Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra
Expediente 121/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 33 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 33
- Última actuación
- 24/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 33.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Colegiado solicita acuse. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual solicita se acuse recibo de su oficio 207/2021 emitido en el incidente de inejecución de sentencia penal 3/2020, por tanto, como lo solicita la autoridad oficiante y como está ordenado mediante proveído de catorce de octubre del actual, procédase a realizar la notificación del oficio 22424/2021 dirigido al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito mediante el cual se acusa recibo del oficio 207/2021 precisado, lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado remite testimonios. Agréguense a los autos los oficios 207/2021 y 208/2021 signados por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante los cuales devuelve los autos del juicio de amparo 121/2018-VI y remite testimonio de las ejecutorias de fecha treinta de septiembre del año en curso, pronunciadas en los autos del recurso de inconformidad 10/2021 y en el incidente de inejecución de sentencia penal 3/2020, los cuales se declararon infundados. Acúsese el recibo de estilo correspondiente y glósense los expedientillos que se formaron con motivo de su remisión. Se ordena Archivo. En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino del expediente. En virtud de que se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es depurable; por lo que transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído, deberá procederse a su depuración, para lo cual solo deberá conservarse la demanda de amparo, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio y la resolución que le otorgó la autoridad de cosa juzgada, así como el acuerdo por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria y el presente acuerdo. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado. Existencia de documentos. No se omite señalar que en el presente asunto no obran documentos de los catalogados como originales y no originales; aportados por la parte quejosa. ( Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Se informa cambio de Titular. Finalmente, agréguese a los autos la copia del oficio SEADS/814/2021, por medio del cual el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, informó que el pleno del citado órgano, en sesión celebrada el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, determinó la readscripción de la suscrita, como titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, a partir del uno de octubre de dos mil veintiuno; por tanto, atento a lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Amparo, hágase saber lo anterior a las partes, para su conocimiento y efectos legales a que haya lugar. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables.
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Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. Acusa recibo. Agréguese a sus autos el correo electrónico del Jefe del Departamento de la Dirección General de Derechos Humanos Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual acusa recibo del oficio 19418/2021, por el que se comunicó el acuerdo dictado el veinte de septiembre del año en curso, y se proporcionó la información solicitada; lo anterior para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
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Apizaco, Tlaxcala, veinte de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y en cumplimiento al diverso acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, se atiende la petición relativa a la comunicación individual 3996/2021, presentada ante el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Comité) en nombre de *****************formulada por la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, en los siguientes términos: 1. Antecedentes, desarrollo procesal y estado actual del juicio de amparo indirecto de mérito, así como los relativos en su caso, de los recursos interpuestos en la secuela procesal o contra las sentencias que se hubieran emitido. Al respecto debe señalarse que los antecedentes del juicio de amparo 121/2018 se consultan del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), debido a que el expediente de origen, se encuentra en el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con motivo del recurso de inconformidad 10/2021 interpuesto por Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra por conducto de su autorizada en términos amplios, contra el auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por cumplido el fallo protector. El presente juicio de amparo fue promovido mediante escrito presentado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y remitido por razón de turno, a este juzgado de Distrito el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, en el que Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: "[.] III. AUTORIDAD RESPONSABLE ÚNICA.- La Lic. Denisse Geoge González y el Lic. Natividad Israel Pérez Corona, ambos Agentes del Ministerio Público a cargo de la averiguación previa AP 218/2004/TLAX-2 y su acumulada AP 602/2012/TLAX-2, adscritos a la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala. IV. ACTO RECLAMADO ÚNICO.