Agente adscrita a la Subsecretaría de Servicios Viales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, sin que se advierta la participación del Titular de esa dependencia pública. En consecuencia, si el Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, no participó directamente en la emisión del acto reclamado, debe considerarse inexistente, por lo tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio respecto de esta autoridad. CUARTO. Certeza del acto reclamado Son ciertos los actos reclamados al Gobernador Constitucional y Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, ambos del Estado de Yucatán; pues la existencia de las normas generales se corrobora con el propio ordenamiento legal, ya que una norma jurídica no es objeto de prueba, lo que se acredita plenamente de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Apoyan lo anterior, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia número 2a./J.65/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA." y "PRUEBAS. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN." De igual forma, es cierto el acto que reclama a ********************, Agente adscrita a la Subsecretaría de Servicios Viales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, ya que así se desprende del informe con justificación rendido por el Director Jurídico de dicha Secretaría. La existencia se corrobora con la boleta de infracción original exhibida por la parte quejosa; documental que conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno. En efecto, de las constancias que obran en autos, se desprende que el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, la Agente de tránsito responsable suscribió la boleta de infracción reclamada porque advirtió que el conductor del vehículo de la marca ******************** línea ********************, modelo ********************, número de serie ******************** y placas de circulación ******************** del Estado de Yucatán, excedió el límite de velocidad permitido en el periférico, y no contaba con el permiso o la licencia respectiva. QUINTO. Oportunidad para ejercer la acción de amparo La demanda de amparo se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, para normas generales que se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación. En efecto, los artículos 17, 18, 61, fracción XIV y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio -autoaplicativas- o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida -heteroaplicativas-. Ahora, de la interpretación sistemática de las normas citadas, para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra normas heteroaplicativas, el gobernado debe impugnar su primer acto concreto de aplicación, el cual, de acuerdo con diversos criterios sostenidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede tener origen, por regla general, en tres formas: a) Por la actuación de la autoridad que por disposición de la ley es la encargada de su aplicación; b) Por la actuación del propio agraviado que por exigencia de la ley se coloca por sí mismo en los supuestos previstos en la norma; c) Por parte de un particular en su carácter de tercero que actúa por mandato de la ley. Es así, porque cuando en el juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejerza, se haga, precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos. En ese sentido, tratándose de leyes heteroaplicativas, conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, no cualquier acto posterior de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, sino que dicho acto de ejecución de la norma general que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación, y además, debe causar perjuicio al quejoso. Bajo esa óptica, en el caso se reclama, con motivo de su primer acto de aplicación, el artículo 236, fracción II, inciso b) y el artículo 120, en relación con los diversos artículos 463, 464 y 470, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. En ese contexto, el plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días contados a partir del día siguiente en que tuvo conocimiento del acto de aplicación. La quejosa señala que el primer acto de aplicación ocurrió el veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, fecha en la que la Agente adscrita a la Subsecretaría de Servicios Viales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán suscribió la boleta de infracción con folio ********************, en la cual aplicó los preceptos reclamados. En ese contexto, si la demanda se presentó el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, es decir, en el octavo día del plazo de quince días, se considera que su promoción se realizó dentro del plazo legal. SEXTO. Procedencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracciones I, inciso f), y II, de la Ley de Amparo, es procedente el