Oswaldo Francisco De la Paz Quirvan
Expediente 775/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 775/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Oswaldo Francisco De la Paz Quirvan
Actuaciones
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, al que adjunta el diverso suscrito por el Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, mediante el cual, el último de éstos informa que aceptó la competencia declinada por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo número 775/2020-V; ante ello, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos y acuérdese lo que en derecho corresponda. Así, previas las anotaciones respectivas; archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que trascurran tres años, contados a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que de la revisión de la secretaría que ocupaba la Mesa Cinco de Amparo, se encontró el cuaderno de antecedentes relativo al juicio de amparo 775/2020-V, promovido por Oswaldo Francisco de la Paz Quirvan, y que después de su revisión, se advierte en proveído de catorce de octubre de EVA MARGARITA GOMEZ NAVAL 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.db.e7 21/01/23 11:21:49 pág. 2 dos mil veinte, éste órgano jurisdiccional se declaró incompetente de conocer el mismo, por las razones ahí expuestas. Ahora bien, se desprende que en dicho auto, se ordenó la remisión del expediente original al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, a efecto de que conociera del amparo solicitado. Así, al no obrar acuerdo u oficio alguno que informara sobre la aceptación de la competencia declinada, se realizó una consulta vía telefónica ante la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Toluca, con el motivo de indagar, qué órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del mismo, informando que los autos originales del juicio de amparo 775/2020-V, promovido por Oswaldo Francisco de la Paz Quirvan, fueron turnados al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca. Por lo anteriormente expuesto, en obvio de mayores dilaciones, solicítese al Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que de no existir inconveniente alguno, se sirva informar si se avocó a la competencia declinada, lo anterior, a efecto de acordar lo que en derecho corresponda.
- Principal
Visto lo de cuenta, de lo que se desprende que la circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre del año en curso, signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal", con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19 (AG 13/2020). Con base en lo anterior, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Por otra parte, se tiene el primero de los oficios de cuenta, signado por el Juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo, por medio del cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto 837/2020-V (orden 842/2020), del índice administrativo de este Órgano Jurisdiccional, ante ello, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el exhorto de cuenta, quedando la suscrita impuesta de su contenido; sin acusar de recibo la recepción de la citada comunicación oficial, al así haberlo solicitado la autoridad exhortada. Por otra parte, se tiene el escrito signado por el directo quejoso, mediante el cual solicita se le tenga por designado como defensor en el presente juicio de amparo, al licenciado Iván Dorantes Jiménez, a efecto de que lo represente en ésta instancia; ante ello, se reserva de acordad lo solicitado por el promovente, en razón de que este Órgano Jurisdiccional, en previo acuerdo se declaró materialmente incompetente para conocer de la demanda de amparo presentada por el impetrante, declinando la competencia de la misma al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, sin que hasta este momento este Órgano Jurisdiccional haya recibido pronunciamiento alguno al respecto; por lo que mediante correo electrónico de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de México, con sede en Toluca, informe a que juzgado correspondió conocer de esta incompetencia, para acordar lo que legalmente corresponda. Por último, se tiene como autorizados de la parte quejosa, a las personas que cita en su escrito de cuenta, para oír y recibir, de conformidad a lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo, al así haberlo solicitado el directo quejoso.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, contra el acto de la Directora del Centro Penitenciario de Reinserción Social "El Oro", Estado de México, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1º, 14, 16, 17, 21 y 22 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 775/2020-V, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, es pertinente destacar que la competencia en materia de amparo, es la capacidad de los órganos jurisdiccionales para conocer de una demanda, en atención a que dicha facultad se la atribuye la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno o Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o, los Tribunales Colegiados de Circuito. Al respecto debe decirse que de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en forma literal establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del contenido del precepto legal transcrito se advierte que existen tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito a saber: a) Por regla general la competencia se determina de acuerdo con el lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones a prevención; y, c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquel en que se presente la demanda. Del análisis del precepto anterior, así como de su interpretación lógica y teleológica, se obtiene que si el acto reclamado requiere de ejecución material, el elemento a atender se vincula al lugar de esa ejecución, ya obrando hacia el pasado, en el presente o hacia el futuro inminente, es decir, el Juez competente será el que tenga jurisdicción en el lugar en donde se haya ejecutado, se esté ejecutando, se trate de ejecutar o se deba de ejecutar el acto reclamado. En ese sentido, para determinar al órgano competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, por razón de territorio, debe analizarse únicamente si el acto reclamado tiene ejecución material o no la tiene. La importancia de que se haya tomado la ejecución material para fijar la competencia por razón de territorio, radica en que las autoridades ejecutoras son las que se encargan de llevar hasta su último extremo la ejecución ordenada y, por tanto, son las que directamente se enfrentan al particular agraviado. El juicio de amparo debe ser entablado en el lugar en donde se lleva a cabo la ejecución, pues con ello, la parte quejosa dispondrá de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva y rendir con mayor facilidad las pruebas que a su derecho importen. Aunado a ello, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que la importancia de que el juicio de amparo se tramite en donde el acto tiene ejecución, procura que el trámite del juicio se lleve con mayor rapidez e incluso que se eviten dilaciones en el cumplimiento de las sentencias de amparo, ocasionadas por la emisión de exhortos y despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones u otras diligencias que no podría hacer el juzgador del conocimiento. Ahora bien, de la demanda de amparo en estudio, se advierte que la parte promovente Oswaldo Francisco de la Paz Quirvan, manifestó como acto reclamado, lo siguiente: "Para el interno hoy quejoso fuera trasladado sin mi consentimiento sacándome a base de golpes, insultos y sin previa orden