- Señalo como acto reclamado la omisión de resolver en definitiva la averiguación previa AP 218/2004/TLAX-2 y su acumulada AP 602/2012/TLAX-2, a pesar de que ha transcurrido en exceso el plazo razonable para que la C. Agente del Ministerio Público adscrita a la Agencia Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos de la Dirección de Averiguaciones Previas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, realizara las investigaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados y resolviera en definitiva la indagatoria señalada, máxime que hasta la fecha han sido desahogadas las diligencias necesarias para la comprobación del cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad los inculpados [.]" Mediante proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho, se radicó la demanda de amparo bajo el número 121/2018 y se previno al quejoso a fin de que dentro del término de cinco días, narrara los antecedentes del acto reclamado. Por escrito registrado con el número 3116 signado por Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, se dio cumplimiento a la prevención, por lo que este autoridad procedió a admitir la demanda de amparo mediante auto de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, se solicitaron informes a las autoridades responsables, se señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional y se dio vista al Agente del Ministerio Público. En fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho, se difirió la audiencia constitucional señalada, en virtud de que no se contaba con el acuse de recibo de la autoridad responsable, señalándose como nueva fecha de celebración las nueve horas con veinticuatro minutos del nueve de abril de dos mil dieciocho. Mediante oficio registrado con el número 4406, la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS RELACIONADOS CON SERVIDORES PÚBLICOS; rindió su informe justificado, adjuntando al mismo original de la averiguación previa número 218/2004/TLAX-2, constante de seis tomos, copia certificada de la queja CEDHT/223/2004-1, constante de tres tomos y copia certificada de la causa penal 95/2002-II constante de quince tomos. Llegada la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, el nueve de abril de dos mil dieciocho, se ordena su diferimiento en razón de que se encuentra transcurriendo el término para que las partes se impongan del contenido del informe rendido por la autoridad responsable. En fecha dos de mayo de dos mil dieciocho, al encontrarse debidamente integrado el presente juicio de amparo se lleva a cabo la celebración de la audiencia constitucional. Procediéndose a dictar sentencia el veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en los siguientes términos: ".R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en términos del último considerando de la misma. SEGUNDO . Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales..." Inconforme con la sentencia dictada, mediante pedimento 286/2018 signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. De igual forma, por oficio registrado con el número 8728, la autoridad responsable Agente del Ministerio, Adscrito al Departamento del Delito de la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el expediente en que se actúa. Mediante oficios 21514/2018 y 34093/2018, se procedió a remitir al Presidente del Tribunal Colegiado en turno, del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, los recursos interpuestos por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de Tlaxcala y la autoridad responsable Agente del Ministerio, Adscrito al Departamento del Delito de la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, para la substanciación de los mismo, adjuntando para tal efecto las constancias correspondientes. Por proveídos de veinticinco de junio y diez de octubre de dos mil dieciocho, se tuvieron por admitidos los recursos de revisión interpuestos, tocando conocer de éstos al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en el Estado de Tlaxcala, quedando radicados bajo el número 210/2018, de su índice. Por oficio 1312, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho y recibido el veintiséis siguiente, se remitió el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el toca de revisión número R-210/2018, por la que se revoca la sentencia recurrida, ordenándose la reposición del procedimiento; procediéndose el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho a señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional precisando que se debía levantar el acta respectiva en la que se hiciera constar tanto la firma del Juez como de la secretaria o secretario que intervenga dando fe. En fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, se acordó el diferimiento de la audiencia constitucional en virtud de que se requirió al quejoso para que en el término de tres días, precisara el domicilio de los terceros interesados (inculpados en la averiguación previa generadora del acto reclamado) a fin de que pudieran ser emplazados al juicio. El veintitrés de enero de dos mil diecinueve, nuevamente se ordena diferir la audiencia constitucional señalada para esa fecha, en razón de que no se había logrado el emplazamiento de los terceros interesados, volviéndose a requerir a la parte quejosa. Por auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, se tuvo al quejoso señalando como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Víctor Alonso del Pozo Rodríguez y José Gerardo Salinas Camarena; asimismo, se precisó que por cuanto hace a los terceros interesados no ha lugar a llamarlos al presente juicio en razón de que no se ubicaban en la hipótesis contenida en el artículo 5° fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo. En fecha dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, se procedió a la celebración de la audiencia constitucional. Mediante sentencia terminada de dictar el cuatro de abril de dos mil diecinueve, este Juzgado resuelve lo siguiente: ".PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, contra el acto reclamado al Agente del Ministerio Público, de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en términos del último considerando de la misma. SEGUNDO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales..." Inconforme con la resolución, mediante pedimento 371/2019, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de Tlaxcala, interpone recurso de revisión. De igual forma, mediante oficio registrado con el número 5711, signado por la Agente del Ministerio, Adscrito al Departamento del Delito de la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo. Por lo que, en auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, se remitieron los medios de impugnación al Presidente del Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Octavo Circuito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, a fin de