presente juicio, pues se cuestiona la constitucionalidad de las disposiciones generales de un reglamento local, las cuales se reclaman con motivo de su primer acto de aplicación, materializado en el acto de autoridad administrativa consistente en la imposición de una multa por infracción al reglamento de tránsito local. SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En primer término, el Consejero Jurídico en representación del Gobernador del Estado de Yucatán, al rendir su informe con justificación, señaló que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues refiere que la parte quejosa no exhibió algún documento fehaciente que acredite la legal propiedad del vehículo objeto de la boleta de infracción con número de folio ********************, del cual se advierta que sufrió la afectación que alega. Es infundada la causa de improcedencia. En efecto, como requisito de procedencia del juicio de amparo, el interés jurídico tiene su origen constitucional en el principio de instancia de parte agraviada, previsto en la fracción I del artículo 107, de la Constitución General. Es desarrollado en la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículo 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, concretamente en los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII. Conforme al actual modelo del juicio de amparo, quien o quienes comparezcan a solicitar la protección de la Justicia de la Unión, deberán ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: 1. Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad. 2. En caso de que no se cuente con tal interés, el actual modelo de procedencia del juicio constitucional, prevé la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. En ese sentido, la parte quejosa tiene la carga de demostrar que el acto reclamado afectó en forma real y directa un derecho subjetivo tutelado, es decir, tiene que probar la afectación a su interés jurídico, lo que involucra, desde luego, la titularidad de tal derecho. Expuesto lo anterior, adverso a lo sostenido por la autoridad responsable, el quejoso sí cuenta con interés jurídico para reclamar las infracciones de tránsito contenidas en la boleta con número de folio ******************** de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, pues está dirigida a él, como responsable de dicha infracción. Además, el suscrito considera que en el juicio constitucional no es necesario acreditar la propiedad del vehículo que conducía, pues no se reclama algún derecho relacionado con el ejercicio de la propiedad o posesión, sino que la materia del reclamo se centra en determinar si la boleta de infracción cumple o no los requisitos de legalidad y seguridad jurídica que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución. En ese panorama, no se actualiza la causa de improcedencia que invoca el Consejero Jurídico en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán. Por otra parte, de oficio se advierte que actualiza una diversa causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el 108, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo, respecto el acto reclamado a la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. En efecto, las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé el artículo 61, no son las únicas hipótesis que la generan, sino que existen otras causas, previstas en algunos de los preceptos de la propia Ley de Amparo Al respecto, las fracciones III y VII del artículo 108 de la Ley de Amparo establecen los requisitos que deben contener la demanda de amparo; tratándose de amparo contra leyes en los que se reclama el refrendo de una norma general, dichos requisitos constituyen un presupuesto de procedencia. Así, en los supuestos en que se reclame la inconstitucionalidad de una norma general, y se señale como autoridades responsables aquéllas que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en la publicación de la norma general, las aludidas porciones normativas arrojan a la parte quejosa la carga de formular conceptos de violación exclusivos para demostrar la inconstitucionalidad de esos actos, es decir, que los ataque por vicios propios. Lo anterior, con base en la jurisprudencia 2010098, emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, de contenido siguiente: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. LA IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR NO HABERSE IMPUGNADO POR VICIOS PROPIOS EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS ES NOTORIA Y MANIFIESTA, LO QUE PROVOCA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA DEMANDA. La causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo, tocante a los actos consistentes en el refrendo y la publicación de una norma general que no hayan sido combatidos por vicios propios, y respecto de los cuales no exista causa de