judicial, trasladándome del Centro Penitenciario de Reinserción Social "El Oro" Estado de México, al Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS Oaxaca" con domicilio ampliamente conocido en el poblado de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, afectando mi esfera jurídica y núcleo familiar transgrediendo en mi perjuicio." Luego en el capítulo de hechos, bajo protesta de decir verdad, manifestó: "En fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho fui trasladado involuntariamente sin previo aviso, por supuestas medidas de seguridad." De lo anterior, se concluye que el acto que ahora reclama consistente básicamente en la orden de traslado ejecutada en su contra el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, del Centro Preventivo y de Readaptación Social "El Oro" Estado de México, al diverso Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS Oaxaca" con sede en Miahuatlán, Oaxaca. Por tanto, conforme al precepto legal antes invocado, la autoridad competente para conocer de la demanda de que se trata es el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno. Esto es así, pues como ya quedó asentado en el párrafo que antecede, con base en los antecedentes narrados en el escrito inicial de demanda, el acto de molestia reclamado comenzó a ejecutarse materialmente en la entidad federativa donde el aludido Juez de Distrito ejerce jurisdicción y, por ende, de acuerdo con el artículo 37, de la Ley de Amparo, este juzgador carece de competencia por territorio para conocer y resolver los actos de molestia. Apoya la anterior consideración, en lo conducente, el criterio emitido por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2311, de rubro y texto, siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO QUE AÚN NO SE MATERIALIZA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE RECLUIDO EL QUEJOSO. El artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, por lo que si se trata de una orden de traslado de un reo de un centro de reclusión a otro que aún no se materializa, se actualiza la hipótesis referida, pues en caso de demostrarse su existencia, tendría ejecución material en el lugar donde se encuentre interno el quejoso, ya que si bien es verdad que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO", indicó que la orden de traslado es un acto de tracto sucesivo, porque atendiendo a su naturaleza jurídica, sus efectos no se agotan con la sola emisión, sino que, con motivo de su ejecución, aquéllos se prolongan en el tiempo, pues la autoridad que ordenó el traslado sigue actuando constantemente hasta su ejecución, que culmina con la reclusión de la persona en el otro centro penitenciario; también lo es que si el quejoso señala como acto reclamado la orden de traslado no ejecutada a cualquier otro centro penitenciario, sin que se tenga certeza a cuál, es innegable que al no encontrarse materializada, es competente para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra el Juez de Distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde se encuentre recluida la persona, pues allí es donde iniciará a perpetrarse tal acto." Así como, la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 933, cuyo rubro y texto dicen: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA LA ORDEN PARA TRASLADAR A UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SU EJECUCIÓN NO HA INICIADO, O BIEN, HA CONCLUIDO, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. Ahora bien, cuando se reclama una orden de traslado cuya ejecución aún no inicia, para esta Primera Sala esa circunstancia de ningún modo le quita la naturaleza jurídica de acto de tracto sucesivo, pues su ejecución se caracteriza porque se lleva a cabo en momentos subsecuentes, encaminados a un mismo fin. Esta condición, relacionada con la esencia del acto reclamado, es el factor que permite fijar, de manera objetiva, la competencia territorial de los órganos de control constitucional para conocer de los juicios de amparo indirecto promovidos en su contra, sin importar si la ejecución del traslado aún no inicia, o bien ha concluido, pues ello puede variar con el transcurso del tiempo y, por consiguiente, esa circunstancia cambiante, ajena a la naturaleza del acto, no podría operar como dato decisivo para fijar la mencionada competencia, pues de ser así, se provocaría incertidumbre jurídica y retardo en la pronta impartición de la justicia. Tampoco debe confundirse la indicada naturaleza jurídica del traslado con su eventual inexistencia, pues de llegarse a resolver en el momento procesal oportuno que no es cierta, tal situación no daría lugar a la incompetencia territorial del órgano de control constitucional ante el cual se estuviera tramitando el asunto, sino al sobreseimiento en el juicio, en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la ley de la materia". Aunado a que no se advierte ninguna autoridad señalada como responsable que en un principio pudiera fincar competencia a este órgano jurisdiccional. En tales condiciones, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo, se declina competencia en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, por las consideraciones señaladas en líneas que anteceden, solicitándole al Juez de Distrito, que conozca de esta determinación, informe el sentido del proveído que dicte, para estar en condiciones de acordar lo que en derecho proceda. Sin que en el caso proceda pronunciarse respecto de la suspensión de plano, en virtud de que no se actualiza ninguno de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, que al efecto, señala: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal." Con copia de la demanda y de este proveído, fórmese cuaderno de antecedentes. Toda vez que señala como domicilio para oír y recibir el Centro Federal de Readaptación Social número 13, "CPS Oaxaca" sito en carretera federal Mengoli a Yegachin, kilómetro 6, municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, C.P. 70800, esto es, fuera de la residencia de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, háganse esta y las subsecuentes, aun las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado de distrito. Sin embargo, dada la trascendencia de esta notificación, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 298, 299, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley en la materia, líbrese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia San Bartolo Coyotepec, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado se sirva comisionar al actuario de su adscripción, para que se constituya en el centro carcelario de referencia, y con copia del presente proveído, notifique personalmente al quejoso, así mismo le haga saber el derecho que tiene para inconformarse con el mismo. De conformidad con el artículo 281 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se autoriza al juez exhortado habilitar horas y días inhábiles. Se ordena remitir la presente comunicación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el rubro correspondiente, utilizando la firma electrónica autorizada para tal efecto, sin necesidad de que acuse recibo en virtud que el sistema al momento de enviar la comunicación en comento lo expide, en términos del párrafo quinto del artículo tercero de la Ley de Amparo, que dispone: "La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales". Envíese la demanda y el presente acuerdo, de manera electrónica y, en su oportunidad, de manera física, al juzgado competente. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación.
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