que procediera conforme a sus atribuciones. En proveído de ocho de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo a la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, informando que se admitió el recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio, Adscrito al Departamento del Delito de la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, quedando registrado bajo el número 148/2019 de su índice; asimismo, señaló que se desechó el recurso de revisión por lo que hace al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de Tlaxcala. Por auto de dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, la Actuaria Judicial adscrita al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, comunicó que causó estado el auto de seis de mayo del mismo año, dictado dentro del amparo en revisión 148/2019, por el que se desechó el recurso de revisión interpuesto por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo en el Estado de Tlaxcala. Mediante oficio 282/2020 signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, remitió el testimonio de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión número 148/2019, en la que los Magistrado integrantes del citado Tribunal resolvieron: "PRIMERO.- Se confirma la sentencia sujeta impugnada. SEGUNDO.- La justicia de la Unión ampara y protege a Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, en contra del acto reclamado y la autoridad responsable precisada en la sentencia sujeta a revisión." Para los efectos siguientes: "para que el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos relacionados con Servidores Públicos, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el término de treinta días determine sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa 218/2004/TLAX-2 y su acumulada 602/2012/TLAX-2, de su índice, en el entendido de que si existieren medios de prueba pendientes por desahogar, lo deberá realizar dentro del término concedido, el cual se estima prudente para proveer la práctica de cualquier diligencia si se toma en cuenta que se le permite recabar en general cualquier prueba que le resulte y estime de utilidad." Por lo que, mediante proveído de diecisiete de agosto de dos mil veinte, se requirió a la autoridad responsable Agente del Ministerio, Adscrito al Departamento del Delito de la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, el cumplimiento de dicha ejecutoria. Mediante auto de veintiuno de agosto de dos mil veinte, se ordenó devolver las constancias que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado. El nueve de septiembre de dos mil veinte, se autorizó al representante del quejoso Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, la consulta del expediente electrónico, las notificaciones electrónicas y la presentación de promociones por medios electrónico; asimismo, se le tuvo proporcionando correo electrónico y número telefónico, para ser localizado. El veintiocho de septiembre de dos mil veinte, mediante escrito registrado con el número 6971, se tuvo a la parte quejosa a través de su autorizado Federico Manuel Rodríguez Paniagua, promoviendo incidente de inejecución de sentencia, en atención a que la responsable a esa fecha no había informado sobre el cumplimiento del fallo protector; por lo que, se procedió a remitir al Tribunal Colegiado en Turno del Vigésimo Circuito, dicho incidente y se requirió nuevamente a la autoridad responsable a fin de que informara respecto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por auto de cinco de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la responsable Agente del Ministerio, Adscrito al Departamento del Delito de la Unidad Especializada para la Atención de los Delitos Relacionados con Servidores Públicos, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, manifestando acatar el requerimiento contenido en auto de diecisiete de agosto de dos mil veinte, esto es, respecto al cumplimiento a la ejecutoria de amparo y a efecto de acreditar lo anterior, remitió copia de la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veinte y oficio de treinta de septiembre del mismo año, emitidos dentro de la Averiguación Previa 218/2004/TLAX-2 y su acumulada 602/2012/TLAX-2, mediante el cual se solicita autorización para el no ejercicio de la acción penal; por lo que se procedió a dar vista con el cumplimiento de la autoridad responsable. En proveído de catorce de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la parte quejosa desahogando la vista ordenada en auto de cinco de octubre del mismo año, asimismo, se tuvo al Actuario del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito informando que admitió a trámite el Incidente de Inejecución de Sentencia, radicándose con el número 3/2020 del índice de dicho Tribunal; de igual forma, se ordenó remitir a dicho Tribunal copia certificada de la determinación de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, emitida en la averiguación previa 218/2004/TLAX-2. Mediante oficio 94/2021-III-A signado por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, recibido en este órgano jurisdiccional el seis de abril de dos mil veintiuno, se remitieron los autos originales del juicio de amparo 121/2018, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en el recurso de reclamación 12/2020. En treinta de abril de dos mil veintiuno, se declaró el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante escrito del quejoso registrado con el número 60001, se tuvo por nombrados como autorizados en términos amplios a los profesionistas Verónica Vázquez Mata, Mariana Guadalupe Dominguez Flores, Jhann Paul Villafuerte Rodríguez, Miguel Ángel Alcaraz Ceballos, Ana Luz Manzano Ortiz y Yocelin Gutiérrez Montoya, solicitó la consulta del expediente electrónico, notificación electrónica y revocó los nombramientos hechos con anterioridad. Inconforme con la determinación dictada respecto al cumplimiento de la sentencia, con fecha veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, el quejoso Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, interpuso recurso de inconformidad, remitiéndose para tal efecto los autos del expediente 121/2018 al Presidente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en Turno, en fecha dieciséis de junio del año en curso, para su substanciación. Mediante oficio 958/2021, el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, informó que fue admitido el recurso de inconformidad registrado con el número 10/2021, de su índice. 