pedir ni proceda la suplencia de la queja deficiente, es notoria y manifiesta y, por ende, provoca el desechamiento de la demanda de amparo. Lo anterior, porque es una cuestión que debe resolverse a partir del estudio integral de la demanda, en términos del artículo 112 de la Ley de Amparo, al tratarse de una mera constatación de existencia de un requisito que debe cumplir el escrito inicial, es decir, de alegaciones que controviertan la presunción de la constitucionalidad de aquellos actos, lo cual no podrá cambiar con la tramitación del procedimiento federal, porque al ser normas generales, su conocimiento se advierte desde su publicación en el Periódico Oficial respectivo y no con la rendición del informe con justificación". En suma, cuando se reclama la inconstitucionalidad del refrendo de las normas generales, existe la obligación de hacer valer conceptos de violación, salvo que se actualice la suplencia de la queja. Ahora, en el caso, dado que se impugna el refrendo del Decreto Número 421 en el que se expidió el Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, el cual contiene los diversos dispositivos que se aplicaron en una boleta de infracción en materia de tránsito, lo cual se atribuyó a la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, sin embargo, de la demanda de amparo se advierte que no se hicieron valer conceptos de violación contra tales actos, exclusivamente por lo que a ese acto respecta. En consecuencia, debe considerarse improcedente el juicio de amparo. Por todo lo anterior, la impugnación no colma el requisito previsto en las fracciones III y VIII del artículo 108 de la Ley de Amparo, y al no operar la suplencia de la queja, se actualiza la causa de improcedencia analizada, de ahí que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, en relación con los actos ya precisados, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo. En tal virtud, al no advertirse la actualización de alguna diversa causal de improcedencia, se procede al estudio de la constitucionalidad de los artículos 236, fracción II, inciso B) y 120, en relación con los diversos artículos 463, 464, 470, todos del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, y en su caso, de la boleta de infracción con número de folio ******************** de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados En términos del artículo 78 de la Ley de Amparo, el análisis de la materia constitucional se realizará de la siguiente manera: 1) se examinará la constitucionalidad de las normas generales impugnadas, y 2) de ser necesario, se estudiará la boleta de infracción. Además, el análisis del que se habla, se realizará bajo la óptica del estricto derecho, aplicado a los conceptos de violación contenidos en la demanda de amparo. I. Constitucionalidad de las normas generales reclamadas En los conceptos de violación, el quejoso argumenta que los artículos 236, fracción II, inciso b) y 120, en relación con los diversos 463, 464 y 470, todos del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, son contrarios al artículo 16 de la Constitución, ya que no le permiten a los particulares alegar o rendir pruebas de forma previa a que le sea impuesta determinada multa, y además facultan a los Agentes de Tránsito para imponer las sanciones, sin previamente ser escuchados Es infundado dicho concepto de violación, toda vez que las normas reclamadas no vulneran el derecho de audiencia. A fin de demostrar lo anterior, es necesario conocer el contenido de las normas generales impugnadas: "Artículo 120. Todo conductor de vehículo de combustión, hibrido o mixto o eléctrico, tiene la obligación de llevar consigo el permiso o la licencia que lo faculta para aprender a conducir o para conducir. De igual forma, los conductores estarán obligados a presentar y entregar el permiso o la licencia respectiva a los agentes, cuando les sea requerida. Artículo 236. Cuando no existan Dispositivos para el Control del Tránsito y la Vialidad, que señalen otros, los límites de velocidad serán los siguientes: (.) II. Periférico de la Ciudad de Mérida: a) Velocidad máxima, 90 kilómetros por hora y mínima, 70 kilómetros por hora, en el carril central; b) Velocidad máxima, 90 kilómetros por hora y mínima, 70 kilómetros por hora, en el carril izquierdo, y Artículo 463. Las sanciones por infracciones a la Ley y este Reglamento, serán impuestas por el Agente que tenga conocimiento de las conductas infractoras, y se harán constar por cuadruplicado en las boletas autorizadas por la Secretaría, las cuales deberán contener: I. Fundamento Jurídico: a) Artículo que prevé la infracción cometida a la Ley o a este Reglamento, y b) Artículos que establecen la sanción impuesta por las violaciones de la Ley o este Reglamento. II. Motivación: a) Día, hora, lugar, y breve descripción de la conducta infractora; b) Nombre