Oswaldo Carrasco Benitez
Expediente 1338/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1338/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Oswaldo Carrasco Benitez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no recurrió, dentro del plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente se valora como destruible, por lo tanto, deberá ser destruido una vez cumplido el plazo de conservación de tres años...3
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado desechamiento. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa no recurrió, dentro del plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de ocho de agosto de dos mil veintitrés, en el cual se desechó la demanda de amparo por cuanto al acto reclamado consistente en e******, dictado por el agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Célula I-5 Pachuca de Soto, en la carpeta de investigación ***** en la cual se declinó la competencia; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que ha causado estado. Remite ejecutoria. Visto el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de siete de septiembre de dos mil veintitrés en la cual determinó lo siguiente: "PRIMERO. Sí existe conflicto por la separación de autos (.) SEGUNDO Es improcedente la separación de autos del juicio de amparo 1338/2023-3-A, promovido por ******, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, por lo cual, dicho juzgador deberá seguir conociendo del asunto (.)". Acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el Libro de Control del Sistema de Seguimiento de Expedientes (SISE). Estudio de los actos reclamados. Previo a analizar la procedencia de la demanda presentada por el quejoso resulta importante precisar que, en acatamiento a la resolución del Tribunal Colegiado y como fue precisado en su resolución: "(.) esencialmente reclamó del Agente del Ministerio Público señalado, la declinación de incompetencia de diez de julio del dos mil veintitrés de la carpeta de ******** y del Fiscal General de Justicia Militar, la posible aceptación de competencia ********, y retención del vehículo de su propiedad, los cuales combate de manera conjunta.". En ese orden, se provee lo conducente únicamente respecto de la posible aceptación de competencia de la carpeta ************, y la retención del vehículo que el quejoso aduce, es de su propiedad, lo anterior virtud que en auto de ocho de agosto del año en curso, se desechó la demanda por cuanto al diverso acto consistente en la declinación de incompetencia de diez de julio del dos mil veintitrés, respecto de la supracitada carpeta. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la demanda de derechos, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a lo anterior, se impone la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; por tanto, se procede a efectuar el análisis respectivo. Esencialmente, para proceder a desechar de plano una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ahora, como de adelantó, los actos reclamados al Fiscal General de Justicia Militar y que son motivo del presente estudio se hacen consistir en: La posible aceptación de competencia de la carpeta *********, y; La retención del vehículo que aduce el quejoso es de su propiedad Sin embargo, se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo -este último interpretado en sentido contrario-, por no ocasionarse un perjuicio de imposible reparación, conforme a los argumentos que se exponen más adelante; dichos preceptos indican: Del texto de la fracción VIII artículo 107 se advierte que el juicio de amparo directo procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Ahora, es pertinente señalar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 234/2014 determinó que el precepto legal invocado en último término no podría interpretarse literalmente y aseverar, que el juicio de amparo procederá siempre e indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios rectores del juicio de amparo constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad. En ese sentido, se advierte que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta. Así, debe considerarse que conforme al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es esa última decisión la que resulta susceptible de ser impugnada, por ser en la que se producirá la afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en estudio expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos. En consecuencia, para que se actualice el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, es necesario que el acto de autoridad en el que se decline o inhiba la competencia, produzca una afectación real y actual en la esfera jurídica del interesado, lo que acontecerá cuando tal acto sea definitivo, es decir, cuando la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta o bien la rechace y no antes. Por ende, dicha actuación no irroga por sí y desde luego, perjuicio o lesión alguna en su esfera jurídica, esto es, no afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es aquella por la que el Juez responsable declina competencia a favor de Juez de Distrito, por ende la aquí combatida, no constituye el acto definitivo para la procedencia del juicio de amparo biinstancial a que se refiere el artículo 107, fracción VIII, de la ley de la materia, es decir, aquél en que la autoridad a favor de la cual se declina la competencia la acepta. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda, al advertirse de manera manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, concatenado con el diverso 107, fracción VIII, ambos de la Ley de Amparo...3
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintidós de agosto de dos mil veintitrés. Admite conflicto competencial. Agréguese el oficio procedente del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, a través del cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial suscitado entre éste órgano jurisdiccional y el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, el cual quedó registrado con el número 24/2023; de lo que esta autoridad queda enterada para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Firme cumplimiento. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no recurrieron el auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés mediante el cual se declaró por cumplido el fallo protector dentro del término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente al primer ordenamiento, se declara que dicha determinación ha quedado firme. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este asunto como concluido, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo. En consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente se valora como conservable, al haberse concedido la protección constitucional, por lo que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, procédase a su transferencia. 6
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