2. Síntesis de los razonamientos jurídicos relevantes y el sentido de las sentencias emitidas, así como la fecha en que éstas fueron notificadas. El cuatro de abril de dos mil diecinueve, se terminó de dictar sentencia en la que sustancialmente se consideró que es fundado el motivo de inconformidad que expresa el quejoso, porque que ha transcurrido en exceso el término a que se refiere el numeral 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin que el Representante Social responsable, haya emitido la determinación correspondiente, en relación al ejercicio o no de la acción persecutoria, respecto de los hechos denunciados como delitos. Por lo que, al no emitir la determinación correspondiente en la indagatoria de mérito, en estricto acatamiento de los dispositivos 19 y 21 del código penal adjetivo del Estado, se provocó una inactividad procesal que resultó violatoria de los derechos humanos atendiendo las siguientes consideraciones: "[.] En principio debe señalarse que en la especie es aplicable el Código de Procedimientos Penales del Estado de Tlaxcala, en atención a lo que establece el artículo segundo transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales que es del tenor literal siguiente: "Segundo.- Las reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales, al Código Penal Federal, a la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 2, 13, 44 y 49 de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal y los artículos 21 en su fracción X, 50 Bis y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, entrarán en vigor en términos de lo previsto por el Artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014. Los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en el presente Decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen." Así el dispositivo 21 Constitucional, como los diversos numerales 19, 21 y 23 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala, vigente al momento de la presentación de la denuncia establecen: (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) "[.] Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato.". (Código de Procedimientos Penales para el Estado de Tlaxcala) "[.] ARTICULO 19. Si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservara el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto se ordenara a la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos. La reserva de la averiguación previa, no excederá de la mitad del término para la prescripción de la acción penal del delito de que se trate. En todo caso, transcurrido el término a que se refiere la última parte del párrafo anterior, el ministerio público le dará vista al agraviado, por un término de quince días para que manifieste lo que a su interés convenga y en caso de que no lo haga ordenara la reserva de la averiguación previa hasta que transcurra el termino para la prescripción, vencido el cual se mandara al archivo en definitiva. [.]". "[.] Artículo 21.- El Ministerio Público, contará con el término de sesenta días naturales para integrar la averiguación previa y proceder al ejercicio de la acción penal pero cuando, en vista de la averiguación previa, el Agente del Ministerio Público respectivo, estimare que no es de ejercitarse la acción penal por los hechos que se hubieren denunciado como delitos, vencido el mencionado término, remitirá el expediente, con su opinión fundada, al Procurador General de Justicia, solicitándole autorización para el no ejercicio de la acción penal y el archivo del expediente. El Procurador, en vista de las constancias respectivas, concederá o no la autorización solicitada. [.]". "[.] Artículo 23.- Tan luego como aparezca de la averiguación previa que se han llenado los requisitos que exige el artículo16 de la Constitución Federal para que pueda procederse a la detención de una persona, se ejercitará la acción penal señalando los hechos delictuosos que la motiven. [.]". De los numerales transcritos se desprende que el Ministerio Público se encuentra facultado para investigar y perseguir los delitos y, que gozará de la acción más amplia para emplear los medios que estime conducentes a efecto de esclarecer los hechos investigados. Ahora bien, de las copias certificadas de la Averiguación Previa 218/2004/TLX-2 y su acumulada 602/2012/TLX-2, del índice de la agencia responsable, se desprende que la misma tuvo origen el veinticinco de febrero de dos mil cuatro, por la probable comisión del delito de abuso de autoridad y otros en agravio de José María Cirilo Ramos Tenorio, Hugo y Oswaldo Rodríguez Salvatierra, Sergio Rodríguez Rosas, Mario Ricardo Antonio Almanza Cerriteño, Jorge Hernández Mora y Marisol Hernández Mora. Ahora bien, de los preceptos antes transcritos se colige, que el representante social está obligado ineludiblemente y constreñido por mandato legal a integrar la averiguación previa; esto es, por una parte, el trámite que el Agente del Ministerio Público correspondiente deberá seguir al momento en que de las diligencias practicadas en una averiguación previa, no se obtengan elementos bastantes para ejercitar la acción penal, y por ende, remitir tales actuaciones al órgano jurisdiccional correspondiente, situación en que deberá reservar el expediente y ordenará que se continúen las investigaciones a efecto de lograr el esclarecimiento de los hechos que se hubieren denunciado o puestos en su conocimiento como delitos, fijando el término máximo que podrán permanecer los autos en tal etapa; y por otra, se advierte que el fiscal cuenta con el plazo de sesenta días naturales para integrar la averiguación previa de que se trate, y una vez vencido el término antes mencionado, proceder a dictar la determinación correspondiente en relación al ejercicio de la acción penal, y para el caso de estimar lo contrario (no