y domicilio del infractor, salvo que éste no se encuentre presente o no los proporcione; c) Placas de circulación o, en su caso, número de permiso para circular; d) Número y tipo (sic) permiso o licencia de conducir o, en su caso, del permiso para aprender a conducir, y e) Nombre, número de placa, adscripción y firma del Agente que impuso la sanción. Cuando se trate de varias infracciones cometidas por un mismo Conductor, el Agente las asentará en la boleta respectiva, precisando la sanción que corresponda a cada una de ellas. Artículo 464. El original de la boleta de infracción se le entregará al infractor, documento que le servirá para pagar el importe de la multa correspondiente o, en su caso, para interponer el recurso de revisión, en los términos de este Reglamento. De las otras copias de la boleta de infracción, dos se remitirán a la Secretaría de Hacienda del Estado y una para la Secretaría. Artículo 470. La contravención a las disposiciones de la Ley y este Reglamento, serán sancionadas en la forma establecida en la tabla de sanciones del Catálogo de Infracciones del Anexo I de este Reglamento." Los preceptos citados conforman el sistema normativo que faculta a los agentes adscritos a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, para imponer sanciones a los conductores que no cumplan con las normas de tránsito vehicular, entre las cuales se encuentra las de conducir excediendo al velocidad máxima permitida en el carril izquierdo del periférico de la ciudad y circular sin el permiso o la licencia de conducir correspondiente. Precisado lo anterior, el punto central del reclamo consiste en determinar si el sistema normativo vulnera el derecho de audiencia, lo cual, como se anunció, no es así, ya que la boleta de infracción de tránsito son actos administrativos definitivos, respecto de los cuales el derecho de audiencia es garantizado mediante la oportunidad de recurrir la sanción impuesta. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos precedentes que el derecho de audiencia, reconocido en el párrafo segundo del artículo 14 constitucional, no es de carácter absoluto, sino que existen supuestos en los que por la naturaleza de la actividad administrativa y su impacto en la esfera jurídica de los particulares, el derecho fundamental de ser oído y vencido en juicio, puede otorgarse con posterioridad a la emisión del acto de autoridad correspondiente. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 62/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital 161557, cuyo rubro y texto siguiente: "MULTAS FISCALES. TRATÁNDOSE DE LAS IMPUESTAS POR EL INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES TRIBUTARIAS, TANTO FORMALES COMO SUSTANTIVAS, NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Tratándose de las multas fiscales impuestas por la comisión de infracciones vinculadas directamente tanto con la obligación de pagar las contribuciones que el Estado impone de manera imperativa y unilateral (obligaciones sustantivas), como con la relativa a los medios de control en la recaudación, cuyo objeto es facilitar la gestión tributaria (obligaciones formales), no rige la garantía de previa audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que los particulares pueden ser escuchados en su defensa con posterioridad al acto de autoridad. Lo anterior es así, pues conforme a las ejecutorias emitidas por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de las que derivó la jurisprudencia 110, publicada en la página 141 del Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el rubro: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. EN MATERIA IMPOSITIVA, NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA.", la referida excepción se justifica porque la facultad económica coactiva constituye una atribución del fisco que le permite hacer efectivos los créditos a favor de la hacienda pública, por lo cual, la subsistencia del Estado y sus instituciones debe prevalecer frente al derecho de los particulares a ser escuchados antes del acto de autoridad, máxime que éste puede impugnarse mediante los recursos y juicios procedentes. De ahí que si las multas fiscales son actos derivados de la mencionada facultad económica estatal, la garantía de audiencia se respeta si con posterioridad a la cuantificación de la sanción los contribuyentes son escuchados en su defensa, lo cual se cumple en tanto que tienen un plazo de cuarenta y cinco días para promover el recurso de revocación ante la misma autoridad, o el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, para desvirtuar los hechos que se les imputan como omitidos (la contribución o la formalidad exigida) antes de que inicie el procedimiento administrativo de ejecución." Criterio que resulta aplicable al ejercicio de la potestad sancionadora de la administración pública establecida en el artículo 21, párrafo cuarto, constitucional, que versa sobre la aplicación de sanciones por infracción a los reglamentos gubernativos y de policía, penas que únicamente pueden consistir en multa, arresto hasta por treinta y seis horas o trabajo a favor de la comunidad, dado el carácter ejecutorio de esas determinaciones, en tanto que imponen deberes y restricciones a los particulares, que deben hacerse efectivos aun contra su voluntad. En ese tenor, tratándose de la determinación de infracciones a los reglamentos de tránsito de vehículos e imposición de las sanciones correspondientes, no necesariamente debe regir el derecho de audiencia previa, por lo que el afectado puede ser escuchado en su defensa con posterioridad a la emisión del acto de autoridad. En ese sentido, los artículos reclamados que regulan la facultad de los Agentes de Tránsito para imponer sanciones cuando adviertan una violación a las reglas de circulación vehicular, no infringen el derecho de audiencia previa reconocido por el artículo 14 de la Constitución Federal, porque se trata de actos administrativos definitivos que se agotan en un momento, por lo que no es posible obligar a la autoridad, a tener que instaurar, en todos los casos, un procedimiento previo, lo que incluso no sería acorde con la naturaleza ejecutoria de esos actos administrativos. Además, la necesidad jurídica de que la audiencia sea previa al acto de autoridad, se presenta cuando éste es privativo de las propiedades, posesiones o derechos del particular, característica que no se da en la aplicación de infracciones de tránsito, ni siquiera la determinación de imponer multas. En estos casos, basta con que posteriormente, se le dé oportunidad de defensa, requisito con el cual cumple el Reglamento de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, ya que en el artículo 482 reconoce la procedencia del recurso de revisión contra las sanciones que se impongan con motivo de las violaciones al reglamento. Así, ante lo infundado del concepto de violación, es que debe negarse la protección constitucional a ********************, contra actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, consistente en los artículos 236, fracción II, inciso b) y 120, en relación con los diversos 463, 464 y 470, todos del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Es aplicable por su sentido jurídico, la jurisprudencia PC.VI.A. J/3 A (10a.) sustentada por el Pleno en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto: "RESPONSABILIDAD SOLIDARIA DEL PROPIETARIO DEL VEHÍCULO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 58 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE VIALIDAD PARA EL ESTADO DE PUEBLA, CON MOTIVO DE LA MULTA POR INFRACCIONES DE TRÁNSITO. AUNQUE IMPLICA UN ACTO PRIVATIVO, NO REQUIERE SE LE CONCEDA AUDIENCIA PREVIA A SU IMPOSICIÓN. Esta norma general dispone que tratándose de infracciones captadas por cualquier dispositivo o medio tecnológico, el propietario del vehículo con que se comete es responsable solidario para efectos del cobro de la falta. Sin embargo, a pesar de tratarse de un acto privativo, dado que queda obligado y debe responder con su patrimonio, no resulta exigible que la prerrogativa fundamental de audiencia se le otorgue en forma previa, porque de supeditarse la recaudación del ingreso respectivo a que previamente se le escuche, se causaría una afectación al Estado, dado que la obligación garantizada tiene la naturaleza de un aprovechamiento y, como tal, es un ingreso ordinario e integra la hacienda pública, según el Código Fiscal de esa misma entidad federativa. Además, la posibilidad de desahogar una fase previa, en que se dirima el punto jurídico relativo a la responsabilidad solidaria, operaría en detrimento de la eficacia de las diversas normas que sancionan las faltas y transgresiones a las disposiciones de la Ley de Vialidad y su Reglamento, lo que afectaría al interés colectivo, que se ve beneficiado con la seguridad en el tránsito y vialidad que dichas disposiciones buscan preservar. Así, basta con que, posterior a tenerlo con ese carácter, se le dé oportunidad de defensa, como se regula de manera sistemática en ese propio precepto y otros del mismo ordenamiento." II. Estudio de la constitucionalidad de la boleta de infracción Con relación a la boleta de infracción ******************** de fecha veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, la parte peticionaria del amparo arguye en su segundo concepto de violación que se vulnera su derecho humano de legalidad reconocido en el artículo 16 de la Constitución al carecer de fundamentación y motivación. Sostiene lo anterior, ya que la razón que justificó la infracción fue que la quejosa excedió los límites de velocidad permitidos en el periférico de esta ciudad, al conducir el vehículo en el que