ejercicio), remitir el expediente al Procurador General de Justicia del Estado de Tlaxcala, solicitando su autorización para el no ejercicio de la acción persecutoria y el archivo del mismo. Así las cosas, no obstante el tiempo transcurrido desde el auto de radicación de la averiguación previa (25 de febrero de 2004) a la última actuación del Agente responsable, que lo fue el once de septiembre de dos mil diecisiete; y a la fecha en que se recepcionó el informe justificado (veintiuno de marzo de dos mil dieciocho), no consta en autos que dicho responsable se haya pronunciado, en su caso, respecto a la reserva del expediente, de conformidad con lo establecido en el ordinal 19 del código punitivo adjetivo en consulta, traduciéndose con ello en un retardo excesivo en la integración debida de la averiguación previa que nos ocupa, denotando con ello un descuido por cuanto hace a los términos fatales con que cuenta por mandato legal para ejercer sus funciones encomendadas en la integración de la averiguación, procuración y administración de justicia. Desprendiéndose también que ha transcurrido en exceso el término a que se refiere el numeral 21 de la legislación penal en cita, sin que haya emitido el Representante Social responsable, la determinación correspondiente, en relación al ejercicio o no de la acción persecutoria, respecto de los hechos que se hubieren denunciado como delitos, venciendo con ello el término fatal de sesenta días naturales establecido por el numeral en cita. Por lo que, al no emitir la determinación correspondiente en la indagatoria de mérito, en estricto acatamiento de los dispositivos 19 y 21 del código penal adjetivo en consulta, provoca con ello una inactividad procesal que resulta violatoria de los derechos humanos con que cuenta todo ciudadano al poner en conocimiento de la autoridad competente hechos constitutivos de delito, en el que se deben guardar las formalidades del procedimiento establecidas, debiendo en su oportunidad fundar y motivar sus determinaciones conforme a derecho, velando por el respeto a las garantías de todo ciudadano o en su caso del agraviado, pues el órgano persecutor se encuentra facultado para tomar las medidas necesarias y allegarse de todos los elementos necesarios para lograr el esclarecimiento de los hechos. Máxime que, en el particular, la falta de pronunciamiento de la determinación correspondiente en la averiguación previa, afecta la esfera jurídica de la parte quejosa, lo anterior es así, puesto que la deja en estado de incertidumbre e inseguridad jurídica ya que desconoce si la conducta desplegada por los activos se adecua a algún tipo penal establecido en la ley, o si por el contrario, no hay elementos suficientes que acrediten el cuerpo del delito y su presunta responsabilidad en su comisión, lo cual tiene relación directa e inmediata del resultado de la indagatoria en comento. Se afirma lo anterior, en razón de que del cómputo de los días trascurridos entre la fecha en que se realizó la última actuación del Agente responsable (once de septiembre de dos mil diecisiete) a la fecha en que se recibió el informe justificado (veintiuno de marzo de dos mil dieciocho), se advierte que ha transcurrido en exceso los sesenta días naturales que tiene para determinar sobre el ejercicio o no de la acción penal, o en su caso la reserva, respecto de los hechos puestos a su conocimiento. Se insiste que, ante la omisión del Agente responsable, provoca un retardo e indebido en la integración de la averiguación previa que le fue puesta a su conocimiento y a su vez, una abstención de su parte en pronunciarse conforme a derecho sobre los resultados que ha de arrojar la investigación, conforme a derecho, de conformidad a lo previsto por los artículos 19, 21 y 23, del Código de Procedimientos Penales, es decir determinar lo relativo al ejercicio o no ejercicio de la acción penal, o en su caso la reserva, por lo que dicho proceder conlleva a los mismos efectos que los de una resolución en que se determina el no ejercicio de la acción penal y por ende, le depara una inminente incertidumbre e inseguridad al solicitante del amparo. Es aplicable al respecto la jurisprudencia1a./J. 16/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo XIII, Mayo de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DE LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE AQUÉLLA.- (se transcribe)". Así como la diversa Tesis: III.2o.P.137 P, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, Novena Época, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo XXI, Febrero de 2005, Materia Penal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 1618, registro 179410, con rubro y texto siguientes: "ACCIÓN PENAL. ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PROBABLE RESPONSABLE, CONTRA LA ABSTENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PRONUNCIARSE SOBRE SU EJERCICIO O INEJERCICIO. (se transcribe)" Así como la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2001, emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, correspondiente al mes de mayo de 2001, visible a fojas 142, Registro 189683, Novena Época, del tenor literal siguiente: "JUECES DE DISTRITO. ESTÁN FACULTADOS PARA APRECIAR SI HA TRANSCURRIDO UN PLAZO RAZONABLE PARA QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EMITA ALGÚN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DEL EJERCICIO O NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL Y PARA, EN SU CASO, IMPONERLE UNO PARA QUE DICTE LA RESOLUCIÓN QUE CORRESPONDA COMO RESULTADO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. (se transcribe)." En esas condiciones, y al ser fundado el concepto de violación hecho valer, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para que el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada para la Atención de Delitos relacionados con Servidores Públicos, adscrito al Departamento de Investigación del Delito de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en el término de treinta días determine sobre el ejercicio o no ejercicio de la acción penal de la averiguación previa 218/2004/TLAX-2 y su acumulada 602/2012/TLAX-2, de su índice, en el entendido de que si existieren medios de prueba pendientes por desahogar, lo deberá realizar dentro del término concedido, el cual se estima prudente para proveer la práctica de cualquier diligencia si se toma en cuenta que se le permite recabar en general cualquier prueba que le resulte y estime de utilidad. Por último, no pasa desapercibido lo señalado por la responsable en el sentido de que en diversas fechas ha determinado el no ejercicio de la acción penal (dieciocho de junio de dos mil cuatro, dos de octubre de dos mil siete, cinco de noviembre de dos mil ocho, veinticinco de febrero de dos mil nueve y treinta de diciembre de dos mil quince), sin embargo, como se ha dejado precisado, desde el once de septiembre de dos mil diecisiete, el representante social no ha actuado en la indagatoria antes señalada, por lo que deberá ajustarse a los términos y plazos establecidos en los preceptos legales ya transcritos en líneas precedentes. [.]" Dicha sentencia fue notificada al quejoso y a la autoridad responsable el cinco de abril de dos mil diecinueve. 3. Informe si en los expedientes en mención las presuntas víctimas manifestaron violaciones a su derecho de libertad personal derivado de una posible detención arbitraria, violenta y prolongada, así como haber sido víctima de incomunicación y de abuso de autoridad. En su caso, la fecha y las medidas que se hayan tomado al respecto. En su escrito inicial de demanda, el quejoso Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra, refirió que fue víctima de detención arbitraria, violenta y de abuso de autoridad, pues al respecto manifestó lo siguiente: "(.) VI. ANTECEDENTES. l. El 13 de Agosto de 2002, agentes policiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala (PGJET) se trasladaron al Estado de México y al Distrito Federal simulando que actuaban en ejecución de las órdenes de comparecencia. Una vez ahí, en ejercicio excesivo de sus facultades, detuvieron arbitrariamente en distintos lugares y momentos al suscrito, además de los CC. Jorge Hernández Mora, Sergio Rodríguez Rosas, Mario Ricardo Almanza Cerriteño, José María Cirilo Ramos Tenorio y Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra, mientras nos desempeñábamos en nuestras labores cotidianas. Las detenciones se realizaron por agentes vestidos de civiles, quienes no se identificaron y conducían vehículos no oficiales y sin placas. 2. Después de la detención, entre las 10:00 y 12:00 horas del mismo 13 de agosto, los agentes de la policía retuvieron injustificadamente a los suscritos. Lo anterior se hizo a fin de reunir al suscrito y demás detenidos en dos grupos y simular que nuestra detención fue realizada casi simultáneamente como resultado de un operativo planeado en conjunto con la PGR, cuyo sustento jurídico eran las ordenes de comparecencia. 3. De ahí, fuimos llevados a las instalaciones de la PGJET donde fuimos torturados por los mismos agentes policiales que nos detuvieron. La tortura se infringió en distintos episodios que sucedieron entre las 11:00 y las 23:00 horas del 13 de agosto de 2002. La tortura consistió en: simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, golpes, ahogamiento con agua, provocación de desvanecimiento y reanimación para seguir la tortura, introducción de agua gasificada por los conductos nasales, inmovilización por largos periodos de tiempo, insultos y amenazas. 4. Los suplicios a los que fuimos sometidos tenían el mismo objetivo: doblegar nuestra voluntad, agotar nuestra resistencia, admitir nuestra participación en el secuestro de personas que no conocíamos y consolidar una mentira en torno a dos hechos delictivos distintos de secuestro en los cuales ninguno de nosotros participamos. 5. A las 15:00 horas los agentes policiales entregaron partes ministeriales "fabricados". En ellos, los policías sostienen que nos detuvieron para ejecutar la orden de comparecencia y que por ello realizaron una "revisión de rutina" en la que supuestamente encontraron narcóticos, por lo que se nos detuvo con base en la flagrancia. Cabe notar que la PGJET, para "calificar" la detención realizada en flagrancia, asumió la competencia en asistencia de la PGR; después tendría que remitir la averiguación a dicha autoridad, pues es quien cuenta con la competencia legal sobre el tipo de delito que se investigaba. 6. A las 18:00 horas, fuimos exhibidos en una rueda de prensa convocada por la PGJET, donde se nos señaló como miembros de la banda de secuestradores "Los Kempes" y se nos atribuyó la culpabilidad de diversos secuestros cometidos en Tlaxcala. 7. Después de la rueda de prensa, entre las 20:00 y las 23:00 horas, fuimos torturados nuevamente. Fue en ese contexto que se obligó a todos los suscritos a participar en la fabricación de pruebas que la PGJET utilizaría para vinculamos a dos diversas averiguaciones previas. Así pues, todos fuimos forzados a realizar grabaciones de voz fingiendo ser secuestradores. La totalidad de los seis, incluido el suscrito, fuimos presentados en dos diligencias de confrontación cada uno, sin que se nos permitiera nombrar a un defensor y sin contar con defensa de oficio efectiva; tampoco se respetaron las formalidades legales. Todo esto lograría "fabricar" las pruebas que serían utilizadas para incriminar a los suscritos. 8. Durante la noche del 13 de agosto de 2002 la PGJET acumuló las indagaciones por posesión de narcóticos con las indagaciones por secuestro. Entonces consideró que además existía el delito de "Delincuencia Organizada". De esa forma, la PGJET declaró que la competencia legal correspondía a la PGR, y remitió la indagatoria donde se señalaba a los suscritos como probables responsables de los tres delitos: posesión de narcóticos, secuestro y delincuencia organizada. 9. El 14 de agosto de 2002 fuimos presentados ante la PGR, dónde se tomaron nuestras declaraciones preparatorias y por primera vez se nos informó de la acusación en nuestra contra. El 17 de agosto de 2002 se ejercitó la acción penal y se radicó el proceso 95/2002-D ante el Juez Noveno de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. La imposición de esta medida se sustentó en las pruebas obtenidas ilegalmente por la PGJET, en suma, se basó en pruebas obtenidas mediante tortura (.)" 