viajaba, así como al no contar con su permiso o licencia correspondiente; no obstante, el oficial de tránsito le impuso las multas máximas sin exponer las razones que justificaran esas sanciones Es fundado el concepto de violación, y suficiente para conceder la protección constitucional, toda vez que, en la boleta de infracción reclamada, la responsable no apuntó las razones que la condujeron a imponer la multa máxima que establece el Catálogo de Infracciones del Anexo I, Grupo 3-B y Grupo 2-D, a que hace alusión el artículo 470 del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. En efecto, el artículo 16, primer párrafo, de la Norma Suprema, reconoce la garantía de legalidad como herramienta para salvaguardar los bienes jurídicos del gobernado, frente al acto de autoridad; en esencia, consiste en que las autoridades están obligadas a expresar en sus actos, el fundamento legal y las razones que los motivan; es decir, todo acto de autoridad que implique molestia en la esfera de derechos del gobernado debe estar apoyado en las disposiciones legales aplicables, y expresar las razones que así lo justifiquen. En el sistema jurídico mexicano, tradicionalmente, la fundamentación de un acto de autoridad consiste en la cita del precepto legal aplicable al caso concreto. La motivación reside en el razonamiento contenido en el mismo acto de autoridad, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige está ajustado exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Al respecto es ilustrativa la jurisprudencia con número de registro digital 238212, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Acorde a la Norma Suprema, los artículos 13, fracción I, y 463, del reglamento vial del Estado de Yucatán, establecen la facultad de los agentes de tránsito para prevenir y sancionar las infracciones viales, así como requisitos de validez que deben observarse para la emisión de la boleta de infracción que contenga una sanción en materia de tránsito. Por su parte, el artículo 451 del citado reglamento de tránsito, dispone la forma en que serán calificadas las infracciones de tránsito para determinar la cuantía de multa. Establece que las infracciones leves serán sancionadas con multa de uno hasta quince unidades de medida y actualización; las graves con multas de dieciséis a cincuenta y seis unidades de medida y actualización; y las muy graves, de noventa a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en el Catálogo de Sanciones, previsto en el Anexo I del Reglamento. Asimismo, dispone que la cuantía de la multa se determina aplicando la cantidad en pesos que corresponda, a una unidad de medida y actualización, al día de la comisión de la infracción, multiplicada por el número de días fijado en el Catálogo de Sanciones. Respecto al monto de la multa, establece que los parámetros para fijar la cuantía son: Si un conductor contraviene una disposición de tránsito o vialidad por vez primera, y no contraviene algunas de las disposiciones previstas en la fracción IV del artículo 449 del Reglamento, se le podrá aplicar el monto mínimo previsto para esa conducta en el Catálogo de Sanciones. Si el conductor contraviene por segunda ocasión la misma disposición de tránsito o vialidad de un nivel de la clasificación, señalada en el artículo 444 del reglamento, y además, contraviene alguna de las disposiciones, establecidas en las fracción IV del artículo 449 del reglamento, se le podrá aplicar el monto que resulte de dividir entre dos, la suma de la sanción mínima y máxima correspondiente. En el caso de que un conductor contravenga por tercera ocasión la misma disposición de tránsito o vialidad de un nivel de la clasificación, señalada en el artículo 444 del reglamento, y contravenga lo dispuesto en la fracción IV del artículo 449 del propio reglamento, se le podrá aplicar el monto máximo que corresponda a la infracción. En todos los casos señalados, la autoridad competente podrá aplicar multas diversas a la mínima, media y máxima, conforme a las circunstancias particulares del hecho o accidente de tránsito, pero no deberá rebasar el parámetro de clasificación de la infracción que corresponda a la misma. Ahora, del análisis de las constancias allegadas al juicio de amparo, se obtiene que la agente de tránsito suscribió la boleta de infracción reclamada, porque consideró que se infringieron los artículos 120 y 236, fracción II, inciso b), del reglamento de tránsito de esta entidad federativa, ya que el aquí quejoso condujo un vehículo excediendo los límites de velocidad permitidos en el periférico de esta ciudad y sin su permiso o licencia correspondiente. Asimismo, indicó que la infracción de tránsito era sancionada con multa en términos del artículo 470, en relación con el catálogo de Infracciones del Anexo I, Grupos 2-D y 3-B, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, por