4. Si refirieron vulneración a su derecho a la integridad personal, con motivo de los actos de tortura de los que manifestaron fueron objeto a efecto de autoincriminarse, en específico, durante su detención, traslado y puesta a disposición a las autoridades ministeriales. En su caso, la fecha y las medidas que se hubieren tomado al respecto. Si a los autores de la comunicación se les realizaron pruebas conforme al protocolo de Estambul, de ser así, cuáles fueron los resultados y, en un supuesto caso negativo, las razones por las que no se les aplicó. Además, si alegaron la dilación en la integración de dichas probanzas y la presunta falta de imparcialidad de las autoridades que las realizaron. Por cuanto hace a este punto, del escrito de demanda presentado por el quejoso se advierte lo siguiente: "(.) 10. Debido a estos hechos, nuestros familiares interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) los días 14 y 16 de agosto del 2002, organismo que dio vista a la Procuraduría General de la República. Del estudio, investigación y análisis realizado de los hechos denunciados, la CNDH concluyó que a los seis implicados nos fueron transgredidos nuestros derechos fundamentales de legalidad, seguridad jurídica, respeto a la integridad personal y dignidad humana. Sin embargo, también se determinó que los responsables de dichas violaciones eran servidores públicos estatales pertenecientes a la PGJET; por lo que, en razón de la competencia la investigación se remitió al fuero estatal. .16. En el mes de febrero del año 2013 se practicó al suscrito y a los CC. Jorge Hernández Mora, Sergio Rodríguez Rosas, Mario Ricardo Almanza Cerriteño y José María Cirilo Ramos Tenorio, el Dictamen Médico-Psicológico para Casos de Posible Tortura y/o Malos Tratos, mejor conocido como Protocolo de Estambul, a fin de probar el cuerpo del delito de tortura, mismo que fueron exhibidos y ratificados ante la agencia del ministerio público a finales del 2013. 18. El día 30 de diciembre de 2015 la autoridad ministerial responsable determinó la culminación de las investigaciones y sometió para su revisión y análisis una propuesta de no ejercicio de la acción penal a la Unidad Jurídica de esa Institución, para efectos de determinar la conclusión definitiva de la averiguación previa AP 2l8/2004/TLAX -2 y su acumulada 602/2012/TLAX-2, al estimar que no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de tortura, y que los delitos de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública se encuentran prescritos todo ello a pesar de que existen elementos suficientes para acreditar el cuerpo del delito de tortura y la probable responsabilidad penal del mismo y someter a un nuevo análisis por lo que respecta a los dos delitos restantes. 19. La Unidad Jurídica de la PGJET notificó su respuesta a la autoridad investigadora responsable mediante oficio U.J.314/2016 de fecha 11 de abril de 2016, donde resolvió no confirmar la propuesta del no ejercicio de la acción penal, al considerar que la determinación carece de debida fundamentación y motivación por cuanto hace al estudio del cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los ilícitos considerados, principalmente por el delito de tortura, ya que se fundó conforme a la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura en el Estado de Tlaxcala, en tanto que la Unidad Jurídica estimó que los artículos que tipifican la tortura fueron derogados y trasladados al artículo 189 del Código Penal estatal vigente(.)" En ese orden de ideas, y de acuerdo a lo narrado en el escrito inicial de demanda al quejoso le fue practicado el Dictamen Médico-Psicológico para Casos de Posible Tortura y/o Malos Tratos, mejor conocido como Protocolo de Estambul, a fin de probar el cuerpo del delito de tortura. Asimismo se adujo que el día treinta de diciembre de dos mil quince, la autoridad ministerial responsable determinó la culminación de las investigaciones y sometió para su revisión y análisis una propuesta de no ejercicio de la acción penal a la Unidad Jurídica de esa Institución, para efectos de determinar la conclusión definitiva de la averiguación previa AP 2l8/2004/TLAX -2 y su acumulada 602/2012/TLAX-2, al estimar que no se encuentra acreditado el cuerpo del delito de tortura, y que los delitos de abuso de autoridad y uso ilegal de la fuerza pública se encuentran prescritos. De igual forma, agregó que la Unidad Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado, mediante oficio U.J.314/2016 de fecha once de abril de dos mil dieciséis, resolvió no confirmar la propuesta del no ejercicio de la acción penal. Por otra parte, en el presente juicio de amparo, no se ordenó la práctica de pruebas conforme al protocolo de Estambul, en razón de que atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, solo se procedería al examen de la omisión que se atribuyó a la autoridad responsable en términos de lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley de Amparo. 5. Si alegaron transgresiones a su derecho al debido proceso, derivado de la presunta detención llevada a cabo con una supuesta orden de colaboración expirada del gobierno de Tlaxcala con la entonces PGR; la aparente fabricación del supuesto de flagrancia con el que fueron detenidos; así como la transgresión al principio de presunción de inocencia, por su exhibición ante los medios de comunicación, en los que adujeron haber sido señalados como miembros de una banda de secuestradores; y, por la alegada realización de certificados médicos superficiales y carentes de una verdadera valoración técnica. De igual manera, indique si refirieron ser obligados a firmar documentos sin conocer su contenido, así como a llevar a cabo pruebas bajo supuestos actos de tortura o malos tratos -como grabaciones de voz, entre otras-; lo que consideran llevó una indebida valoración de pruebas al haber sido obtenidas de manera ilícita. El quejoso en su escrito inicial de demanda señaló que fue objeto de actos de tortura, que fueron obligados a participar en la fabricación de pruebas, transgresión al principio de presunción de inocencia, por su exhibición ante los medios de comunicación y al debido proceso, como se puede apreciar, en los puntos números 3, 4, 7, 8 y 9, en el que expuso: ".3. De ahí, fuimos llevados a las instalaciones de la PGJET donde fuimos torturados por los mismos agentes policiales que nos detuvieron. La tortura se infringió en distintos episodios que sucedieron entre las 11:00 y las 23:00 horas del 13 de agosto de 2002. La tortura consistió en: simulación de ahogamiento con bolsas de plástico, golpes, ahogamiento con agua, provocación de desvanecimiento y reanimación para seguir la tortura, introducción de agua gasificada por los conductos nasales, inmovilización por largos periodos de tiempo, insultos y amenazas. 4. Los suplicios a los que fuimos sometidos tenían el mismo objetivo: doblegar nuestra voluntad, agotar nuestra resistencia, admitir nuestra participación en el secuestro de personas que no conocíamos y consolidar una mentira en torno a dos hechos delictivos distintos de secuestro en los cuales ninguno de nosotros participamos. . 7. Después de la rueda de prensa, entre las 20:00 y las 23:00 horas, fuimos torturados nuevamente. Fue en ese contexto que se obligó a todos los suscritos a participar en la fabricación de pruebas que la PGJET utilizaría para vinculamos a dos diversas averiguaciones previas. Así pues, todos fuimos forzados a realizar grabaciones de voz fingiendo ser secuestradores. La totalidad de los seis, incluido el suscrito, fuimos presentados en dos diligencias de confrontación cada uno, sin que se nos permitiera nombrar a un defensor y sin contar con defensa de oficio efectiva; tampoco se respetaron las formalidades legales. Todo esto lograría "fabricar" las pruebas que serían utilizadas para incriminar a los suscritos. 8. Durante la noche del 13 de agosto de 2002 la PGJET acumuló las indagaciones por posesión de narcóticos con las indagaciones por secuestro. Entonces consideró que además existía el delito de "Delincuencia Organizada". De esa forma, la PGJET declaró que la competencia legal correspondía a la PGR, y remitió la indagatoria donde se señalaba a los suscritos como probables responsables de los tres delitos: posesión de narcóticos, secuestro y delincuencia organizada. 9. El 14 de agosto de 2002 fuimos presentados ante la PGR, dónde se tomaron nuestras declaraciones preparatorias y por primera vez se nos informó de la acusación en nuestra contra. El 17 de agosto de 2002 se ejercitó la acción penal y se radicó el proceso 95/2002-D ante el Juez Noveno de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. La imposición de esta medida se sustentó en las pruebas obtenidas ilegalmente por la PGJET, en suma, se basó en pruebas obtenidas mediante tortura (.)" 6. Si señalaron la vulneración a su derecho a una defensa adecuada, en virtud de no haber sido informados de los motivos de su detención y no haber contado con asistencia legal calificada, al referir que la defensa de oficio fue negligente lo que ocasionó que el proceso penal se retrasara. Al respecto debe señalarse que el quejoso señaló que desde el momento de su detención, no contó con un defensor, ni se respetaron las formalidades; siendo hasta el día catorce de agosto de dos mil dos, al ser presentado ante la Procuraduría General de la República, cuando fue informado de la acusación en su contra, como se aprecia del punto 7 del escrito de demanda antes transcrito. 7. Comunique si se alegó la transgresión del derecho a la vida de José María Cirilo Ramos Tenorio, toda vez que falleció bajo custodia del Estado, así como la falta de atención médica, adecuada y oportuna para atender sus padecimientos y la omisión en proporcionarle medicamentos. El promovente no alegó transgresión del derecho a la vida de José María Cirilo Ramos Tenorio 8. Informe si las presuntas víctimas indicaron transgresión a su derecho de acceso a la justicia, debido al supuesto retraso por parte de las autoridades investigadoras en la integración de las averiguaciones previas que esclarecieran la presunta tortura de la que señalaron ser objeto y el fallecimiento de José María Cirilo Ramos Tenorio y, por ende, la dilación en el dictado de una sentencia. Es oportuno indicar que en el presente asunto el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de resolver en definitiva la averiguación previa AP 218/2004/TLAX-2 y su acumulada AP 602/2012/TLAX-2, por la probable comisión de los delitos de abuso de autoridad y tortura, por lo que si se alegó transgresión a su derecho de acceso a la justicia. 9. Informe si el señor Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra alegó la transgresión a su derecho a la libre circulación y al establecimiento de residencia, con motivo del desplazamiento forzoso que tuvo que efectuar por los hostigamientos de diversas autoridades. Hugo Abraham Rodríguez Salvatierra no alegó transgresión a su derecho a la libre circulación y al establecimiento de residencia, en virtud de que la demanda de amparo fue promovida únicamente por Oswaldo Francisco Rodríguez Salvatierra. 10. Cualquier información u observación que estime pertinente para integrar la postura del Estado mexicano en el presente asunto. En la especie, no se remite observación ni información alguna. Para justificar lo anterior, y como lo solicita la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal, mediante atento oficio que al efecto se gire, remítase copia certificada de manera electrónica de las constancias relativas al presente juicio de amparo, las que se deberán obtener del expediente electrónico por no contar con el expediente físico, como se señaló, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Juzgado, a fin de que remita el oficio y la copia certificada de las constancias que solicita ordenados en el presente proveído, de manera digital a los correos electrónicos dgdhigai@correo.cjf.gob.mx e informes_dgdhigai@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese vía correo electrónico a la Directora General de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal y cúmplase.
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