lo que impuso multas de diecinueve y veinticinco unidades de medida y actualización por las infracciones antes descritas. La actuación del oficial de tránsito vulnera la garantía de legalidad, ya que el Anexo I, Grupos 2-D y 3-B, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, dispone que las multas oscilan entre 13 a 15 (por conducir sin permiso o licencia) y 19 a 25 (por exceder los límites de velocidad o transitar a velocidad inferior en el carril izquierdo de periférico) unidades de medida y actualización. Sin embargo, en ninguna parte de la boleta de infracción reclamada, expresó los motivos y razones que tomó en consideración para imponer el monto máximo que prevé el Anexo I, Grupos 2-D y 3-B, del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán. Así, en lo relativo a la individualización de la sanción impuesta, la autoridad responsable no colmó los requisitos formales de fundamentación y motivación, lo que provoca incertidumbre jurídica en el gobernado, pues el vicio formal detectado le impide conocer los preceptos legales en los cuales dicha autoridad apoyó su actuación, así como las razones, motivos y elementos que consideró para graduar la multa, situación que incuestionablemente constituye una violación al principio de legalidad que consagra el artículo 16 del Pacto Federal. Es así, pues como se precisó, la norma constitucional invocada impone a todas las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, lo que se traduce en que se deben expresar los fundamentos de derecho y los motivos de hecho que sean considerados para su dictado; además debe existir siempre adecuación entre unos y otros, todo lo anterior con la finalidad de que el gobernado conozca los hechos que se le atribuyen, así como la ley aplicada por la autoridad para emitir en su contra el acto de molestia, para el efecto de que esté en posibilidad de impugnarlo si considera que la cita y aplicación de dichos fundamentos fueron incorrectos, o bien, que los hechos no fueron acordes con la motivación citada. De modo que al no cumplir con la exigencia que impone el numeral en comento, la autoridad responsable violentó el derecho fundamental de legalidad en perjuicio de la parte quejosa, al emitir un acto que no está fundado y motivado en cuanto a la individualización de la sanción impuesta, en esa medida, es fundado el concepto de violación aducido, por lo que debe concederse el amparo solicitado para los efectos que se precisarán en el considerando siguiente. En ese contexto, es evidente la autoridad responsable transgredió en perjuicio de la parte quejosa el principio de legalidad establecido en el numeral 16 de la Carta Magna, pues al realizar la determinación de la cuantía de la multa no expresó motivo que justificara la imposición de la cuantía máxima, ya que no motivó la individualización de la multa impuesta. Apoya lo considerado, la tesis con número registro digital 239651, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: MULTAS. SU IMPOSICIÓN DEBE FUNDARSE Y MOTIVARSE DE MANERA INDIVIDUALIZADA, PRUDENTE Y ADECUADA. NOVENO. Efectos de la protección constitucional El artículo 124, último párrafo, de la Ley de Amparo, establece una regla especial relativa a la forma en que debe analizarse en la sentencia definitiva el acto reclamado en los asuntos del orden administrativo, atinente a que deben considerarse la fundamentación y motivación que, en su caso, haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado para complementar aquél en esos aspectos, en términos de último párrafo del artículo 117. Por tanto, si a pesar de esa complementación persiste la falta o insuficiencia de dichos requisitos formales, el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración; conclusión a la que se arriba del análisis integral tanto de los artículos 117 y 124 de la propia ley, así como del proceso legislativo que les dio origen. En ese orden de ideas, en la especie, el quejoso promovió la demanda de amparo aduciendo falta de fundamentación y motivación de la boleta de infracción, la cual resultó ilegal en virtud de que la autoridad responsable no justificó su actuación. En ese contexto, resulta importante puntualizar que de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable no podrá subsanar los vicios formales advertidos que llevaron a conceder el amparo (fundamentación y motivación), pues ante la falta de complementación de esos aspectos en el informe justificado, debe considerarse que dicho acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 23/2015 (10a.), con número de registro digital 2008753, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS. EL SUPUESTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, SÓLO SE ACTUALIZA RESPECTO DE LOS EMITIDOS EN FORMA UNILATERAL. La porción normativa que establece: "En los asuntos del orden administrativo, en la sentencia se analizará el acto reclamado considerando la fundamentación y motivación que para complementarlo haya expresado la autoridad responsable en el informe justificado. Ante la falta o insuficiencia de aquéllas, en la sentencia concesoria se estimará que el referido acto presenta un vicio de fondo que impide a la autoridad su reiteración.", debe entenderse referida exclusivamente a los actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos, toda vez que cualquier acto administrativo, que recae a una solicitud de parte interesada, o bien, al ejercicio de un derecho de acceso a la información, de acceso a la justicia y de audiencia y defensa, invariablemente -de considerar que contiene un vicio que lo torna inconstitucional- debe subsanarse (a través de un nuevo acto) en la parte que corresponde a la afectación del derecho relativo, pues de lo contrario, quedaría inaudita la violación alegada bajo el argumento de que la autoridad responsable, al rendir su informe de ley, no complementó la fundamentación y motivación del acto reclamado y que, por tanto, existe "un impedimento para reiterarlo", lo que no es acorde con el objetivo del juicio de amparo de restituir al gobernado en el pleno goce del derecho violado y obligar a la autoridad responsable a respetarlo." En las relatadas condiciones, con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, se impone conceder la protección constitucional para el efecto de que la Agente adscrita a la Subsecretaría de Servicios Viales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán realice lo siguiente: i. Deje insubsistente la boleta de infracción de folio ********************, de veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. ii. Únicamente en caso de que la parte quejosa haya realizado el pago de la multa impuesta, gestione su devolución. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán y la Secretaría General de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán, por las razones expresadas en los considerandos tercero y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal no ampara ni protege a ********************, contra actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, consistente en los artículos 236, fracción II, inciso b) y 120, en relación con los diversos 463, 464 y 470, todos del Reglamento de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado de Yucatán, por los motivos referidos en el considerando octavo, apartado I, de este fallo. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra la responsable ********************, Agente adscrita a la Subsecretaría de Servicios Viales de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por la razón señalada en el considerando octavo, apartado II, de esta sentencia, para los efectos indicados en el diverso considerando noveno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se declararon inhábiles los días diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Asimismo, se advierte que los días uno, dos y tres de noviembre de dos mil veintitrés fueron declarados inhábiles, de conformidad a lo establecido en la Circular 12/2023 de ocho de marzo de dos mil veintitrés emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal En virtud de lo anterior, y vista la certificación secretarial que antecede, resulta evidente que se encuentra transcurriendo el término previsto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, en relación con la vista dada a las partes en proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, con el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija para su desahogo las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, junto con el anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicha documentación y hágase relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. En tal virtud, para dar margen a que las partes se impongan del contenido de dicho informe y anexo, de conformidad con lo establecido en el citado numeral, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL OCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos los informes justificados rendidos por el Director General Jurídico y de Gobierno de la Secretaría General de Gobierno del Estado y el Consejero Jurídico del Gobierno del Estado en representación del Gobernador, con residencia en esta ciudad, y anexos que acompañan, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicha documentación y hágase relación de la misma al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, ténganse como domicilio de las autoridades responsables para oír y recibir notificaciones, los señalados en sus informes de cuenta, y como delegados en términos del artículo 9, de la Ley de Amparo, a las personas que menciona en los mismos. NOTIFÍQUESE.
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